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  • Una nueva visión para la minería en Colombia

       Álvaro Pardo , Presidente de la Agencia Nacional de Minería Álvaro Pardo , Presidente de la Agencia Nacional de MineríaÁlvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería, presentó ante secretarios de minas del país y los coordinadores de los puntos regionales de la Agencia la  visión y estrategias para el sector minero


     28 de Julio 2023. La Agencia Nacional de Minería (ANM) lideró con éxito el primer encuentro nacional con secretarios de minas del país y los coordinadores de los puntos regionales de la Agencia, en el que se discutieron temas fundamentales para la industria minera colombiana.
     
    Durante el evento, el presidente de la ANM, Álvaro Pardo, presentó una visión audaz para el futuro de la minería en Colombia y destacó las estrategias clave que guiarán al sector en esta nueva era.

    En su discurso inaugural, Pardo enfatizó la importancia de estos encuentros como oportunidades únicas para el diálogo y la colaboración entre el sector público y privado. Además, resaltó el compromiso de la ANM en fortalecer la industria minera y fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible en las regiones donde se lleva a cabo esta actividad.
     
    Una visión transformadora de la minería

    El Gobierno Nacional, a través de la ANM, ha trazado una nueva visión para la minería en Colombia, migrando de una "economía extractivista" hacia una "economía productiva". Esta transformación implica el aprovechamiento responsable y sostenible de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR) para crear cadenas productivas que agreguen valor a los minerales.
     
    "Al enfocar nuestros minerales en la reindustrialización, la transición energética, el desarrollo agrícola y la infraestructura pública, rompemos con la dependencia de las importaciones y fortalecemos nuestra economía local", afirmó el presidente Pardo.
     
    Esta nueva visión busca generar empleo, incrementar los ingresos para las familias, contribuir con recursos para el Estado, impulsar la exportación de bienes finales o semifinales al mercado internacional y superar el modelo primario exportador.
     
    Apoyo a la pequeña y mediana minería

    Pardo reafirmó el compromiso de la ANM con la pequeña y mediana minería en Colombia. Enfatizó la importancia de apoyar, fomentar y cuidar de esta actividad, siempre de forma responsable y bien gestionada. La ANM está trabajando en programas de formalización y legalización para que los mineros puedan obtener su título minero con contratos diferenciales y licencias ambientales, lo que permitirá impulsar aún más el desarrollo sostenible de esta industria clave.
     
    Avanzando con la nueva Ley Minera

    La ANM ha venido apoyando al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la nueva ley minera, la cual será llevada a consulta previa con comunidades étnicas y el sector minero. Esta ley estará enfocada exclusivamente en temas mineros, rescatando la soberanía, la planificación del sector y el abastecimiento de minerales para el desarrollo económico del país.
     
    Creación de "Eco Minerales": Una apuesta por la sostenibilidad

    Como parte de su apuesta por maximizar el aprovechamiento de los recursos minerales en Colombia, la ANM busca la creación de una empresa pública minera denominada "Eco Minerales". Esta empresa estará centrada en tres objetivos clave: regular la transparencia y trazabilidad del sector mediante una comercializadora de oro, brindar apoyo en los procesos de formalización minera y enfocarse en la extracción de minerales estratégicos que impulsen la transición energética justa del país.
     
    "Con 'Eco Minerales', buscamos asegurar una producción eficiente y ambientalmente responsable de los minerales estratégicos, respaldando así la Transición Energética Justa que nuestro país necesita", afirmó Pardo en este primer encuentro con los secretarios de minas del país.
     
    Este piloto busca garantizar un mejor precio para el oro extraído por los barequeros y los pequeños y medianos extractores de minerales, siempre y cuando cumplan con condiciones específicas, como no utilizar mercurio y contar con el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM).
     
    La visión audaz de la ANM y el Gobierno Nacional para la minería en Colombia marca el inicio de una nueva era para este sector, que se encamina hacia una minería más responsable, sostenible y enfocada en el desarrollo integral del país.

    Paisminero.co / CP - ANM

     
  • ¿Cuándo revelarán los costos de la transición energética? Esto se sabe sobre el tema

    El Gobierno de Colombia entregó importantes detalles sobre el proceso. 
    El pasado 17 de octubre, la Contraloría General de la República informó que en forma conjunta con la Procuraduría General de la Nación se convocó a una reunión para que el Gobierno Nacional entregara más detalles sobre la transición energética.
     
    Según un documento compartido por la Contraloría, el Gobierno de Petro habló sobre “los planes y acciones en este tema de transición minero energética, al igual que sus previsiones frente al fenómeno de El Niño, entre otros temas”.
     
    La transición energética es una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo es “impulsar la penetración de energías renovables en la matriz de generación y la respectiva disposición de infraestructura y tecnología avanzada en el sistema energético”.
     
    Tal como señaló el vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, es una apuesta ambiciosa, sobre todo frente a las complicaciones climáticas del Fenómeno de El Niño.
     
    “Eso hace que tengamos un problema de riesgo de financiamiento del sector y de complicaciones que pueda traer El Niño en la generación de energía hidráulica”, insistió en la reunión, según se lee en el comunicado de la Contraloría.
     
    Ante esto, la mayor inquietud es el costo y la respectiva transición fiscal para realizar la transición de manera adecuada. Incluso, ocho meses después de que la Contraloría expresó la preocupación, aún se desconoce el valor.
     
    El compromiso del Ministerio de Minas y Energía
     
    Según la Contraloría, el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a revelar los costos de la transición energética antes de finalizar el año.
     
    Colombia acelera sus importaciones de gas natural para enfrentar el fenómeno de El Niño
    “En lo que va del 2023 se han importado más de 500.000 metros cúbicos de GNL, que han llegado al país en 11 cargamentos. Estas importaciones se vienen realizando con el fin de suplir la demanda de este combustible que requieren estas termoeléctricas”, según la sección de Economía de este diario.
     
    "Hoy en día Colombia está conectada a un mercado mundial con una amplia liquidez, que le permite tener acceso a un pozo infinito de este combustible, con proveedores como Estados Unidos y Trinidad y Tobago, que nos permiten atender la demanda de una manera rápida y oportuna, lo cual es clave ante escenarios de desabastecimiento", aseguró Alfredo Chamat, gerente general de Calamarí LNG.
     
    Por Geraldine Bajonero para El Tiempo.
     
  • ¿Cuándo subirá el precio del ACPM? Esto dice el ministro de Hacienda

    El titular de esta cartera, Ricardo Bonilla, recalcó que la decisión de incrementar este combustible debe tomarse de forma concertada.
    Siguiéndole el paso a los ajustes en la gasolina, se está evaluando el incremento que tendrían las tarifas del diesel (ACPM) este año. Esto con el objetivo de cerrar el déficit que acumuló el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
     
    Si bien aún no se ha establecido una fecha ni un valor, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, señaló que se prevé que el precio del ACPM se incremente entre $2.000 y $3.000 a lo largo del 2024. Pero, ¿qué dice el Gobierno?
     
    Durante una intervención en un debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que la decisión de subir el valor de este combustible se debe tomar con calma. En especial, si se consideran las implicaciones que dicha alza tendrá sobre el transporte masivo y el de carga. 
     
    "Nosotros seguimos reuniéndonos con el gremio de transportadores y mirando las condiciones en que se pueda dar ese ajuste”, destacó Bonilla. 
     
    En ese sentido, el titular de la cartera precisó que las tarifas del diesel no se incrementarán este mes de marzo. 
     
    El Minhacienda también explicó que si bien es necesario hacer el ajuste para hacerle frente al hueco en las finanzas que se mantiene en el Fepc, no se puede tomar una determinación sin concertación. “Los trasportadores no pueden ajustar todos los meses los fletes”, agregó. 
     
    Cabe recordar que el precio del ACPM se ha mantenido sin ajustes, ubicando el precio por galón en $9.065. En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional está trabajando en una mesa técnica con representantes de transportadores de carga y pasajeros para acordar una solución y reducir el subsidio que se otorga a este combustible. 
     
    Por Portafolio.
  • ¿Qué tan convenientes es vender gasolina a precios diferenciales?

    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, manifestó que el Gobierno estudia esta medida frente al alto costo de la tarifa del combustible.
    Este domingo, tras finalizar las reuniones del Gobierno colombiano en su gira por Portugal, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, manifestó que se revisará la metodología con la cual se fija el precio de la gasolina en Colombia, porque “la forma en la que está construida hace que toda la gasolina se valore con el precio internacional”. 
     
    Además, la funcionaria dijo que se contemplan precios diferenciales del combustible para no subsidiar a grandes consumidores.
     
    Según la Ministra Vélez, ya se instalaron mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, para hacer una revisión integral en busca de reducir el costo del combustible en el país.
     
    Sin embargo, varios expertos han manifestado su preocupación por esta medida que resultaría inconveniente, pues traería males más graves  como problemas de desvíos y contrabando. 
     
    Además advierten que crear una tarifa diferencial en el precio de la gasolina, significaría en la práctica, un sacrificio de impuestos.
     
    "Fijar un precio de la gasolina inferior al internacional equivale a sacrificar recaudo tributario y es incoherente con la agenda de sostenibilidad ambiental. No tiene ningún sentido subsidiar el consumo de un combustible fósil", dijo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, tras el anuncio de la ministra.
     
    Por su parte, Tomás Gónzalez, exministro de Minas y Energía y director del Centro Regional de Estudios de Energía, dijo que vender la misma gasolina a diferentes precios podría estimular el contrabando como ocurre actualmente en zona de frontera, con múltiples consecuencias económicas y sociales. 
     
    Agrega que aunque subir el precio de la gasolina es impopular, es necesario hacerlo "porque nos estamos gastando demasiada plata en subsidios a los combustibles, plata que necesitamos para temas sociales mucho más urgentes", dijo González, en una entrevista en Caracol Radio. 
     
    A quien tampoco le suena la propuesta planteada por la ministra Vélez de cambiar la fórmula de la gasolina es al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, pues esto sencillamente le traería menos utilidades a Ecopetrol.
     
    Así mismo, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sostuvo que las propuestas sobre los precios de la gasolina deben girar en torno a tres ítems: mantener la sostenbiilidad fiscal del país, mantener los ingresos que se reciben de Ecopetrol y sostener la estabilidad financiera de Ecopetrol.
     
    Ante eso pidió calma y que se evalúen las propuestas bajo los tres criterios antes mencionados.
     
    "Es necesario que evaluemos, entre Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda, Ecopetrol y la Comisión de la Regla Fiscal, la composición de precios del combustible y cómo está la caracterización de los subsidio (...) El objetivo es que hagamos mesas técnicas y que de ahí salgan varias propuestas para ver cuáles se pueden implementar", aseguró Bonilla.
     
    Por PORTAFOLIO
  • 'Se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras'

    El presidente Petro se pronunció luego de que se cayera un apartado de la tributaria en el que se prohibía la deducción de regalías.
    La Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 19 de la reforma tributaria del gobierno Petro (Ley 2277 de 2022).
     
    El apartado del articulado que se cayó prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Una norma con la cual el Ejecutivo buscaba recaudar más de cuatro billones de pesos.
     
    Luego de darse a conocer la determinación del alto tribunal, las reacciones no se hicieron esperar. Entre ellas la del presidente Gustavo Petro.
     
    A través de su cuenta de X (antes Twitter), el jefe de Estado señaló que, con esta decisión, el Ministerio de Hacienda tendrá que recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público.
     
    En una publicación posterior, el mandatario también se pronunció con respecto a qué significa deducir las regalías del impuesto de renta de una empresa perteneciente al sector extractivo. 
     
    Como un primer punto señaló que con esto se considera que la regalía es un gasto de la firma y "no un derecho de la nación por ser esta la dueña del subsuelo". 
     
    Además, agregó que al aplicar la deducibilidad "se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. Esos impuestos deberían atender el gasto social de Colombia, ya no es posible". 
     
    Por Portafolio.
  • "Cuando llegue el precio de la gasolina a $15.500, el galón de diésel también subirá"

    Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, habló en BluRadio sobre el tope que necesita llegar el precio de la gasolina y diésel.
    El primero de julio se llevó el incremento de $600, siguiendo la tendencia de meses atrás. Con el alza, el precio promedio queda en $12.964 por galón. Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), estima que la brecha entre el precio del galón en Colombia y el internacional “está rondando $2.000, dependiendo de las fluctuaciones del precio internacional y la tasa de cambio”.
     
    Ayer, además, el Dane reportó el dato de inflación para junio, cerrando en 12,13% anual.
     
    Sobre esto, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo a BluRadio que si bien la inflación empezó a ceder en los alimentos, en los combustibles parece no tener el mismo comportamiento. Además, dijo que tan pronto se logré igualar el precio de la gasolina a $15.500, empezará a subir también el del diésel.
     
    “Estamos corrigiendo un problema que heredamos del Gobierno anterior, que nos congeló el precio de los combustibles y eso tiene un impacto gravísimo sobre la inflación porque es una inflación comprimida que hasta ahora se está reflejando”, explicó el ministro.
     
    La gasolina aumentó $600
     
    El comportamiento alcista de la gasolina, según explica el directivo, se ha hecho como medida para contrarrestar la presión inflacionaria sobre alimentos y servicios.
     
    "Tan pronto se logré igualar el precio de la gasolina a $15.500, empezará a subir también el del diésel. Por eso, necesitamos llegar a la referencia internacional”, dice Bonilla en la radio.
     
    Y concluye, “queremos revisar. Primero cerrar el precio de la gasolina y ahí si seguir con el precio del diésel. Tan pronto terminemos de igualar el precio de la gasolina, comenzamos con el diésel; tenemos todavía que el 20% se importa, es decir, un menor impacto”.
     
    Por Danuella Rodríguez para LaRepública.
  • “El GLP tiene un papel importante en la transición energética justa”, Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho

    En el marco del 5º Congreso Internacional del GLP - GASNOVA, el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se comprometió a trabajar junto a GASNOVA en la construcción del camino hacia la transición energética justa que necesitan los hogares más vulnerables del país. 
    Bogotá, 24 de agosto del 2023. “Quiero felicitar a GASNOVA por organizar el 5º Congreso Internacional del GLP. Espero que las conclusiones de este evento nos permitan al gobierno y a la industria iniciar un diálogo constructivo y encontrar las maneras de cooperar para sacar adelante este propósito de la transición energética por el bien del país”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, durante la instalación del evento organizado por el gremio del GLP en Colombia. 
     
    El líder de la cartera de minas y energía indicó que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro están abiertos al diálogo con los gremios, y que desde el Ministerio van a liderar este proceso de diálogos con el sector del GLP. “Queremos iniciar un camino de conversaciones con GASNOVA para construir este camino de la transición energética justa en la cual el Gas LP tiene un papel importante. Tenemos mucho por trabajar”, agregó el Ministro Camacho. 
     
    “Desde el gremio del GLP estamos listos para trabajar junto al gobierno nacional en la consolidación de los usos que tiene el Gas LP para la transición energética justa”, afirmó Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA.  
     
    El 23 y 24 de agosto se llevó a cabo el 5º Congreso Internacional del GLP – GASNOVA, cuyo eslogan es “Gas LP, energía limpia hoy y mañana”, y se dio una mirada al papel del Gas LP en la transición energética, con la participación de 45 conferencistas, panelistas y moderadores que son referentes importantes de los sectores energético y del Gas LP de Francia, Estados Unidos, Bélgica, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. 
     
    En Colombia, el Gas LP es utilizado por 12 millones de personas en el 95% del territorio nacional, la gran mayoría pertenecientes a los estratos 1 y 2, y es especialmente utilizado en los sectores residencial, comercial e industrial. 
  • ACM: 'La mitad de operaciones de Zijin está invadida por ilegales'

    La Asociación Colombiana de Minería llamó al Gobierno a hacer presencia en Buriticá para evitar nuevos atentados.
    La Asociación Colombiana de Minería (ACM) alertó por el incremento de los efectos que la conflictividad territorial y afectaciones a la seguridad están teniendo en la minería legal del país. Esto ha llevado a que 50 % de las operaciones de Zijin en Buriticá (Antioquia) estén invadidas de alguna forma por mineros ilegales.
     
    De acuerdo con Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, en las operaciones se están evidenciando situaciones como la obstrucción a las entradas con cilindros bomba, "que ponen los ilegales para que la compañía no pueda avanzar en sus túneles", señaló.
     
    Los casos más recientes son dos ataquez que han recibido las operaciones de Zijin Continental Gold en Buriticá en menos de un mes. La primera fue la explosión de un cilindro bomba que dejó dos personas muertas y 14 heridas.
     
    Posteriormente, el 29 de mayo, la compañía reportó que un trabajador fue herido con un arma de fuego y después fue incinerado un túnel, que afectó maquinaria, en este caso un vehículo robojet alpha 30 y un camión mixer bajo perfil.
     
    De acuerdo con la ACM, los trabajadores de estas minas ahora tienen que recibir acompñamiento de la fuerza pública y deben usar chalecos antibalas por cuestiones de seguridad.
     
    Si bien es una situación que ha pasado desde hace varios años, se evidencia que hay una intensificación de los ataques desde 2020.
     
    "Solicitamos la inmediata intervención del Gobierno, del Ministerio de Minas y Energía, de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Puedo, para que esto no vuelva a suceder. No es posible que después de las advertencias del gobernador de Antioquia, de esta asociación y sobre todo de la compañía, vuelvan a suceder actos terroristas en ese entorno", aseveró Nariño.
     
    Por el momento, la minera ha dejado labores de producción en algunos frentes como medida preventiva de seguridad.
     
    Esto, según Nariño pone en riesgo cerca de US$94,5 millones o $500.000 millones de regalías que entrega la empresa, así como 4.200 empleos directos y unos 260 empleos locales en programas de formalización minera.
     
    Por Portafolio
  • Alertas energéticas

    El futuro de la energía se nubla en medio de deterioro de las reservas y transición sin norte.
    En cuestión de semanas una serie de reportes, anuncios y decisiones han venido ratificando las preocupaciones acerca del rumbo de la política energética del gobierno del presidente Gustavo Petro. La transición a una economía descarbonizada y con una menor contribución al cambio climático es una de las banderas más prioritarias del primer mandatario y uno de los ejes de su recientemente sancionado Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, la hoja de ruta de esa meta luce hoy sin un norte de política claro y sigue disparando alertas en diversos frentes.
     
    Uno de los más críticos compete al sector eléctrico y su institucionalidad. Ante la creciente probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, con duración e intensidad impredecibles, las alarmas sobre la generación eléctrica suenan desde hace meses ante el peso del agua en la matriz.
     
    La arquitectura institucional del sector eléctrico en Colombia no solo ha evitado por 30 años la repetición del famoso “apagón”, aun con aumentos del consumo, sino que también ha ampliado y mejorado la calidad y la cobertura del servicio. Si bien se mantienen complejos retos como el de las tarifas –que golpean a los hogares–, la persistente vulnerabilidad a los eventos climáticos y falencias estructurales en el mercado, la regulación independiente y la seguridad jurídica han atraído multimillonarias inversiones y financiado el crecimiento de las energías renovables.
     
    Por tal razón preocupan los continuos embates presidenciales a esta institucionalidad. Los esfuerzos continuados de la Casa de Nariño de minar la autonomía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y de intentar intervenir “directa y personalmente” en los servicios públicos envían señales equivocadas hacia los inversionistas y borran las lecciones aprendidas del papel del mercado y de la cooperación público-privada. A lo anterior se añaden las flagrantes contradicciones entre el discurso prorrenovables del Presidente y las decisiones de política que se toman.
     
    Para la muestra, dos botones: el primero se refiere a unos artículos en el Plan de Desarrollo que, junto con la reforma tributaria, prácticamente eliminaron el 75 por ciento de los beneficios para incentivar los proyectos de energía renovable. En segundo lugar, los retrasos en estas iniciativas están atentando directamente contra su viabilidad. La semana pasada Enel Colombia anunció la suspensión indefinida de su parque eólico Windpeshi, en La Guajira, debido, entre otras razones, a los bloqueos y exigencias de las comunidades.
     
    Aunque el presidente Petro calificó de “exabrupto” que estos proyectos de energías limpias sean frenados por razones de licenciamiento ambiental, no hay claridad aún sobre cuáles hayan sido las medidas que el mandatario instruyó para superar esta situación. Es evidente que al Gobierno Nacional y al Ministerio de Minas y Energía en particular les está costando mucho traducir los discursos ambientales y de lucha contra el cambio climático en acciones y ejecuciones tangibles de política energética.
     
    Y por los lados del petróleo y el gas, hace pocos días la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó los resultados de su esperado informe de reservas al cierre del 2022. Con corte al año pasado, Colombia cuenta con una vida útil de sus reservas probadas de 7,5 años en petróleo y 7,2 años en gas –en este último, la autosuficiencia más baja en los últimos 17 años–. En otras palabras, el país tiene menos de estos recursos energéticos en medio de la postura del presidente Petro en contra de la nueva exploración de hidrocarburos.
     
    El escenario que reflejan los datos de la ANH impulsó al sector energético a hacerle un llamado al Gobierno para que reconsidere la firma de nuevos contratos petroleros. Sin un ambicioso plan de exploración tanto de crudo como de gas natural –que tomará varios años en dar sus frutos–, la autosuficiencia energética de la Nación –tan crucial después de la invasión rusa a Ucrania– se pondrá en riesgo muy pronto.
     
    Más allá de la ideología, lo que está en juego en estas decisiones de política es la seguridad energética de Colombia en el mediano plazo. Es decir, con un panorama de reservas probadas y su vida útil tendiendo a la baja, la transición energética debe ajustarse a una estrategia que, sin abandonar la apuesta a la descarbonización y a una economía con menores emisiones, contemple la continuación de la actividad exploratoria y la producción futura de hidrocarburos en el territorio nacional.
     
    En conclusión, el futuro energético del país se nubla cada día más en medio de señales equivocadas a los inversionistas, inestabilidad jurídica y en las reglas del juego, ataques a la regulación independiente, contradicciones en la promoción de las renovables, retrasos en la ejecución de los proyectos, riesgos ante fenómenos climáticos y deterioro de las perspectivas de autosuficiencia. Es la hora de tomar decisiones para disipar estas amenazas y asegurar un camino de seguridad energética. A fin de cuentas, no hay energía más costosa que la que no se produce.
     
    Por El Tiempo
  • Alza de aranceles golpearía la lucha contra la inflación en el país

    Artículo del Plan Nacional de Desarrollo podría aumentar los impuestos a productos importados. Expertos ven altos riesgos.
    En el ojo del huracán se encuentra la decisión del presidente Gustavo Petro de aumentar los aranceles, con la intención de “contrarrestar” las altas tasas de interés que ha impuesto el Banco de la República para reducir la inflación colombiana, que en abril llegó a 12,82% en su dato anual.
     
    Si bien la política monetaria del país se elevó hasta el 13,25% para frenar los altos precios, la medida en el artículo 210 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ya está tocando las fibras del sector comercial por los riesgos de su ejecución.
     
    El artículo detalla que el “Gobierno nacional promoverá la defensa comercial de la Nación mediante una política de remedios comerciales y aranceles inteligentes”, con el fin de lograr un equilibrio en las condiciones de competencia para la producción nacional, frente a las importaciones.
     
    Expertos del sector, consideran que la decisión, en principio, es inconveniente, puesto que podría provocar presiones inflacionarias adicionales y limitar el desarrollo de Colombia.
     
    De acuerdo con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, en un escenario en el que la inflación es más persistente de lo que se esperaba inicialmente, la política arancelaria va en contravía del bienestar que se busca económicamente. Explicó que esto sería introducir tributos a algunos productos, en específico, alimentarios a los que los consumidores pueda tener acceso a estos, pero a un menor precio.
     
    “En algunos productos, con el actual estado de la tasa de cambio, lo que genera esto es un doble impacto de precios; por un lado en tasa de cambio y por el otro lado en materia arancelaria. Entonces, de esa manera, el resultado al final puede ser una presión adicional para que la inflación no ceda tan rápidamente”, explicó Restrepo.
     
    En la misma línea, aún cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite generar protecciones por razones de seguridad nacional, “el Gobierno está trazando una línea gris que agrega interpretaciones que podrían llevar en el futuro a incumplimiento de acuerdos internacionales”, le manifestó a Portafolio Javier Diaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
     
    Según el directivo, al no estar especificado a qué productos se le aplicaría el arancel o en qué contexto se daría, sí es posible afirmar que uno de los sectores que se vería más afectado es el de los alimentos.
     
    Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a febrero las importaciones del rubro agropecuario, alimentos y bebidas, suman un total de US$11.370 millones.
     
    “Esta política lo que logrará es que los precios se vuelvan a disparar. Por ahora ha sido un anuncio que no tiene sectores específicos y frente a lo que habrá es estar muy atento para definir sectores afectados”, aseguró Diaz.
     
    Por otra parte, Analdex se mantiene en que “no es una buena idea del presidente Petro”, pues se castigaría al consumidor final.
     
