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La nación ya comenzó a sembrar las primeras semillas para germinar sendos proyectos solares y eólicos con los que se busca que a la vuelta de la esquina se conviertan en pieza clave en el engranaje de la matriz de generación. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha reiterado en diferentes escenarios que las energías renovables son su prioridad, y para alcanzar la meta de diversificación de la matriz, encomendó a su ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, duplicar la capacidad instalada actual en menos de 18 meses.
Así, la cartera minero energética se trazó una meta para tener en el 2022, poco más de 1.500 megavatios (Mw) representados en proyectos de generación con energías renovables no convencionales (granjas solares y parques eólicos).
LA HOJA DE RUTA
En una nueva revisión del Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión (PERGT) para el período 2017- 2031 adoptado por el Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución 40790 de 31 de julio de 2018, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) trazó la hoja de ruta en materia de expansión eléctrica para el país.
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Mientras esta semana la Corte Constitucional fue noticia por la audiencia pública sobre la tutela en la que va a unificar la jurisprudencia sobre las consultas populares y que fue duramente criticada por los ambientalistas porque creen que servirá para limitarla, pasó más de agache otra polémica tutela, que condena a la minera Cerro Matoso a pagar millonarias indemnizaciones y que podría ampliar el ya enorme poder que tiene la Corte en temas mineros y ambientales pero también las prevenciones que suscita en el sector privado por esto mismo.
Un camino particular
Una sala de tutela, con ponencia del controvertido magistrado Alberto Rojas y votación favorable de Diana Fajardo y Cristina Pardo, decidió en diciembre, el último día antes de la vacancia judicial, una tutela central para el futuro de la minería en el país, que solo se conoció esta semana.
Ese proceso tuvo un recorrido llamativo.
Proviene de dos tutelas del 2013, la primera interpuesta por un ciudadano llamado Javier Martín Rubio Rodríguez, actuando a nombre de los indígenas, para proteger sus derechos pero sin tener el poder de ellos (técnicamente, como agente oficioso). Esta tutela naufragó en la sala penal del Tribunal Superior de Montería.
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De izq. a der., los candidatos presidenciales Iván Duque, Juan Carlos Pinzón y Germán Vargas Lleras en el foro con Roberto Pombo, director de EL TIEMPO. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO
Los candidatos a la presidencia de la República Germán Vargas Lleras, Iván Duque y Juan Carlos Pinzón afirmaron que es necesario incentivar y aumentar la operación minero-energética, un sector clave para el desarrollo y crecimiento económico del país.
Esto proponen los candidatos a la presidencia para el sector minero
Así fue el debate de candidatos sobre el sector de minería y energía
Las opiniones de los tres aspirantes a convertirse en los nuevos huéspedes de la casa de Nariño se conocieron este jueves en Cartagena, en el congreso Colombia Genera 2018, organizado por la Andi en alianza con EL TIEMPO y W Radio. Los organizadores también cursaron invitaciones a otros candidatos que por distintas razones decidieron no asistir.
Con la moderación de Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, cada uno de los candidatos expuso las tesis con las que buscará, en el caso de ser elegido presidente para el periodo 2018-2022, dinamizar la exploración y producción de hidrocarburos y minería.
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Las consultas populares y acuerdos municipales para prohibir actividades minero energéticas cada día son más comunes, hoy contamos con 9 consultas votadas, 7 consultas por votar, 77 iniciativas de consultas populares, 8 acuerdos sancionados y 21 iniciativas de acuerdos municipales. Esto tiene un solo mensaje, las comunidades quieren ser escuchadas en el proceso de ordenamiento de su territorio, cuando se trata de variables minero energéticas.
Pero más allá de la realidad de ser escuchados, se debe hacer un análisis de la involución que se está generando en temas de planeación minero energética.
Con la sentencia C-123 de 2014, se estableció que las autoridades del orden nacional deberían concertar con las autoridades del orden territorial y las comunidades la planeación minero energética, lo cual validó principios constitucionales como el de concurrencia y de coordinación, en virtud de los cuales las autoridades del orden nacional y del orden territorial se deben poner de acuerdo para ordenar el suelo y el subsuelo.