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  • ¿Cuándo revelarán los costos de la transición energética? Esto se sabe sobre el tema

    El Gobierno de Colombia entregó importantes detalles sobre el proceso. 
    El pasado 17 de octubre, la Contraloría General de la República informó que en forma conjunta con la Procuraduría General de la Nación se convocó a una reunión para que el Gobierno Nacional entregara más detalles sobre la transición energética.
     
    Según un documento compartido por la Contraloría, el Gobierno de Petro habló sobre “los planes y acciones en este tema de transición minero energética, al igual que sus previsiones frente al fenómeno de El Niño, entre otros temas”.
     
    La transición energética es una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo es “impulsar la penetración de energías renovables en la matriz de generación y la respectiva disposición de infraestructura y tecnología avanzada en el sistema energético”.
     
    Tal como señaló el vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, es una apuesta ambiciosa, sobre todo frente a las complicaciones climáticas del Fenómeno de El Niño.
     
    “Eso hace que tengamos un problema de riesgo de financiamiento del sector y de complicaciones que pueda traer El Niño en la generación de energía hidráulica”, insistió en la reunión, según se lee en el comunicado de la Contraloría.
     
    Ante esto, la mayor inquietud es el costo y la respectiva transición fiscal para realizar la transición de manera adecuada. Incluso, ocho meses después de que la Contraloría expresó la preocupación, aún se desconoce el valor.
     
    El compromiso del Ministerio de Minas y Energía
     
    Según la Contraloría, el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a revelar los costos de la transición energética antes de finalizar el año.
     
    Colombia acelera sus importaciones de gas natural para enfrentar el fenómeno de El Niño
    “En lo que va del 2023 se han importado más de 500.000 metros cúbicos de GNL, que han llegado al país en 11 cargamentos. Estas importaciones se vienen realizando con el fin de suplir la demanda de este combustible que requieren estas termoeléctricas”, según la sección de Economía de este diario.
     
    "Hoy en día Colombia está conectada a un mercado mundial con una amplia liquidez, que le permite tener acceso a un pozo infinito de este combustible, con proveedores como Estados Unidos y Trinidad y Tobago, que nos permiten atender la demanda de una manera rápida y oportuna, lo cual es clave ante escenarios de desabastecimiento", aseguró Alfredo Chamat, gerente general de Calamarí LNG.
     
    Por Geraldine Bajonero para El Tiempo.
     
  • ¿Qué tan convenientes es vender gasolina a precios diferenciales?

    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, manifestó que el Gobierno estudia esta medida frente al alto costo de la tarifa del combustible.
    Este domingo, tras finalizar las reuniones del Gobierno colombiano en su gira por Portugal, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, manifestó que se revisará la metodología con la cual se fija el precio de la gasolina en Colombia, porque “la forma en la que está construida hace que toda la gasolina se valore con el precio internacional”. 
     
    Además, la funcionaria dijo que se contemplan precios diferenciales del combustible para no subsidiar a grandes consumidores.
     
    Según la Ministra Vélez, ya se instalaron mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, para hacer una revisión integral en busca de reducir el costo del combustible en el país.
     
    Sin embargo, varios expertos han manifestado su preocupación por esta medida que resultaría inconveniente, pues traería males más graves  como problemas de desvíos y contrabando. 
     
    Además advierten que crear una tarifa diferencial en el precio de la gasolina, significaría en la práctica, un sacrificio de impuestos.
     
    "Fijar un precio de la gasolina inferior al internacional equivale a sacrificar recaudo tributario y es incoherente con la agenda de sostenibilidad ambiental. No tiene ningún sentido subsidiar el consumo de un combustible fósil", dijo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, tras el anuncio de la ministra.
     
    Por su parte, Tomás Gónzalez, exministro de Minas y Energía y director del Centro Regional de Estudios de Energía, dijo que vender la misma gasolina a diferentes precios podría estimular el contrabando como ocurre actualmente en zona de frontera, con múltiples consecuencias económicas y sociales. 
     
    Agrega que aunque subir el precio de la gasolina es impopular, es necesario hacerlo "porque nos estamos gastando demasiada plata en subsidios a los combustibles, plata que necesitamos para temas sociales mucho más urgentes", dijo González, en una entrevista en Caracol Radio. 
     
    A quien tampoco le suena la propuesta planteada por la ministra Vélez de cambiar la fórmula de la gasolina es al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, pues esto sencillamente le traería menos utilidades a Ecopetrol.
     
    Así mismo, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sostuvo que las propuestas sobre los precios de la gasolina deben girar en torno a tres ítems: mantener la sostenbiilidad fiscal del país, mantener los ingresos que se reciben de Ecopetrol y sostener la estabilidad financiera de Ecopetrol.
     
    Ante eso pidió calma y que se evalúen las propuestas bajo los tres criterios antes mencionados.
     
    "Es necesario que evaluemos, entre Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda, Ecopetrol y la Comisión de la Regla Fiscal, la composición de precios del combustible y cómo está la caracterización de los subsidio (...) El objetivo es que hagamos mesas técnicas y que de ahí salgan varias propuestas para ver cuáles se pueden implementar", aseguró Bonilla.
     
    Por PORTAFOLIO
  • “Debemos implementar medidas que permitan incorporar nuevas reservas de hidrocarburos”: ¿Nuevo Minminas cambió el discurso?

    En una carta, como pronunciamiento oficial, dirigida a su equipo de trabajo y conocida por Vanguardia, el nuevo ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, afirmó que se deben implementar desde ya las medidas que permitan incorporar nuevas reservas de hidrocarburos.
    Este mensaje llega por sorpresa porque cambia la narrativa que traía este Ministerio con Irene Vélez, quien se resistió en muchas ocasiones a dar un sí a nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.
     
    La misiva también habla de las capacidades técnicas y humanas, así como de su excelencia, rigurosidad, innovación y capacidad de resolución de quienes integran esa cartera.
     
    A su vez, Camacho les manifestó que en este momento de transición para Colombia es importante tener en cuenta las líneas orientadoras que están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
     
    “Este plan nos marca una hoja de ruta para nuestra labores cotidianas. Cada uno y cada una de ustedes es fundamental en nuestro propósito de avanzar en una Transición Energética Justa que garantice la soberanía energética del país y permita diversificar nuestras fuentes de energía”, escribió en dicha carta.
     
    El nuevo ministro de Minas y Energía detalló que el mundo está intentando transitar hacía formas alternativas para habitar el planeta.
     
    “Es una decisión vital que transforma las políticas y los mercados energéticos de las próximas décadas, buscando el cuidado de la vida. Somos conscientes del rol que desempeñan los hidrocarburos durante el proceso de materialización de la transición”, explicó.
     
    Por eso, sostuvo en el texto que los actuales tiempos son inexorables y se deben implementar desde ya las medidas que permitan incorporar nuevas reservas y al tiempo potenciar la diversificación de la matriz energética que incluya la participación de nuevos agentes en los procesos productivos.
     
    “Esto posiciona al sector en un lugar estratégico en términos económicos, sociales y ambientales. También somos conscientes de la importancia de la formalización de la pequeña minería, la minería tradicional y la minería ancestral, y del fortalecimiento de ecosistemas estratégicos que permitan establecer una minería con propósito, especialmente para la Transición Energética Justa”, dijo en la carta dirigida a su equipo de trabajo.
     
    Rigurosidad en equipo de trabajo
     
    De acuerdo con Camacho, estas tareas deben tener rigurosidad y buena gestión.
     
    “Tenemos una responsabilidad inmensa. Esto nos obliga a poner a disposición nuestro saber técnico y, al mismo tiempo, a reconocer la importancia de la ciudadanía en el proyecto minero-energético de nuestro Gobierno”, aseveró.
     
    Por este motivo, Camacho puso como eje central el diálogo, así como la escucha que serán una característica de esta administración.
     
    “Hemos dicho que este será un Ministerio de puertas abiertas, para generar una sinergia de la confianza entre el Estado, la ciudadanía y las empresas del sector. Les invito a trabajar en conjunto. El país espera mucho de nosotros, cuento con ustedes”, finalizó en su carta.
     
    Es de recordar, que la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no se mostró partidaria de la firma de nuevos contratos de hidrocarburos en el país, y aunque de momento se desconoce si el nuevo ministro tendrá un cambio de postura sobre este tema en particular, resulta relevante Con este mensaje enviado por Camacho, el Ministerio de Minas y Energía asienta una nueva posición sobre el papel de los hidrocarburos en medio de la transición energética de Colombia.
     
    Por tanto, esta carta demuestra un cambio en el tono y en la forma sobre el sector minero energético colombiano.
     
    Por Vanguardia.
  • ACM: 'La mitad de operaciones de Zijin está invadida por ilegales'

    La Asociación Colombiana de Minería llamó al Gobierno a hacer presencia en Buriticá para evitar nuevos atentados.
    La Asociación Colombiana de Minería (ACM) alertó por el incremento de los efectos que la conflictividad territorial y afectaciones a la seguridad están teniendo en la minería legal del país. Esto ha llevado a que 50 % de las operaciones de Zijin en Buriticá (Antioquia) estén invadidas de alguna forma por mineros ilegales.
     
    De acuerdo con Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, en las operaciones se están evidenciando situaciones como la obstrucción a las entradas con cilindros bomba, "que ponen los ilegales para que la compañía no pueda avanzar en sus túneles", señaló.
     