    De la misma manera piensa Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, quien le manifestó a Portafolio que toda alza de aranceles la terminan pagando los consumidores, pues no son otra cosa que un impuesto a las importaciones.
     
    “En este momento de inflación alta y de posibilidades de un fuerte verano hacia adelante, más aranceles atizaría aún más el alza de precios”, señaló.
     
    Ahora bien, otro de los factores que afectaría al comercio con los aranceles inteligentes son los aumentos en los productos locales. De acuerdo con Andrés Valencia, exministro de Agricultutra, si este hecho ocurriera, es probable que los actores nacionales aprovecharan la subida arancelaria para aumentar sus precios.
     
    “Si el arancel que sube es el de un insumo para la elaboración de su producto final (trigo para el pan, o maíz para producir carne de pollo o huevo), automáticamente ese mayor costo tendrá que trasladarse al consumidor. Y en segundo lugar, si el mayor arancel se da en un producto terminado, el productor nacional que compite contra el importado subirá sus precios en un porcentaje (no necesariamente igual)”, dijo.
     
    Problemas en la inversión
    Otro de los factores que se verían afectados es la confianza internacional para la inversión. Según el presidente de Analdex, Javier Diaz, si un inversionista sabe que debe pagar por aranceles altos en el país “automáticamente ese inversionista saca sus posibilidades de inversión”. Igualmente, Andrés Valencia, exministro de Agricultura consideró que parte del ejercicio de invertir “es que haya estabilidad jurídica y que rija el imperio de la ley. Se estaría poniendo en riesgo la credibilidad de Colombia”, señaló.
     
    Retaliación, efecto colateral
    Uno de los beneficios de los Tratados de Libre Comercio (TLC) es la reducción y/o eliminación de aranceles a los productos que vienen del exterior.
     
    En la misma sintonía, por la decisión de política del Gobierno de Gustavo Petro, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, señaló que el 70% de las importaciones de Estados Unidos son de productos que no se producen en el país. “Por eso, el llamado que hicimos nosotros desde AmCham de que tenemos que se supremamente hábiles en el proceso de a qué es lo que le vamos a poner más aranceles y qué no. Si los aranceles se aumentan, eso quiere decir mayor presión a la inflación en el país. Tenemos que determinar las variables y los productos”, dijo.
     
    Cabe destacar que según cifras de Amcham, en el caso de que no existiera un TLC con Estados Unidos, el pago arancelario para el café tostado sería del 20%, al igual que el de la tilapia, textiles y fajas, que sería para cada uno de 20%. Además, aguacate de 15%, banano también 15%, entre otros.
     
    De acuerdo con Andrés Valencia, violar un TLC con un país como EE. UU., expondría a Colombia a “retaliaciones comerciales que afectarían nuestras exportaciones a ese país”, indicó.
     
    Por Diana Rodríguez para Portafolio.
  • ANH busca ampliar las fechas de exploración de contratos petroleros

    Con esto esperan reactivar los más de 30 contratos que se encuentran suspendidos.
    La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó a comentarios un proyecto de acuerdo mediante el cual pretende ampliar los plazos contractuales de las fases exploratorias de los contratos petroleros.
     
    Esta publicación se da después de que en entrevista con Portafolio la presidente de la entidad, Clara Liliana Guatame, señalara que están buscando mecanismos para incentivar la exploración en los contratos que ya están firmados.
     
    “Hemos analizado varios puntos, algunos de ellos desde el punto de vista de incentivos a las que continúen su actividad exploratoria. (...) Nuestro interés es que la exploración continúe, potencializar los contratos vigentes y apoyar a las compañías que lleven a cabo su actividad”, afirmó Guatame.
     
    El documento contempla la extensión de los plazos en las fases de exploración, “programa exploratorio posterior o programa de evaluación terminados con declaración de comercialidad, en donde no se haya formalizado la devolución de áreas”, explicó Hernando Castro, gerente de Castro Nieto Abogados.
     
    Este proyecto también contempla la modificación del área en casos de fuerza mayor o de imposición de restricciones ambientales, inconvenientes en procesos de consulta previa, conflictividad social o problemas de seguridad que impidan la ejecución de operaciones.
     
    Con esto esperan reactivar los más de 30 contratos que se encuentran suspendidos.
    Este documento estará para comentarios hasta el próximo 9 de junio.
     
    PORTAFOLIO
  • Así funcionaría la empresa pública de minería que propone el gobierno

    Desde finales del año pasado, Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se había referido a la intención de crear una empresa minera como uno de los enfoques de la política minera del gobierno de Gustavo Petro. Pardo enfatizó que esta propuesta de la empresa “no significa que vayamos a estatizar la minería en Colombia, las otras comercializadoras van a continuar funcionando como siempre lo han hecho”.
    Durante la primera Cumbre Mundial de Páramos en noviembre del año pasado en Bucaramanga, Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), mencionó por primera vez una de las posibles ideas centrales de la política minera del gobierno de Gustavo Petro: la creación de una empresa pública de minería, especialmente enfocada en la extracción del oro.
     
    “Solamente compraríamos a precio de oro internacional, el que no haya tenido tratamiento de mercurio ni cianuro. Ahí le pegamos a muchas cosas: a la política de cero mercurio en el país, a mejorar los ingresos de los barequeros y a quitarle la base social a las mafias”, indicó en la Cumbre.
     
    Pardo ahora presentó algunos de los lineamientos más específicos de cómo funcionaría tal empresa. Primero, indicó que la empresa minera “es la espina dorsal de lo que estamos planeando para el sector. La idea es que el Estado empiece a planear el desarrollo de un sector, en este caso el minero, y que sea una empresa que lo lleve a cabo”. 
     
    Sostuvo que la figura de una empresa, similar a Ecopetrol pero en otra área, serviría para llevar a cabo otros grandes objetivos de la ANM, como formalizar a mineros. Es importante, sin embargo, entender cómo funcionaría la empresa. Pardo contó que, en diciembre de 2022, la Agencia, la Sociedad de Activos especiales (SAE) y el Ministerio de Minas y Energía firmaron un memorando de entendimiento para que dos comercializadoras internacionales de oro que son propiedad de la SAE, pues están en proceso de extinción de dominio, pasen a formar parte del funcionamiento de empresa minera.
     
    “La idea es utilizar su infraestructura para comprar oro sin mercurio y sin cianuro”, indicó Pardo. Es decir, la ANM utilizaría la estructura y logística que tienen las comercializadoras para comprarle “oro verde” a mineros ilegales. A cambio, el oro se les compraría a un mejor precio que en la economía ilegal, pues uno de los posibles objetivos sería exportar el oro al mercado Europeo. Según el director de la Agencia, este llegaría a pagar entre 25 y 30 % por encima del valor de bolsa si el oro cuenta con un sello de trazabilidad.
     
    Otras opciones que baraja la ANM es vender el oro al Banco de la República o a la industria joyera nacional. Una de las grandes apuestas, enfatizó Pardo, es que la empresa minera sea un vehículo para asegurar que los recursos nacionales aporten al desarrollo del país. Es decir, que si se hablara, por ejemplo, de cobre o de carbón coque, estos no sirvan únicamente para ser exportados, sino que también se empleen para fortalecer las industrias nacionales.
     
    La empresa minera se apalancaría a partir de los recursos privados que ya tienen las dos comercializadoras de oro que están en proceso de extinción de dominio. “Por eso, no habría una preocupación para conseguir nuevos fondos para financiar una empresa desde el gobierno”, afirmó el director de la ANM. (Le puede interesar: ¿Dónde poner proyectos renovables a gran escala en Colombia?)
     
    Por ahora, esperan presentar la propuesta de creación de la empresa dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se empezará a debatir esta semana. De no pasar, indicó Pardo, se buscaría otro momento u otras iniciativas para adelantar la visión que tiene el gobierno.
     
    Por esta razón, no se sabe cuánto tiempo tardaría la conformación o inicio del funcionamiento de la empresa. Lo que sí confirmó Pardo es que se espera que en dos o tres meses las comercializadoras de oro empiecen a comprarlo en varias partes del país.
     
    Además, como uno de los acuerdos establecidos después del paro minero en el Bajo Cauca, se iniciará un piloto con esos mineros para establecer una de las comercializadoras de oro allá. Pardo enfatizó que esta propuesta de la empresa “no significa que vayamos a estatizar la minería en Colombia, las otras comercializadoras van a continuar funcionando como siempre lo han hecho”. 
     
    Pardo informó también que el gobierno optó por presentar una nueva ley minera, no una reforma al Código Minero, pues este tardaría por lo menos dos años, en el segundo semestre de este año. “Eso significa que, si todo sale bien, tendríamos una ley minera en el primer semestre del año entrante”, explicó.
     
    Esta ley incluiría las reglas de juego para el Estado y compañías, con relación al cumplimiento de las exigencias de los títulos mineros. Explicó que esta únicamente hará referencia a los temas mineros y que los pasivos ambientales, por ejemplo, serán un tema de las autoridades ambientales.
     
    Por El Espectador
     
  • Así se cayó propuesta que permitía generación eléctrica de Ecopetrol

    Una de las principales apuestas del Gobierno es que Ecopetrol pueda ser generador de energía eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, el artículo 218 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue eliminado en las plenarias de Cámara y Senado.
    Precisamente en la noche de este miércoles 3 de mayo, en Cámara se discutió el futuro de este artículo, que ya había sido eliminado en la plenaria del Senado. En medio del debate, Adrián Correa, director de la Upme y ministro encargado de Minas y Energía, exhortó a los congresistas a aprobar este artículo.
     
    Señaló que "sería vergonzoso negarle el artículo a Ecopetrol, empresa que puede ser la punta de lanza y la vanguardia de la transición energética". Afirmó que lo que se quiere hacer es jugar el papel protagónico en la generación con energías renovables no convencionales.
     
    Su afirmación despertó la indignación de los representantes que estaban en el recinto. De hecho Julio Cesar Triana pidió "el debido respeto por el Congreso" . Añadió que no es vergonzoso estar en desacuerdo con los planteamientos que podrían "llevar a una estatalización del servicio eléctrico".
     
    Con la negativa de la Cámara, este artículo ya se cae definitivamente, dado que en el texto del Senado también fue eliminado.
     
    La propuesta original
    "Con el fin de promover la eficiencia en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, incentivar la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura de este servicio e impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías, las empresas que ejerzan actividades del servicio público de energía eléctrica podrán desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica", decía el texto para el segundo debate del PND.
     
    Cabe recordar que después del apagón de 1992 y 1993, se decidió que el sistema eléctrico tendría todos los actores de la cadena trabajando de forma independiente, de forma que un generador no transmitiera y comercializara energía.
     
    Esto fue cambiando, de hecho en el pasado Plan Nacional de Desarrollo se permitió que los generadores pudieran comercializar también, lo que permitió la posterior creación de Air-e y Afinia para reemplazar a Electrocaribe.
     
    Sin embargo la transmisión era la única actividad que permanecía  fuera de esta integración.  Esto teniendo en cuenta que podría generar conflictos de interés.
     
    Por PORTAFOLIO
  • Asociación de Geólogos advirtió sobre reducción de presupuesto para el SGC en 2024

    Según la Acggp, en 2024 el Servicio Geológico Colombiano recibirá $129.000 millones, $68.400 millones menos que en el PGN 2023.
    La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, Acggp, hizo un llamado sobre la disminución del presupuesto para 2024 que recibiría el Servicio Geológico Colombiano, SGC. Para el próximo año, se destinaría para la entidad un monto de $129.000 millones.
     
    La asociación resalta que en el Plan Nacional de Desarrollo se trazaron metas para fomentar la investigación y el desarrollo en el ámbito geocientífico, para lo cual sería clave el papel del SGC.
     
    "Cabe señalar que, entre las competencias del SGC, está la investigación científica, la generación de conocimiento geológico como insumo para la exploración de recursos naturales y de geoamenazas. Su misión abarca desde el estudio de los recursos potenciales del subsuelo, hasta la supervisión de las amenazas geológicas que puedan afectar al país, así como la contribución de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en los municipios", afirma la asociación.
     
    Y añade que "el éxito del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico, el avance y el cumplimiento de las funciones de la entidad dependen en gran medida de la gestión y la capacidad del SGC".
     
    Según lo establecido en el proyecto de Ley 057 de 2023 de la Cámara y 079 de 2023 del Senado, se asignan al SGC $129.000 millones, lo que representa una reducción de $68.400 millones en comparación con el año anterior.
     
    De acuerdo a estimaciones de la Acggp, "teniendo en cuenta una inflación proyectada de 9,2%, esta reducción en el presupuesto equivale a una disminución de 40,15% en términos reales".
     
    El director de la Acggp, Flover Rodríguez Portillo, aseguró que "es necesario fortalecer las capacidades del SGC y en general, el de las instituciones del sector, para generar el conocimiento necesario que aporte a la seguridad energética, la adaptación al cambio climático y el ordenamiento territorial en torno al agua". De esta manera, la asociación hace un llamado a que se evalúe el monto.
     
    Argumentan, que el SGC es clave, además, para la prevención de desastres. "nuestro país tiene 1.103 municipios, de los cuales 942 tienen desactualizado o no vigentes sus POT; 164 municipios tienen alto riesgo de sufrir los efectos del cambio climático y 20 municipios con riesgo muy alto. En la actualidad, 25% de los municipios del país dependen de agua subterránea, y varias regiones tienen importantes retos en materia de disponibilidad hídrica".
     
    Otro de los llamados de la Acggp es para que el SGC analice la eficiencia en la gestión desarrollada; de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la entidad solo ejecutó 12,06% del presupuesto en el primer semestre de 2023. "Necesitamos no solo capacidad administrativa y técnica, sino capacidad de gestión de sus proyectos en diferentes áreas", explicó el director de la asociación.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • Clara Guatame presidirá la ANH hasta el 16 de junio, la carta de renuncia ya se radicó

    Fuentes cercanas al Ministerio indican que el Gobierno solicitó la renuncia de la funcionaria por un relevo para ocupar otro cargo.
    Esta semana se supo que la presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Clara Guatame, quien lleva seis meses en el cargo, ya no desempeñará más esta función en el Gobierno.
     
    Hoy, La República conoció la carta de renuncia dirigida al Presidente y que fue radicada el 31 de mayo, el documento indica que continuará en el cargo hasta el 16 de junio de este año.
     
    Fuentes cercanas a la cartera afirman que la salida de la funcionaria no se daría por el informe de reservas. Desde el Gobierno le solicitaron la renuncia por un relevo en equipos, es decir, ella sale del cargo para ocupar otro cargo público. Además, indican que la relación con la ministra es "muy buena".
     
    "Quiero agradecerle, señor presidente, y a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la oportunidad que me dieron al confiar en mí para liderar esta entidad trascendental para el proyecto de transición energética justa", indica la carta de renuncia.
     
    Al final del documento, la funcionaria indica que le augura todos los éxitos al Gobierno del cambio. "Cuente con mi compromiso en continuar impulsando esta nueva visión de país desde mis conocimientos técnicos y con pleno compromiso profesional como lo he dicho hasta ahora", concluye.
     
    En el sonajero para el reemplazo de la funcionaria está el asesor de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, Andrés Camacho Morales. El funcionario actualmente es estudiante de Doctorado en Ingeniería, master en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables, ingeniero eléctrico y licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
     
  • Con un aumento de $400, el galón de gasolina quedaría en $14.364 para noviembre

    Expertos dicen que para cerrar el déficit del Fepc se debe mantener el precio del galón de gasolina por encima del internacional.
    En días pasados, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contradijo al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, en cuanto al precio de la gasolina en el país, al asegurar que sí habrá un incremento para el penúltimo mes del año. Incluso, ayer advirtió que todavía faltan tres alzas en el precio.
     
    “Lo cierto es que todavía faltan tres alzas en gasolina. Y empezará después la discusión del Acpm, que tiene una brecha de $8.000”, dijo el jefe de la cartera en una rueda de prensa.
     
    Anticipando lo que podría pasar con el precio de la gasolina en noviembre, LR consultó con varios expertos, entre ellos Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, quien aseguró que con un alza de $50 se equipararían los precios frente al mercado internacional.
     
    “Si se hiciera un ajuste como en meses anteriores, de $400 por galón, empezaríamos a corregir el déficit anterior que tenemos en el fondo, bajo los precios actuales sería más o menos en $65.000 millones para el mes de noviembre”, dijo el experto y agregó que “es un buen momento para que los precios de la gasolina corriente, hacia adelante, empiecen a flotar con la variación del precio internacional y se libere el mercado. Pero si lo que se quiere es reducir el déficit del Fepc, se tendrá que subir el precio interno de la gasolina por encima del precio internacional y mantenerlo siempre así por lo menos por un par de años”.
     
    Si efectivamente se determina un aumento del orden del que se determinó en septiembre ($400), el precio de la gasolina, en promedio, estaría en $14.364 por galón.
     
    Villavicencio sería la ciudad con el precio más alto para el combustible, pues los usuarios pagarían $14.873 por galón. En Cali, que sigue en el orden, el precio se ubicaría en $14.797, y en Bogotá, $14,773. En contraste, Pasto sería la ciudad con el precio más bajo, pues quedaría en $12.516 el galón de gasolina; en Cúcuta, $12.875, y en Cartagena, $14.403.
     
    En 2022, el Gobierno comenzó a incrementar el precio de la gasolina con el argumento de cerrar el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc. Desde octubre de 2022, el combustible empezó a aumentar cada mes, pasando de $9.180 pesos por galón hasta casi $14.000 en promedio en septiembre de 2023, teniendo en cuenta que en octubre se mantuvo el precio.
     
    Pero no solo la gasolina genera el déficit en el fondo de estabilización, sino también el Acpm. El Gobierno ha dicho que no aumentará el precio del diésel este año, pero este miércoles comenzará la discusión en mesas técnicas con el gremio del transporte por carretera para revisar la fórmula que se utiliza para determinar el precio de este combustible.
     
    Los transportadores en el debate del Acpm
     
    La Cámara Intergremial de Transporte de Carga anunció que hoy empieza el diálogo en las mesas técnicas que incluirán a expertos en representación del sector. “Lo que tratamos de hacer es buscar el bien para el país. Si sube el combustible, suben las tarifas y se genera una inflación que queremos evitar”, aseguró Henry Cárdenas Cruz, presidente de Fedetranscarga.
     
    “No aceptamos ningún tipo de alza, ni en noviembre ni en diciembre ni en enero, hasta tanto no tener el análisis de las mesas técnicas. Solo así podemos decirles a los colombianos por qué debe subir o quedarse quieto el precio de los combustibles”.
     
    Por José Fernando Loaiza para LaRepública.
  • De $600 en $600, este año el galón de gasolina se igualará con el precio internacional

    Aunque la brecha se viene cerrando desde que el Gobierno implementó la medida gradual, el hueco del Fepc sigue creciendo porque los precios del ACPM no se han tocado.
    Este viernes, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que el aumento de la gasolina será de $600 en junio. “Es el mismo valor de incremento que hubo el mes anterior y arranca en cuanto tengamos las firmas de los decretos completas y se oficialice. Estamos por estos días haciendo ese incremento”.
     
    Por este mes, no se harán ajustes en el precio del Acpm. El Ministerio de Minas y Energía indicó que se publicarán las resoluciones conjuntas con el Ministerio de Hacienda, que incluyen los precios exactos por ciudades.
     
    Según explica Andrés Velasco, director técnico en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), al 31 de mayo, la diferencia entre el precio regulado (ingreso al productor) y el precio de referencia de la gasolina era cerca de $4.000 por galón.
     
    “Si el precio regulado sube de $600 por galón por mes de junio en adelante, el diferencial de la gasolina se podría cerrar completamente a finales de 2023”, explica el analista.
     
    Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, “el diferencial, con una tasa de cambio de $4,410 del 2 de junio, y con un precio internacional del petróleo alrededor de US$76 por barril, con un equivalente al precio internacional o costo de oportunidad de la gasolina de US$100 por barril, sería de $2.817 pesos por galón con el aumento de junio.
     
    Los cálculos de Vera también arrojan un cierre del año con los precios cercanos al margen internacional. “ Si se realizan ajustes mensuales de $600 por galón, en cinco meses alcanzaríamos el precio internacional o siete meses si se hicieran ajustes del orden de $400”.
     
    Además, el Carf ha recomendado que se empiece a ajustar también el precio regulado del Acpm, de forma gradual, como se ha aumentado el de la gasolina, teniendo en consideración el impacto sobre los precios de la economía.
     
    Vera coincide e indica que “sigue estando pendiente el problema del diesel, que hoy es el principal problema del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), dado que no solo es 45% de la demanda nacional de combustibles, sino que además su diferencial con el precio internacional es hoy mayor que en la gasolina”.
     
    El analista destaca que, inclusive con este ajuste, aún por gasolina se seguiría subsidiando mensualmente por el orden de los $550.000 millones, para un subsidio total de alrededor de $1,6 billones.
     
    Referente al impacto en la inflación, Velasco explica que se ha estimado que el efecto en el largo plazo de un aumento de 1% en la gasolina sobre la inflación es de 0,06%.
     
    Además, el experto hace énfasis en el efecto en el largo plazo. “Un aumento de $600 por galón significa una variación del precio de la gasolina de 5%. El efecto de largo plazo de un aumento de $600 en la gasolina sobre la inflación total sería 0,3%”, agrega.
     
    Este mes hay ajustes para toda la cadena de la gasolina por alcohol e inflación
    Según indica Vera, el ajuste máximo del ingreso al productor va de $402 por galón, así para el público suba $600. “Este mes sube el margen mayorista por la inflación, es decir, con un ajuste de 12,82% sube $60 por galón, y como tiene IVA de 19%, son $11 pesos más de ajuste en la estructura de precios”, señala. También se espera que el alcohol carburante suba $30 ”y como la mezcla sube de 4% al 7%, eso tiene ajustes en toda la estructura, en el IVA, sobretasa, impuesto al carbono, tarifa de transporte del alcohol, entre otros factores”, agrega.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
     
  • Diésel subirá $8.000 de manera gradual a partir de febrero de 2024

    El ministro de Hacienda aseguró que no se tocarán los impuestos como pidió el gremio de carga.
    En el marco del congreso 48 del gremio de carga, Colfecar, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió a los camioneros que solicitaron revisar la composición de la canasta de costos del ACPM, señalando que los impuestos no se tocarán y que la subida de su precio será a partir del mes de febrero.
     
    “Es muy complicado porque la mayoría de esos impuestos son territoriales, no son nacionales, es decir, son impuestos que entran a los municipios y departamentos”, manifestó Bonilla.
     
    Lo que sí consideran es revisar, junto con los gremios, el destino de los recursos recaudados, por lo cual esperan concertar este cambio. Así mismo buscan una solución al impuesto de industria y comercio (ICA).
     
    Entre los argumentos para mantener los impuestos, Bonilla señaló que es una respuesta responsable fiscalmente, pues el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no da espera y, ahora, con la subida paulatina en el precio de la gasolina, el hueco a fin de este año será 94 % responsabilidad del diésel.
     
    “Es algo que no podemos aplazar, le cuesta demasiado al Estado, pero concertemos”, dijo.
     
    Sobre la propuesta que había lanzado el gremio de revisar la mezcla de biodiésel en el diésel, bajando de 10 % su participación a 5 %, el ministro de Hacienda descartó esta posibilidad, pues señaló que no se pueden permitir las implicaciones medioambientales que esta decisión acarrearía.
     
    “El biodiésel es más caro que el diésel, pero tiene una discusión ambiental. Se podría quitar el biodiésel y dejar solo el diésel y eso nos bajaría los costos, pero y ¿la carga ambiental? Lo que sí podemos ver es si pagamos el biodiésel a precio internacional y no nacional, porque aquí es al revés y el local es más caro”, mencionó.
     
    ¿Cómo será el aumento?
     
    Según lo indicado por Bonilla, la subida en el precio empezará en el mes de febrero, esto a razón de que el Gobierno espera igualar el precio de la gasolina corriente a precio internacional en el mes de enero.
     
    El monto mensual será concertado con los actores de sector hasta igualar el precio internacional, es decir, $8.000 pesos, lo que tomará, en sus cálculos, entre 18 meses y dos años llegar a este precio, pues no será en una sola subida.
     
    De ser en 18 meses el incremento, en promedio subiría $450 al mes el precio del ACPM, de ser 20 meses, el alza sería de $400 y de ser 24 meses de $350 pesos, aproximadamente.
     
    A 2023, el déficit en el FEPC cerraría en $20 billones y al país aún le hace falta pagar $8 billones del año 2022. De los $20 billones, $17 billones corresponderán a diésel y $3 billones a la gasolina.
     
    Con este aumento, el hueco fiscal a 2024 cerrará en $5 billones y para el año 2025 se cerraría la brecha.
     
