Dándole continuidad a esta versión, encontramos que este documento apunta decir que los Gómez Daza no figuran entre los grandes ricos de la ciudad, pero era una familia de gran influencia política.

 

La mina del Cerrejón es la mas grande explotación de carbón a cielo abierto del mundoPara la época en que John May radica su descubrimiento en Bogotá, Juan Gómez Osío era un hombre mayor. Su hijastro Antonio, dedicado al quehacer político, se puso al frente de los negocios de la familia. Al propagarse la actuación del norteamericano, Amaya Daza demandó al estado, pero no representando los intereses de su padrastro propietario de las tierras, sino a nombre propio. Tal vez calculando que más temprano que tarde el anciano moriría y parte de las tierras la heredaría su madre y luego él.

 

René de la Pedraja, historiador que estudió el proceso jurídico, narra que Antonio Maya Daza alegó que las minas de carbón estaban bajo su dominio y presentó unos títulos de 1778 y 1782, se ignora si el notario Juan José Brugés 

Escala tenía los instrumentos para verificar la autenticidad del documento de 80 años de antigüedad en esa época; sin embargo, protocolizó sin reparos la escritura: “Antonio Maya Daza presentó titulo original de propiedad que el gobierno español le entregó al señor don Nicolás Landaeta, en 1778, del globo de tierras nombrada El Cerrejón, y conocido también con dé el de tierras de Corazonal jurisdicción de Barrancas”.

La semana pasada Yamid Amat entrevistó en “Pregunta Yamid” a Mauricio Olivera y Eduardo Lora para hablar del tema pensional en Colombia. Yamid suele cerrar el programa con un sondeo a los televidentes. Ese día propuso que se les preguntara si estaban o no de acuerdo con elevar la edad de jubilación en Colombia. Así iba a despedir el programa. Eduardo Lora alcanzó a detenerlo resaltando que la pregunta planteada de esa manera no tenía sentido pues todos preferimos recibir una pensión más pronto que tarde. Como la plata para pagar pensiones no cae del cielo, propuso que a los televidentes se les preguntara más bien si estaban de acuerdo con pagar más impuestos para poder mantener la edad de jubilación actual. El 73% respondió afirmativamente.

 

El domingo de esta semana los habitantes de Cajamarca acudieron a las urnas para responder una pregunta como la que iba a hacer Yamid antes de que Lora lo interrumpiera. ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” El 98% de los sufragantes votó (obviamente, agregaría yo) que NO. La consulta abre debates fascinantes. Bienvenidos: qué maravilla poder discutir sobre cómo, como sociedad, nos ponemos de acuerdo sobre qué actividades económicas se pueden llevar a cabo, en dónde, las condiciones de las mismas, quién decide esas reglas, quién supervisa, cómo repartimos las regalías de esas actividades, cómo mitigamos los daños colaterales si aceptamos esas actividades y un largo etcétera. Esos son los debates que deberían ocupar nuestra atención.

 

 

El uso de la fuerza para preservar la paz, la escalada armamentista, el cierre de las fronteras, un refuerzo al enfoque de comercio exterior y el uso de recursos petroleros para construir infraestructura son sólo algunos de los grandes ejes que guiarán a la Administración Trump.

 

Una vez que Donald Trump juró como el presidente número 45 de Estados Unidos, la página oficial de la Casa Blanca actualizó su contenido con los detalles de la política del nuevo gobierno en temas de energía, defensa, comercio exterior, seguridad y empleo.

 

A continuación, compartimos la traducción íntegra de cada uno de ellos:

 

 

 

Los fallos del alto tribunal tienen en jaque el desarrollo económico en las regiones y ponen en riesgo las inversiones del sector privado en el posconflicto. ¿Por qué este tinte antieconómico?

 

En medio de los avatares de la paz y de la comprensible obsesión de los colombianos por superar el conflicto armado, han pasado desapercibidas varias decisiones de la Corte Constitucional que han tenido un profundo impacto económico y social, y que han puesto en entredicho el protagonismo del sector privado en el desarrollo del país y en el posconflicto que se avecina.

 

Desde hace varios años, una seguidilla de fallos de esta alta instancia judicial ha terminado por generar gran incertidumbre jurídica y ha enviado un preocupante mensaje para la inversión privada, clave en el propósito de generar nuevos ingresos, en especial ahora tras la profunda crisis petrolera.

 

La mayoría de estos fallos busca proteger las comunidades y los recursos naturales, pero desconoce su grave impacto económico sobre el desarrollo del país. Es el caso, por ejemplo, de las decisiones sobre minería e hidrocarburos que están ahuyentado la inversión privada, al dejar al gobierno maniatado y sin salida a muchos municipios que viven de esta actividad.

 

La última sentencia (T-445 de 2016) de la Corte Constitucional es un buen ejemplo de esta situación. En un fallo de tutela relacionado con una consulta popular en Pijao (Quindío), la corte aseguró que los municipios y departamentos sí pueden prohibir el ejercicio de la actividad minera en su territorio. Es decir, que tienen facultad para decidir sobre el subsuelo, lo que históricamente le correspondía a la Nación.