    Los casos más recientes son dos ataquez que han recibido las operaciones de Zijin Continental Gold en Buriticá en menos de un mes. La primera fue la explosión de un cilindro bomba que dejó dos personas muertas y 14 heridas.
     
    Posteriormente, el 29 de mayo, la compañía reportó que un trabajador fue herido con un arma de fuego y después fue incinerado un túnel, que afectó maquinaria, en este caso un vehículo robojet alpha 30 y un camión mixer bajo perfil.
     
    De acuerdo con la ACM, los trabajadores de estas minas ahora tienen que recibir acompñamiento de la fuerza pública y deben usar chalecos antibalas por cuestiones de seguridad.
     
    Si bien es una situación que ha pasado desde hace varios años, se evidencia que hay una intensificación de los ataques desde 2020.
     
    "Solicitamos la inmediata intervención del Gobierno, del Ministerio de Minas y Energía, de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Puedo, para que esto no vuelva a suceder. No es posible que después de las advertencias del gobernador de Antioquia, de esta asociación y sobre todo de la compañía, vuelvan a suceder actos terroristas en ese entorno", aseveró Nariño.
     
    Por el momento, la minera ha dejado labores de producción en algunos frentes como medida preventiva de seguridad.
     
    Esto, según Nariño pone en riesgo cerca de US$94,5 millones o $500.000 millones de regalías que entrega la empresa, así como 4.200 empleos directos y unos 260 empleos locales en programas de formalización minera.
     
    Por Portafolio
  • Al final de este año comenzarían los incrementos graduales para el precio del Acpm

    El MinHacienda espera iniciar con los incrementos cuando se cierre la brecha de precio de la gasolina dentro de cuatro meses y se espera que el galón llegue a $15.000.
    Con un galón de gasolina corriente que ya ronda $13.000, el Ministerio de Hacienda ya ve cercano el inicio del incremento al Acpm. El jefe de esta cartera, Ricardo Bonilla, aseguró que el precio de este combustible deberá llegar a alrededor de $15.000 en 2024.
     
    También reiteró que faltan cuatro meses en el alza de gasolina y que el Acpm no subirá hasta el momento en el que se cierre la brecha con el precio de la gasolina corriente, en este caso, el último mes de incrementos en gasolina será en noviembre y el Acpm empezaría a subir en diciembre.
     
    Con este panorama, la pregunta clave es ¿por cuánto tiempo tendrán que hacerse los aumentos graduales? Según cálculos de Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, el diferencial del precio nacional contra el internacional con cálculos del 12 de julio es de aproximadamente $5.600 por galón, si se le suma el IVA serían $5.900.
     
    Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), compartió un cálculo cercano, que es de aproximadamente $5.700 por galón.
     
    Con la experiencia de las alzas de gasolina, se puede calcular que los incrementos sean aproximadamente de $200, $400 o $600; al poner los tres escenarios, cerrar la brecha podría tardar entre 10 y 30 meses, según el analista.
     
    “En un escenario de $200 por mes, serían 30 meses; en uno de $400 por mes, serían 15 meses; y en un escenario de $600 por mes, serían 10 meses de aumentos necesarios, para alcanzar el precio internacional”, señaló Vera.
     
    El déficit del Fepc
     
    El ministro Bonilla dijo que para este año, el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) se redujo a $17,8 billones, que se tendrán que pagar en 2024. De este monto, $4 billones son por gasolina y el resto por Acpm o diesel, que aún no se ha modificado.
     
    “Se está cubriendo el pago del segundo semestre de 2022 que vale $8,4 billones, para así financiar el diferencial de los precios de la gasolina”, explicó el ministro. En el escenario de incrementos, Vera calcula que “actualmente al déficit de suman entre $1,06 billones y 1,09 billones por mes, dependiendo de como se mueva el consumo, el cual está entre 6,2 y 6,5 millones de galones por día. Por cada $200 pesos que se aumente el precio, “se reduciría el déficit mensual en $39.000 millones”.
     
    Sin embargo, la inflación será un factor relevante. Según estimaciones del Carf cada 1% (cerca de $90 sobre el precio de venta al público) de aumento en el precio del Acpm, causaría un efecto sobre la inflación en el largo plazo de 0,02%. “Es importante cerrar la brecha entre el precio regulado y la referencia de forma paulatina, ordenada, constante y con un ojo en la inflación”, dijo Velasco.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Alertas energéticas

    El futuro de la energía se nubla en medio de deterioro de las reservas y transición sin norte.
    En cuestión de semanas una serie de reportes, anuncios y decisiones han venido ratificando las preocupaciones acerca del rumbo de la política energética del gobierno del presidente Gustavo Petro. La transición a una economía descarbonizada y con una menor contribución al cambio climático es una de las banderas más prioritarias del primer mandatario y uno de los ejes de su recientemente sancionado Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, la hoja de ruta de esa meta luce hoy sin un norte de política claro y sigue disparando alertas en diversos frentes.
     
    Uno de los más críticos compete al sector eléctrico y su institucionalidad. Ante la creciente probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, con duración e intensidad impredecibles, las alarmas sobre la generación eléctrica suenan desde hace meses ante el peso del agua en la matriz.
     
    La arquitectura institucional del sector eléctrico en Colombia no solo ha evitado por 30 años la repetición del famoso “apagón”, aun con aumentos del consumo, sino que también ha ampliado y mejorado la calidad y la cobertura del servicio. Si bien se mantienen complejos retos como el de las tarifas –que golpean a los hogares–, la persistente vulnerabilidad a los eventos climáticos y falencias estructurales en el mercado, la regulación independiente y la seguridad jurídica han atraído multimillonarias inversiones y financiado el crecimiento de las energías renovables.
     
    Por tal razón preocupan los continuos embates presidenciales a esta institucionalidad. Los esfuerzos continuados de la Casa de Nariño de minar la autonomía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y de intentar intervenir “directa y personalmente” en los servicios públicos envían señales equivocadas hacia los inversionistas y borran las lecciones aprendidas del papel del mercado y de la cooperación público-privada. A lo anterior se añaden las flagrantes contradicciones entre el discurso prorrenovables del Presidente y las decisiones de política que se toman.
     
    Para la muestra, dos botones: el primero se refiere a unos artículos en el Plan de Desarrollo que, junto con la reforma tributaria, prácticamente eliminaron el 75 por ciento de los beneficios para incentivar los proyectos de energía renovable. En segundo lugar, los retrasos en estas iniciativas están atentando directamente contra su viabilidad. La semana pasada Enel Colombia anunció la suspensión indefinida de su parque eólico Windpeshi, en La Guajira, debido, entre otras razones, a los bloqueos y exigencias de las comunidades.
     
    Aunque el presidente Petro calificó de “exabrupto” que estos proyectos de energías limpias sean frenados por razones de licenciamiento ambiental, no hay claridad aún sobre cuáles hayan sido las medidas que el mandatario instruyó para superar esta situación. Es evidente que al Gobierno Nacional y al Ministerio de Minas y Energía en particular les está costando mucho traducir los discursos ambientales y de lucha contra el cambio climático en acciones y ejecuciones tangibles de política energética.
     
    Y por los lados del petróleo y el gas, hace pocos días la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó los resultados de su esperado informe de reservas al cierre del 2022. Con corte al año pasado, Colombia cuenta con una vida útil de sus reservas probadas de 7,5 años en petróleo y 7,2 años en gas –en este último, la autosuficiencia más baja en los últimos 17 años–. En otras palabras, el país tiene menos de estos recursos energéticos en medio de la postura del presidente Petro en contra de la nueva exploración de hidrocarburos.
     
    El escenario que reflejan los datos de la ANH impulsó al sector energético a hacerle un llamado al Gobierno para que reconsidere la firma de nuevos contratos petroleros. Sin un ambicioso plan de exploración tanto de crudo como de gas natural –que tomará varios años en dar sus frutos–, la autosuficiencia energética de la Nación –tan crucial después de la invasión rusa a Ucrania– se pondrá en riesgo muy pronto.
     
    Más allá de la ideología, lo que está en juego en estas decisiones de política es la seguridad energética de Colombia en el mediano plazo. Es decir, con un panorama de reservas probadas y su vida útil tendiendo a la baja, la transición energética debe ajustarse a una estrategia que, sin abandonar la apuesta a la descarbonización y a una economía con menores emisiones, contemple la continuación de la actividad exploratoria y la producción futura de hidrocarburos en el territorio nacional.
     
    En conclusión, el futuro energético del país se nubla cada día más en medio de señales equivocadas a los inversionistas, inestabilidad jurídica y en las reglas del juego, ataques a la regulación independiente, contradicciones en la promoción de las renovables, retrasos en la ejecución de los proyectos, riesgos ante fenómenos climáticos y deterioro de las perspectivas de autosuficiencia. Es la hora de tomar decisiones para disipar estas amenazas y asegurar un camino de seguridad energética. A fin de cuentas, no hay energía más costosa que la que no se produce.
     
    Por El Tiempo
  • Alza de aranceles golpearía la lucha contra la inflación en el país

    Artículo del Plan Nacional de Desarrollo podría aumentar los impuestos a productos importados. Expertos ven altos riesgos.
    En el ojo del huracán se encuentra la decisión del presidente Gustavo Petro de aumentar los aranceles, con la intención de “contrarrestar” las altas tasas de interés que ha impuesto el Banco de la República para reducir la inflación colombiana, que en abril llegó a 12,82% en su dato anual.
     