    Por Pula Galeano para Portafolio.
  • Ecominerales: Gobierno Petro avanza en creación de esta empresa estatal

    El presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia, Álvaro Pardo, entregó más detalles sobre la empresa estatal que planea crear y conformar el Gobierno del presidente Gustavo Petro: Ecominerales.
    De acuerdo con el funcionario, la empresa pública de minerales (Ecominerales se va a llamar), es un instrumento fundamental para poder materializar la visión que este Gobierno tiene sobre la minería.
     
    “Sus tres funciones más importantes son: meterse en el tema de la comercialización de minerales arrancando por el oro, donde hoy tenemos unas dificultades muy grandes, el país sabe que grupos irregulares han capturado algunos eslabones de la cadena de comercialización y ahí queremos entrar como Estado”, precisó el presidente de la ANM.
     
    La idea del Gobierno Nacional es quitarle la base social a los grupos irregulares o criminales y empezar a legalizar el oro y la cadena, ofreciendo mejores garantías a los pequeños y medianos mineros: en temas como la formalización, uso de mercurio, trazabilidad, transparencia en la operación.
     
    “Queremos que la empresa compre ese oro y lo logremos exportar o para crear una cadena de joyería limpia en Colombia. Incluso, si el Banco de la República quisiera, se lo podemos vender”, destacó Pardo.
     
    La segunda función de Ecominerales es acompañar a todos los mineros en la formalización, ya que para el líder de la ANM no basta con entregarles un título de minero “y uno vuelve 20 años después y ve las mismas condiciones de pobreza y de vida indigna”.
     
    Para Pardo, el Estado tiene que acompañar a los mineros formalizados después de la obtención del título. Es por eso que se piensa en capacitaciones, créditos baratos, apoyo en el beneficio, transformación y, si es necesario, también en la comercialización.
     
    Y la tercera misión de la empresa minera estatal es que la empresa Ecominerales pueda participar en actividades de exploración y explotación de minerales estratégicos.
     
    “Que compita en el mercado. Al principio, los empresarios estaban un poco preocupados porque pensaban que íbamos a estatizar al sector, pero hoy lo he dicho claramente no se trata estatizar. Fíjate que con Ecopetrol nadie ha hablado de estatizar al sector de petróleo: igual lo vamos a hacer en minería”, expuso Álvaro Pardo en el marco del Congreso Nacional de Minería de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
     
    Se sabe que el Gobierno Nacional tiene un proyecto de ley muy avanzado con el Ministerio de Minas y Energía, que tras una revisión con el ministro Omar Andrés Camacho la semana que viene (primera semana de octubre de 2023), y se presentará al Congreso de la República.
     
    “Esto para que, en un par de vueltas, como es una ley ordinaria, tengamos una empresa pública. El proyecto de ley lo presentaremos este año, en dos semanas, para la creación de Ecominerales”, concluyó el presidente de la ANM.
     
    Por Yennyfer Sandoval para Valora Analitik.
  • El alza en gasolina se convirtió en el palo en la rueda para seguir bajando la inflación

    Los precios de los alimentos se siguen desacelerando e impulsan el IPC a la baja, que cerró en 12,36% en mayo, según el Dane.
    Como un respiro a los hogares colombianos, la inflación siguió cediendo y en mayo el dato anual fue de 12,36%, por debajo del IPC de abril, que fue de 12,82%, y en línea con lo que esperaba el promedio de los analistas (12,58%) y con las expectativas del Índice del Pollo Asado de LR.
     
    Sin embargo, la gasolina sigue siendo el palo en la rueda para bajar este indicador, con las alzas que ha hecho el Gobierno para acabar con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). En mayo, precisamente, el alza fue de $600, mismo aumento que se estableció para junio, llegando a $12.364 por galón, en promedio.
     
    Los combustibles para vehículos, de hecho, están entre los que presentan crecimientos más amplios y una tendencia alcista que no cede. Este componente totalizó un crecimiento de 28,84% anual.
     
    “La gasolina es uno de los rubros que sigue jalonando la división de transporte. Este subrubro pesa 3% dentro de la inflación (...) Se podría esperar una presión incluso más alta”, dijo David Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza. Agregó que aún no se aumenta el precio del diésel, “que puede generar un impacto de cara a 2024”.
     
    El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que “se cumplen los pronósticos que veníamos señalando. La inflación de alimentos efectivamente ha venido bajando y eso se origina porque hay mejor abastecimiento (...) Tenemos que el precio de la gasolina está subiendo. Pero la reducción en el precio de alimentos compensa el incremento en el precio de la gasolina”.
     
    Aunque el componente de gasto que más sigue jalonando la inflación es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,97 puntos porcentuales de aporte en el año, su variación fue de 15,66% anual, por debajo de la de abril (18,47%). Los alimentos que más bajaron de precio fueron cebolla (-18,‘7%), papa (-8,11%) y condimentos (-6,81%). Mientras que las frutas empezaron a ceder frente al pico, con una variación de 15,91.
     
    “Hay más cosecha, más frutas que están saliendo este mes. También tenemos más oferta de legumbres, cebollas y papa”, dijo Piedad Urdinola, la directora del Dane.
     
    El segundo componente que más aportó a la variación anual fue el de los servicios públicos, con 2,56 puntos porcentuales. Allí, el de mayor peso es el del arriendo, tanto el imputado como el efectivo, según lo explicó Urdinola.
     
    También se evidenció una moderación en los servicios de electricidad, que tuvieron una variación anual de 18,07% en mayo. “Está claro que esa tendencia va hacia la baja. Sigue siendo una variación positiva pero ya vemos ese cambio de tendencia”, dijo la directora del Dane.
     
    Si las cifras se desagregan por ciudades, Cúcuta es la ciudad que registra los niveles más altos de inflación con 14,76% en el dato anual. Le siguen Sincelejo (13,91%), Valledupar (13,31%), Montería (12,93%), Cartagena (12,79%) y Armenia (12,72%).
     
    Las menores variaciones se registraron en Villavicencio (11,27%), Ibagué (11,37%), Pereira (11,74%) y Florencia (11,94%). Mientras que en Bogotá el indicador anual cerró en 12,29%, por debajo del total nacional; y en Medellín el dato fue de 12,56% anual.
     
    Por Carolina Salazar para LaRepública
  • El aumento en el precio de la gasolina provocaría un incremento de 0,6% en inflación

    Los cálculos de Corficolombiana indican que cada aumento de $1.000 por galón eleva la inflación total en 64 puntos básicos.
    Uno de los factores que han provocado que el incremento de la gasolina se haga de forma gradual cada mes es la inflación, indicador que llegó a 13,34% anual en marzo, levemente por encima del dato de febrero, que fue de 13,28%. Y el tema sobre la mesa esta semana es el incremento histórico de $600 para este mes, lo que conlleva analizar la incidencia de esto en el componente inflacionario.
     
    Desde la Fundación Xua Energy se calcula que un aumento de 10% en el precio del ingreso al productor de la gasolina tiene un efecto en inflación de 0,6% aproximadamente, que dado el ajuste de este mes, sería el efecto esperado que dé en materia inflacionaria para el mes de mayo por cuenta del incremento.
     
    Los cálculos de Corficolombiana indican que cada aumento de $1.000 por galón eleva la inflación total en 64 puntos básicos. “Implica que continuar aumentando los precios de la gasolina hasta cerrar la brecha vs el precio paridad de exportación, aportaría más de tres puntos porcentuales a la inflación total”, indicó Julio Romero, economista jefe en Corficolombiana.
     
    David Cubides, director de investigaciones económicas en Alianza Valores, calcula que por cada $100 que sube el precio de la gasolina se puede impactar entre cuatro y cinco puntos básicos a la inflación”.
     
    Sin embargo, el experto resalta que “no hay que ver el efecto completo, porque hay que tener en cuenta esa desagregación que está haciendo el Gobierno”.
     
    Si se amplía la perspectiva, Cubides explica que el rubro de combustibles pesa 3% en la inflación y está dentro del transporte, que pesa 15%, “es un rubro que, si bien no pesa tanto, las alzas han sido generalizadas en los últimos meses y eso, por su puesto, genera que este componente registre una tendencia alcista”.
     
    Y en ese sentido, en Alianza Valores se analiza que aunque el efecto genera presión sobre los precios, hay otros componentes que se vienen moderando y eso contribuye a que el impacto no sea tan fuerte.
     
    “Entre los componentes que vienen moderándose está, por ejemplo, alimentos, restaurantes y hoteles, que eventualmente van a compensar la subida de la gasolina y al final vamos a encontrar una moderación de la inflación”, explica Cubides. Además, el experto pronostica que el año cerrará con una inflación cercana a 9%.
     
    En un recuento de los precios de la gasolina, para septiembre, se mantuvo el establecido en julio ($9.380), pero desde octubre, los incrementos se han implementado de forma gradual.
     
    En octubre, noviembre y diciembre del año pasado, el galón de gasolina subió en promedio $200 por mes. En enero, se registró un alza de $400 y en febrero fue de $250. En marzo y abril, el incremento fue de $400 en promedio.
     
    Romero explica que “si el gobierno aumenta los precios de la gasolina en $600 por galón cada mes, y se mantienen estable el precio paridad de exportación, en un periodo de ocho a nueve meses se habrá cerrado la brecha”.
     
    Juan Felipe Neira, docente de la Universidad Externado y experto en el sector, explicó que “el propósito del Gobierno es que para mediados del segundo semestre de este año ya estuviéramos en una equiparación casi total”.
     
    Julio César Vera, presidente de Xua Energy, indica que “si bien es una decisión adecuada y responsable en materia de política fiscal y económica, obviamente tiene efectos económicos sobre los consumidores directos de este producto”.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
     
  • El Gobierno hizo el primer nombramiento en propiedad de los expertos de la Creg

    La hoja de vida del ingeniero eléctrico Jorge Alberto Morales fue publicado en la página de Presidencia para integrar la comisión de expertos.
    A través de la página de la Presidencia se publicó la hoja de vida del primer postulado para integrar la Comisión de Expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. Se trata del ingeniero eléctrico, Jorge Alberto Morales.
     
    Es profesional de la Universidad Nacional, con especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes, una maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y un master en ciencias de la Universidad de Mánchester.
     
    Ha sido asesor en la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Bogotá, además de ser consultor privado en temas técnicos, económicos y financieros. Fue gerente de proyecto en la Empresa de Energía de Bogotá, y se desempeñó como consultor privado en temas técnicos, económicos y financieros en Lanza libre.
     
    Al interior del ministerio de Minas y Energía fue asesor del jefe de la cartera, así como del secretario de Desarrollo de Bogotá, durante la Alcaldía del actual presidente de la República, Gustavo Petro.
     
    El nombramiento de Morales se da como respuesta a una crisis institucional que atraviesa la Creg, por cuenta de la interinidad de su comisión de expertos.
     
    De acuerdo con la ley 2099 de 2021, la Creg debe estar integrada por el ministro de Minas y Energía, quien la presidirá, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Nacional de Planeación y por seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la Republica para periodos de cuatro años.
     
    Sin embargo, hasta ahora, solo Morales y Omar Fredy Prias son los expertos nombrados en propiedad para dirigir el rumbo de esta entidad técnica.
     
    Ante la interinidad de la mayoría de expertos, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, alertó por la calidad en el funcionamiento de la Creg, que ha expedido la menor cantidad de resoluciones en dos décadas.
     
    “Si analizamos las resoluciones expedidas frente a las previstas en la agenda regulatoria anual, que es de carácter general y en donde se incluyen todos los proyectos de resolución planeados para el año siguiente, vemos como en el último año, en ninguno de los servicios se cumplió con la agenda propuesta, en particular en los temas relacionados con el sector de gas”, dijo Anif.
     
    Por Brayan Becerra para LaRepública.
  • El impacto de la subida de gasolina en el bolsillo de los colombianos

    La inflación de los hogares se mantendrá elevada, debido a que motos y carros emplean ese combustible, y son usadas para trabajar.
    Con el reciente anuncio del Ministerio de Minas y Energía sobre el aumento de $600 por galón de gasolina desde el 3 de mayo, se generan alertas sobre el incremento en el costo de vida de los colombianos, lo anterior lo advierte Andemos al Gobierno.
     
    Desde octubre del 2022, el Gobierno Nacional puso en marcha la política de disminuir el valor del subsidio a los combustibles en Colombia para poder reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que ha llevado a que según un informe de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y cálculos de Andemos, en un año y medio el precio de la gasolina haya aumentado $4.754 (67,5%), lo que afecta directamente a 17 millones de vehículos a gasolina que ruedan en las calles colombianas (la cifra incluye el parque de motocicletas).
     
    “El aumento en el precio de la gasolina afecta muchas actividades de la economía, en especial a los ciudadanos que deben movilizarse diariamente y al transporte de mercancías y alimentos. Tanto las motos, como los vehículos son parte fundamental del ingreso de las personas, por lo que el aumento de los precios de la gasolina incrementa el costo de vida”, dijo Oliverio García, presidente de Andemos.
     
    El dirigente gremial señaló también que “hay que tener en cuenta que en Colombia el uso del transporte individual es muy frecuente teniendo en cuenta las limitaciones del transporte público”.
     
    Considerando los elevados costos de los combustibles, es necesario impulsar el uso de tecnologías más eficientes en consumos de combustibles fósiles como son los vehículos eléctricos, dedicados a gas o de baja dependencia como los que utilizan biocombustibles y los vehículos híbridos eléctricos de bajo consumo de gasolina.
     
    En el caso de las motos, según cálculos de Andemos, aproximadamente 11,3 millones de personas serán quienes más van a sufrir el incremento de los precios de la gasolina.
     
    En ese sentido, se deben buscar medidas que impulsen la electrificación de este modo de transporte que se ha convertido en el parque más numeroso en nuestras calles. Una de las estrategias para masificar las tecnologías eléctricas e híbridas es lograr una paridad relativa en precios entre vehículos de combustión y eléctricos. Esta paridad se da trabajando en mejorar los estándares de emisión de los vehículos de combustión que hoy están en Euro 2 y a partir de agosto Euro 4.
     
    García comentó que “otra de las estrategias que se deben tener en cuenta para ampliar la participación en el mercado de las tecnologías de cero y bajas emisiones es mantener los incentivos a todas las tecnologías con el objetivo de lograr una transición energética responsable que se ajuste a los ingresos de los colombianos”.
     
    Curiosa salida oficial
     
    El Gobierno ha puesto sobre la mesa como solución a la inflación en las familias por el alza de precios de la gasolina, no subirle el precio del galón de gasolina a las motocicletas, dejando de lado a los cientos de miles de familias que usan el carro como medio de trabajo al igual que los moteros.
     
    Pero el tema de fondo es que el grueso del déficit del Fondo de Combustibles es por diésel (usado en su mayoría por buses y camiones). La falta de una política de combustibles en el país, puede terminar tiran- do por la borda los avances en cerrar la brecha de precios subsidiados.
     
    PORTAFOLIO
  • En su cartera está gran parte del futuro del país: gremios al nuevo minminas

    Diferentes sectores empresariales y de hidrocarburos recibieron con optimismo el nombramiento de Omar Andrés Camacho como nuevo ministro de Minas y Energía en reemplazo de Irene Vélez.
    Tras la salida de Irene Vélez como ministra de Minas y Energía, el gobierno de Gustavo Petro confirmó que Omar Andrés Camacho es el nuevo ministro de Minas y Energía.
     
    Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quien enumeró algunos retos y desafíos para Camacho.
     
    “El nuevo ministro de Minas tendrá al menos los siguientes retos: Debe asegurar el suministro actual y futuro de energía, asegurar las condiciones jurídicas y regulatorias para que se dé la transición energética con sostenibilidad y asegurar las condiciones para que Colombia mantenga la autonomía en hidrocarburos”, expresó Mac Master en su cuenta de Twitter.
     
    Agregó que, entre otros desafíos está el liderar un sector que es el principal generador de divisas y recursos para el Gobierno nacional y gobiernos regionales.
     
    “Se debe fortalecer la lucha contra la minería ilegal y formalizar la minería informal. En su cartera está gran parte del futuro del país”, destacó el presidente de la Andi.
     
    Por su parte, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) le dio la bienvenida al nuevo ministro de Minas y Energía y le deseó éxitos en su gestión.
     
    “Le deseo éxito en su gestión en favor de una política de seguridad, autosuficiencia y confiabilidad energética en un proceso de transición integral responsable en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gremio reitera su disposición de continuar trabajando con el Gobierno nacional y el Ministerio de Minas y Energía en un momento decisivo del país”, señaló el dirigente de la ACP.
     
    Camacho es ingeniero eléctrico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además es licenciado en Física y actualmente cursa un doctorado en ingeniería en la misma institución.
     
    A su vez, se había desempeñado como asesor del despacho de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y dentro de su experiencia en el ámbito político fue miembro del Partido Farc y se desempeñó como secretario de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en un nombramiento que en su momento generó gran polémica.
     
    Por Juan Sebastian Vargas para El Heraldo.
  • Esta semana comienza la recta final para el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso

    El domingo se cumple el plazo para que el legislativo apruebe el plan nacional de desarrollo que el Gobierno presentó en febrero.
    Hoy se tiene previsto el segundo debate en el Senado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. Esta semana es definitiva para el proyecto de ley en la medida que el Legislativo tiene, por ley, hasta el domingo para aprobar el articulado.
     
    En este sentido, se espera que tanto ponentes como coordinadores del proyecto junten esfuerzos para que el trámite por el Congreso no tenga que llegar hasta última hora y los debates, en los que se están jugando más de $1.154 billones, tengan el tiempo necesario.
     
    Según la senadora por el Pacto Histórico, Clara López, con la ponencia que llega hoy a debate “se le ha cumplido a toda Colombia y especialmente a esas regiones olvidadas, que han afincado sus esperanzas en el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro”.
     
    López agregó que el PND contiene más de 160 proyectos que incluyen hospitales, vías, tanto departamentales como nacionales, aeropuertos y obras de impacto regional.
     
    Pero, en términos generales, ¿qué le hace falta al PND para convertirse en ley de la República. Según juristas consultados, el proyecto de ley debe ser aprobado en cuatro debates en el Congreso, eventualmente puede requerirse un trámite adicional denominado conciliación, que tiene lugar cuando hay alguna diferencia entre los textos que se aprueben en plenaria de Cámara y en plenaria de Senado.
     
    El proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate de Cámara y Senado, y la ponencia que se discute hoy, se espera que sea aprobada en el segundo debate en ambas plenarias del Congreso.
     
    Para el senador Juan Carlos Garcés, del partido Unidad por la Gente, pese a que queda una semana para la aprobación del PND, el tiempo es suficiente para discutirlo y aprobarlo en algunas de las sesiones plenarias de Senado y de Cámara programadas para esta semana.
     
    “Desde la expedición de la Constitución de 1991, la mayoría de los proyectos de ley de PND se han aprobado la última semana del plazo máximo previsto. Solo el de Andrés Pastrana se tuvo que dar por decreto”, dijo.
    En ese caso, agregó, de no ser aprobado por el Congreso en el término señalado, el Presidente está facultado para expedir el Plan Nacional de Inversiones Públicas (que hace parte del proyecto del PND) a través de la expedición de un decreto con fuerza de ley.
     
    Así mismo, después de que, probablemente, el domingo haya un texto conciliado y aprobado por el Legislativo, se espera que una o dos semanas después el Presidente imparta la sanción presidencial que dejaría en firme la ley.
     
    Los puntos álgidos del proyecto
     
    Uno de los artículos más comentados del proyecto de ley tiene que ver con la supuesta facultad que el PND da para expropiar terrenos con el fin de adelantar la reforma rural. Dicho artículo, para la “venta de predios por motivos de utilidad pública o interés social con indemnización previa para la reforma rural integral”, indica que la ANT puede adquirir predios a título oneroso mediante ciertos procedimientos.
     
    “La Agencia Nacional de Tierras procederá en primer lugar a celebrar una negociación directa para adquirir los predios. Si esta etapa se agota sin acuerdo con el propietario, podrá declarar el predio como de utilidad pública o de interés social para la reforma rural integral”, dice el presunto texto.
     
    Otro de los puntos que seguramente harán parte del debate arduo esta semana, es el de la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital, con la cual, según el Gobierno, se busca aumentar la seguridad en este campo para que no se repitan hechos como la conocidas ‘chuzadas’.
     
    La oposición, en cambio, resalta que este aparato serviría para lo contrario y que con él, el Gobierno podrá espiar e invadir la privacidad de los opositores.
     
    Por Juan Pablo Vargas para LaRepública.
  • Facturas de energía subirían 5% por decreto de La Guajira

    Expertos aseguran que la medida va en contra del Pacto por la Justicia Tarifaria.
    En el marco de la emergencia económica, social y ambiental que fue declarada por el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Minas y Energía presentó uno de los decretos que pretende atender las dificultades de La Guajira.
     
    Dentro de las determinaciones, la cartera ordena un incremento en las tarifas de los usuarios industriales y comerciales, de $5.000 por cada mes, así como $1.000 para las facturas de los estratos 4, 5 y 6.
     
    De igual forma, estableció suspender los contratos de largo plazo de las subastas de 2019 y 2021 de los generadores de energía renovable que tienen sus parques en La Guajira.
     
    Los efectos para todos los usuarios serían de un 5% adicional, especialmente por el segundo punto.
     
    La cartera señala que el objetivo es apoyar la creación de proyectos de energización en zonas no interconectadas del departamento, en el caso de la sobretasa para el servicio público.
     
    Sobre la medida de suspender contratos, apunta que estos “se han visto inmersos en un desequilibrio contractual que obliga al generador o vendedor a cubrir obligaciones de suministro a favor del comercializador o comprador a un precio de bolsa mucho más alto que el valor que aquel recibe”.
     
    Expertos y líderes del sector advierten que podría impactar a los hogares del país por cuenta de las alzas de hasta 5% en tarifas que se darían en agosto.
     
    Carmenza Chahín, exdirectora de la Creg y consultora, señaló que ambas medidas afectarán a los usuarios. Sobre el primer punto señaló que hay 5 fondos y recursos de regalías que pueden usarse para llevar electricidad a esta zona del país.
     
    Los fondos, que hacen parte del Ministerio, tienen anualmente recursos por cerca de $700.000 millones, por lo que Chahín manifestó no entender por qué no se usaban estos mecanismos ya existentes.
     
    Con respecto a la suspensión de los contratos dijo que “en Colombia siempre se han respetado”.
     
    Destacó que a pesar de que el Gobierno mismo lazó las subastas con el objetivo de que los comercializadores compraran energía renovable, ahora los deja expuestos a precio de bolsa ad portas de un Fenómeno de El Ñino.
     
    La cartera señala que “es necesario legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”.
     
    Los efectos en tarifas para los usuarios de todo el país contrasta con el Pacto por la Justicia Tarifaria que ha sido promovido por el mismo Ministerio por cuenta de los altos precios del kilovatio. La jefe de la cartera, Irene Vélez, manifestó en varias ocasiones la importancia de reducir el precio de la tarifa a nivel nacional, no obstante, el Ministerio no se expresó con respecto a los efectos que tendrá este decreto.
     
    Fuentes del sector manifestaron que era una “injusticia tarifaria”, puesto que el decreto no contempla a los usuarios del país a los que se les intentó disminuir los precios.
     
    Chahín destaca que esto impactará a todos los estratos en hasta 5% de su tarifa, incluso para los que viven en La Guajira para beneficiar a los generadores que no han entregado sus proyectos.
     
    Sobre las posibles consecuencias legales, Nicolás Arboleda, socio de Arboleda Abogados y experto del sector, aseveró que si bien los comercializadores podrían demandar por incumplimiento a los generadores, estos podrían argumentar que están cobijados por la regulación. “Esto deja al comercializador un poco desprotegido”, remató.
     
    Por Portafoio.
     
  • Galón de gasolina aún debe subir $600 para igualar precio del mercado internacional

    El diferencial del precio está entre $500 y $600. Se estima que por cada mes que no se incremente el precio, el Gobierno subsidia más de $94.600 millones.
    Ya es un hecho que el precio promedio de la gasolina en octubre quedará en $13.964, el mismo valor que tuvo en septiembre, un precio que, aunque viene subiendo desde hace un año, sigue estando entre los galones más baratos de Latinoamérica.
     
    Desde el punto de vista fiscal, organizaciones como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, y analistas económicos de Corficolombiana han reiterado que el alza de la gasolina es una decisión necesaria, aunque impopular, por cuenta del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, que asciende a $17,8 billones.
     
    Andrés Velasco, director técnico del Carf, indicó que la entidad calcula que el diferencial entre el precio regulado y el precio internacional de referencia es de aproximadamente $600. Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, hace un cálculo cercano a $500 para el diferencial, que subsidia el Gobierno Nacional.
     
    Velasco agregó que “no cerrar ese diferencial implicaría la causación de un déficit por cerca de $330.000 millones en lo que queda de 2023, que tendrá que ser cubierto por recursos de la Nación en 2024, dentro de los techos de gasto que permite la regla fiscal”.
     