    Si bien la política monetaria del país se elevó hasta el 13,25% para frenar los altos precios, la medida en el artículo 210 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ya está tocando las fibras del sector comercial por los riesgos de su ejecución.
     
    El artículo detalla que el “Gobierno nacional promoverá la defensa comercial de la Nación mediante una política de remedios comerciales y aranceles inteligentes”, con el fin de lograr un equilibrio en las condiciones de competencia para la producción nacional, frente a las importaciones.
     
    Expertos del sector, consideran que la decisión, en principio, es inconveniente, puesto que podría provocar presiones inflacionarias adicionales y limitar el desarrollo de Colombia.
     
    De acuerdo con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, en un escenario en el que la inflación es más persistente de lo que se esperaba inicialmente, la política arancelaria va en contravía del bienestar que se busca económicamente. Explicó que esto sería introducir tributos a algunos productos, en específico, alimentarios a los que los consumidores pueda tener acceso a estos, pero a un menor precio.
     
    “En algunos productos, con el actual estado de la tasa de cambio, lo que genera esto es un doble impacto de precios; por un lado en tasa de cambio y por el otro lado en materia arancelaria. Entonces, de esa manera, el resultado al final puede ser una presión adicional para que la inflación no ceda tan rápidamente”, explicó Restrepo.
     
    En la misma línea, aún cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite generar protecciones por razones de seguridad nacional, “el Gobierno está trazando una línea gris que agrega interpretaciones que podrían llevar en el futuro a incumplimiento de acuerdos internacionales”, le manifestó a Portafolio Javier Diaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
     
    Según el directivo, al no estar especificado a qué productos se le aplicaría el arancel o en qué contexto se daría, sí es posible afirmar que uno de los sectores que se vería más afectado es el de los alimentos.
     
    Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a febrero las importaciones del rubro agropecuario, alimentos y bebidas, suman un total de US$11.370 millones.
     
    “Esta política lo que logrará es que los precios se vuelvan a disparar. Por ahora ha sido un anuncio que no tiene sectores específicos y frente a lo que habrá es estar muy atento para definir sectores afectados”, aseguró Diaz.
     
    Por otra parte, Analdex se mantiene en que “no es una buena idea del presidente Petro”, pues se castigaría al consumidor final.
     
    De la misma manera piensa Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, quien le manifestó a Portafolio que toda alza de aranceles la terminan pagando los consumidores, pues no son otra cosa que un impuesto a las importaciones.
     
    “En este momento de inflación alta y de posibilidades de un fuerte verano hacia adelante, más aranceles atizaría aún más el alza de precios”, señaló.
     
    Ahora bien, otro de los factores que afectaría al comercio con los aranceles inteligentes son los aumentos en los productos locales. De acuerdo con Andrés Valencia, exministro de Agricultutra, si este hecho ocurriera, es probable que los actores nacionales aprovecharan la subida arancelaria para aumentar sus precios.
     
    “Si el arancel que sube es el de un insumo para la elaboración de su producto final (trigo para el pan, o maíz para producir carne de pollo o huevo), automáticamente ese mayor costo tendrá que trasladarse al consumidor. Y en segundo lugar, si el mayor arancel se da en un producto terminado, el productor nacional que compite contra el importado subirá sus precios en un porcentaje (no necesariamente igual)”, dijo.
     
    Problemas en la inversión
    Otro de los factores que se verían afectados es la confianza internacional para la inversión. Según el presidente de Analdex, Javier Diaz, si un inversionista sabe que debe pagar por aranceles altos en el país “automáticamente ese inversionista saca sus posibilidades de inversión”. Igualmente, Andrés Valencia, exministro de Agricultura consideró que parte del ejercicio de invertir “es que haya estabilidad jurídica y que rija el imperio de la ley. Se estaría poniendo en riesgo la credibilidad de Colombia”, señaló.
     
    Retaliación, efecto colateral
    Uno de los beneficios de los Tratados de Libre Comercio (TLC) es la reducción y/o eliminación de aranceles a los productos que vienen del exterior.
     
    En la misma sintonía, por la decisión de política del Gobierno de Gustavo Petro, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, señaló que el 70% de las importaciones de Estados Unidos son de productos que no se producen en el país. “Por eso, el llamado que hicimos nosotros desde AmCham de que tenemos que se supremamente hábiles en el proceso de a qué es lo que le vamos a poner más aranceles y qué no. Si los aranceles se aumentan, eso quiere decir mayor presión a la inflación en el país. Tenemos que determinar las variables y los productos”, dijo.
     
    Cabe destacar que según cifras de Amcham, en el caso de que no existiera un TLC con Estados Unidos, el pago arancelario para el café tostado sería del 20%, al igual que el de la tilapia, textiles y fajas, que sería para cada uno de 20%. Además, aguacate de 15%, banano también 15%, entre otros.
     
    De acuerdo con Andrés Valencia, violar un TLC con un país como EE. UU., expondría a Colombia a “retaliaciones comerciales que afectarían nuestras exportaciones a ese país”, indicó.
     
    Por Diana Rodríguez para Portafolio.
  • ANH busca ampliar las fechas de exploración de contratos petroleros

    Con esto esperan reactivar los más de 30 contratos que se encuentran suspendidos.
    La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó a comentarios un proyecto de acuerdo mediante el cual pretende ampliar los plazos contractuales de las fases exploratorias de los contratos petroleros.
     
    Esta publicación se da después de que en entrevista con Portafolio la presidente de la entidad, Clara Liliana Guatame, señalara que están buscando mecanismos para incentivar la exploración en los contratos que ya están firmados.
     
    “Hemos analizado varios puntos, algunos de ellos desde el punto de vista de incentivos a las que continúen su actividad exploratoria. (...) Nuestro interés es que la exploración continúe, potencializar los contratos vigentes y apoyar a las compañías que lleven a cabo su actividad”, afirmó Guatame.
     
    El documento contempla la extensión de los plazos en las fases de exploración, “programa exploratorio posterior o programa de evaluación terminados con declaración de comercialidad, en donde no se haya formalizado la devolución de áreas”, explicó Hernando Castro, gerente de Castro Nieto Abogados.
     
    Este proyecto también contempla la modificación del área en casos de fuerza mayor o de imposición de restricciones ambientales, inconvenientes en procesos de consulta previa, conflictividad social o problemas de seguridad que impidan la ejecución de operaciones.
     
    Con esto esperan reactivar los más de 30 contratos que se encuentran suspendidos.
    Este documento estará para comentarios hasta el próximo 9 de junio.
     
    PORTAFOLIO
  • Anla y gremios acordaron agenda ambiental para proyectos que requieran licencias

    Reunión de gremios economicos con  Anla   Foto:AnlaReunión de gremios economicos con Anla Foto:AnlaEste acuerdo estará vigente hasta 2026 y busca fomentar la articulación entre la autoridad y los sectores.

    La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) junto con los presidentes de los gremios del sector de energía, hidrocarburos, infraestructura, minería, agroquímicos y prueba dinámica firmaron un acuerdo para temas de licenciamiento, permisos y trámites ambientales.

    Esta agenda 2023 - 2026 busca fomentar la articulación entre la autoridad y los sectores con un plan de trabajo “en el que se acuerdan acciones de transferencia de conocimiento, mejora de capacidades técnicas, mesas de trabajo y espacios de discusión que promuevan el acceso a la información pública y la transparencia”.

    La autoridad destacó cinco puntos fundamentales del acuerdo, de los que el primero hace referencia a promover la transferencia de conocimiento y capacitación técnica.

    En un segundo punto resaltan el generar mesas de trabajo y espacios de discusión con cada uno de los gremios y sus agremiados, con el fin de retroalimentar técnicamente y robustecer los instrumentos para evaluación y seguimiento de los proyectos.

    Así mismo, acordaron establecer mecanismos de trabajo y estrategias conjuntas que promuevan el acceso a la información pública y la transparencia, con el fin de garantizar la difusión de los instrumentos propuestos por la Anla.

    En cuarto lugar aparece realizar reuniones periódicas para el seguimiento de trámites ambientales de interés de cada gremio, con el fin de solucionar dudas.

    Por último, los gremios acordaron apoyar la participación de sus agremiados en las estrategias desarrolladas por la Anla y que permitan el cumplimiento de sus obligaciones.

    “Sabemos que esta construcción de país es colectiva, el estado con los particulares, con los gremios, con las empresas y con las comunidades y el suscribir esta agenda marca un hito en el fortalecimiento de esta ruta”, expresó Rodrigo Negrete, director de la entidad.  


    Fuente: Portafolio.co

  • Así funcionaría la empresa pública de minería que propone el gobierno

    Desde finales del año pasado, Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se había referido a la intención de crear una empresa minera como uno de los enfoques de la política minera del gobierno de Gustavo Petro. Pardo enfatizó que esta propuesta de la empresa “no significa que vayamos a estatizar la minería en Colombia, las otras comercializadoras van a continuar funcionando como siempre lo han hecho”.
    Durante la primera Cumbre Mundial de Páramos en noviembre del año pasado en Bucaramanga, Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), mencionó por primera vez una de las posibles ideas centrales de la política minera del gobierno de Gustavo Petro: la creación de una empresa pública de minería, especialmente enfocada en la extracción del oro.
     
    “Solamente compraríamos a precio de oro internacional, el que no haya tenido tratamiento de mercurio ni cianuro. Ahí le pegamos a muchas cosas: a la política de cero mercurio en el país, a mejorar los ingresos de los barequeros y a quitarle la base social a las mafias”, indicó en la Cumbre.
     
    Pardo ahora presentó algunos de los lineamientos más específicos de cómo funcionaría tal empresa. Primero, indicó que la empresa minera “es la espina dorsal de lo que estamos planeando para el sector. La idea es que el Estado empiece a planear el desarrollo de un sector, en este caso el minero, y que sea una empresa que lo lleve a cabo”. 
     
    Sostuvo que la figura de una empresa, similar a Ecopetrol pero en otra área, serviría para llevar a cabo otros grandes objetivos de la ANM, como formalizar a mineros. Es importante, sin embargo, entender cómo funcionaría la empresa. Pardo contó que, en diciembre de 2022, la Agencia, la Sociedad de Activos especiales (SAE) y el Ministerio de Minas y Energía firmaron un memorando de entendimiento para que dos comercializadoras internacionales de oro que son propiedad de la SAE, pues están en proceso de extinción de dominio, pasen a formar parte del funcionamiento de empresa minera.
     
    “La idea es utilizar su infraestructura para comprar oro sin mercurio y sin cianuro”, indicó Pardo. Es decir, la ANM utilizaría la estructura y logística que tienen las comercializadoras para comprarle “oro verde” a mineros ilegales. A cambio, el oro se les compraría a un mejor precio que en la economía ilegal, pues uno de los posibles objetivos sería exportar el oro al mercado Europeo. Según el director de la Agencia, este llegaría a pagar entre 25 y 30 % por encima del valor de bolsa si el oro cuenta con un sello de trazabilidad.
     
    Otras opciones que baraja la ANM es vender el oro al Banco de la República o a la industria joyera nacional. Una de las grandes apuestas, enfatizó Pardo, es que la empresa minera sea un vehículo para asegurar que los recursos nacionales aporten al desarrollo del país. Es decir, que si se hablara, por ejemplo, de cobre o de carbón coque, estos no sirvan únicamente para ser exportados, sino que también se empleen para fortalecer las industrias nacionales.
     
    La empresa minera se apalancaría a partir de los recursos privados que ya tienen las dos comercializadoras de oro que están en proceso de extinción de dominio. “Por eso, no habría una preocupación para conseguir nuevos fondos para financiar una empresa desde el gobierno”, afirmó el director de la ANM. (Le puede interesar: ¿Dónde poner proyectos renovables a gran escala en Colombia?)
     
    Por ahora, esperan presentar la propuesta de creación de la empresa dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se empezará a debatir esta semana. De no pasar, indicó Pardo, se buscaría otro momento u otras iniciativas para adelantar la visión que tiene el gobierno.
     
    Por esta razón, no se sabe cuánto tiempo tardaría la conformación o inicio del funcionamiento de la empresa. Lo que sí confirmó Pardo es que se espera que en dos o tres meses las comercializadoras de oro empiecen a comprarlo en varias partes del país.
     
    Además, como uno de los acuerdos establecidos después del paro minero en el Bajo Cauca, se iniciará un piloto con esos mineros para establecer una de las comercializadoras de oro allá. Pardo enfatizó que esta propuesta de la empresa “no significa que vayamos a estatizar la minería en Colombia, las otras comercializadoras van a continuar funcionando como siempre lo han hecho”. 
     
    Pardo informó también que el gobierno optó por presentar una nueva ley minera, no una reforma al Código Minero, pues este tardaría por lo menos dos años, en el segundo semestre de este año. “Eso significa que, si todo sale bien, tendríamos una ley minera en el primer semestre del año entrante”, explicó.
     
    Esta ley incluiría las reglas de juego para el Estado y compañías, con relación al cumplimiento de las exigencias de los títulos mineros. Explicó que esta únicamente hará referencia a los temas mineros y que los pasivos ambientales, por ejemplo, serán un tema de las autoridades ambientales.
     
    Por El Espectador
     
  • Así se cayó propuesta que permitía generación eléctrica de Ecopetrol

    Una de las principales apuestas del Gobierno es que Ecopetrol pueda ser generador de energía eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, el artículo 218 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue eliminado en las plenarias de Cámara y Senado.
    Precisamente en la noche de este miércoles 3 de mayo, en Cámara se discutió el futuro de este artículo, que ya había sido eliminado en la plenaria del Senado. En medio del debate, Adrián Correa, director de la Upme y ministro encargado de Minas y Energía, exhortó a los congresistas a aprobar este artículo.
     
    Señaló que "sería vergonzoso negarle el artículo a Ecopetrol, empresa que puede ser la punta de lanza y la vanguardia de la transición energética". Afirmó que lo que se quiere hacer es jugar el papel protagónico en la generación con energías renovables no convencionales.
     
    Su afirmación despertó la indignación de los representantes que estaban en el recinto. De hecho Julio Cesar Triana pidió "el debido respeto por el Congreso" . Añadió que no es vergonzoso estar en desacuerdo con los planteamientos que podrían "llevar a una estatalización del servicio eléctrico".
     
    Con la negativa de la Cámara, este artículo ya se cae definitivamente, dado que en el texto del Senado también fue eliminado.
     
    La propuesta original
    "Con el fin de promover la eficiencia en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, incentivar la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura de este servicio e impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías, las empresas que ejerzan actividades del servicio público de energía eléctrica podrán desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica", decía el texto para el segundo debate del PND.
     
    Cabe recordar que después del apagón de 1992 y 1993, se decidió que el sistema eléctrico tendría todos los actores de la cadena trabajando de forma independiente, de forma que un generador no transmitiera y comercializara energía.
     
    Esto fue cambiando, de hecho en el pasado Plan Nacional de Desarrollo se permitió que los generadores pudieran comercializar también, lo que permitió la posterior creación de Air-e y Afinia para reemplazar a Electrocaribe.
     
    Sin embargo la transmisión era la única actividad que permanecía  fuera de esta integración.  Esto teniendo en cuenta que podría generar conflictos de interés.
     
    Por PORTAFOLIO
  • Clara Guatame presidirá la ANH hasta el 16 de junio, la carta de renuncia ya se radicó

    Fuentes cercanas al Ministerio indican que el Gobierno solicitó la renuncia de la funcionaria por un relevo para ocupar otro cargo.
    Esta semana se supo que la presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Clara Guatame, quien lleva seis meses en el cargo, ya no desempeñará más esta función en el Gobierno.
     
    Hoy, La República conoció la carta de renuncia dirigida al Presidente y que fue radicada el 31 de mayo, el documento indica que continuará en el cargo hasta el 16 de junio de este año.
     
    Fuentes cercanas a la cartera afirman que la salida de la funcionaria no se daría por el informe de reservas. Desde el Gobierno le solicitaron la renuncia por un relevo en equipos, es decir, ella sale del cargo para ocupar otro cargo público. Además, indican que la relación con la ministra es "muy buena".
     
    "Quiero agradecerle, señor presidente, y a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la oportunidad que me dieron al confiar en mí para liderar esta entidad trascendental para el proyecto de transición energética justa", indica la carta de renuncia.
     
    Al final del documento, la funcionaria indica que le augura todos los éxitos al Gobierno del cambio. "Cuente con mi compromiso en continuar impulsando esta nueva visión de país desde mis conocimientos técnicos y con pleno compromiso profesional como lo he dicho hasta ahora", concluye.
     
    En el sonajero para el reemplazo de la funcionaria está el asesor de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, Andrés Camacho Morales. El funcionario actualmente es estudiante de Doctorado en Ingeniería, master en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables, ingeniero eléctrico y licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
     
  • Colombia prohibiría nuevos contratos de carbón, según borrador de proyecto de ley

    Un borrador del proyecto de ley busca avanzar en las “metas de descarbonización” del país, según el texto que actualmente está abierto a comentarios en el sitio web del Ministerio de Minas y Energía. El documento aún no ha sido enviado al Congreso.
    Colombia, el principal productor de carbón de Sudamérica, propuso un proyecto de ley minera que prohibiría nuevos contratos de exploración y producción de este combustible.
     
    La ley propuesta también permitiría la expropiación de activos mineros en determinadas circunstancias, tanto de carbón como de otros tipos de minerales.
     
    El proyecto de ley busca avanzar en las “metas de descarbonización” del país, según el texto que actualmente está abierto a comentarios en el sitio web del Ministerio de Minas y Energía. El texto aún no ha sido enviado al Congreso.
     
    El presidente Gustavo Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de terminar con la dependencia del país de los combustibles fósiles. Si bien su administración se ha negado a firmar nuevos contratos de carbón y petróleo, el proyecto de ley propuesto iría más allá al prohibir por ley nuevas licencias de carbón.
     
    En la COP28 celebrada en Dubái, Colombia anunció que se unía a un grupo de naciones que piden el fin de los combustibles fósiles. El petróleo y el carbón son las dos principales exportaciones de Colombia y representan aproximadamente la mitad de sus ingresos por exportaciones.
     
    El texto del proyecto de ley también incluye una propuesta que permitiría al Gobierno expropiar activos mineros en determinadas circunstancias. Los activos tendrían que ser “destinados para la reindustrialización del país, la transición energética justa, el desarrollo agrícola y para la infraestructura pública”, y “generar empleos directos calificados y no calificados en condiciones dignas”, entre otros requisitos.
     