    Si se revisa por mes, el analista Vera calcula que con un diferencial de $500 por galón se están subsidiando $94.600 millones al mes, “que el Gobierno tendrá que asumir y compensar a Ecopetrol a través del Fepc, que se suman a los casi $1,8 billones que significarán los subsidios para el diésel en este mes”.
     
    La decisión de no subirle a la gasolina este mes se justificó en la compensación para taxistas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que “el precio de la gasolina y del diésel en octubre se va a quedar estable en razón a que, en el proceso de concertación de una compensación con el gremio de taxistas, hemos encontrado un cuello de botella importante que nos impide seguir adelante, y es que son aproximadamente 300.000 taxistas y solo se han inscrito en la plataforma 40.000, entonces no sabemos a quiénes les va a llegar la compensación ni a donde”.
     
    Y lo único que comentó el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, respecto a la decisión fue que “también estamos respetando el compromiso de compensación de la gasolina para el gremio de taxistas acordado el pasado 25 de agosto”.
     
    Bonilla ha reiterado que los recursos para esa compensación no saldrán del Fepc, sino del Presupuesto General de la Nación. No obstante, fue el argumento base para congelar los precios este mes.
     
    Y es que la decisión llegó en un momento en el que el panorama político está “apretado”, pues las elecciones regionales del país son el próximo 29 de octubre.
     
    Para Vera, se trata de “una decisión que responde más a una decisión de cálculo de política electoral que económica, por lo cual la invitación es a que, como se ha venido haciendo, responsablemente se tomen decisiones económicas y no políticas sobre un tema tan importante y delicado para la política energética del país”.
     
    Los colombianos podrán sentir un alivio al bolsillo, pero actores del escenario político nacional mostraron molestia. Por ejemplo, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, dijo que “el presidente y el ministro de Hacienda son muy vivos: seguirán subiendo el precio de la gasolina pero no lo hacen en octubre para evitar el desgaste en las elecciones locales”.
     
    Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, trinó, a través de su cuenta de X: “el Gobierno debería decir las cosas como son: la suspensión durante octubre de las alzas de la gasolina no es por el problema del pago compensatorio a los taxistas. Se debe a que el Gobierno no quiere hacer alzas en octubre, que es mes de elecciones. Esa es la realidad”.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Gasolina impacta duro en inflación, que bajó en junio a 12,13 % anual

    IPC en junio cayó a 12,13%. Mientras los alimentos bajan, los aumentos en la gasolina aún presionan al alza la canasta de los consumidores.
    La inflación sigue con su senda descendente, pues en junio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 12,13 %, por debajo del dato de 12,36 % que había registrado el indicador para mayo y también por debajo del pronóstico que estimaba el mercado.
     
    Esta cifra se alcanzó luego de que en el sexto mes del año los precios de la canasta básica de los colombianos mostraron un aumento de 0,30 % en relación con el mes anterior. Vale mencionar que en junio de 2022, la inflación mensual había sido de 0,51 %.
     
    De acuerdo con la directora del Dane, Piedad Urdinola, en junio las categorías que más aumentaron fueron las de transporte, con una variación mensual de 1,08 %; la de los restaurantes y hoteles (0,56 %), especialmente por el lado de las comidas servidas a la mesa; y las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un incremento de 0,48 %.
     
    “Dentro del transporte el componente que más está teniendo implicaciones es el aumento de los combustibles, y dentro de ellos, la gasolina, como se ha venido experimentando este año”, indicó Urdinola.
     
    La funcionaria mencionó también que, por segundo mes consecutivo, se registró una cifra negativa en el grupo de alimentos y bebidas, que mostró una reducción de -0,53 % en el mes.
     
    Vale la pena mencionar que este rubro fue el que jalonó al alza en mayor medida la inflación durante los últimos dos años, debido al peso que tiene en la canasta de los colombianos.
     
    Otra categoría que tiene un impacto importante en la inflación es la de los servicios públicos y los arriendos. A pesar de que esta solo subió 0,48 % en el mes, fue la que más aportó a la variación, 0,15 puntos porcentuales, por la proporción dentro del gasto de los hogares que representa.
     
    La inflación anual
     
    Con estos datos, la inflación anual mostró una corrección a 12,13 %. Sin embargo, esta cifra aún se ubica 2,46 puntos porcentuales por encima del indicador un año atrás, pues la inflación en junio de 2022 fue 9,67 % en términos anuales.
     
    Y por categorías, el transporte pasó a ser el rubro con el mayor encarecimiento en los últimos doce meses, con una inflación de 18,19 %, como una respuesta a los incrementos en los precios de la gasolina que viene implementando el Gobierno desde octubre del año pasado y que ya acumulan un alza de $3.800.
     
    A esta le sigue la categoría de restaurantes y hoteles, con una subida en los precios de 17,43% si se comparan con los de junio de 2022; los artículos para el hogar y su conservación, dentro de los cuales se clasifican los jabones y otros artículos de aseo, que tienen una inflación de 14,61 %; el grupo de bienes y servicios diversos (14,38 %) y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que pese a que han reducido su inflación se mantiene en 14,31 %.
     
    “Ya vamos viendo esa reorganización de las distintas divisiones de gasto. Ahora la que está aportando más es transporte, mientras que en los meses finales del año pasado veíamos en primer lugar a los alimentos y bebidas, y con una ventaja sobre los demás sectores, mientras que ya vamos viendo la contracción de la inflación en varios niveles”, explicó Urdinola.
     
    Por contribuciones, alimentos y bebidas no alcohólicas sigue siendo el grupo que más aporta a la inflación anual, con 2,72 puntos porcentuales de los 12,13 puntos que registró la inflación en junio, y en segundo lugar aparecen los servicios públicos y los arriendos, con 2,54 puntos, y en tercero el transporte, con 2,3 puntos.
     
    El semestre
     
    El dato de la inflación año corrido mostró que durante el primer semestre los precios de los consumidores mostraron un incremento de 6,15 %.
     
    De acuerdo con el Dane, en los primeros seis meses de 2023, los colombianos también experimentaron el mayor aumento en los precios en la categoría de transporte, con un crecimiento de 11,36 % en los precios, aunque también se destaca el alza en educación (8,89 %), restaurantes y hoteles (8,72 %) y muebles y artículos para el hogar y su conservación (7,67 %).
     
    Otros indicadores
     
    El Dane reportó también que, por ciudades, el mayor aumento en los precios en junio se dio en Sincelejo, con un aumento de 0,70 %, Bucaramanga (0,61 %) y Florencia (0,56 %), mientras que los menores datos se presentaron en Popayán (-0,02 %), Riohacha (0,04 %) y Cúcuta (0,07 %).
     
    La entidad reportó además que, por niveles de ingreso, los hogares de ingresos altos experimentaron un aumento de precios de 0,39 % en el mes, en la clase media la inflación relativa fue de 0,30 %, mientras en los hogares vulnerables fue 0,19% y los pobres 0,15 %. Este impacto se relaciona también con el transporte y el gasto en gasolina.
     
    Perspectivas de los precios para el cierre de año
    Con el desempeño que ha tenido el IPC en los últimos tres meses, los analistas han venido ratificando sus expectativas de inflación para el cierre del período.
     
    Desde el Gobierno, por ejemplo, la expectativa está en 9,2 %, mientras que el equipo técnico del Banco de la República estima un dato de 9,5 %.
     
    Por el lado de los bancos, entidades como Bancolombia mantienen una proyección alrededor de 9 % para diciembre, mientras que BBVA espera una inflación en 9,2 %.
     
    Otros pronósticos son más optimistas, como el de Scotiabank Colpatria, que espera que el IPC finalice 2023 con una variación anual de 8,8 %.
     
    Del mismo modo, la última Encuesta de Expectativas del Banco de la República, en la que participaron 37 analistas del mercado, estimó que la inflación cerrará el año en 9,04 %, mientras que en la última edición de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo el consenso estaba en un dato de 9,22 %.
     
    Por Laura Becerra para Portafolio.
  • Gasolina subiría otros $3.000 este año por alto valor del crudo

    Teniendo como objetivo llegar pronto a dejar en ceros el déficit del Fondo de Estabilización del Precios de Combustibles (Fepc), el gobierno anunció que este año el valor de la gasolina corriente debería subir a $16.000.
    Así lo reconoció a los medios el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al asegurar que el precio de la gasolina en el país, podría llegar hasta los $16.000, teniendo en cuenta el incremento del crudo.
     
    “Ya teníamos previsto que había que subir hasta los $15.500 y puede que sí nos toque llegar a los $16.000 que habíamos previsto hace meses. Pero acuérdense que al comienzo del año se esperaba subir a $18.000”, afirmó el ministro.
     
    Este anuncio no cayó nada bien en algunos sectores, sobre todo porque el Gobierno decidió otorgar un subsidio a los taxis.
     
    Cabe mencionar que actualmente el precio del barril está sobre los US$93 el barril y que este ha venido teniendo un incremento en el último mes.
     
    El crudo
     
    Aunque el aumento en el precio del crudo es favorable para Colombia, porque representa ingresos extra para Ecopetrol, el gobierno deberá utilizara otra estrategia para los precios de la gasolina, uno de ellos es aumentar el valor del diésel.
     
    De hecho, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFPM), se proyectaba un barril a US$88, no de US$94 como se estimaba a principio de año. Inclusive, en esa oportunidad recalcó que no se preveía que el crudo retornara a la senda de los US$100.
     
    Sin embargo, los analistas del Bank of America señalaron que “si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) mantiene los actuales recortes de producción hasta fin de año —en el contexto de demanda positiva de Asia— ahora creemos que los precios del Brent podrían superar los US$100 antes de 2024”.
     
    De todas maneras, Bonilla fue claro al manifestar que el bombeo de petróleo en Colombia no volvería a los mejores tiempos: “No volveremos a la meta de un millón de barriles diarios que se propuso el país y que solo consiguió por dos años, estamos produciendo alrededor de los 800.000 barriles diarios y estimamos terminar 2023 con 769.000 barriles diarios”, lo que permite inferir que los mejores precios no se acompañarán de una producción relevante.
     
    En otro frente, está el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), con el que se subsidia una parte del precio a los consumidores y que ya el año pasado dejó un saldo negativo de US$36 billones a la caja estatal.
     
    La subida del petróleo haría que el precio interno de los combustibles tenga que subir más de lo planeado, si lo que se quiere es subsanar las finanzas públicas.
     
    Controversia
     
    Entre tanto, Bonilla dijo que el Gobierno Nacional no plantea tener una tarifa diferencial para los taxistas el año entrante.
     
    Lo anterior, teniendo en cuenta que en el mes de enero del 2024 se tendría un incremento en sus tarifas en cada una de las ciudades del país.
     
    “Las tarifas a los taxis van a tener que aumentar en enero, entonces el subsidio va a estar en enero”, dijo Bonilla.
     
    La semana pasada, el ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró que no se contemplan incrementos en el precio del diésel, como sí lo había argumentado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
     
    De acuerdo con Bonilla, este incremento del diésel se tendría a partir del 2024 e incluso llegará a niveles de los $15.000, con el fin de eliminar el déficit que actualmente tiene el Fepc.
     
    “Hasta el momento la decisión es que no vamos a tener un incremento en el diésel y se ha vuelto a discutir el tema”, dijo Camacho.
     
    En ese mismo sentido, precisó se evaluará al finalizar el 2023, el déficit del Fepc, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para determinar las acciones que se tendrán en el próximo año.
     
    “Esperamos finalizar el año, ver cómo es el comportamiento del mercado del déficit que tenga el fondo para ver el próximo año que se proyecta, pero al momento no hay nada alrededor del tema”, agregó el ministro de Minas.
     
    Por El Nuevo Siglo.
  • Gobierno : Mintrabajo llama a una mesa de diálogo con Ecopetrol para desmontar pacto colectivo

    El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, propuso este espacio para analizar la disolución del Acuerdo 01.
    A través de una carta, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, le propuso a Ecopetrol iniciar una mesa de diálogo para que se acuerde el proceso de desmonte del llamado Acuerdo 01 de 1977. 
     
    En la misiva dirigida al presidente de la petrolera, Ricardo Roa, el viceministro explica que uno de los componentes que hace parte del proyecto de reforma laboral que se está tramitando ante el Congreso es la eliminación de la figura de los pactos colectivos. Una idea que va en línea con las recomendaciones que diferentes organismos multilaterales han hecho con miras a "ajustar el derecho interno a los estándares internacionales".  
     
    En ese sentido, y bajo el criterio ético y legal de la cartera de Trabajo, el pacto colectivo que existe en la empresa, es decir, el Acuerdo 01, no debería continuar en marcha. Entre las razones que se exponen para su disolución se señala que "la tasa de sindicalización desde hace varios años supera el tercio del total de trabajadores y trabajadoras vinculados directamente, como lo exige el artículo 471 del Código Sustantivo de Trabajo".  
     
    En el documento también se señala que, anteriormente, el Ministerio de Trabajo ya había sancionado a Ecopetrol por la implementación y mantenimiento de este instrumento. Una determinación que se encuentra demandada ante el Consejo de Estado.  
     
    De la misma manera, se menciona que este tema hizo parte de la agenda de la mesa de negociación entre la empresa petrolera y la Unión Sindical Obrera, espacio en el que se acordó una conversación posterior. 
     
    Así las cosas, y con base a todo lo anterior, el viceministro Palma hizo un llamado a iniciar una mesa de diálogo social tripartita de la que haga parte el Ministerio de Trabajo y la organización sindical más representativa de la empresa para que, además de acordar el desmonte de este pacto colectivo, se analicen las posibilidades de establecer "una cláusula de exclusión para el personal ejecutivo de la compañía".
     
    "Creo que lograr acuerdo para superar la etapa del Acuerdo 01 significará un gran logro para el Gobierno y una mejora para el clima laboral y la productividad de Ecopetrol", destaca el funcionario, quien también señal que llevarlo a cabo sería una medida sustantiva de "recuperación colectiva para el sindicalismo en el sector".  
     
    Por Portafolio
  • Gobierno insiste en presentar otra propuesta para bajar el precio de tarifas de energía

    El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, comentó que no hay riesgo de apagón y que concertarán con gremios.
    Esta semana, un gremio del sector presentó una carta al Ministerio de Minas y Energía para dar cuenta de sus preocupaciones, advirtieron problemas de liquidez y de flujo de caja. Sin embargo, Omar Andrés Camacho, jefe de la cartera, rechazó la tesis de que haya crisis financiera en el sector. Y el presidente, Gustavo Petro, insistió en que se deben bajar las tarifas.
     
    Por un lado, en la carta presentada por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, se expone que “en los últimos días de agosto se han venido presentando precios en bolsa altos, los cuales han llegado a los 800$ kWh, el fenómeno de El Niño podría agravar el escenario”.
     
    Ante la preocupación del sector por el evento climático, el ministro Camacho dijo que “estamos trabajando de forma interinstitucional y coordinada para responder al desafío del fenómeno de El Niño. Contamos con planes para sumar más energía con los proyectos de energía solar y otras soluciones”. Esta discusión abre la pregunta sobre lo que podría pasar con los precios de tarifas.
     
    Hasta el momento, el Gobierno busca bajar los precios. “El Ministerio de Energía presentará otra propuesta para modificar parte del régimen tarifario que permita tarifas justas”, dijo Petro.
     
    Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, dijo a LR que “el Gobierno está enfocado en bajar las tarifas de energía. Hemos hecho varios intentos, uno fue mediante un decreto para fijar lineamientos en la regulación de las tarifas, especialmente para la energía que se contrata en bolsa”.
     
    Quiroga agregó que el objetivo sigue siendo el de regular, “de tal manera que se cambie la estructura tarifaria en toda la cadena, particularmente en generación y comercialización”.
     
    Sobre el fenómeno de El Niño, el superintendente señaló que esto puede ser un agravante para las comercializadoras si se suma al efecto que ha dejado la deuda de la opción tarifaria. “Las comercializadoras están en una situación financiera complicada, pues en suma al saldo faltante por opción tarifaria, con El Niño se haría más difícil la compra por contratos, lo que los dejaría más expuestos a los precios de bolsa”.
     
    Y con El Niño, ya se prevé que haya de por sí un aumento en tarifas, pero “nuestro propósito es que esto afecte lo menos posible a usuarios y empresas. Por eso, ante la deuda que tienen los usuarios por motivo de la opción tarifaria, ya se están teniendo conversaciones con entidades como Findeter para dar créditos a comercializadoras”.
     
    Así, afirmó, se garantizará que estas tengan recursos para enfrentar El Niño. Sobre los riegos de escasez que han señalado gremios, Quiroga fue enfático en decir que “no hay riesgo de apagón. Reiteramos que, independientemente de El Niño, el Gobierno está enfocado en bajar tarifas. Por eso, consideramos importante concertar y estamos dispuestos a debatir”. Añadió que están en diálogo con empresas prestadoras para llegar a acuerdos.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • Gobierno nombró expertos en la Creg y completó quórum para tramitar resoluciones

    Ya quedó publicada la hoja de vida del exdirector del Fenoge, Juan Camilo Vallejo, y encargó a Orlando Velandia y Antonio Jiménez.
    El Gobierno Nacional publicó la hoja de vida del ingeniero Juan Camilo Vallejo en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para ser el nuevo experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.
     
    A su vez, expidió dos decretos en los que se designa en calidad de encargados al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, y a Antonio Jiménez, quien ya ocupó este cargo de comisionado en noviembre de 2023. Ambos estarán en los puestos faltantes de manera temporal.
     
    En medio de la crisis por el fenómeno de El Niño y la caída del nivel de los embalses, la Creg no había podido expedir resoluciones para hacer frente a la emergencia, ya que su comisión de expertos no contaba con el quórum necesario para tomar decisiones.
     
    De acuerdo con la ley 2099 de 2021, la Creg debe estar integrada por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien presidirá la Comisión; por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla; el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López; y por seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la República para periodos de cuatro años.
     
    Pero hasta ahora, solo está en funciones el director ejecutivo de la entidad, Omar Fredy Prías, y con el reciente nombramiento de Vallejo, se completarían dos de los seis comisionados que integran la Creg en propiedad.
     
    Con los encargos de Velandia y Jiménez, se completan los cuatro comisionados para tener quórum decisorio y expedir las resoluciones.
     
    La Creg estaba sin comisionados expertos desde mediados de febrero, luego de que se vencieron las últimas peticiones realizadas por presidente Gustavo Petro. El lento proceso de los nombramientos ha retrasado la toma de acciones frente al fenómeno de El Niño.
     
    El Consejo Gremial Nacional, CNG, liderado por Bruce Mac Master, hizo un llamado a principios de esta semana a tener en cuenta todas las recomendaciones que realiza XM y pidió al Gobierno que termine de hacer los nombramientos en la Creg.
     
    “Instamos al Gobierno a nombrar de manera apremiante a los comisionados de la Creg y a trabajar en estrecha coordinación con los agentes del sector en la implementación de proyectos de aumento de capacidad de generación de energía”, manifestó el Consejo Gremial.
     
    La Contraloría General de la República también se unió al llamado para atender la crisis energética, aunque celebró que el Gobierno ya esté en ese proceso de nombramiento de los comisionados faltantes.
     
    “Se debe evitar que se ponga en riesgo el abastecimiento de este servicio”, dijo el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga.
     
    Los beneficios de una Comisión de Expertos para la regulación energética
     
    La Creg estuvo más de dos meses sin la comisión de expertos, lo que impedía definir una metodología clara para el cálculo de las tarifas de energía.
     
    Con la puesta en marcha, debe crear condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, promover y preservar la competencia y establecer el reglamento de operación para la planificación y coodinar del Sistema Interconectado Nacional. Además, enfrentará desafíos en innovación, y transición y eficiencia energética.
     
    Por Brayan Becerra para LaRepública.
  • Gremio de transportadores pide que se hagan cambios para ajustar precio del Acpm

    Gremio de transportadores afirman que han tenido diez mesas técnicas con el Gobierno pero no han llegado a acuerdos concretos.
    El sector transportador de carga, pasajeros y volquetas representado en la Cámara Intergremial del Transporte, Unidos, salió al paso luego de las declaraciones emitidas por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y aclaró que desde hace año y medio han tenido voluntad de dialogar.
     
    Aclaró que han tenido diez mesas técnicas que han mantenido con el Gobierno, han propuesto una fórmula del "precio Colombia" para fijar el precio del Acpm, cuya implementación implica unos cambios regulatorios.
     
    Este mecanismo tiene varios aspectos, entre ellos, utilizar el Acpm como instrumento para reactivar la oferta de bienes y la inversión, que aseguran actualmente está en profundo declive.
     
    “Eso implica discutir dos cosas: ¿Cuál es el nivel adecuado del subsidio explícito neto? ¿Cuándo y cómo hacer ajustes inflacionarios, atados a la evolución del ciclo económico? Ese es parte del debate que tenemos con los ministerios”, dice el gremio de transportistas.
     
    Además, cuestionó que hasta el momento el Gobierno no ha presentado una propuesta concreta. “Nos ha dicho que en 2022 el Acpm debía de haber sido $10.451 más costoso de lo que se pagó y en 2023 debía haber sido $7.290 más caro del precio al consumidor vigente en ese momento”.
     
    Aclaró que, durante las mesas técnicas, “el Gobierno no ha hecho propuesta concreta y es lo que estamos esperando que haga y debe hacer en la reunión que ya nos ha aplazado en dos ocasiones”.
     
    No obstante, el ministro Ricardo Bonilla negó que haya tenido diálogo con el gremio de transportadores y afirmó que "no tienen voluntad para conversar, de llegar a acuerdos porque siempre amenazan con irse a paro", esto derivó la respuesta de Unidos.
     
    El comunicado
    El gremio emitió un comunicado de inmediato y calificaron de “inadecuadas” estas informaciones realizadas por Bonilla. “Da la idea de que nuestra forma de actuar durante las conversaciones sobre el precio del Acpm ha sido la de amenazar con una u otra acción. Nada de eso. Nuestro ánimo de diálogo está intacto”.
     
    Además, Unidos aclaró que han participado en nueve sesiones de las mesas técnicas. “Le entregamos al Gobierno un documento técnico con nuestros argumentos sobre la conveniencia del Precio Colombia para el Acpm. Entre nuestros argumentos está el propósito de defender y mantener la autosuficiencia petrolera y aprovechar la ventaja absoluta que como país tenemos al ser autosuficientes en diésel”.
     
    “Le hemos presentado cifras, cálculos y análisis debidamente sustentados. Hemos hecho análisis sobre el funcionamiento de Ecopetrol, su estructura operativa y técnica y sobre las realidades financieras de la empresa más grande de Colombia. Hemos llamado a aumentar el presupuesto de exploración y proteger el negocio esencia de la Empresa Colombiana de Petróleos”, dice parte del comunicado.
     
    El precio del diésel ha sido tema de discusión en las últimas semanas. En principio, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció hace unas semanas que para este año está previsto un aumento y que estaría entre $2.000 y $3.000.
     
    Pero esta información no fue corroborada por el ministro de Hacienda quien aseguró que primero se debe, “mirar con más calma por las implicaciones que tiene con respecto al transporte masivo y al transporte de carga”.Este mecanismo tiene varios aspectos, entre ellos, utilizar el Acpm como instrumento para reactivar la oferta de bienes y la inversión, que aseguran actualmente está en profundo declive.
     
    “Eso implica discutir dos cosas: ¿Cuál es el nivel adecuado del subsidio explícito neto? ¿Cuándo y cómo hacer ajustes inflacionarios, atados a la evolución del ciclo económico? Ese es parte del debate que tenemos con los ministerios”, dice el gremio de transportistas.
     
    Además, cuestionó que hasta el momento el Gobierno no ha presentado una propuesta concreta. “Nos ha dicho que en 2022 el Acpm debía de haber sido $10.451 más costoso de lo que se pagó y en 2023 debía haber sido $7.290 más caro del precio al consumidor vigente en ese momento”.
     
    Aclaró que, durante las mesas técnicas, “el Gobierno no ha hecho propuesta concreta y es lo que estamos esperando que haga y debe hacer en la reunión que ya nos ha aplazado en dos ocasiones”.
     
    No obstante, el ministro Ricardo Bonilla negó que haya tenido diálogo con el gremio de transportadores y afirmó que "no tienen voluntad para conversar, de llegar a acuerdos porque siempre amenazan con irse a paro", esto derivó la respuesta de Unidos.
     
    El comunicado
     
    El gremio emitió un comunicado de inmediato y calificaron de “inadecuadas” estas informaciones realizadas por Bonilla. “Da la idea de que nuestra forma de actuar durante las conversaciones sobre el precio del Acpm ha sido la de amenazar con una u otra acción. Nada de eso. Nuestro ánimo de diálogo está intacto”.
     
    Además, Unidos aclaró que han participado en nueve sesiones de las mesas técnicas. “Le entregamos al Gobierno un documento técnico con nuestros argumentos sobre la conveniencia del Precio Colombia para el Acpm. Entre nuestros argumentos está el propósito de defender y mantener la autosuficiencia petrolera y aprovechar la ventaja absoluta que como país tenemos al ser autosuficientes en diésel”.
     