    Por El Espectador.
  • Con un aumento de $400, el galón de gasolina quedaría en $14.364 para noviembre

    Expertos dicen que para cerrar el déficit del Fepc se debe mantener el precio del galón de gasolina por encima del internacional.
    En días pasados, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contradijo al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, en cuanto al precio de la gasolina en el país, al asegurar que sí habrá un incremento para el penúltimo mes del año. Incluso, ayer advirtió que todavía faltan tres alzas en el precio.
     
    “Lo cierto es que todavía faltan tres alzas en gasolina. Y empezará después la discusión del Acpm, que tiene una brecha de $8.000”, dijo el jefe de la cartera en una rueda de prensa.
     
    Anticipando lo que podría pasar con el precio de la gasolina en noviembre, LR consultó con varios expertos, entre ellos Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, quien aseguró que con un alza de $50 se equipararían los precios frente al mercado internacional.
     
    “Si se hiciera un ajuste como en meses anteriores, de $400 por galón, empezaríamos a corregir el déficit anterior que tenemos en el fondo, bajo los precios actuales sería más o menos en $65.000 millones para el mes de noviembre”, dijo el experto y agregó que “es un buen momento para que los precios de la gasolina corriente, hacia adelante, empiecen a flotar con la variación del precio internacional y se libere el mercado. Pero si lo que se quiere es reducir el déficit del Fepc, se tendrá que subir el precio interno de la gasolina por encima del precio internacional y mantenerlo siempre así por lo menos por un par de años”.
     
    Si efectivamente se determina un aumento del orden del que se determinó en septiembre ($400), el precio de la gasolina, en promedio, estaría en $14.364 por galón.
     
    Villavicencio sería la ciudad con el precio más alto para el combustible, pues los usuarios pagarían $14.873 por galón. En Cali, que sigue en el orden, el precio se ubicaría en $14.797, y en Bogotá, $14,773. En contraste, Pasto sería la ciudad con el precio más bajo, pues quedaría en $12.516 el galón de gasolina; en Cúcuta, $12.875, y en Cartagena, $14.403.
     
    En 2022, el Gobierno comenzó a incrementar el precio de la gasolina con el argumento de cerrar el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc. Desde octubre de 2022, el combustible empezó a aumentar cada mes, pasando de $9.180 pesos por galón hasta casi $14.000 en promedio en septiembre de 2023, teniendo en cuenta que en octubre se mantuvo el precio.
     
    Pero no solo la gasolina genera el déficit en el fondo de estabilización, sino también el Acpm. El Gobierno ha dicho que no aumentará el precio del diésel este año, pero este miércoles comenzará la discusión en mesas técnicas con el gremio del transporte por carretera para revisar la fórmula que se utiliza para determinar el precio de este combustible.
     
    Los transportadores en el debate del Acpm
     
    La Cámara Intergremial de Transporte de Carga anunció que hoy empieza el diálogo en las mesas técnicas que incluirán a expertos en representación del sector. “Lo que tratamos de hacer es buscar el bien para el país. Si sube el combustible, suben las tarifas y se genera una inflación que queremos evitar”, aseguró Henry Cárdenas Cruz, presidente de Fedetranscarga.
     
    “No aceptamos ningún tipo de alza, ni en noviembre ni en diciembre ni en enero, hasta tanto no tener el análisis de las mesas técnicas. Solo así podemos decirles a los colombianos por qué debe subir o quedarse quieto el precio de los combustibles”.
     
    Por José Fernando Loaiza para LaRepública.
  • De $600 en $600, este año el galón de gasolina se igualará con el precio internacional

    Aunque la brecha se viene cerrando desde que el Gobierno implementó la medida gradual, el hueco del Fepc sigue creciendo porque los precios del ACPM no se han tocado.
    Este viernes, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que el aumento de la gasolina será de $600 en junio. “Es el mismo valor de incremento que hubo el mes anterior y arranca en cuanto tengamos las firmas de los decretos completas y se oficialice. Estamos por estos días haciendo ese incremento”.
     
    Por este mes, no se harán ajustes en el precio del Acpm. El Ministerio de Minas y Energía indicó que se publicarán las resoluciones conjuntas con el Ministerio de Hacienda, que incluyen los precios exactos por ciudades.
     
    Según explica Andrés Velasco, director técnico en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), al 31 de mayo, la diferencia entre el precio regulado (ingreso al productor) y el precio de referencia de la gasolina era cerca de $4.000 por galón.
     
    “Si el precio regulado sube de $600 por galón por mes de junio en adelante, el diferencial de la gasolina se podría cerrar completamente a finales de 2023”, explica el analista.
     
    Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, “el diferencial, con una tasa de cambio de $4,410 del 2 de junio, y con un precio internacional del petróleo alrededor de US$76 por barril, con un equivalente al precio internacional o costo de oportunidad de la gasolina de US$100 por barril, sería de $2.817 pesos por galón con el aumento de junio.
     
    Los cálculos de Vera también arrojan un cierre del año con los precios cercanos al margen internacional. “ Si se realizan ajustes mensuales de $600 por galón, en cinco meses alcanzaríamos el precio internacional o siete meses si se hicieran ajustes del orden de $400”.
     
    Además, el Carf ha recomendado que se empiece a ajustar también el precio regulado del Acpm, de forma gradual, como se ha aumentado el de la gasolina, teniendo en consideración el impacto sobre los precios de la economía.
     
    Vera coincide e indica que “sigue estando pendiente el problema del diesel, que hoy es el principal problema del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), dado que no solo es 45% de la demanda nacional de combustibles, sino que además su diferencial con el precio internacional es hoy mayor que en la gasolina”.
     
    El analista destaca que, inclusive con este ajuste, aún por gasolina se seguiría subsidiando mensualmente por el orden de los $550.000 millones, para un subsidio total de alrededor de $1,6 billones.
     
    Referente al impacto en la inflación, Velasco explica que se ha estimado que el efecto en el largo plazo de un aumento de 1% en la gasolina sobre la inflación es de 0,06%.
     
    Además, el experto hace énfasis en el efecto en el largo plazo. “Un aumento de $600 por galón significa una variación del precio de la gasolina de 5%. El efecto de largo plazo de un aumento de $600 en la gasolina sobre la inflación total sería 0,3%”, agrega.
     
    Este mes hay ajustes para toda la cadena de la gasolina por alcohol e inflación
    Según indica Vera, el ajuste máximo del ingreso al productor va de $402 por galón, así para el público suba $600. “Este mes sube el margen mayorista por la inflación, es decir, con un ajuste de 12,82% sube $60 por galón, y como tiene IVA de 19%, son $11 pesos más de ajuste en la estructura de precios”, señala. También se espera que el alcohol carburante suba $30 ”y como la mezcla sube de 4% al 7%, eso tiene ajustes en toda la estructura, en el IVA, sobretasa, impuesto al carbono, tarifa de transporte del alcohol, entre otros factores”, agrega.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
     
  • Diésel subirá $8.000 de manera gradual a partir de febrero de 2024

    El ministro de Hacienda aseguró que no se tocarán los impuestos como pidió el gremio de carga.
    En el marco del congreso 48 del gremio de carga, Colfecar, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió a los camioneros que solicitaron revisar la composición de la canasta de costos del ACPM, señalando que los impuestos no se tocarán y que la subida de su precio será a partir del mes de febrero.
     
    “Es muy complicado porque la mayoría de esos impuestos son territoriales, no son nacionales, es decir, son impuestos que entran a los municipios y departamentos”, manifestó Bonilla.
     
    Lo que sí consideran es revisar, junto con los gremios, el destino de los recursos recaudados, por lo cual esperan concertar este cambio. Así mismo buscan una solución al impuesto de industria y comercio (ICA).
     
    Entre los argumentos para mantener los impuestos, Bonilla señaló que es una respuesta responsable fiscalmente, pues el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no da espera y, ahora, con la subida paulatina en el precio de la gasolina, el hueco a fin de este año será 94 % responsabilidad del diésel.
     
    “Es algo que no podemos aplazar, le cuesta demasiado al Estado, pero concertemos”, dijo.
     
    Sobre la propuesta que había lanzado el gremio de revisar la mezcla de biodiésel en el diésel, bajando de 10 % su participación a 5 %, el ministro de Hacienda descartó esta posibilidad, pues señaló que no se pueden permitir las implicaciones medioambientales que esta decisión acarrearía.
     
    “El biodiésel es más caro que el diésel, pero tiene una discusión ambiental. Se podría quitar el biodiésel y dejar solo el diésel y eso nos bajaría los costos, pero y ¿la carga ambiental? Lo que sí podemos ver es si pagamos el biodiésel a precio internacional y no nacional, porque aquí es al revés y el local es más caro”, mencionó.
     
    ¿Cómo será el aumento?
     
    Según lo indicado por Bonilla, la subida en el precio empezará en el mes de febrero, esto a razón de que el Gobierno espera igualar el precio de la gasolina corriente a precio internacional en el mes de enero.
     
    El monto mensual será concertado con los actores de sector hasta igualar el precio internacional, es decir, $8.000 pesos, lo que tomará, en sus cálculos, entre 18 meses y dos años llegar a este precio, pues no será en una sola subida.
     
    De ser en 18 meses el incremento, en promedio subiría $450 al mes el precio del ACPM, de ser 20 meses, el alza sería de $400 y de ser 24 meses de $350 pesos, aproximadamente.
     
    A 2023, el déficit en el FEPC cerraría en $20 billones y al país aún le hace falta pagar $8 billones del año 2022. De los $20 billones, $17 billones corresponderán a diésel y $3 billones a la gasolina.
     
    Con este aumento, el hueco fiscal a 2024 cerrará en $5 billones y para el año 2025 se cerraría la brecha.
     
    Por Pula Galeano para Portafolio.
  • El alza en gasolina se convirtió en el palo en la rueda para seguir bajando la inflación

    Los precios de los alimentos se siguen desacelerando e impulsan el IPC a la baja, que cerró en 12,36% en mayo, según el Dane.
    Como un respiro a los hogares colombianos, la inflación siguió cediendo y en mayo el dato anual fue de 12,36%, por debajo del IPC de abril, que fue de 12,82%, y en línea con lo que esperaba el promedio de los analistas (12,58%) y con las expectativas del Índice del Pollo Asado de LR.
     
    Sin embargo, la gasolina sigue siendo el palo en la rueda para bajar este indicador, con las alzas que ha hecho el Gobierno para acabar con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). En mayo, precisamente, el alza fue de $600, mismo aumento que se estableció para junio, llegando a $12.364 por galón, en promedio.
     
    Los combustibles para vehículos, de hecho, están entre los que presentan crecimientos más amplios y una tendencia alcista que no cede. Este componente totalizó un crecimiento de 28,84% anual.
     
    “La gasolina es uno de los rubros que sigue jalonando la división de transporte. Este subrubro pesa 3% dentro de la inflación (...) Se podría esperar una presión incluso más alta”, dijo David Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza. Agregó que aún no se aumenta el precio del diésel, “que puede generar un impacto de cara a 2024”.
     
    El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que “se cumplen los pronósticos que veníamos señalando. La inflación de alimentos efectivamente ha venido bajando y eso se origina porque hay mejor abastecimiento (...) Tenemos que el precio de la gasolina está subiendo. Pero la reducción en el precio de alimentos compensa el incremento en el precio de la gasolina”.
     
    Aunque el componente de gasto que más sigue jalonando la inflación es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,97 puntos porcentuales de aporte en el año, su variación fue de 15,66% anual, por debajo de la de abril (18,47%). Los alimentos que más bajaron de precio fueron cebolla (-18,‘7%), papa (-8,11%) y condimentos (-6,81%). Mientras que las frutas empezaron a ceder frente al pico, con una variación de 15,91.
     
    “Hay más cosecha, más frutas que están saliendo este mes. También tenemos más oferta de legumbres, cebollas y papa”, dijo Piedad Urdinola, la directora del Dane.
     
    El segundo componente que más aportó a la variación anual fue el de los servicios públicos, con 2,56 puntos porcentuales. Allí, el de mayor peso es el del arriendo, tanto el imputado como el efectivo, según lo explicó Urdinola.
     
    También se evidenció una moderación en los servicios de electricidad, que tuvieron una variación anual de 18,07% en mayo. “Está claro que esa tendencia va hacia la baja. Sigue siendo una variación positiva pero ya vemos ese cambio de tendencia”, dijo la directora del Dane.
     
    Si las cifras se desagregan por ciudades, Cúcuta es la ciudad que registra los niveles más altos de inflación con 14,76% en el dato anual. Le siguen Sincelejo (13,91%), Valledupar (13,31%), Montería (12,93%), Cartagena (12,79%) y Armenia (12,72%).
     
    Las menores variaciones se registraron en Villavicencio (11,27%), Ibagué (11,37%), Pereira (11,74%) y Florencia (11,94%). Mientras que en Bogotá el indicador anual cerró en 12,29%, por debajo del total nacional; y en Medellín el dato fue de 12,56% anual.
     
    Por Carolina Salazar para LaRepública
  • El aumento en el precio de la gasolina provocaría un incremento de 0,6% en inflación

    Los cálculos de Corficolombiana indican que cada aumento de $1.000 por galón eleva la inflación total en 64 puntos básicos.
    Uno de los factores que han provocado que el incremento de la gasolina se haga de forma gradual cada mes es la inflación, indicador que llegó a 13,34% anual en marzo, levemente por encima del dato de febrero, que fue de 13,28%. Y el tema sobre la mesa esta semana es el incremento histórico de $600 para este mes, lo que conlleva analizar la incidencia de esto en el componente inflacionario.
     
    Desde la Fundación Xua Energy se calcula que un aumento de 10% en el precio del ingreso al productor de la gasolina tiene un efecto en inflación de 0,6% aproximadamente, que dado el ajuste de este mes, sería el efecto esperado que dé en materia inflacionaria para el mes de mayo por cuenta del incremento.
     
    Los cálculos de Corficolombiana indican que cada aumento de $1.000 por galón eleva la inflación total en 64 puntos básicos. “Implica que continuar aumentando los precios de la gasolina hasta cerrar la brecha vs el precio paridad de exportación, aportaría más de tres puntos porcentuales a la inflación total”, indicó Julio Romero, economista jefe en Corficolombiana.
     
    David Cubides, director de investigaciones económicas en Alianza Valores, calcula que por cada $100 que sube el precio de la gasolina se puede impactar entre cuatro y cinco puntos básicos a la inflación”.
     
    Sin embargo, el experto resalta que “no hay que ver el efecto completo, porque hay que tener en cuenta esa desagregación que está haciendo el Gobierno”.
     
    Si se amplía la perspectiva, Cubides explica que el rubro de combustibles pesa 3% en la inflación y está dentro del transporte, que pesa 15%, “es un rubro que, si bien no pesa tanto, las alzas han sido generalizadas en los últimos meses y eso, por su puesto, genera que este componente registre una tendencia alcista”.
     
    Y en ese sentido, en Alianza Valores se analiza que aunque el efecto genera presión sobre los precios, hay otros componentes que se vienen moderando y eso contribuye a que el impacto no sea tan fuerte.
     
    “Entre los componentes que vienen moderándose está, por ejemplo, alimentos, restaurantes y hoteles, que eventualmente van a compensar la subida de la gasolina y al final vamos a encontrar una moderación de la inflación”, explica Cubides. Además, el experto pronostica que el año cerrará con una inflación cercana a 9%.
     
    En un recuento de los precios de la gasolina, para septiembre, se mantuvo el establecido en julio ($9.380), pero desde octubre, los incrementos se han implementado de forma gradual.
     
    En octubre, noviembre y diciembre del año pasado, el galón de gasolina subió en promedio $200 por mes. En enero, se registró un alza de $400 y en febrero fue de $250. En marzo y abril, el incremento fue de $400 en promedio.
     
    Romero explica que “si el gobierno aumenta los precios de la gasolina en $600 por galón cada mes, y se mantienen estable el precio paridad de exportación, en un periodo de ocho a nueve meses se habrá cerrado la brecha”.
     
    Juan Felipe Neira, docente de la Universidad Externado y experto en el sector, explicó que “el propósito del Gobierno es que para mediados del segundo semestre de este año ya estuviéramos en una equiparación casi total”.
     
    Julio César Vera, presidente de Xua Energy, indica que “si bien es una decisión adecuada y responsable en materia de política fiscal y económica, obviamente tiene efectos económicos sobre los consumidores directos de este producto”.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
     
  • El impacto de la subida de gasolina en el bolsillo de los colombianos

    La inflación de los hogares se mantendrá elevada, debido a que motos y carros emplean ese combustible, y son usadas para trabajar.
    Con el reciente anuncio del Ministerio de Minas y Energía sobre el aumento de $600 por galón de gasolina desde el 3 de mayo, se generan alertas sobre el incremento en el costo de vida de los colombianos, lo anterior lo advierte Andemos al Gobierno.
     
    Desde octubre del 2022, el Gobierno Nacional puso en marcha la política de disminuir el valor del subsidio a los combustibles en Colombia para poder reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que ha llevado a que según un informe de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y cálculos de Andemos, en un año y medio el precio de la gasolina haya aumentado $4.754 (67,5%), lo que afecta directamente a 17 millones de vehículos a gasolina que ruedan en las calles colombianas (la cifra incluye el parque de motocicletas).
     
    “El aumento en el precio de la gasolina afecta muchas actividades de la economía, en especial a los ciudadanos que deben movilizarse diariamente y al transporte de mercancías y alimentos. Tanto las motos, como los vehículos son parte fundamental del ingreso de las personas, por lo que el aumento de los precios de la gasolina incrementa el costo de vida”, dijo Oliverio García, presidente de Andemos.
     
    El dirigente gremial señaló también que “hay que tener en cuenta que en Colombia el uso del transporte individual es muy frecuente teniendo en cuenta las limitaciones del transporte público”.
     
    Considerando los elevados costos de los combustibles, es necesario impulsar el uso de tecnologías más eficientes en consumos de combustibles fósiles como son los vehículos eléctricos, dedicados a gas o de baja dependencia como los que utilizan biocombustibles y los vehículos híbridos eléctricos de bajo consumo de gasolina.
     
    En el caso de las motos, según cálculos de Andemos, aproximadamente 11,3 millones de personas serán quienes más van a sufrir el incremento de los precios de la gasolina.
     