    “Le hemos presentado cifras, cálculos y análisis debidamente sustentados. Hemos hecho análisis sobre el funcionamiento de Ecopetrol, su estructura operativa y técnica y sobre las realidades financieras de la empresa más grande de Colombia. Hemos llamado a aumentar el presupuesto de exploración y proteger el negocio esencia de la Empresa Colombiana de Petróleos”, dice parte del comunicado.
     
    El precio del diésel ha sido tema de discusión en las últimas semanas. En principio, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció hace unas semanas que para este año está previsto un aumento y que estaría entre $2.000 y $3.000.
     
    Pero esta información no fue corroborada por el ministro de Hacienda quien aseguró que primero se debe, “mirar con más calma por las implicaciones que tiene con respecto al transporte masivo y al transporte de carga”.
     
    Por Bárbara Orozco para LaRepública.
  • La ciudad en el que el precio de la gasolina ya supera los $ 14.000

    Por cuarto mes consecutivo, a las tarifas de este combustible para el mes del agosto se les aplicó un ajuste de $600.
    Como parte de la estrategia del Gobierno para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), por cuarto mes consecutivo, el precio de la gasolina corriente motor se reajustará 600 pesos.
     
    De esta manera, el valor promedio de venta al público para agosto será de $13.564 por galón.
     
    En cuanto al costo del ACPM a nivel nacional, este no presentará ningún ajuste y se mantendrá en $9.065. 
     
    ¿Cómo quedó el precio por ciudades?
     
    Teniendo en cuenta las 13 principales ciudades del territorio nacional, para el octavo mes del año la zona que quedó con la tarifa más alta de gasolina corriente es Villavicencio, con $14.073.
     
    La capital del Meta se ha posicionado en los últimos meses como el lugar del país con el combustible de este tipo más caro, debido principalmente a la distancia que separa a esta región de las refinerías y a los sobrecostes que genera el traslado de este hidrocarburo. 
     
    A este territorio le siguen Cali, con un valor de $13.997; Bogotá, con $13.973; Manizales, con un precio de $13.957; Pereira, con $13.941; Ibagué, con $13.908; y Medellín, con un costo por galón para agosto de $13.906.
     
    Por su parte, y de acuerdo con el listado de Creg, las poblaciones con precios menores a $13.000 son Pasto ($11.716) y Cúcuta ($12.025). 
     
    En el medio se ubican ciudades como Barranquilla, con el valor de la gasolina en $13.644; Cartagena, con un precio establecido en $13.603; y en Montería, en $ 13.853.
     
    Además, los ciudadanos de Bucaramanga tendrán que cancelar $ 13.734 por galón, los de Pereira $13.941 y los de Ibagué $13.908. 
     
    Por Portafolio.
     
  • La energía será más cara para estratos 4, 5 y 6 según los decretos que han expedido

    También habrá un cargo extra de $5.000 para los usuarios comerciales e industriales. Según el Ministerio, esto recaudaría más de $51.000 millones.
    Se empezaron a conocer los primeros decretos que expidió el Gobierno Nacional para atender la emergencia económica y social en La Guajira, la cual se estableció el pasado 2 de julio.
     
    Uno de los que ya se hizo público es el 1276 del 31 de julio. Con este se quiere dar soluciones energéticas en La Guajira y, para esto, se incluirá en las facturas de energía un valor denominado “Aporte Departamento de La Guajira”, por $1.000 por factura que deberán pagar los usuarios de estratos 4, 5 y 6. Para usuarios comerciales e industriales, el cargo será de $5.000. Con esto, en el documento se asegura que se podrían recaudar más de $51.000 millones.
     
    En el decreto se argumenta que “a partir del estrato 4, los valores promedio a pagar son superiores a $100.000, de manera que se tienen usuarios con una capacidad de pago que permite generar un aporte en el valor a pagar de cada factura que no afecte de manera sustancial su condición de pago”. Y se agrega que de enero a mayo se ha realizado la prestación del servicio a un promedio de 3.216.987 usuarios pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 y de sectores comerciales e industriales.
     
    “El porcentaje de estos usuarios corresponde a 19% del total de usuarios del país, que corresponden a los usuarios que mayor valor a pagar mensualmente tienen, y cuyo poder adquisitivo pudiera aportar para la condición de emergencia”, se lee en el documento.
     
    Con todo esto, el objetivo del Gobierno también es financiar parte de los $1,56 billones que se requieren para lograr la universalización del acceso a la energía eléctrica en la Guajira. Esta medida podría extenderse más allá del término de seis meses, si así lo decidiera el Congreso dentro del año siguiente.
     
    Hay que resaltar el artículo 7 del mismo decreto en el que se da un alivio de suspensión de contratos de suministro de energía media anual a largo plazo para generadores de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable.
     
    Con esto se suspende temporalmente la obligación de suministro de energía de estas fuentes hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025. Según explicó Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, con este artículo se podría impactar el valor de las tarifas para los usuarios, pero impulsa la reactivación de proyectos de energías limpias.
     
    “Se va a tener que buscar otras fuentes para suministrar esta energía, que podría ser más costosa dada la coyuntura actual. Es decir, se va a tener que reemplazar esas fuentes que iban a suministrar esos proyectos. Es posible que se use energía térmica, lo que encarecerá tarifas”.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • La importación de gasolina seguirá entre 20% y 30% de la demanda total para 2032

    El presidente Petro se refirió a la capacidad de las refinerías. El reporte de Ecopetrol indica que La Producción sí bajó en el cuarto trimestre de 2022, pero en el año creció 1,6%.
    Una de las decisiones principales del Gobierno de Gustavo Petro es incrementar de forma gradual los precios de la gasolina con el fin de equiparar el precio internacional y frenar el acelerado incremento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
     
    El fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, el presidente indicó que el déficit está abultado porque “en el segundo semestre de 2022 disminuyó la capacidad de refinación en Colombia y al mismo tiempo subieron los precios internacionales del petróleo y la gasolina”. También se refirió a una importación de gasolina planeada.
     
    Lo cierto es que a inicios de este año, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, advirtió lo mismo respecto a la capacidad en las refinerías. “Se quedó corta debido a que son pocos los que le apuestan a la refinación y al anuncio del Gobierno respecto a no firmar más contratos de exploración”, dijo en entrevista con RCN Radio.
     
    Sin embargo, hay que aclarar que la refinación bajó en el cuarto trimestre de 2022, según el reporte de Ecopetrol, pero si se mira en el año completo, no se produjo ninguna caída sustancial en la refinación interna.
     
    La producción de refinados de la Refinería de Barrancabermeja y Cartagena pasó de 350.993 barriles por día (BPD) en 2021 a 356.779 BPD en 2022, lo que representa un aumento de 1,6%, así lo explicó Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en el sector.
     
    En el tercer trimestre de 2022, la producción fue de 286.000 BPD y en el cuarto trimestre bajó a 228.000 BPD. Sin embargo, para el primer trimestre de este año aumentó y llegó a 303.000 BPD.
     
    Según el reporte anual de la ACP, en 2022 la demanda total de combustibles líquidos creció 14%, hasta alcanzar 345.000 barriles por día (KBD). Mientras que el consumo de gasolina a nivel nacional creció en 12%.
     
    Para cubrir el incremento de la demanda en 2022 se importaron, en promedio, 59,6 BPD de gasolina, 30,3 BPD de diesel, 2,4 BPD de jet y 0,6 BPD de etanol, que representaron 27% del total del consumo de combustibles.
     
    Si se hacen las cuentas en galones, según el Ministerio de Minas, la demanda diaria de gasolina es de 5,7 millones de galones al día, mientras que la producción de Ecopetrol es de 4,2 millones de galones día, esto implica la importación restante (27%). Y la demanda anual de 2022 fue de 2.090 millones de galones.
     
    El mismo reporte de la ACP advirtió que, teniendo en cuenta esta capacidad de producción nacional de combustibles fósiles, más el crecimiento esperado de la demanda, las importaciones requeridas para garantizar el abastecimiento podrían oscilar entre 20% y 30% del total del consumo durante el periodo 2023 - 2032.
     
    Esto quiere decir que la decisión de importación que tome el Gobierno Nacional no necesariamente implicará importar más, y aunque puede crecer en volumen por el incremento de la demanda, si se cumple el pronóstico de la ACP seguirá oscilando en un máximo de 30% sobre la demanda nacional.
     
    “Nunca se planificó la compra de gasolina importada, y esta se hizo a los mayores precios internacionales. En este año debe planificarse la compra de gasolina importada y aprovechar que su precio baja con el petróleo. Así en este año dejará de crecer el déficit cuando se encuentre el precio interno con el internacional”, señaló el presidente Petro.
     
    Según datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane), las importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas en 2021 alcanzaron US$8.736 millones y crecieron 77% contra 2021. Este rubro tuvo una participación de 11,3% del total de las importaciones.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • La Nación espera $6 billones menos por precio del crudo

    El Gobierno actualizó la expectativa de precios del petróleo para el 2023 en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para este el Ministerio de Hacienda espera un promedio de barril de crudo en US$78,6; esto significa una caída en el pronóstico, puesto que en el Plan Financiero presentado por la cartera a finales del año pasado esperaba US$94,2 en promedio. La diferencia es de US$15,6. Esta actualización implica que se esperan ingresos entre $3 y $6 billones menos para este año.
    Si bien el año pasado el barril de crudo vio un precio por encima de US$100, este año inició con valores cercanos a los US$80. De hecho, el promedio entre enero y el 16 de junio es de US$80,4. Los altos precios vistos en 2022 llevarán a que el recaudo por petróleo de este año será de 0,6 puntos porcentuales del PIB; sin embargo, para 2024, el menor precio llevaría a menores ingresos.
     
    Este fue uno de los motivos que llevó a Hacienda a actualizar sus presupuestos macroeconómicos. De acuerdo con Ricardo Bonilla, jefe de la cartera, “no hay expectativa de que este año suba; de hecho podríamos encontrarnos con que baje incluso más”, aunque no precisó cuál es la reducción en ingresos esperados que plantea este nuevo documento.
     
    Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), por cada dólar más o menos en el precio del barril, el impacto en ingresos por impuestos y dividendos es de $200.000 millones. Es decir, Hacienda partiría sobre unos ingresos menores de $3,12 billones en este año.
     
    Ahora bien, Julio César Vera, presidente de Xua Energy, señaló que el impacto por dólar es de $500.000 millones; lo que significa que este año Hacienda podría contar con $6 billones menos de ingresos.
     
    El Marco Fiscal desagrega este motivo como uno de los principales causantes de ajuste a la baja en el balance fiscal. Hacienda contempla que los menores ingresos del sector extractivo sean de 0,8% del PIB, frente a lo estimado en el Plan Financiero. De esta forma, los ingresos petroleros este año tendrían un alza de 0,7 puntos porcentuales del PIB, “en línea con las mayores cuotas del impuesto de renta que pagaría el sector y los resultados financieros del Grupo Ecopetrol observados durante 2022”.
     
    Bonilla señaló que la actualización se dio en vista de que de todas formas ingresos que no se iban a obtener este año por esta vía.
     
    “Esto significa menores ingresos por dividendos, regalías e impuestos. Esto se traduce en un mayor déficit fiscal, por lo que esa senda de reducción en el déficit y la relación deuda / PIB cambia con estas nuevas expectativas”, explicó Ómar Suárez, gerente de Renta Variable de Casa de Bolsa. Este es uno de los efectos que evidencia el documento.
     
    En el Plan Financiero 2023, presentado por Hacienda en diciembre, se suponía que con el estimativo de precios, la Nación tendría un superávit primario. No obstante, en la actualización del Marco Fiscal, se resalta que ya no se logrará esto, “asociado a la materialización de choques macroeconómicos adversos, en particular la caída del precio internacional del petróleo”.
     
    Para este año, el déficit fiscal del país sería de 4,3% de Producto Interno Bruto, un incremento 50 puntos básicos frente al estimativo del Plan Financiero, que preveía 3,8% de desbalance.
     
    Otro efecto en las cuentas del Gobierno es la Inversión Extranjera Directa para este año. Teniendo en cuenta que un mayor precio del commodity jalona mayores recursos hacia el país, cuando hay una caída en su cotización la inversión es menor. De hecho, este año se prevé una caída de 19,7% en estos recursos por la fuerte corrección en precios del petróleo, así como del carbón.
     
    Otro de los efectos, en este caos más positivo para las finanzas de la Nación, es un menor diferencial entre el precio internacional y el local de los combustibles líquidos. Esto conllevaría a que la deuda sea menor, puesto que el subsidio a gasolina y Acpm se daría sobre un precio de barril menor. Vera estima que en estos siete meses los subsidios a los combustibles van a sumar aproximadamente $9,5 billones, a pesar de los incrementos en los precios de la gasolina.
     
    Por Portafolio
  • La Superintendencia formulará los cambios en la regulación de los servicios públicos

    El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico para mejorar el servicio.
    En las marchas en pro de las reformas del pasado miércoles 7 de junio, el Presidente anunció que si hará una reforma al sector de servicios públicos, que se presentará en el segundo semestre del año. El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico.
     
    A este decreto se suma la reforma a las leyes 142 y 143. El superintendente de Servicios, Dagoberto Quiroga dijo que “estamos construyendo el proyecto de reforma a la Ley; estamos consultando con organizaciones, entidades del sector, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, dándole participación a organizaciones de usuarios para que hagan sus aportes”.
     
    El funcionario citó a Petro y resaltó “el presidente ha dicho que, en primer lugar, vamos a tener en cuenta lo esencial, que es la universalidad y el derecho a un mínimo vital”.
     
    Y con esto vienen ajustes normativos “para mejorar algunas normas limitantes, que además la Corte Constitucional ha ordenado mediante acciones de tutela para tener en cuenta a los usuarios. Esto no quiere decir que vayamos a cambiar toda la ley, sino unas propuestas que van encaminadas a beneficiar a los usuarios”.
     
    El proyecto espera estar listo pronto. “Aspiramos a tener listo el proyecto de ley muy pronto. Nosotros venimos hablando con algunos legisladores que tienen algunas propuestas, incluso en el Congreso se están adelantando algunos proyectos aislados, pero queremos unificar en un solo proyecto y estimular las comunidades energéticas”.
     
    Recién se posesionó el Gobierno de Gustavo Petro, se implementó el Pacto por la Justicia Tarifaria, un acuerdo de más de 80 empresas de la cadena de energía para mitigar la tendencia alcista en las tarifas de este servicio. Intención que no frena y que hoy va en una segunda fase.
     
    Referente al nuevo decreto para el sector eléctrico, Quiroga dijo a este Diario que se reunió recientemente con el Presidente y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, así como con la Comisión, “hace 15 días nos reunimos con la Creg, donde se instó en que procediera inmediatamente a las regulaciones que debe expedir para que el decreto se materialice en resoluciones de la Creg. Creo que en unos tres meses puede estar saliendo”.
     
    La intención del Presidente llegó hasta sacar un decreto en el que asumía funciones generales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), decisión que fue cuestionada por los gremios del sector y llegó al punto de que el Consejo de Estado suspendiera la decisión.
     
    El Decreto 0929 le da los lineamientos a la Creg para crear las normas que permitan aumentar la eficiencia económica del sector, es decir, la Comisión será la encargada de expedir esa normatividad bajo los objetivos que dicta el Decreto.
     
    Gremios como la Asociación Nacional de Servicios Públicos (Andesco) y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) ven con optimismo el regreso a la institucionalidad y resaltan que se acogieron las sugerencias de los sectores.
     
    Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que “el Gobierno y el Presidente entendieron que las decisiones deben seguir siendo técnicas y no políticas; se mantiene la Creg como la institucionalidad y lo técnico de donde debe partir toda la reglamentación. Es muy importante este paso”.
     
    En segundo lugar, el directivo del gremio dijo que se debe nombrar en propiedad a los expertos de la Creg, “porque ahora se viene un momento crítico donde necesitamos un ente independiente y técnico para agilizar los procesos. Aquí no se tomaron decisiones de precios ni facturaciones, eso es importante”.
     
    Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, resaltó que “el decreto que salió recoge mucho de lo que la industria comentó, lo enmarca en una discusión institucional, a través de la Creg y, adicionalmente, se va a dar esa construcción de regulación”.
     
    El ejecutivo también señaló que resultó siendo un decreto de lineamientos de política hacia la Comisión para priorizar algunos temas que el sector requería.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • Las irregularidades que halló la Contraloría en la ejecución de recursos del Minminas

    Los hallazgos fiscales identificados por el ente de control corresponden a las vigencias 2017 a 2021.
    Tras una auditoría de cumplimiento realizada al Ministerio de Minas y Energía, la Contraloría General de la República (CGR) reportó algunas irregularidades relacionadas con la ejecución de recursos para subsidios de gas combustible e infraestructura para las vigencias 2017 a 2021.
     
    En concreto, se trata de 18 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal por $52.528 millones y 13 connotación disciplinaria. 
     
    Durante el proceso, el ente de control verificó el procedimiento utilizado por la cartera para la asignación, validación y pago de subsidios de gas combustible por red y el otorgamiento y pago de subsidios al consumo de GLP por cilindros. Así mismo examinó la administración de los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural.
     
    Hallazgos de la Contraloría
     
    La CGR encontró que, a lo largo del periodo antes mencionado, seis empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural otorgaron exención de contribución a sus usuarios sin que se hayan demostrado algunas de las condiciones que define la legislación para acceder a ella. Estas contribuciones no facturadas tienen una cuantía de $13.450 millones.
     
    La entidad también verificó un inadecuado seguimiento por parte del Minminas en el cumplimiento de los requisitos para el acceso de la exención al impuesto de contribución.
     
    Por otro lado, se evidenció que una estación descompensadora de gas ubicada en Quibdó (Choco) no está prestando el servicio y al día de hoy se encuentra en abandono. 
     
    En ese sentido, se identificó que los 3.764 beneficiarios objeto de este proyecto, y que corresponden a familias de estratos 1 y 2, no cuentan con el servicio de gas domiciliario, lo que ocasiona un detrimento al patrimonio del Estado por más de $8 mil millones. 
     
    "Se evidenció pérdida de vigencia de garantías del Convenio de Cofinanciación, falta de seguimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía y ausencia de servicio de gas domiciliario para los beneficiarios, lo que genera un detrimento al patrimonio del Estado por el no funcionamiento de la obra", destacó la entidad. 
     
    Irregularidades en subdisios
     
    En materia de auxilios económicos, la Contraloría estableció que los controles del aplicativo de subsidios GLP Cilindros definidos por la cartera de Minas no han sido efectivos, "dado que no contempla como regla de validación que el documento aportado no se encuentre cancelado por fallecimiento del titular". 
     
    Lo anterior ha derivado en un mayor pago a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras por el
    reconocimiento de incentivos a nombre de personas fallecidas, durante enero de 2017 a julio 2023. Esto a su vez ha generado un detrimento al Estado por más de $506 millones. 
     
    Los hallazgos también dejaron ver que les fueron otorgados subsidios a menores de edad que no cumplían con las condiciones establecidas. 
     
    "Esta situación evidencia debilidades de control en el aplicativo web GLP Cilindros, pues no restringe el otorgamiento del subsidio únicamente al tipo de documento de identidad cédula de ciudadanía, sino que admite cualquier otro tipo de documento", resaltó la CGR. 
     
    La Contraloría también identificó que en algunos de los casos se hizo entrega de los subsidios a predios ubicados en estratos 3 y 4, cuando estos solo pueden ser otorgados para los estratos 1 y 2. 
     
    Por Portafolio.
  • Las razones por las que la gasolina en Colombia no para de subir

    Al 2 de mayo de 2023, el galón de corriente ya valía 11.767 pesos, 28 % más respecto a siete meses antes. Es el mayor aumento en los últimos 4 años.
    Acostumbrados a pagar una de las gasolinas más baratas de América, los colombianos enfrentan un inédito aumento de precios desde que el Gobierno decidió reducir subsidios que aumentaban su déficit e iban en contra de sus promesas ambientales.
     
    En octubre de 2022, dos meses después de asumir el poder, el presidente Gustavo Petro comenzó a ajustar los precios de la gasolina. Al 2 de mayo, ya valía 11.767 pesos por galón (2,5 dólares), 28 % más respecto a siete meses antes. Es el mayor aumento en los últimos cuatro años.
     
    Y hay zonas del país donde el precio por galón ya superó los 12.000 pesos.
     
    El alza responde a la urgencia de Petro de reducir el gasto fiscal generado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), un programa estatal que subsidia su costo desde 2007 para evitar un impacto en los consumidores.
     
    Petro apuesta por eliminar esa carga para el Estado y usar los recursos liberados en mejorar la inversión social, cuando el hueco en el Fepc llega a los 36 billones de pesos (7.826 millones de dólares).
     
    Además, el presidente considera que subsidiar los combustibles va en contravía de sus políticas ambientales para enfrentar la crisis climática, como suspender las actividades de exploración de petróleo y gas.
     
    Las medidas golpean el bolsillo de los colombianos, quienes en marzo enfrentaron la mayor inflación en lo que va del siglo (13,34 % interanual) y su descontento permeó las redes sociales, identificó la unidad de verificación digital de la agencia AFP.
     
    El contexto internacional avisa de los posibles efectos de subir los precios o controlar la distribución de combustible. En Ecuador las protestas acorralaron al Gobierno hasta forzarlo a bajar tarifas en junio de 2022 y en Bolivia, centenares de agricultores se manifestaron contra las restricciones impuestas por el Gobierno a la venta de diésel importado en las gasolineras.
     
    Déficit continuo
     
    El Fepc cubre la diferencia entre los precios del petróleo en el mercado internacional y el valor interno fijado por el Gobierno, bajo un modelo que perpetúa el déficit en las arcas del Estado.
     
    Colombia, que produce el 80 % de la gasolina que consume a través de Ecopetrol, reconoce a esta empresa el valor internacional del combustible.
     
    Pagarle a la petrolera un precio inferior al del mercado impactaría también en los ingresos fiscales del país, pues "sería otra forma de subsidio", dijo a la AFP el experto Sergio Cabrales.
     
    La situación se agravó en 2022, cuando los precios internacionales del crudo subieron a la par de su demanda tras la caída causada por la pandemia y la contracción de la oferta vinculada al conflicto en Ucrania.
     
    Pero la administración de Iván Duque (2018-2022) mantuvo el subsidio, presionado por masivas protestas.
     
    "Eventos como la pandemia o el estallido social de 2021 hicieron que el gobierno anterior prefiriera no subir el precio de la gasolina. Su capital político era inexistente", explicó Hernando Zuleta, experto de la Universidad de los Andes.
     
    Deuda de Duque
    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, asegura que el gobierno anterior dejó un saldo negativo en el Fepc de 15,9 billones de pesos (unos 3.550 millones de dólares), acumulado desde abril de 2022.
     
    Pero las alzas del combustible decretadas por Petro no solo están encaminadas a cubrir la diferencia que dejó su antecesor, sino a reducir la brecha colombiana con el precio internacional.
     
    "Aún sigue causándose un déficit, incluso con las alzas", explicó el especialista Julio César Vera.
     
    Así lo reconoce el Gobierno, que estimó que en 2023 gastará 26,3 billones de pesos (5.825 millones de dólares) para cubrir el adeudo, lo que prolonga la situación.
     
    El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, coincide en que el galón de gasolina debe llegar a los 16.000 pesos (3,2 dólares) para alcanzar la paridad internacional.
     
    Hasta ahora, la medida no ha tocado los precios del diésel, usado para el transporte de materias primas y de pasajeros, tratando de evitar un impacto mayor sobre la inflación.
     
    AFP
  • Los departamentos del país donde más se frenan contratos petroleros

    Según la ANH, el nivel de crudo que se extrae en Putumayo, Arauca y Santander equivale al 16 % de toda la producción del país.
    En los primeros meses del año se ha venido viviendo una dinámica difícil en el sector petrolero por los anuncios de salida de contratos de exploración y producción que habían adquirido en años pasados.
     
    Una situación que genera alertas debido al impacto en regiones que, si bien no son las principales productoras, tienen en el petróleo un aporte importante para su economía y empleo, y en las que se generan importantes recursos para las finanzas públicas nacionales y territoriales.
     
    Los anuncios de Emerald Energy, Geopark, ExxonMobil y Frontera han puesto en evidencia una serie de problemáticas en las regiones y dificultades para hacer que el proceso en estos contratos sea exitoso. Estas han notificado que suspenderán o terminarán contratos, principalmente en los departamentos de Putumayo, Santander y Caquetá.
     
    Este año, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se ha solicitado cancelar un contrato. Esto significa que en los cinco primeros meses se han pedido 11% del total visto en 2022, cuando fueron nueve las peticiones.
     
    Además, se suman los contratos en suspensión, como es el caso de Emerald Energy, que tras los graves sucesos de orden público que incluyeron el secuestro de 79 policías y la muerte de uno de ellos, radicó una carta ante la ANH pidiendo la suspensión del bloque Ombú, en Caquetá, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022.
     