    En ese sentido, se deben buscar medidas que impulsen la electrificación de este modo de transporte que se ha convertido en el parque más numeroso en nuestras calles. Una de las estrategias para masificar las tecnologías eléctricas e híbridas es lograr una paridad relativa en precios entre vehículos de combustión y eléctricos. Esta paridad se da trabajando en mejorar los estándares de emisión de los vehículos de combustión que hoy están en Euro 2 y a partir de agosto Euro 4.
     
    García comentó que “otra de las estrategias que se deben tener en cuenta para ampliar la participación en el mercado de las tecnologías de cero y bajas emisiones es mantener los incentivos a todas las tecnologías con el objetivo de lograr una transición energética responsable que se ajuste a los ingresos de los colombianos”.
     
    Curiosa salida oficial
     
    El Gobierno ha puesto sobre la mesa como solución a la inflación en las familias por el alza de precios de la gasolina, no subirle el precio del galón de gasolina a las motocicletas, dejando de lado a los cientos de miles de familias que usan el carro como medio de trabajo al igual que los moteros.
     
    Pero el tema de fondo es que el grueso del déficit del Fondo de Combustibles es por diésel (usado en su mayoría por buses y camiones). La falta de una política de combustibles en el país, puede terminar tiran- do por la borda los avances en cerrar la brecha de precios subsidiados.
     
    PORTAFOLIO
  • Esta semana comienza la recta final para el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso

    El domingo se cumple el plazo para que el legislativo apruebe el plan nacional de desarrollo que el Gobierno presentó en febrero.
    Hoy se tiene previsto el segundo debate en el Senado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. Esta semana es definitiva para el proyecto de ley en la medida que el Legislativo tiene, por ley, hasta el domingo para aprobar el articulado.
     
    En este sentido, se espera que tanto ponentes como coordinadores del proyecto junten esfuerzos para que el trámite por el Congreso no tenga que llegar hasta última hora y los debates, en los que se están jugando más de $1.154 billones, tengan el tiempo necesario.
     
    Según la senadora por el Pacto Histórico, Clara López, con la ponencia que llega hoy a debate “se le ha cumplido a toda Colombia y especialmente a esas regiones olvidadas, que han afincado sus esperanzas en el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro”.
     
    López agregó que el PND contiene más de 160 proyectos que incluyen hospitales, vías, tanto departamentales como nacionales, aeropuertos y obras de impacto regional.
     
    Pero, en términos generales, ¿qué le hace falta al PND para convertirse en ley de la República. Según juristas consultados, el proyecto de ley debe ser aprobado en cuatro debates en el Congreso, eventualmente puede requerirse un trámite adicional denominado conciliación, que tiene lugar cuando hay alguna diferencia entre los textos que se aprueben en plenaria de Cámara y en plenaria de Senado.
     
    El proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate de Cámara y Senado, y la ponencia que se discute hoy, se espera que sea aprobada en el segundo debate en ambas plenarias del Congreso.
     
    Para el senador Juan Carlos Garcés, del partido Unidad por la Gente, pese a que queda una semana para la aprobación del PND, el tiempo es suficiente para discutirlo y aprobarlo en algunas de las sesiones plenarias de Senado y de Cámara programadas para esta semana.
     
    “Desde la expedición de la Constitución de 1991, la mayoría de los proyectos de ley de PND se han aprobado la última semana del plazo máximo previsto. Solo el de Andrés Pastrana se tuvo que dar por decreto”, dijo.
    En ese caso, agregó, de no ser aprobado por el Congreso en el término señalado, el Presidente está facultado para expedir el Plan Nacional de Inversiones Públicas (que hace parte del proyecto del PND) a través de la expedición de un decreto con fuerza de ley.
     
    Así mismo, después de que, probablemente, el domingo haya un texto conciliado y aprobado por el Legislativo, se espera que una o dos semanas después el Presidente imparta la sanción presidencial que dejaría en firme la ley.
     
    Los puntos álgidos del proyecto
     
    Uno de los artículos más comentados del proyecto de ley tiene que ver con la supuesta facultad que el PND da para expropiar terrenos con el fin de adelantar la reforma rural. Dicho artículo, para la “venta de predios por motivos de utilidad pública o interés social con indemnización previa para la reforma rural integral”, indica que la ANT puede adquirir predios a título oneroso mediante ciertos procedimientos.
     
    “La Agencia Nacional de Tierras procederá en primer lugar a celebrar una negociación directa para adquirir los predios. Si esta etapa se agota sin acuerdo con el propietario, podrá declarar el predio como de utilidad pública o de interés social para la reforma rural integral”, dice el presunto texto.
     
    Otro de los puntos que seguramente harán parte del debate arduo esta semana, es el de la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital, con la cual, según el Gobierno, se busca aumentar la seguridad en este campo para que no se repitan hechos como la conocidas ‘chuzadas’.
     
    La oposición, en cambio, resalta que este aparato serviría para lo contrario y que con él, el Gobierno podrá espiar e invadir la privacidad de los opositores.
     
    Por Juan Pablo Vargas para LaRepública.
  • Galón de gasolina aún debe subir $600 para igualar precio del mercado internacional

    El diferencial del precio está entre $500 y $600. Se estima que por cada mes que no se incremente el precio, el Gobierno subsidia más de $94.600 millones.
    Ya es un hecho que el precio promedio de la gasolina en octubre quedará en $13.964, el mismo valor que tuvo en septiembre, un precio que, aunque viene subiendo desde hace un año, sigue estando entre los galones más baratos de Latinoamérica.
     
    Desde el punto de vista fiscal, organizaciones como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, y analistas económicos de Corficolombiana han reiterado que el alza de la gasolina es una decisión necesaria, aunque impopular, por cuenta del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, que asciende a $17,8 billones.
     
    Andrés Velasco, director técnico del Carf, indicó que la entidad calcula que el diferencial entre el precio regulado y el precio internacional de referencia es de aproximadamente $600. Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, hace un cálculo cercano a $500 para el diferencial, que subsidia el Gobierno Nacional.
     
    Velasco agregó que “no cerrar ese diferencial implicaría la causación de un déficit por cerca de $330.000 millones en lo que queda de 2023, que tendrá que ser cubierto por recursos de la Nación en 2024, dentro de los techos de gasto que permite la regla fiscal”.
     
    Si se revisa por mes, el analista Vera calcula que con un diferencial de $500 por galón se están subsidiando $94.600 millones al mes, “que el Gobierno tendrá que asumir y compensar a Ecopetrol a través del Fepc, que se suman a los casi $1,8 billones que significarán los subsidios para el diésel en este mes”.
     
    La decisión de no subirle a la gasolina este mes se justificó en la compensación para taxistas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que “el precio de la gasolina y del diésel en octubre se va a quedar estable en razón a que, en el proceso de concertación de una compensación con el gremio de taxistas, hemos encontrado un cuello de botella importante que nos impide seguir adelante, y es que son aproximadamente 300.000 taxistas y solo se han inscrito en la plataforma 40.000, entonces no sabemos a quiénes les va a llegar la compensación ni a donde”.
     
    Y lo único que comentó el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, respecto a la decisión fue que “también estamos respetando el compromiso de compensación de la gasolina para el gremio de taxistas acordado el pasado 25 de agosto”.
     
    Bonilla ha reiterado que los recursos para esa compensación no saldrán del Fepc, sino del Presupuesto General de la Nación. No obstante, fue el argumento base para congelar los precios este mes.
     
    Y es que la decisión llegó en un momento en el que el panorama político está “apretado”, pues las elecciones regionales del país son el próximo 29 de octubre.
     
    Para Vera, se trata de “una decisión que responde más a una decisión de cálculo de política electoral que económica, por lo cual la invitación es a que, como se ha venido haciendo, responsablemente se tomen decisiones económicas y no políticas sobre un tema tan importante y delicado para la política energética del país”.
     
    Los colombianos podrán sentir un alivio al bolsillo, pero actores del escenario político nacional mostraron molestia. Por ejemplo, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, dijo que “el presidente y el ministro de Hacienda son muy vivos: seguirán subiendo el precio de la gasolina pero no lo hacen en octubre para evitar el desgaste en las elecciones locales”.
     
    Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, trinó, a través de su cuenta de X: “el Gobierno debería decir las cosas como son: la suspensión durante octubre de las alzas de la gasolina no es por el problema del pago compensatorio a los taxistas. Se debe a que el Gobierno no quiere hacer alzas en octubre, que es mes de elecciones. Esa es la realidad”.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Gasolina subiría otros $3.000 este año por alto valor del crudo

    Teniendo como objetivo llegar pronto a dejar en ceros el déficit del Fondo de Estabilización del Precios de Combustibles (Fepc), el gobierno anunció que este año el valor de la gasolina corriente debería subir a $16.000.
    Así lo reconoció a los medios el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al asegurar que el precio de la gasolina en el país, podría llegar hasta los $16.000, teniendo en cuenta el incremento del crudo.
     
    “Ya teníamos previsto que había que subir hasta los $15.500 y puede que sí nos toque llegar a los $16.000 que habíamos previsto hace meses. Pero acuérdense que al comienzo del año se esperaba subir a $18.000”, afirmó el ministro.
     
    Este anuncio no cayó nada bien en algunos sectores, sobre todo porque el Gobierno decidió otorgar un subsidio a los taxis.
     