    Al respecto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que “hemos delegado siempre en todas las instancias de diálogo a una persona que va y se entera de manera directa de lo que está pasando; yo misma tuve reunión con las directivas de la empresa para entender lo que estaban en disposición de hacer. Desafortunadamente esto escaló y en este momento es responsabilidad del Gobierno ir a hacer presencia y lograr que haya un diálogo que permita recuperar la paz”.
     
    Después de que esto pasara también se conoció que ExxonMobil dejaría su operación en el contrato VMM-37, tras lograr un acuerdo con Sintana Energy, con quien tenía un convenio de operación conjunta, para que esta asuma la operación.
     
    Esta decisión voluntaria significa que la petrolera ya no cuenta con ningún contrato en el país, puesto que los cuatro en los que estaba ahora están en terminación o se retiró de la operación.
     
    A esto se suma que Geopark, petrolera latinoamericana, informó que saldría de seis de sus contratos en el Putumayo, de los 12 que tiene en este departamento. De estos procesos cuatro fueron iniciados en el gobierno Duque, aunque ninguno alcanzó a tener una producción. La empresa notificó que tres de los contratos que rescindieron eran por motivos de fuerza mayor. De los seis, dos se encuentran en análisis y otros dos ya están en liquidación.
     
    Por último, Frontera también está adelantando dos procesos de terminación de contratos que se encuentran en suspensión desde hace dos años.
     
    Se trata de los bloques Caguán 5 y 6, también ubicados en Putumayo y, según Andrés Sarmiento, vicepresidente de Asuntos Públicos de la petrolera, están en conversaciones con la ANH mostrando evidencias de las dificultades de seguridad para desarrollarlos.
     
    De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), desde 2016 hasta 2022, la conflictividad en las regiones se ha incrementado cuatro veces y la mayor concentración está en los departamentos de Santander, Meta, Casanare y Putumayo, que han tenido 67% de los bloqueos.
     
    Un dato que no es menor, porque solo en Arauca, Santander y Putumayo, los 123.048 barriles por día que se produjeron en el primer trimestre del año representan cerca de 16% del total nacional.
     
    En otras palabras, ventas diarias de al menos 8,6 millones de dólares que tienen riesgo de contagio si las situaciones de seguridad siguen repuntando.
     
    Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, recuerda que la actividad petrolera tiene un alto impacto en el desarrollo territorial, a través de los recursos fiscales, derivados de las regalías, y por medio de la creación de empleos formales. “Los resultados de estudios previos, son que los departamentos y municipios petroleros tienen mayor crecimiento y mayor desarrollo urbano y poblacional. Además se han encontrado impactos positivos en la cobertura de indicadores como la educación, aseguramiento en salud y desarrollo del sector agropecuario”, afirmó.
     
    Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, aseguró que las compañías están comprometidas con sacar adelante las empresas y están concentradas en llevar a cabo los contratos existentes de exploración y de producción y no salir de las regiones.
     
    Sin embargo, el directivo apuntó que “la conflictividad social se ha exacerbado y hay un incremento en lo corrido del actual Gobierno en materia de bloqueos. A lo anterior se suma que se va a requerir un gran compromiso del Ministerio de Ambiente y del Ministerio del Interior y la dirección de Consulta Previa para que esos proyectos surtan de manera efectiva su trámite”. Aunque el Gobierno ha intentado reactivar contratos suspendidos, Lloreda señala que hay zonas en las que es muy difícil destrabar y que entren a operar.
     
    Regiones con más regalías
    Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana encontró que los municipios con mayor asignación de regalías per cápita son Becerril, Cesar; Puerto Gaitán, Meta; Castilla la Nueva, Meta; Tauramena, Casanare, y Cantagallo, Bolívar.
     
    Las asignaciones por habitante para el bienio 2023 - 2024 oscila entre los $13 millones y los $4,7 millones. Cabe recordar que en el Congreso se aprobó un presupuesto de regalías por $33 billones, de los cuales $29,1 corresponden a inversión. Los cálculos del Observatorio muestran que Puerto Gaitán, con una apropiación de $518 millones, es el municipio que mayor cantidad de recursos recibirá, seguido por Becerril con $270 millones y Castilla La Nueva con $118 millones. 
     
    Por Daniela Morales para Portafolio.
  • Los impuestos del precio del galón de gasolina corriente son al menos 20% del total

    Gremios han propuesto revisar la fórmula del precio y analistas sugieren revisar los impuestos, pero esto tendría una implicación fiscal.
    El precio de la gasolina ha sido uno de los temas de conversación en la agenda pública desde el año pasado, pues a partir de octubre el Gobierno Nacional empezó a incrementar los precios de este combustible.
     
    Ayer, algunos sectores del transporte convocaron marchas en contra de las alzas graduales implementadas, aunque el sector de taxistas no se movilizó porque llegaron a un acuerdo de revisar una tarifa diferencial para estos conductores y lo más probable es que el alza de septiembre no aplique para ellos.
     
    Gremios han pedido hacer una revisión a la fórmula del precio por galón. Según explica Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en el sector, los tres principales componentes del precio de venta de un galón de gasolina corriente son: el ingreso al productor, los impuestos y la logística de distribución.
     
    "El ingreso al productor corresponde a 66% del precio final y es el monto que recibe Ecopetrol por la gasolina. Sin embargo, dado que este monto es inferior al precio que podría obtener si la vendiera en Estados Unidos, el Fondo de Estabilización de Combustibles cubre esa diferencia. Algo que no está en discusión son todos los impuestos, que suman $2,619 por galón, correspondientes a 20% del precio final”, explica el analista.
     
    José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas en Corficolombiana, señala que los impuestos más relevantes del precio de la gasolina son el IVA, el impuesto nacional, la sobretasa y el impuesto al carbono, que sumados dan alrededor de $2.618.
     
    Cabrales sugiere que “si le pagamos el precio internacional a Ecopetrol y quitamos los impuestos a la gasolina tendríamos un precio de $13.178 y no necesitaríamos subir más el precio de la gasolina”.
     
    Sin embargo, Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, resalta que “desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas, en la medida que el recaudo por venta de combustibles sea menor, se deberá evaluar cómo se sustituyen estos ingresos o cuales gastos se deberán recortar para que el equilibrio entre ingresos y gastos no se altere. La realidad es que mientras exista un subsidio a los combustibles, de alguna forma u otra la sociedad lo va a terminar pagando”.
     
    “Hay que reconocer que hay un componente impositivo importante en la estructura. Cualquier movimiento en impuestos va a afectar las cuentas fiscales”, indica López, y agregó que el Gobierno ha hecho una labor responsable al cerrar la brecha de precios.
     
    De hecho, según el documento técnico ‘Análisis sobre el Fepc que cita cifras de Fondo Monetario Internacional, 47% de los recursos destinados a la política de estabilización de precios de la gasolina y el Acpm beneficia a 20% de los hogares con mayores ingresos, mientras que 20% de hogares con menor ingreso recibe solamente 7% del total.
     
    Este argumento ha sido reiterado por el presidente, Gustavo Petro, en varias ocasiones, sumado al déficit del Fepc, que en 2022 llegó a $36,7 billones, pero que se estima que cierre el año alrededor de $17 billones por cuenta de los incrementos graduales desde octubre de 2022.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Los principales cambios que vienen con el nuevo decreto de los servicios de energía

    El Ministerio de Minas dio los principales lineamientos para que la Creg desarrolle las reglas, la finalidad es mejorar la eficiencia.
    Después del anuncio del presidente, Gustavo Petro, de una nueva reforma al sector de servicios públicos, que se presentará en el segundo semestre del año, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico.
     
    En específico, este Decreto da lineamientos generales que deben ser tenidos en cuenta por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para tomar decisiones para valorar apropiadamente los recursos hídricos y térmicos; promover un aumento de la cantidad de energía que se adquiere mediante contratos para disminuir la exposición de los comercializadores a las variaciones de los precios de bolsa; incorporar procedimientos técnicos para detectar abusos de posición dominante en el mercado; e incentivar a usuarios y agregadores de demanda del mercado mayorista de energía para que participen de manera activa ofertando servicios de respuesta a la demanda
     
     
    Hemberth Suárez, socio fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, destaca cinco factores de cambio en este decreto.
    1. Los autogeneradores a pequeña escala a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) están exentos del cobro de energía reactiva.
    2. Se regulará para valorar los recursos de generación de corto plazo.
    3. Van a flexibilizar los costos de las garantías por cada transacción.
    Se va a ejercer un control sobre la incidencia de ofertas de un mismo agente, que por restricciones se despache un determinado recurso de generación y el comportamiento histórico de una unidad en la atención de la demanda.
     
    Creación de mecanismos de participación para que, los usuarios y los agregadores de demanda, puedan ofertar reducciones, desconexiones de demanda, con lo cual se fortalece la esquena de la Demanda Desconectable Voluntaria.
     
    “Avanzamos en la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, con el objetivo de orientar la regulación y promover una efectiva competencia en los segmentos de mercado donde esto es posible. Estos lineamientos nos permitirán aumentar la eficiencia para el sistema eléctrico, de manera tal, que conlleve a precios justos para los usuarios”, dijo Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
     
    El decreto indica que en el proceso de esta segunda fase se recibieron 117 propuestas y comentarios; 66 de estas se refieren a las necesidades en cambios normativos relacionados con el funcionamiento del sector eléctrico en el país.
     
    Según datos del Ministerio, en Colombia actualmente la generación de energía proviene en 66 % de recursos hídricos, en 31 % de recursos térmicos (gas, carbón, fueloil) y en 3 % de otras fuentes de energía renovables.
     
    En ese sentido, uno de los enfoques del decreto es "valorar apropiadamente los recursos hídricos y térmicos", esto se refiera a que el uso de estos recursos considere la escasez y la abundancia de forma simétrica con los pagos que hacen los usuarios en la factura.
     
    También se busca incorporar procesos técnicos que permitan detectar abusos de posición dominante en el mercado en el que participan los generadoras y comercializadores.
     
    Y otro de los puntos centrales es incentivar a usuarios y agregadores de la demanda del mercado mayorista de energía para participar en la oferta de servicios, esto, con la finalidad de reducir el estrés en la red en las horas de alto consumo y por consiguiente, reducir la tarifa.
     
    El Ministerio resaltó que este decreto "no interviene en el marco tarifario vigente". Otro factor radica en habilitar beneficios para los usuarios que cuenten con infraestructura de medición avanzada, así como la generación mediante fuentes no convencionales de energía renovables en áreas especiales de prestación de servicio, pues esto contribuye a la disminución de las pérdidas.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Meta de producción petrolera embolatada

    El Gobierno reconoció que será difícil lograr su meta de producción de petróleo este año, pero aseguró que está tomando medidas para tratar de alcanzar el objetivo de bombear al menos 1 millón de barriles diarios.
     
    Además, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dijo en entrevista con Reuters que Colombia busca aumentar la inversión en exploración en nuevos bloques que serán subastados. "No hemos querido revisar a la baja la meta del millón 40.000 barriles" promedio diario (bpd), sostuvo el funcionario en una entrevista en su oficina del occidente de Bogotá. "No está fácil, pero mantenemos el propósito de alcanzar esa meta".
     
    Colombia, el cuarto productor latinoamericano de crudo, bombeó 981.000 bpd en el primer semestre. El Gobierno dice que no logró la meta debido a los ataques de la guerrilla contra oleoductos, las protestas de las comunidades y las demoras en la expedición de licencias ambientales.
     
    El funcionario dijo que junto con otras dependencias como el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Autoridad de Licencias Ambientales se adoptarán medidas para subir la producción y alcanzar el millón de barriles diarios.
     
    Entre ellas, figuran el aumento de los efectivos militares en las zonas más conflictivas y el uso de aviones no tripulados para proteger la infraestructura petrolera, además de agilizar los trámites de las licencias sin reducir los requisitos y mantener diálogos con las comunidades para evitar protestas. "Vamos a establecer estrategias para que en lo resta del año podamos sobrepasar y superar los obstáculos y alcanzar al final una producción por encima del millón de barriles diarios", dijo.
     
    SUBASTA DE BLOQUES PETROLEROS
    El funcionario reveló que en la Ronda 2014, que se cerrará la próxima semana, 46 empresas petroleras compraron los pliegos para participar en la subasta de 95 bloques, un proceso en el que el Gobierno espera inversiones en exploración de al menos 2.600 millones de dólares.
     
    Acosta dijo que entre las empresas interesadas en bloques para exploración de crudo están Exxon Mobil, Shell y Statoil de Noruega y precisó que alrededor de 30 clasificaron para la subasta. "La gran apuesta que tenemos es la Ronda 2014 que está abierta y se cierra la próxima semana. Tenemos unas expectativas muy halagüeñas y lógicamente en la medida en que Colombia siga siendo tan atractiva a la inversión y a los inversionistas vamos a lograr mayor inversión en exploración", explicó.
     
    La subasta de los bloques es parte de la estrategia del Gobierno para incrementar sus reservas que al cierre del 2013 se ubicaron en 2.445 millones de barriles y que busca incrementar con nuevos hallazgos y el mejoramiento de la recuperación con modernas tecnologías en los campos en producción. El ministro informó que el interés de las empresas se concentra en un 40 por ciento del total de los bloques ofrecidos, la mayoría offshore o costa fuera. Acosta descartó que el Gobierno del presidente Santos, que comienza su segundo periodo el 7 de agosto, presente al Congreso un proyecto de ley para aumentar las regalías y los impuestos a las petroleras en momentos en que compite con otros países de la región para atraer más inversión.
     
    "No (...) Lo que no podemos es matar la gallina de los huevos de oro", dijo.
     
    El petróleo es el principal generador de divisas para la cuarta economía de América Latina y, según Acosta, la estabilidad fiscal y las reglas de juego claras son el mayor atractivo para los inversionistas que en 2013 trajeron al sector de hidrocarburos más de 4.900 millones de dólares.
     
  • MinAmbiente prepara un registro que obliga a las empresas a reportar sus emisiones

    La ministra Susana Muhamad anunció que el registro se lanzará en 2024 para empresas del sector manufacturero, y en 2025 para las demás.
    En el marco del Congreso Empresarial Colombiano, CEC, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que desde el Gobierno se lanzará un registro obligatorio para que las empresas reporten públicamente cuáles son sus emisiones contaminantes en medio de su proceso productivo.
     
    De acuerdo con la ministra Muhamad, "es un registro que se va a volver obligatorio para todo el sector productivo en donde públicamente deben registrar los contaminantes que las empresas envían al aire, al agua, al suelo y que pueden causar problemas de salud".
     
    "Yo sé que los empresarios tienen una conciencia de la necesidad urgente de cuidar el agua, la biodiversidad y de generar procesos productivos que en vez de contaminar sistemáticamente, sino que lo regeneren", agregó.
     
    Muhamad también entregó los tiempos en os que se empezará a aplicar este registro y aseguró que se lanzará en 2024 solo para el sector de manufactura, por lo que se espera que en 2025 se tenga el primer reporte de este sector.
     
    Ese mismo año se lanzará para todos los demás sectores productivos y para 2026 se tendría el primer reporte nacional de los contaminantes de forma acumulativa.
     
    Proyecto de Ley para reducir tiempos de licenciamiento
     
    Sobre la reciente polémica de un proyecto de ley que radicará el Minambiente sobre los tiempos de licenciamiento ambiental, la ministra Muhamad dijo que lo que se busca es reducirlos, pero únicamente para los proyectos de energías renovables.
     
    "No estamos tramitando un proyecto para ampliar los procesos de licenciamiento, lo que anunciamos hoy es que vamos a tramitar un proyecto de ley y sacar unos decretos para reducir los tiempos de licenciamiento en la transición energética, que son las líneas de transmisión y los proyectos de renovables, Cambiando la metodología de evaluación impacto ambiental", aseguró.
     
    Por Brayan Becerra para LaRepública.
  • Minenergía cambia reglamento de la Creg para lograr quórum

    Ahora, la participación del ministro de Minas y Energía y cuatro expertos comisionados lograrán el número requerido para sesionar y tomar decisiones.
    El Ministerio de Minas y Energía publicó el decreto 1573 de 2023, mediante el cual modificó el reglamento interno de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En este decreto firmado por le nuevo ministro, Andrés Camacho, se determina que el quórum ahora será de cinco, bajando desde los seis que eran necesarios previamente.
     
    Vale la pena recordar que este quórum se logrará con la presencia de al menos el ministro de Minas y Energía y cuatro expertos comisionados, base con la cual se podrán tomar decisiones. 
     
    "Las decisiones de la Comisión se tomarán con el voto favorable de por lo menos cinco (5) de sus integrantes. En todo caso, se requiere el voto favorable de alguno de los siguientes miembros: el Ministro de Minas y Energía, o su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado, o el director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado", plantea el nuevo reglamento de la Comisión.
     
    Este mismo número de integrantes es el requerido para tomar decisiones de carácter regulatorio. Previamente, el número requerido para tomar decisiones era de siete, con lo que se redujo en dos miembros. No obstante, el número mínimo de comisionados para sesionar sigue siendo de cuatro, al igual que anteriormente, cuando era necesaria la presencia del Minhacienda y el DNP.
     
    Cabe recordar que algunos de los temas sobre los que toma decisiones esta Comisión son los relacionados a la reglamentación de los componentes de las tarifas de servicios públicos como el gas y la electricidad. Así mismo, tiene competencia sobre algunos aspectos de la retribución por combustibles líquidos.
     
    Ahora bien, la Creg sesiona con presencia voz y voto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y el Departamento Nacional de Planeación. Esto significa que la presencia de estos tres podría inclinar fuertemente las decisiones que se tomen dentro de esta entidad.
     
    Esta modificación se da al tiempo que la entidad atraviesa dificultades para completar el número de expertos comisionados. En días pasados, el director y único experto nombrado en propiedad, José Fernando Prada, renunció a su cargo y a  la Comisión. Esto dejaría a la Comisión con tres comisionados nombrados de forma temporal y cuyos nombramientos están a punto de caducar.
     
    Hasta el momento, el ministro Camacho apuntó en una entrevista con El País que están en la búsqueda de los perfiles que se ajusten a los requerimientos para ser experto comisionado y una vez se tengan se nombrarían en propiedad.
     
    Por Portafolio.
  • MinHacienda confirmó que no habrá alza de gasolina en diciembre pero sí en enero

    Ricardo Bonilla, titular de esta carera, aseguró que "siguen evaluando" cuánto falta realmente para el cierre final de la brecha.
    El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla confirmó que este diciembre no habrá incremento del precio de la gasolina y que en enero volvería a realizarse un ajuste.
     
    "Todavía estamos evaluando que tanto realmente falta para cerrar la brecha, ya falta poco. Habíamos dicho que faltaban tres, ya se hizo uno, faltarían dos, pero creo que solamente necesitaríamos otro en enero", aseguró Bonilla.
     
    "Estamos mirando exactamente qué tanto falta por cerrar", dijo Bonilla. El titular de la cartera de Hacienda dijo que se emitirá una resolución cada mes que explique los precios, pero con un ajuste que fluctúe.
     
    Ricardo Bonilla agregó que "continuarán" las mesas de diálogo con los transportistas para el alza del diésel para 2024 para también cerrar la brecha con este combustible.
     
    "Mañana tenemos una reunión para mostrarles cuál es la perspectiva de lo que existe. Ellos tienen claro de que hay un desfase grande de los precios y que en algún momento hay que ver cómo se hace. Lo que no queremos es hacerlo de sorpresa si no mirar hasta donde podemos concertar"
     
    Por Roberto Casas para LaRepública.
  • MinHacienda y MinEnergía lanzaron borrador para focalizar subsidio a combustibles

    Se espera que con esta medida se genere un menor gasto para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
    Las carteras de Hacienda y Minas y Energía, encabezadas por Ricardo Bonilla e Irene Vélez respectivamente, lanzaron un borrador de un decreto para comentarios en el cual se adiciona el Decreto 1068 de 2015 en relación con el mecanismo diferencial de estabilización de precios de la gasolina corriente motor (GMC) y el aceite combustible para motores (Acpm).
     
    El borrador propone determinar el mecanismo diferencial para los grandes consumidores en donde el ingreso al productor fósil de la gasolina motor corriente y el Acpm o diésel para los mencionados agentes deberá ser como mínimo el precio de paridad internacional y este no aplicaría a empresas generadoras de energía ubicadas en Zonas No Interconectadas (ZNI).
     
    Con esta medida, los ministerios estiman que la aplicación del mecanismo diferencial de estabilización de grandes consumidores generará un menor gasto para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y, por tanto, una menor incidencia negativa en las finanzas públicas de la Nación.
     
    El borrador expone que los recursos públicos destinados a garantizar menores precios de combustibles son altamente regresivos porque benefician principalmente a las personas con mayores ingresos.
     
    "Los recursos destinados a financiar precios locales de combustibles líquidos fósiles menores a los internacionales para estos grandes consumidores podrían ser asignados a inversión o gasto público social con mayores rendimientos sociales para promover el desarrollo sostenible".
     
    Y se propone hacer una focalización a esos beneficios para incentivar así la transición energética al proyectar un impacto en las decisiones de consumo e inversión de los agentes del mercado de combustibles.
     
    El déficit del Fepc
     
    Según el documento publicado, el Fepc hasta el 2019 acumuló un déficit por $14,2 billones, que ascendía a $17,0 billones incluyendo los intereses causados a favor de la Nación. Esto porque el Fepc no contaba con fuentes corrientes que le permitieran honrar sus obligaciones con los productores y, por tanto, el Gobierno nacional sirvió de acreedor con el Fepc por medio de créditos extraordinarios del Tesoro
    nacional, y emisión de TES de este último y pagos a nombre del Fepc a terceros.
     
    En 2020, "se observó una pequeña posición neta superavitaria del Fondo principalmente asociada al relativo bajo precio internacional del petróleo durante la pandemia".
     
    Sin embargo, en 2021 y 2022, el resultado del diferencial de compensación de los precios de los combustibles líquidos, es decir, el precio local y el de referencia internacional y otros factores, el Fepc acumuló un déficit histórico por $11,4 billones (1% del PIB) y $36,7 billones (1,5% del PIB).
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Ministro de Minas y Energía habló de modernizar Electrohuila

    Desde Neiva,  el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, propuso conformar una mesa con el fin de recuperar y Modernizar  la Electrificadora del Huila.
    Diario del HuilaDiario del Huila
    El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, participó en un diálogo ciudadano en Neiva, abordando temas cruciales sobre la transición energética y respondiendo a las inquietudes de la comunidad. Las preguntas más recurrentes estuvieron relacionadas con Electrohuila.
     
    El Ministro Camacho informó que, tras dialogar con el gobernador electo Rodrigo Villalba, se acordó avanzar en un modelo de transición energética para el Huila. Durante la reunión, surgió la pregunta sobre la posibilidad de aplicar fracking en el departamento, a lo que el Ministro destacó la importancia de cerrar la frontera extractiva y enfocarse en energías renovables y tecnologías sostenibles.
     
    «Colombia no es un país petrolero, es un país que tiene petróleo. Nos hemos propuesto no avanzar más en frontera extractiva, no desarrollar técnicas como el fracking y usar todos los recursos disponibles para desarrollar otros energéticos, como el hidrógeno verde y las energías renovables, convirtiéndonos en una potencia latinoamericana de energía renovable», afirmó el Ministro Camacho.
     
    En relación con la pequeña minería, el Ministro expresó la necesidad de una minería planificada y organizada, anunciando la construcción de una nueva ley minera. Respecto a la Electrificadora del Huila, manifestó la intención de crear una mesa de diálogo inclusiva que involucre a profesionales, ingenieros eléctricos, la comunidad, representantes del sector productivo, la Cámara de Comercio y comunidades indígenas, con el objetivo de elaborar un plan de modernización para Electrohuila.
     
    Por Diario del Huila.
     
  • MinMinas, Andrés Camacho, responde a los exministros que alertan crisis energética

    El fin de semana, 14 exministros de Hacienda y de Minas y Energía enviaron una carta al presidente donde solicitaban respuestas.
    El Ministro de Minas y Energía del Gobierno, Andrés Camacho, será citado ante la plenaria de la Cámara de Representantes para brindar respuestas, acerca del actual estado del sector energético del país.
     
    Este llamado surge como respuesta a las preocupaciones de la oposición, quienes, ante la amenaza de un potencial apagón derivado del Fenómeno de El Niño y la crítica situación financiera que atraviesa el ámbito energético, consideran necesario obtener claridad sobre la seguridad energética y las posibilidades reales de un colapso.
     
    En el fin de semana, 14 exministros de Hacienda y de Minas y Energía enviaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en el que le solicitaban atender estas advertencias. Los exfuncionarios le pidieron al Gobierno que tome las medidas necesarias a tiempo ante los problemas financieros que atraviesan 17 empresas comercializadoras de energía.
     
    La carta fue firmada por los exministros Amylcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Renjifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia.
     
    Los representantes Juan Espinal y Hernán Cadavid del Centro Democrático serán los encargados de presentar la proposición, subrayando una serie de desafíos latentes en el sector. Entre estos, destacan los notorios retrasos en proyectos adjudicados en subastas de energías renovables y la marcada afectación en la expansión de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica.
    El propósito fundamental de esta convocatoria es propiciar un espacio de diálogo y respuestas, donde el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, asuma un papel protagónico.
     
    El representante Hernán Cadavid alerta sobre la inminencia de una amenaza latente, "el país se encamina hacia un apagón y si el Gobierno no toma medidas, se materializará en una catástrofe de envergadura para las familias colombianas, la economía y la prestación de los servicios públicos.
     
    Es por ello que hemos determinado llevar a cabo este debate de control político hacia el Gobierno nacional, con el Ministro de Minas y Energía como figura central. Convocaremos un debate marcado por la seriedad y el rigor técnico, con el objetivo de obtener respuestas ante la inminente amenaza de un apagón que podría tener consecuencias catastróficas para el país", enfatiza.
     
    El cuestionario que será presentado este lunes, abarcará puntos cruciales, tales como la realidad del sector eléctrico nacional, la garantía de la seguridad energética y las contingencias asociadas a un posible apagón. El representante Juan Espinal resalta la urgencia de esta iniciativa al manifestar.
     
    "El lunes radicaré un debate de control político ante la plenaria de la Cámara de Representantes, donde citaré al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Es imperativo comprender la actualidad del sector eléctrico del país, especialmente en lo que respecta a la seguridad energética y las potenciales implicaciones de un apagón".
     
    Por Nicolle Altamar para LaRepública.
  • Para 2028 podría haber un déficit en el abastecimiento de energía: Fedesarrollo

    Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios, llamó al Gobierno a centrarse en destrabar cuellos de botella.
    Este martes, en el marco del seminario ANIF - Fedesarrollo sobre la transición energética confiable, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo advirtió sobre un posible riesgo de desabastecimiento de energía para 2028.
     
    De acuerdo con el director del Centro de Investigación, el consumo per cápita de energía del país es cerca de la mitad de la que tienen los países de ingresos medios y altos, con lo que uno de los pasos que se deben dar  es incrementar este consumo.
     
    Esto se debe a que con los planes de transición energética, uno de los principales incrementos en términos de consumo primario de energía debe ser en electricidad, para disminuir el de otros energéticos como los provenientes de fuentes fósiles.
     
    Es por esto y teniendo en cuenta los planes que ya se han establecido, para 2028 la matriz de generación debería duplicarse. No obstante, por cuenta de las dificultades que se han evidenciado en el sistema para el ingreso y los incrementos en la demanda, Mejía advirtió que podría no se suficiente la generación.
     
    Por esto, llamó a las entidades de Gobierno a darle prioridad a resolver los cuellos de botella para el ingreso de los proyectos más que centrarse en nuevos proyectos, con el fin de evitar este escenario, que sería en poco más de cuatro años.
     
    Ahora bien, en este mismo escenario, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, señaló que el país ya está en desabastecimiento en algunas regiones de la Costa Caribe. Si bien no  es por falta de generación de energía, sino por problemas en la infraestructura de transmisión y distribución de energía.
     
    Por Portafolio.
  • Petro reitera reforma a Código Minero para que se deje de usar mercurio en minería

    Al reiterarse la reforma, se despertaron algunas críticas en las que se dice que la solución no es esa sino hacer cumplir la ley que prohíbe el mercurio.
    En el marco de la asamblea popular en Tierra Alta, Córdoba, llevada a cabo en la jornada de ayer, el presidente Gustavo Petro hizo referencia, nuevamente, a la reforma del Código Minero.
     
    Uno de los puntos de su intervención estuvo relacionada con el uso de mercurio. "Si no se soluciona, ministro de Minas, no solucionamos el problema de mercurio aquí en la Mojana, porque el pequeño minero para sacar el oro seguirá metiéndole mercurio a la Garlancha y al agua, y aquí viene a parar el mercurio, no el oro", aseguró el mandatario.
     
    Partiendo de dicha premisa, precisó en que "hay que reformar el Código Minero. Es una Ley, y si no se reforma la Mojana muere, la gente de la Mojana muere".
     
    Sin embargo, ante estas declaraciones hubo algunas críticas. Como la del exsenador, Juan Camilo Restrepo, quien a través de su cuenta de X, habló sobre el panorama del uso de mercurio en el país.
     
    "El uso del mercurio está prohibido desde hace 10 años. La solución no es modificar el código minero: es hacer cumplir la ley que ya existe", expresó.
     
    Lo anterior, pues dentro del discurso del mandatario también se comentó que "si la sentencia de la Corte Constitucional que fue expedida hace poco, dice que el Gobierno tiene que revisar la titulación minera de cara al medio ambiente, pues necesito que revisen ya, y si eso da para que esos títulos se reversen, pues revérselos", le dijo al Ministro de Minas, Andrés Camacho, también presente en la asamblea.
     
    Esto, "para que la pequeña minería pueda tener un espacio en Colombia", y para que Gobierno pueda ayudarles a sacar el oro "sin mercurio".
     
    Por Karen Mora para LaRepública.
  • Petróleo: expertos piden más exploración y nuevos contratos

    Cuatro especialistas de la industria pidieron cautela con el resultado del informe que puede “ser optimista” por la situación de altos precios.
    La semana pasada la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó el informe de recursos y reservas de 2022. Este evidencia una caída de 10% en las reservas de gas y una ligera alza de 1% en las de petróleo.
     
    Sin embargo, expertos consideran que este resultado “positivo” en petróleo es creado por el alto precio del crudo, por lo que es posible que al haber una baja en la cotización del commodity puede significar que menos de estos recursos puedan ser puestos en superficie.
     
    Por este motivo analizan que se debe incrementar la exploración, las señales para la inversión y de igual forma otorgar nuevos contratos para la exploración y producción de los hidrocarburos.
     
    Los efectos de no hacerlo serían la pérdida de la autosuficiencia y por ende un incremento en los costos de combustibles y energía.
     
    Por el momento, el Gobierno no ha señalado un cambio de política con respecto a contratos.
     
    1 “No reponemos lo que estamos consumiendo” 
     
    Francisco José Lloreda, presidente ACP
     
    Los resultados del informe de reservas y recursos muestran una ligera alza en reservas de crudo, cuyo incremento fue de 1%. Sin embargo, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), apuntó que el principal motivo de esto fue el promedio de precios visto el año pasado. Esto, según Lloreda, viabilizó la técnica de recurso mejorado, con un incremento de 2 puntos porcentuales hasta alcanzar 23%. Así mismo otros pozos con un promedio de extracción más alto por barril también fueron contados en el informe.
     
    De esta forma, el volumen de las probadas pasó de 2.039 millones de barriles a 2.074 (es decir, 35 millones de barriles adicionales).
     
    Al tener este año un promedio de precio en caída, tanto el recobro mejorado como algunos pozos pierden viabilidad financiera y no serán extraídos. “Es únicamente un factor de precio lo que explica este resultado. Pero no estamos reponiendo con hallazgos para incorporar barriles al mismo ritmo que estamos incrementando el consumo”, afirmó el líder gremial.
     
    2 “Impactaría el costo del gas para generar” 
     
    Alejandro Castañeda, presidente Andeg
     
    “Esta foto del informe muestra que nos estamos gastando nuestros ahorros en gas y no los estamos reponiendo en la misma magnitud”, apuntó Alejandro Casteñeda, presidente de Andeg, que representa los generadores térmicos. Según señaló, los resultados de este informe muestra una caída importante, de 11%, en el volumen de gas natural. Esto da señales de que de no haber nuevos hallazgos relevantes que puedan incorporarse a las reservas el país se vería abocado a importar gas.
     
    Si bien aclara que actualmente se importa una parte del consumo por medio de la planta de regasificación de El Cayao, esta lo hace para algunas plantas en específico y es un soporte adicional del sistema.
     
    “Las centrales térmicas a gas consumen entre 20% y 25% del gas producido nacionalmente, por lo que la disponibilidad es muy importante”, destacó.
     
    Ahora bien, otro de los puntos importantes es que el energético local tiene un costo menor que el importado. “Esto impactaría los costos de generación de energía eléctrica”, señaló.
     
    3 “Al año debemos tener 200 pozos exploratorios”
     
    Flover Rodríguez, presidente Acggp
     
    Posteriormente a la publicación del informe, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que el énfasis del Gobierno será viabilizar los recursos contingentes de la provincia gasífera offshore.
     
    Para lograr ello, Flover Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp), consideró que se requiere un nivel de exploración considerablemente mayor al actual. Esto permite aumentar el nivel de certeza con respecto a los yacimientos y podrían convertirse en reservas. “Al año se requieren 200 pozos exploratorios perforados para que estos recursos estimados pasen a reservas, Solo explorando más podemos tener mayor certeza de lo que tenemos”, aseveró.
     
    Esto significa multiplicar casi por cuatro el número de pozos que se perforan al año. Con lo que se aumentaría también el volumen de incorporaciones de barriles por nuevos hallazgos, que fue muy bajo en 2022.
     
    Ahora bien, esto requiere una serie de señales de política pública y de apoyo a las inversiones que se requieren, como mayor diálogo con comunidades.
     
    4 “La conclusión es que hay que firmar contratos”
     
    Amylkar Acosta, exministro de Minas
     
    “Lo que me preocupa de este informe no es lo que se hace sino lo que no se está haciendo”, aseveró Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía. De acuerdo con el experto en el sector, este informe revela que “el vaso se está vaciando” y eso significa que se deberían tomar acciones con respecto a una nueva ronda para otorgar contratos para multiplicar la actividad exploratoria y sumar nuevos hallazgos.
     
    Recordó que los ministros de Hacienda, Comercio y Minas y Energía habían señalado que una vez se conocieran los resultados del informe de la ANH se tomarían decisiones en esta materia. Acosta apuntó que el informe deja clara la necesidad de dar señales de mayor inversión y exploración en el sector para evitar la pérdida de autosuficiencia. “La conclusión obvia es que se deben firmar nuevos contratos de exploración y producción de petróelo y gas”, remató. Si bien consideró que es importante optimizar los recursos contingentes y prospectivos, así como apuntar aquellos que están suspendidos; no obstante, esto no es suficiente con esto.
     
    Por Portafolio
  • Petróleo: taladros activos han caído 7,4 % en un año, según Campetrol

    De acuerdo con un informe, la finalización de contratos petroleros en Meta, Santander, Casanare y Putumayo está impactando esta actividad.
    Campetrol, gremio de bienes y servicios petroleros, reportó que la actividad de taladros en el país ha venido en continuo descenso y en abril esta tendencia se mantuvo. De acuerdo con su reporte, para este mes hubo 126 taladros activos en el territorio. Comparado con el mismo periodo del año anterior, la variación negativa fue de 7,4%, según la Cámara, pues frente a ese mes la caída es de 10 máquinas.
     
    Desde enero, como se evidencia en el gráfico, la actividad de los taladros de 'drilling' y 'workover' han venido en un descenso continuado, que inició en noviembre del año pasado cuando se tuvo el último mejor registro, con 155 equipos activos.
     
    Esto representó una caída de 19% frente al informe de noviembre de 2022 que tenía 155 equipos activos. No solo se ha reducido el número de equipos, sino que además esperan que otros siete dejen de perforar en julio, con lo que ese mes estarían operativos al menos unos 119.
     
    De las 126 máquinas operativas en abril, 40 de ellas corresponden a perforación (drilling) y 86 a reacondicionamiento (workover). “La razón de esta disminución se puede asociar directamente con la finalización de proyectos y contratos en los departamentos de Meta, Santander, Casanare y Putumayo”, asegura.
     
    Cabe recordar que en semanas pasadas, algunas compañías petroleras han anunciado que están terminando contratos y saliendo de estos. Tal es el caso de Geopark, Emerald Energy, Frontera y ExxonMobil.
     
    Al desglosar los datos presentados por la agremiación se evidencia que en el caso de los equipos de drilling, hubo una disminución de 16,7% frente al dato del mes directamente anterior, cuando hubo ocho taladros operativos. Así mismo frente al mismo mes del año anterior la contracción fue de 4,8%.
     
    Y así como en el global se presenta una caída paulatina, el caso también se evidencia en los taladros de perforación, puesto que desde noviembre hay 20 equipos menos operando. Cabe destacar que los departamentos que más marcada tuvieron esta tendencia fueron Santander y Meta.
     
    En el caso de los workovers, la disminución fue menor, pues la dinámica mostró una baja de 2,3% mensual, con dos taladros menos. Sin embargo, al verse abril de 2022, la caída es de 8,5%.
     
    La terminación de contratos en Meta, Santander, Boyacá y Putumayo explicó la gran parte de este comportamiento.
     
    El informe señala que esta menor actividad de los taladros trae consigo un impacto en empleo. Los cálculos de la agremiación son que se perdieron unos 16.000 empleos, de los cuales 2.452 fueron directos y 13.475 indirectos.
     
    Con respecto a la perforación de pozos de desarrollo, el reporte señala que no hay ninguna variación anual, puesto que en abril del año pasado también hubo 48.
     
    No obstante, frente al mes directamente anterior sí hay una caída de 12,7% (7 pozos menos). Con estos, en lo corrido del año ya son 217 pozos de desarrollo perforados, un 2,4% más que en el mismo lapso de 2021.
     
    Producción y refinerías
     
    El documento también señala que la producción preliminar de petróleo durante el mes de abril de 2023 alcanzó los 782.900 barriles de petróleo por día (bpd), evidenciando un crecimiento de 4,2% frente al mismo periodo de 2022.
     
    “Esto es 1,4% superior a la producción de marzo de este año; apalancado principalmente por los resultados del Campo Caño Sur en el Meta”, explicó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.
     
    Añadió que el proyecto de lograr un millón de barriles diarios “pasa por tener más proyectos de perforación y reacondicionamiento de pozos. Y esta tendencia muestra que al menos en el corto plazo, esta seguirá cayendo”.
     
    Un último punto que resalta el informe de la Cámara de Bienes y Servicios de Petróleo es el promedio de carga de las refinerías, este alcanzó 412.000 barriles promedio por día en el primer trimestre. Por esta razón, el dato representa un incremento de 26,8% frente al del primer trimestre del año anterior.
     
    PORTAFOLIO
  • Plan Nacional de Desarrollo ya fue aprobado por Congreso y falta sanción presidencial

    En la madrugada del viernes, la Cámara y el Senado aprobaron el texto conciliado, por lo que solo falta la sanción presidencial.
    Al Plan Nacional de Desarrollo (PND) solo le falta la firma del presidente Gustavo Petro y así se conviertirá en Ley de la República.
     
    Sobre las 7:00 p.m., la Cámara de Representantes aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 'Colombia, potencia mundial de la vida' para el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. La votación en la Cámara baja quedó con 120 votos a favor y 12 votos en contra.
     
    El debate, en su tercera citación, se venía llevando a cabo desde las 10:00 a.m., cuando, con el texto ya aprobado en el Senado, solo faltaba que la Cámara hiciera lo propio.
     
    "Aseguraremos la pluralidad del equipo negociador que representará a la Cámara, como lo establece la Ley y los parámetros de esta", dijo David Racero, presidente de la Cámara.
     
    La figura de la conciliación se dio después que el texto aprobado en el Senado fuera diferente al que dejó en firme la Cámara de Representantes.
     
    En la madrugada del viernes, las dos corporaciones del Gobierno aprobaron el texto conciliado de la hoja de ruta del Gobierno para este cuatrienio.
     
    Los artículos que ya no van
    Artículos como el que creaba la Agencia Nacional de Seguridad Digital, el 364, y el 218 quedaron por fuera del PND ya que ambas cámaras no le dieron el visto bueno. Estos, según algunos representantes, se convierten en golpes certeros al proyecto que presentó y avaló el Gobierno.
     
    El tema de servicios públicos es uno de los más importantes, pues de los tres artículos mencionados, dos hacen parte de propuestas que buscaban modificar varias reglas de juego en servicios como el eléctrico y gas natural.
     
    El artículo 364, por ejemplo, fue uno de los que se incluyó para esta segunda ponencia. En el se estipula que se buscará la integración de las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural.
     
    “Las empresas que ejerzan actividades del servicio público domiciliario de gas natural podrán desarrollar de manera integrada las actividades de producción, comercialización, comercialización de gas importado, transporte, distribución, comercialización incluyendo las nuevas actividades que se asimilen por parte de la autoridad competente”, estipulaba el artículo.
     
    Con esto según los expertos del sector, se abría la puerta a que se cree un oligopolio y no se cumplan las reglas de competencia básicas que se exigen en el sector. Asimismo, el artículo 218 también haría algo parecido con el sector energético.
     
    “Las empresas que ejerzan actividades del servicio público de energía eléctrica podrán desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las nuevas actividades que la Creg creen o asimilen”.
     
    Los artículos que van ‘sí o sí’
    Entre los puntos del PND que permanecen firmes y fueron aprobados por ambas cámaras del Congreso sin ninguna novedad, están algunos artículos económicos y de facultades extraordinarias para el Presidente, como el 351, el 232, el 91 y 326.
     
    Por ejemplo, el polémico artículo 351, piedra angular en la reforma a la salud, se aprobó tanto en Cámara como en Senado. Este autoriza a la Adres hacer el giro directo de los recursos públicos a las IPS sin tener que pasar por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
     
    Otro de estos es el artículo 326 que le permite al Presidente quedar con facultades extraordinarias para ‘salvar’ el Hospital San Juan de Dios. Esto no es un tema nuevo pues desde que fue alcalde de Bogotá, el mandatario ha intentado intervenir el hospital para que vuelva a entrar en funcionamiento.
     
    Las polémicas de la ‘aprobatón’ corren por cuenta del artículo 91 y el 232, con los que el Gobierno buscará, respectivamente, contratar proyectos de baja cuantía con representantes de la economía popular y promover la defensa comercial a través de una política de ‘remedios comerciales y aranceles inteligentes’.
     
    Según varios representantes del Legislativo, estos artículos abrirían la posibilidad de que se presenten casos de corrupción en la medida que habrá menos garantías en los procesos de contratación y se bajarán las exigencias que hoy existen.
     
    Por el lado del artículo 232, economistas estiman que intervenir el libre mercado en el país puede traer consigo más consecuencias malas que buenas, pues de no contar con medidas técnicas y adecuadas, se podría terminar perjudicando a los consumidores con precios más altos y a productores nacionales que no contarían con algunos insumos para sus procesos de producción.
     
    No aparecen los proyectos de la ola 5G
    Según analistas económicos de Corficolombiana, como Juan Camilo Pardo, preocupa que en todo el PND no se nombre “ni una sola vez, la ola de proyectos de infraestructura 5G”. “En lo que hemos podido leer detallamos la no presencia de las concesiones 5G. Vemos que en el documento no se nombra cómo estas van impulsar el desarrollo del país”, dijo. Estos proyectos, según la entidad, representan un aspecto importante en la economía nacional ya que “la infraestructura es el segundo multiplicador más alto de la economía colombiana”.
     
    Por Juan Pablo Vargas para LaRepública.
  • Prohibición de fracking podría causar escasez de gas en Colombia

    El primer presidente izquierdista de Colombia salió victorioso de la segunda vuelta de las elecciones de julio de 2022 después de realizar una amplia campaña basada en reformas con un enfoque en la  transición del país andino lejos  de la dependencia de los combustibles fósiles. Esto incluye planes para prohibir la fracturación hidráulica y terminar con la adjudicación de nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas natural.
    Eso generó una preocupación considerable porque Colombia depende en gran medida del petróleo, que es la mayor exportación por valor, mientras que el gas natural es una fuente clave de energía a nivel nacional. Colombia ya estaba luchando contra una escasez de gas natural con campos maduros envejecidos, reservas probadas bajas y la falta de éxito en la exploración de hidrocarburos, todo lo cual pesa sobre la oferta en un momento en que la demanda de combustible fósil se está expandiendo a un ritmo sólido. Esos desarrollos, junto con Los planes de Petro para prohibir el fracking  y poner fin a la exploración de hidrocarburos han despertado temores de que la seguridad energética de Colombia esté en riesgo.
     
    El gas natural es una fuente clave de energía en la matriz energética de Colombia. Según la  EIA de EE.UU., el combustible fue responsable  del 28% de toda la energía consumida en el país andino en 2021, y esa porción se está expandiendo. Eso convierte al gas natural en la segunda fuente de energía consumida en el país andino detrás del petróleo crudo, con un 31%, y por delante de la hidroelectricidad, que es responsable del 22%. El consumo de gas natural en Colombia ha ido aumentando a un ritmo constante durante la última década. Para 2017, el país andino consumía más gas natural del que producía, y la creciente demanda de electricidad a gas era el factor clave de la creciente demanda a nivel nacional. Como resultado, ese mismo año, Colombia comenzó a recibir las primeras importaciones de GLP a granel en una terminal de importación de GLP especializada en la ciudad portuaria caribeña de Cartagena. 
     
    Colombia depende en gran medida de las plantas hidroeléctricas para la producción de electricidad y una serie de sequías hizo que los niveles de agua en esas instalaciones disminuyeran drásticamente, lo que provocó que la producción de electricidad se desplomara y provocara cortes de energía. Para combatir los riesgos que plantean las sequías y el impacto que tienen en la producción de electricidad debido a la dependencia de Colombia de las plantas hidroeléctricas, el gobierno nacional en Bogotá incrementó el número de plantas eléctricas a gas. El volumen de plantas a gas también creció porque la administración anterior de Iván Duque consideró al gas natural como un combustible de transición necesario para que Colombia progrese hacia la utilización de fuentes de energía limpias y renovables.
     
    No es solo el creciente uso de gas natural para la generación de electricidad lo que está impulsando el aumento del consumo de combustibles fósiles en Colombia. El gas natural es también una fuente principal de energía para la industria y los hogares colombianos, que son responsables del 29% y el 15% del consumo doméstico, respectivamente. La creciente actividad manufacturera y una creciente población joven son responsables de la mayor demanda de gas natural en Colombia. El consumo doméstico del combustible se está expandiendo a un ritmo constante porque es una importante fuente de energía asequible en un país donde el 39% de la población vive en la pobreza. Existe un impulso de política pública para hacer la transición de aquellos hogares que queman madera, carbón e incluso basura para cocinar y calentar, que se ha expandido significativamente desde el fuerte aumento de la pobreza, al gas natural.
     
    No es solo el rápido aumento del consumo de gas natural el responsable de una crisis energética emergente en Colombia. Las escasas reservas probadas de gas y la disminución de la producción nacional pesan sobre el suministro nacional de gas natural y lo han hecho durante algún tiempo. Al cierre de 2022,  las reservas probadas de gas de Colombia  (españolas) fueron de 2,82 billones de pies cúbicos, lo que no solo fue un 11% inferior a los 3,16 billones de pies cúbicos reportados un año antes, sino también el nivel más bajo en 17 años. Las reservas probadas de combustibles solo son suficientes para otros 7,5 años al ritmo actual de producción. Para marzo de 2023, la producción de gas natural de Colombia promedió 1.065 millones de pies cúbicos por día, un 1,5 % menos que el mes anterior y un 1,2 % menos año tras año.
     
    Existe un riesgo muy real de que las reservas y la producción de gas natural de Colombia continúen disminuyendo. Las reservas actuales del país devastado por los conflictos se componen predominantemente de reservorios menores, lo que dificulta su extracción eficiente y genera un mayor desperdicio cuando se explotan. Colombia no está disfrutando de una alta tasa de éxito en exploración como sus vecinos Ecuador y Venezuela, a pesar de las afirmaciones de que el país andino posee un considerable potencial de hidrocarburos. No ha habido  descubrimientos de petróleo o gas natural de clase mundial o significativos  en Colombia desde la década de 1990. 
     
    El complejo Chuchupa Ballena Riohacha, ubicado en las cuencas marina y terrestre de la Guajira, que son los principales campos productores de gas natural en Colombia, fueron los últimos descubrimientos significativos. Chuchupa y Ballena son campos maduros que han estado bombeando gas natural durante décadas. A medida que los campos envejecidos superan la producción máxima, se acercan al final de su vida productiva y su producción se ve afectada por las altas tasas de disminución. Chuchupa entregó el primer gas a fines de 1979 y la producción alcanzó su punto máximo en 2010 con más de 100 000 barriles de petróleo equivalente por día. Desde entonces, la producción ha estado en declive terminal cayendo a alrededor de 17.600 barriles de petróleo equivalente por día durante 2022 y se espera que la producción caiga en picada a 9.588 barriles de petróleo equivalente por día para 2029 cuando finalice la producción comercial. La producción en el campo Ballena comenzó en 1977 y alcanzó su punto máximo en 2014 con poco más de 10.000 barriles de petróleo equivalente por día. Para 2022, la producción había caído a alrededor de 4.000 barriles de petróleo equivalente por día y seguirá disminuyendo y se espera que la producción comercial finalice durante 2039. Dado que los campos Chuchupa y Ballena son responsables de una parte importante de la producción de gas natural de Colombia, su producción decreciente está impactando fuertemente en el mercado doméstico. suministrar.
    Es por ello que durante la última década, los sucesivos gobiernos colombianos han promulgado políticas y reformas industriales encaminadas a atraer inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, especialmente para la exploración y desarrollo de gas natural. Estos incluyeron impuestos, así como otras concesiones regulatorias y el pago de un precio en boca de pozo que es significativamente más alto que el punto de referencia de Henry Hub de América del Norte. Esto atrajo una oleada de inversiones, especialmente después de que el regulador de la industria, la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH), abriera bloques frente a la costa caribeña de Colombia. Como resultado, se realizaron una serie de descubrimientos de gas en alta mar, incluidos los hallazgos de Kronos, Gorgon-1 y Purple Angel entre 2015 y 2017.
     
    A medida que disminuyen la producción y las reservas, Colombia corre el riesgo de enfrentar una crisis de gas natural con la seguridad energética del país comprometida. Ese riesgo se magnifica por la promesa de Petro de dejar de emitir nuevos contratos de exploración de hidrocarburos como parte de la transición de energía limpia de Colombia y reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles. Si bien hubo  una especulación considerable de que Bogotá no procedería  con un plan tan controvertido, particularmente después de aumentar su dependencia de los ingresos del petróleo mediante el aumento de los impuestos a la industria, los últimos anuncios indican lo contrario. En la  declaración del Ministerio de Energía sobre reservas de hidrocarburos (Español) La ministra Irene Vélez afirmó: “Desde el Gobierno de Cambio continuaremos con la política de mayor eficiencia en los contratos existentes y seguiremos trabajando con el sector de hidrocarburos para que los proyectos costa afuera se materialicen”. Vélez continuó diciendo a los periodistas en la conferencia de Gas Natural en la ciudad portuaria norteña de Barranquilla: "Esta es una clara demostración de que la ruta  es una mayor eficiencia en los contratos  existentes ". Sin embargo, según el  diario colombiano El Tiempo  Vélez evitó responder si o no se adjudicarán nuevos contratos de exploración.
     
    Si bien el gobierno de Petro se compromete a respetar los acuerdos de exploración y producción que ya existen, es probable que no pueda garantizar que las reservas y la producción comprobadas de gas de Colombia satisfagan la creciente demanda interna. De hecho, el máximo organismo de la industria petrolera del país, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), estima que como resultado de la política energética de Petro, Colombia se verá obligada en esta década a importar hasta el 30  % del combustible. (español) para cubrir el consumo. Las importaciones de gas licuado de petróleo se cuadruplicaron durante 2022 para compensar un déficit cada vez mayor entre la producción y la demanda interna de gas. Esto no solo hace que los precios suban, lo que impacta en los hogares empobrecidos, sino que también afecta una delicada balanza de pagos para un gobierno nacional con presiones fiscales. El polémico plan de Petro de  importar gas de Venezuela  para compensar cualquier déficit en la producción parece inalcanzable.
     
    Por Matthew Smith para Oilprice.com
     
  • Propuestas para la Ley Minera contemplan la creación de una empresa minera estatal

    El Ministerio de Minas y Energía estima que el proyecto se presente en el segundo periodo de legislatura, entre julio y diciembre de 2023.
    Este fin de semana, se recogieron las propuestas para la Ley Minera durante la Cumbre Nacional Minera que se basan en cuatro ejes: territorios mineros; los componentes de una nueva Ley Minera; la minería con propósito, industrialización y transición energética justa; y regularización de la minería informal.
     
    Otro punto destacado es la posibilidad de crear una empresa estatal minera. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos se indica que es apenas una idea que se está explorando, pues de esta manera el Estado participaría en el desarrollo del sector minero.
     
    Se estima que el proyecto de Ley se presente en el segundo periodo de la legislatura de este año, es decir, entre julio y diciembre. Desde el Ministerio de Minas y Energía se indicó que las conclusiones de la Cumbre Minera serán la base para el texto del proyecto de proyecto de Ley.
     
    Hemberth Suárez, fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, explica que que con el proyecto se estaría reformando la Ley 685 de 2001 que es el Código de Minas existentes, en el estricto sentido jurídico se modificaría la Ley 685 de 2021, pero esta no desaparecería.
     
    El texto se construirá durante los próximo meses para que una vez esté listo, sea socializado en todo el país, con los sectores involucrados en el sector minero. En cuanto a plazo de tiempo, la información suministrada por el Ministerio indica que una vez radicado el proyecto, será el Congreso quien dé las pautas de tiempo.
     
    En el marco de la Cumbre, se destacaron las intenciones comunes de gremios, empresas, medianos, pequeños mineros y comunidades en consensos de desarrollo con los diferentes tipos de minería.
     
    El eje de territorios mineros
    El reconocimiento hacia la minería ancestral y artesanal es una de las claves de la nueva ley. Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, explica que en este eje la pequeña minería y el barequeo tendrán una priorización, "se contempla una protección futura y privilegio en los procesos de formalización minera", agrega.
     
    Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, "la conclusión principal de la jornada fue que mineros ancestrales, tradicionales, de comunidades étnicas, pequeñas, medianas y grandes, coincidieron en la necesidad de que se promueva la actividad minera en el país".
     
    El eje del componente hacia una nueva Ley Minera
    Para ese objetivo común de armonización, el presidente de la ACM resalta que "se requiere que se armonice la visión de la industria por parte de los Ministerios de Minas y Ambiente", complementa Nariño, "facilitando y agilizando la expedición de todos aquellos trámites que necesita cualquier minero, para poder realizar su actividad de manera productiva, formal y tranquila, incluyendo la revisión urgente de la Ley 2 de 1959", agrega.
     
    El enfoque territorial radica en la protección a los ecosistemas y las poblaciones, esto se acompañará con mayor certidumbre jurídica a los títulos mineros. En este eje, Montoya destaca la necesidad de modificar el sistema actual de contratación minera por otro que, según el Gobierno, tenga en cuenta las variables sociales y ambientales, así como el ordenamiento del territorio alrededor del agua.
     
    Los expertos de OGE Legal Services recuerdan que con la Ley 1382 de 2010 ya se realizó el intentó de modificar el Código de Minas, pero tal ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional porque con esa ley 1382 de 2010 no se agotó la consulta Previa de medidas legislativas frente a las comunidades étnicas. Este es un foco al que hay que ponerle atención, mucha atención.
     
    El eje de la minería con propósito, industrialización y transición energética justa
    Otro de los puntos en común de los actores del sector, que se reunieron en la Cumbre Minera, es que la actualización del catastro minero en articulación con el catastro multipropósito.
     
    Con esta ley, según explica Suárez, el sector tiene "una oportunidad enorme para reforzar su participación en la transición energética implementando proyectos de cero emisiones contaminantes, esta reforma puede ser un buen vehículo para que se establezcan obligaciones de implementación de proyectos con energía renovable o con bajas emisiones en los contratos de concesión".
     
    El eje de regularización de la minería no formal
    Se tendrá en cuenta el tipo de población, el tipo de minería, la escala y el territorio para evitar que autoridades mineras adopten decisiones que propicien conflictos sociales.
     
    OGE Legal Services destaca que los puntos principales desde una perspectiva jurídica radican en tres: nuevas causales de caducidad a los títulos mineros, se pasaría a 12 causales; que la caducidad a los títulos mineros podría ser solicitada por terceros interesados; y la creación de "Consejos de Competitividad y Sostenibilidad Minera" como "órganos consultivos y de toma de decisiones" en los Distritos Mineros Especiales.
     
    Las expectativas
    El experto Montoya resalta que es importante conocer el detalle de las acciones concretas que plantea el Gobierno en materia de impulso a los minerales estratégicos como el cobre. "Es ideal que existan señales claras y concretas respecto a este tema que es fundamental para el país".
     
    Por otra parte, destaca que es relevante que las propuestas que se están planteando respeten los derechos adquiridos de las empresas mineras tanto nacionales como extranjeras que ya operan en el territorio, "y que sea una reforma que garantice la estabilidad jurídica y estabilidad de todos los actores", agrega.
     
    Para Juliana Arenales para LaRepública
  • Queda una brecha de entre $6.000 y $7.500 con el precio internacional para el diésel

    El Carf estima que el subsidio al Acpm significa cerca de $16 billones del Fepc, y el total si se suma el monto de gasolina es de $20 billones.
    Con dos incrementos mensuales pendientes en la gasolina ya se acerca el inicio para los aumentos graduales del Acpm, más conocido como diésel.
     
    Uno de los factores que tienen quieto el precio del diésel en $9.145, en promedio por galón, es el hecho de que el Gobierno busca evitar un impacto en la inflación a través del transporte de carga, pero es un arma de doble filo que sigue incrementando un déficit que alcanza cerca de $16 billones para 2023, según cuentas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf.
     
    El Ministerio de Hacienda calcula que el déficit completo, contando la gasolina, cierre en $20 billones este año.
     
    Analistas han calculado que la brecha de gasolina ya se cerró. “Desde hace más de un mes el ingreso al productor IP de la gasolina básica superó el costo de oportunidad del refinador, que está definido como el precio de paridad de exportación PPE”, dijo el analista e ingeniero Roberto Alban.
     
    Al inicio del mes, el cálculo de Julio César Vera, presidente de Xua Energy, también arrojó que el precio de la gasolina ya estaba por encima del precio de paridad. Pero el monto de la brecha varía todos los días, pues depende de varios factores: la tasa de cambio, el precio internacional de la gasolina y el Acpm, y el precio regulado que impone el Gobierno.
     
    Esto quiere decir que el camino que le queda a la brecha del Acpm es de, al menos, $6.000 o $7.500, lo que varía dependiendo de los factores mencionados. El Carf calcula que la brecha está entre $7.000 y $7.500. Mientras que Xua Energy estima un aproximado de $6.200.
     
    El “problemón” del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, parte del subsidio a los combustibles, porque el diferencial del precio de venta en Colombia y el precio internacional es subsidiado por el Estado.
     
    Cuando los combustibles aumentaron de precio en el resto del mundo, Colombia no incrementó sus precios, lo que hizo crecer el déficit de forma desmedida. El cierre de las brechas es el objetivo actual para no seguir subsidiando los combustibles. Andrés Velasco, director técnico del Carf, estima que aproximadamente $1,2 billones mensuales se destinan el subsidio al diésel.
     
    Por ahora, el MinHacienda sigue revisando el cierre de la brecha para tomar decisiones.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Sinsabores y nuevas prioridades para el sector mineroenergético

    La agenda de este año para el sector ha implicado modificaciones en la tributación y en la percepción, destacan los empresarios.
    El sector minero energético ha sido uno de los que ha enfrentado grandes cambios con la llegada del nuevo Gobierno. Desde el primer momento temas relacionados con la producción de petróleo y carbón, precios de la electricidad y energías renovables han sido parte central de la agenda de Gustavo Petro y sus ministros.
     
    Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá, señaló que en lo corrido de este año han cambiado las prioridades de trabajo del Gobierno, que se ha centrado en comunidades en zonas alejadas y no conectadas al servicio eléctrico, así como zonas específicas como La Guajira.
     
    “Creo que estamos viendo un enfoque distinto que nos hace voltear a mirar a zonas a las que normalmente no mirábamos”, expresó.
     
    Considera este punto como un acierto, puesto que descentraliza la ejecución de las políticas públicas. “Una cosa es el precio de la energía en Bogotá a $800 por kilovatio, pero en las zonas no interconectadas puede ser de $2.500”, afirmó.
     
    Con respecto al sector eléctrico las entidades relacionadas han generado políticas como el Pacto por la Justicia Tarifaria o el lanzamiento de una nueva subasta de Cargo por Confiabilidad a cargo de la Creg.
     
    No obstante, hubo declaraciones por parte del presidente Petro relacionadas con una intervención a la Comisión de Regulación para modificar la tarifa de la electricidad, cuyo decreto fue posteriormente anulado de forma cautelar por el Consejo de Estado.
     
    Ahora bien, en el caso de los mineros también han habido diferentes cambios. Uno de los más importantes tiene que ver con la tributación, que aumentó de forma considerable tras la reforma que fue aprobada a finales del año pasado.
     
    Para las exportaciones de carbón, se decretó una sobretasa en el impuesto de renta de acuerdo con el precio internacional de este mineral en el año.
     
    Así mismo, se aprobó la no deducibilidad de regalías de la renta. La discusión por este último ha llegado a la Corte Constitucional, puesto que los mineros argumentan que las regalías no pueden ser base de pago para este tributo.
     
    “Ha sido un año de grandes sinsabores en el que se ha sentido el desconocimiento de los aportes del sector al desarrollo regional y nacional. Sentimos una declaración de culpabilidad inmerecida en la discusión de transición energética, donde sólo somos importantes frente a la ventanilla de impuestos”, señaló Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón.
     
    A esto se suma que el pasado 31 de julio salió el decreto 1277 enmarcado en la emergencia decretada en La Guajira.
     
    En este se prohíbe “adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes”.
    Esto afecta directamente a Cerrejón que tiene su operación en esta zona. Cante remató que esto “es negarse a obtener unos recursos importantes para la transformación social y la reducción de las desigualdades”.
     
    Los retos que se vienen
     
    Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo energía Bogotá (GEB), señaló que se deben realizar las inversiones que el país requiere, para lo cual el Gobierno debe generar un ambiente de confianza para los inversionistas, puesto que el desarrollo de proyectos energéticos requiere de una visión de estabilidad a largo plazo.
     
    “Estos no son recursos que puede poner el Estado, se necesita a los privados”, dijo. También apuntó que la elevada tasa de interés puede afectar los cierres económicos de las obras, que exigen mucho capital para su construcción.
     
    Por Portafolio.
  • Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia: “Las instituciones nacionales no están diseñadas para abordar la crisis climática”

    La funcionaria coincide con el presidente del Congreso, en un foro de PRISA Media, en la necesidad de una reforma. “La narrativa de la sostenibilidad de los años noventa ya no refleja la realidad”.
    La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, ha señalado este miércoles que el país no puede enfrentar la crisis ambiental con instituciones creadas hace 30 años. “El Sistema Nacional Ambiental no está diseñado para abordar la crisis climática (...). Los límites ambientales están sobrepasados, la narrativa de sostenibilidad de los años noventa ya no refleja la realidad”, ha comentado en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, en Bogotá. El presidente del Congreso, Iván Name, ha celebrado lo que interpretó como el anuncio de una nueva reforma que deberá presentarse ante el Legislativo. “Bienvenida, ministra”, le respondió.
     
    Muhamad ha enfatizado que la crisis ambiental es peor de lo que se imaginaba hace tres décadas, cuando la Constitución y la ley 99 de 1993 dieron forma al Sistema Nacional Ambiental (SINA). Según ha contado, los creadores de estas normas han compartido con ella que nunca imaginaron que la situación empeoraría hasta llegar a una etapa de emergencia. “Creían que la crisis iba a poder ser manejada, planificada, controlada. Nunca dimensionaron lo que significaba la gobernanza en este siglo, en una sociedad que va de crisis en crisis”, ha remarcado.
     
    El SINA es el conjunto de normas e instituciones que organizan la gestión y la conservación del medio ambiente en Colombia. Sus pilares son las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible (CAR), entidades que promueven la sostenibilidad y administran los recursos naturales en varios de los departamentos y cuencas hidrográficas del país. Con directores elegidos por consejos directivos con mayoría de políticos, son las encargadas de recibir las tasas que pagan las industrias por daños a los ecosistemas y de reinvertirlas en la protección ambiental.
     
    “La segunda década de este siglo nos recibió con una pandemia, y luego con los fenómenos de La Niña y El Niño”, ha subrayado Muhamad. Para ella, el SINA no está preparado para abordar múltiples situaciones que suceden de manera simultánea, como las sequías en el norte y las inundaciones en el sur. “Estamos ya en la era de la emergencia climática. Hoy luchamos por contener, por recuperar algo de regulación en un planeta que ya cambió”, ha declarado, antes de señalar las dificultades para cumplir con las metas de los Acuerdos de París de 2016.
     
    La funcionaria, además, ha planteado varias preguntas como disparadores para la Cumbre, un foro que PRISA Media (sociedad editora de EL PAÍS) organiza junto a entidades como CAF-banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Universidad Externado de Colombia y la CAR de Cundinamarca. “¿Cómo reemplazamos los servicios y materiales del petróleo?; ¿cómo educamos a las nuevas generaciones en competencias de resiliencia y adaptación a cambios drásticos?”, ha cuestionado. Para Muhamad, es importante realizar un diagnóstico correcto que permita formular preguntas adecuadas. También tener en cuenta que el futuro ya no puede pensarse con el optimismo de los años noventa: “Este siglo que ya no tendrá la visión de que el futuro será mejor. Pero espero que al menos sea más solidario, más justo y más incluyente”.
     
    A metros de la ministra, sobre el escenario, el presidente del Congreso ha reaccionado con rapidez. “La ministra de Medio Ambiente acaba de anunciarnos que tenemos una nueva reforma”, ha señalado al inicio de su discurso en el panel de presentación de la cumbre, justo después de que hablara Muhamad. “No hay sostenibilidad sin institucionalidad. Tenemos que volver a crear instituciones en sectores donde fueron liquidadas”, ha resaltado, en referencia a las políticas neoliberales de los años noventa. Asimismo, se ha mostrado entusiasmado con debatir una nueva reforma que se sume a las de salud, trabajo y pensiones. “Nos dan miedo las reformas, llevamos 30 años sin hacerlas”, ha señalado antes de matizar que el Legislativo necesita tiempo para analizar todas las propuestas.
     
    La conferencia internacional ha comenzado este miércoles y se desarrollará a lo largo de tres días en el Ágora Bogotá, un centro de convenciones ubicado en el distrito de ferias y congresos de la capital colombiana. Entre los asistentes se encuentran Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; Rita de Cassia Mesquita, secretaria de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil; Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF; y Mario Pardo Bayona, presidente de la Junta Directiva de Asobancaria, el gremio bancario de Colombia.
     
    Además de Muhamad y Name, la instalación de la Cumbre ha contado con la participación del presidente de PRISA, Joseph Oughourlian; el rector de la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra Nieto; y el director de la CAR de Cundinamarca, Luis Fernando Sanabria. El rector ha comentado, minutos antes que Muhamad, que es necesario reformar el SINA y adecuarlo a los retos del siglo XXI, como han hecho otros países latinoamericanos. El presidente de la sociedad editora de EL PAÍS, en tanto, ha remarcado que es importante que los medios de comunicación acompañen los debates de medio ambiente. Ha señalado que esto tiene una importancia especial en Colombia: “El programa del Gobierno [de Gustavo Petro] está basado en gran parte en este tema. Se nota que en la sociedad colombiana hay un consenso amplio en asuntos de medio ambiente y sostenibilidad”.
     
    “Han pasado tres décadas y son necesarios algunos ajustes”
     
    Carolina Montes, directora del departamento de Derecho Ambiental de la Universidad Externado, comenta a este periódico que coincide con el diagnóstico de la ministra y con la necesidad de una reforma. “Las soluciones que se dieron en los años noventa fueron las indicadas para ese momento, regionalizar la administración de los recursos fue un éxito. Y no diría que quedó totalmente obsoleto. Pero han pasado tres décadas y son necesarios algunos ajustes”, remarca.
     
    “Nos hemos desarrollado insosteniblemente. Encontramos cada vez más deterioro y más límites”, agrega Montes. Según comenta, no haber tomado medidas frente a las recomendaciones ha hecho que la crisis ahora sea triple: la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático. Cree que es necesario modernizar las instituciones, con funciones más amplias y con estructuras menos politizadas.
     
    Por Lucas Reynosos para El País.
  • Tres aciertos y errores del PND en transición energética

    Análisis de Ideas para la Paz señala que ese documento debería dar papel de sector empresarial en estas metas y también plantear indicadores.
    El Plan Nacional de Desarrollo hace su curso en el Congreso y deberá ser aprobado antes del 7 de mayo. El Gobierno presentó ya la ponencia para el segundo debate y cuenta con 373 artículos que terminará su curso en el Legislativo.
     
    Uno de los grandes temas que serán discutidos es la transición energética. Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz, señaló que hay una serie de aciertos y desaciertos en el articulado.
     
    Con respecto a los desaciertos, la entidad señala que son tres principalmente; el primero que no cuenta con indicadores relacionados con la transición energética justa.
     
    Al respecto, lo que dice la fundación es que se requieren de algunos como la generación de trabajo decente, adaptación de la fuerza laboral y empleabilidad e ingresos no dependientes de sectores extractivos en el capítulo de transformación productiva, internacionalización y acción climática.
     
    Otro de los puntos es que no incluye al sector empresarial para cumplir los objetivos, pudiendo aportar al cumplimiento de las metas para el cuatrienio.
     
    Por esto recomienda establecer un marco de actuación “para que las empresas, dentro de su acción climática, respeten y promuevan los derechos humanos de comunidades y trabajadores en los territorios de operación”.
     
    Por último, el documento de Ideas para la Paz, apunta que no se integra explícitamente un enfoque de derechos humanos. El análisis explica que “no hay requerimientos concretos para que el sector de energías limpias y no convencionales adopte estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos”.
     
    Los aciertos
     
    Sin embargo, también se señala que hay tres aciertos en el documento del Plan Nacional de Desarrollo.
     
    En primer lugar destaca que se alinea con las expectativas y compromisos globales con respecto al cambio climático, dentro de las que se cuenta el incremento de la capacidad instalada de tecnologías renovables de generación de energía.
     
    De acuerdo con el documento, esta alineación también se ve en que se duplicará su inversión en investigación y desarrollo (I+D), al llegar al 0,5% de la participación de la inversión de I+D en el PIB.
     
    Un segundo punto que se destaca es el relacionado con la participación de las comunidades, para hacerlas partícipes de los beneficios del sector energético en sus territorios. Esto, por ejemplo, con referencia a las creación de comunidades energéticas, de forma que los ciudadanos puedan hacer parte activa de la cadena de suministro de este servicio público.
     
    El último gran acierto de este plan es que “hace referencia a mecanismos de justicia social y ambiental necesarios para una transición energética justa como el trabajo decente, la formación de comunidades, la reconversión laboral enfocada en modelos productivos sostenibles, el fomento de centros de investigación y tecnología, y la implementación del Acuerdo de Escazú”.
     
    El análisis de la fundación Ideas para la Paz además señala que hay unas buenas intenciones, relacionadas con el desarrollo de tecnologías como la eólica, la solar y el hidrógeno; así como la transformación productiva.
     
    Por este motivo, Ideas para la Paz propone cinco recomendaciones para la construcción del documento. La primera de ellas, darle un marco de actuación de los empresarios para el cumplimiento de los estándares internacionales; así mismo integrar al sector en las decisiones relacionadas y encontrar consensos en conjunto.
     
    Adicionalmente, destacan que el país puede ser líder regional en energías renovables no convencionales.
     
    Otro punto es darle claridad al “sector empresarial sobre qué se espera de él para cumplir las metas de transición justa”.
     
    Por último, señalan que se debe aprovechar la capacidad instalada de las compañías en los territorios.
     
    El documento señala que pueden contribuir para que la transición se adapte a las necesidades del territorio y promover esquemas de colaboración con mayor impacto.
     
    Por Portafolio
  • Villavicencio, Cali y Bogotá quedaron con la gasolina más alta por encima de $12.000

    Solamente hay dos ciudades que tienen el precio del galón por debajo de $12.000, se trata de Pasto ($10.516) y Cúcuta ($10.825).
    En la noche del viernes, los Ministerios de Hacienda y Minas dieron a conocer el incremento exacto para las 13 ciudades principales para junio en la gasolina corriente. El promedio del alza es de $600 por galón y empezó a regir este sábado 3 de junio.
     
    La gasolina más cara está en Villavicencio ($12.873), Cali ($12.797) y Bogotá ($12.773). Mientras que las únicas dos ciudades donde el galón se mantiene por debajo de $12.000 es en Pasto ($10.516) y Cúcuta ($10.825).
     
    El precio promedio por galón en el país con el alza de junio quedó en $12.364. Ciudades como Medellín ($12.706), Manizales ($12.757), Montería ($12.653) e Ibagué ($12.708) están por encima del promedio. Las ciudades que se acercan más a la media son Cartagena ($12.403) y Barranquilla ($12.444).
     
    Con la actualización de precios por ciudad, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y experto en el sector, calcula que estamos aproximadamente a $2.831 del precio internacional.
     
    Respecto al Acpm, no se presentó incremento para el usuario final, pero Vera destaca que "en el diésel pudieron subir $68 pesos el ingreso al productor y ajustar el margen mayorista sin tocar el precio al público, dado que el biodisel bajó $1.340 pesos por galón para este mes".
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.