    Cabe mencionar que actualmente el precio del barril está sobre los US$93 el barril y que este ha venido teniendo un incremento en el último mes.
     
    El crudo
     
    Aunque el aumento en el precio del crudo es favorable para Colombia, porque representa ingresos extra para Ecopetrol, el gobierno deberá utilizara otra estrategia para los precios de la gasolina, uno de ellos es aumentar el valor del diésel.
     
    De hecho, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFPM), se proyectaba un barril a US$88, no de US$94 como se estimaba a principio de año. Inclusive, en esa oportunidad recalcó que no se preveía que el crudo retornara a la senda de los US$100.
     
    Sin embargo, los analistas del Bank of America señalaron que “si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) mantiene los actuales recortes de producción hasta fin de año —en el contexto de demanda positiva de Asia— ahora creemos que los precios del Brent podrían superar los US$100 antes de 2024”.
     
    De todas maneras, Bonilla fue claro al manifestar que el bombeo de petróleo en Colombia no volvería a los mejores tiempos: “No volveremos a la meta de un millón de barriles diarios que se propuso el país y que solo consiguió por dos años, estamos produciendo alrededor de los 800.000 barriles diarios y estimamos terminar 2023 con 769.000 barriles diarios”, lo que permite inferir que los mejores precios no se acompañarán de una producción relevante.
     
    En otro frente, está el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), con el que se subsidia una parte del precio a los consumidores y que ya el año pasado dejó un saldo negativo de US$36 billones a la caja estatal.
     
    La subida del petróleo haría que el precio interno de los combustibles tenga que subir más de lo planeado, si lo que se quiere es subsanar las finanzas públicas.
     
    Controversia
     
    Entre tanto, Bonilla dijo que el Gobierno Nacional no plantea tener una tarifa diferencial para los taxistas el año entrante.
     
    Lo anterior, teniendo en cuenta que en el mes de enero del 2024 se tendría un incremento en sus tarifas en cada una de las ciudades del país.
     
    “Las tarifas a los taxis van a tener que aumentar en enero, entonces el subsidio va a estar en enero”, dijo Bonilla.
     
    La semana pasada, el ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró que no se contemplan incrementos en el precio del diésel, como sí lo había argumentado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
     
    De acuerdo con Bonilla, este incremento del diésel se tendría a partir del 2024 e incluso llegará a niveles de los $15.000, con el fin de eliminar el déficit que actualmente tiene el Fepc.
     
    “Hasta el momento la decisión es que no vamos a tener un incremento en el diésel y se ha vuelto a discutir el tema”, dijo Camacho.
     
    En ese mismo sentido, precisó se evaluará al finalizar el 2023, el déficit del Fepc, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para determinar las acciones que se tendrán en el próximo año.
     
    “Esperamos finalizar el año, ver cómo es el comportamiento del mercado del déficit que tenga el fondo para ver el próximo año que se proyecta, pero al momento no hay nada alrededor del tema”, agregó el ministro de Minas.
     
    Por El Nuevo Siglo.
  • Gobierno dijo que en la 'Estrategia 2040' Ecopetrol seguirá en el negocio tradicional

    El presidente de la energética estatal, Ricardo Roa, dijo que la empresa seguirá en hidrocarburos pero sin dejar de lado la transición, dado que la idea es que se vuelva una líder energética en la región.
    El Gobierno Nacional dio nuevas especificaciones en el plan estratégico que define el futuro energético de Ecopetrol. Lo primero que anunciaron es que la estatal petrolera seguirá apostándole al negocio tradicional de los hidrocarburos, pero sin dejar de lado la transición energética del país reveló el presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán. La idea, es que la empresa se vuelva en un líder energético en América Latina según explicaron.
     
    Para esto, Barragan indicó que ya tiene en marcha proyectos de corto, mediano y largo plazo, enmarcados en la llamada Estrategia 2040. La estrategia de Ecopetrol apunta a proyectos relacionados con la descarbonización, con la eficiencia energética y la incorporación de nueva tecnología que permita a 2030 reducir el uso de insumos energéticos. Incluyen el “hidrógeno verde y azul de baja emisión y desarrollo de los recursos potenciales en el Mar Caribe para garantizar la soberanía energética en materia de gas natural.
     
    “La transición energética tiene que comenzar en casa, y Ecopetrol tiene que seguir siendo el principal productor de petróleo, gas y todos los combustibles que utiliza el país. Eso es un proceso muy importante que se llama eficiencia energética”, aseguró en el programa Entérese del Cambio, que se emite hoy por Canal Institucional, las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República esta noche a las 7:30 p.m.
     
    Según explicaron, la meta es que antes de ocho años el negocio tradicional de Ecopetrol no pese más de 60% del Ebitda y los negocios de la transición energética representen 40%.
     
    “Vamos a establecer un plan de inversiones muy importante para los próximos tres años. Los recursos para el negocio tradicional serán 58% y 42% para los negocios de la transición energética donde están todos estos proyectos de energías renovables no tradicionales”, aseguró el presidente del Grupo Ecopetrol.
     
    Así será el diseño del plan
     
    El presidente del Grupo Ecopetrol explicó que son básicamente tres los elementos que han permitido estructurar la hoja de ruta de transición energética. El primero es tener la producción y explotación de gas natural en la costa Caribe como eje central de la transición energética. El segundo es tener el control administrativo de ISA; y el tercero posicionar a Colombia en la producción de energías limpias.
     
    Y es que la empresa ISA, al que Grupo Ecopetrol le adquirió 51,4% de las acciones, será clave en el proyecto de transición energética, dado que es la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, y tiene la meta de convertirse en la principal empresa energética.
     
    “Ese gran vehículo de transmisión de electricidad (ISA) nos va a permitir interconectar toda esa gran cantidad de energía a partir de fuentes renovables no convencionales, de energía solar, eólica, térmica, de biomasa, etc.”, explica Barragán.
     
    "Ya se ven los frutos: al tercer trimestre de 2023, ISA representó 10% de ingresos del Grupo Ecopetrol, 15% del Ebitda y 5% de la utilidad neta", se lee en el comunicado oficial emitido por el Gobierno.
     
    La Agencia Internacional de Energías Renovables dice que Colombia es el segundo país del mundo llamado a ser el más competitivo en materia de producción de hidrógeno verde de bajas emisiones, para consumo propio y con un cupo importante para exportación”, señaló Roa Barragán.
     
    Por ello, el gran reto de Ecopetrol es producir en las dos refinerías –Barrancabermeja y Cartagena– las 130.000 toneladas anuales que consume el país en hidrógeno verde.
     
    “La aspiración que tenemos a 2040 es llegar a producir un millón de toneladas de hidrógeno verde, con eso tendremos la cantidad suficiente para apalancar la necesidad actual, la futura y la posibilidad de exportación”, insistió.
     
    Obviamente, aspira a que esa transición de la compañía se refleje en más ingresos. Eso requiere incentivar una buena demanda de energías limpias, mercado y buenos precios, agregó.
     
    “Tenemos una gran aspiración: que a 2040, en materia de generación de riqueza para el Grupo Ecopetrol, bajo esta línea, se generen recursos entre US$15 y US$25 billones en los próximos años”, aseguró.
     
    Por Alisson Gutiérrez para LaRepública.
  • Gobierno insiste en presentar otra propuesta para bajar el precio de tarifas de energía

    El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, comentó que no hay riesgo de apagón y que concertarán con gremios.
    Esta semana, un gremio del sector presentó una carta al Ministerio de Minas y Energía para dar cuenta de sus preocupaciones, advirtieron problemas de liquidez y de flujo de caja. Sin embargo, Omar Andrés Camacho, jefe de la cartera, rechazó la tesis de que haya crisis financiera en el sector. Y el presidente, Gustavo Petro, insistió en que se deben bajar las tarifas.
     
    Por un lado, en la carta presentada por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, se expone que “en los últimos días de agosto se han venido presentando precios en bolsa altos, los cuales han llegado a los 800$ kWh, el fenómeno de El Niño podría agravar el escenario”.
     
    Ante la preocupación del sector por el evento climático, el ministro Camacho dijo que “estamos trabajando de forma interinstitucional y coordinada para responder al desafío del fenómeno de El Niño. Contamos con planes para sumar más energía con los proyectos de energía solar y otras soluciones”. Esta discusión abre la pregunta sobre lo que podría pasar con los precios de tarifas.
     
    Hasta el momento, el Gobierno busca bajar los precios. “El Ministerio de Energía presentará otra propuesta para modificar parte del régimen tarifario que permita tarifas justas”, dijo Petro.
     
    Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, dijo a LR que “el Gobierno está enfocado en bajar las tarifas de energía. Hemos hecho varios intentos, uno fue mediante un decreto para fijar lineamientos en la regulación de las tarifas, especialmente para la energía que se contrata en bolsa”.
     
    Quiroga agregó que el objetivo sigue siendo el de regular, “de tal manera que se cambie la estructura tarifaria en toda la cadena, particularmente en generación y comercialización”.
     
    Sobre el fenómeno de El Niño, el superintendente señaló que esto puede ser un agravante para las comercializadoras si se suma al efecto que ha dejado la deuda de la opción tarifaria. “Las comercializadoras están en una situación financiera complicada, pues en suma al saldo faltante por opción tarifaria, con El Niño se haría más difícil la compra por contratos, lo que los dejaría más expuestos a los precios de bolsa”.
     
    Y con El Niño, ya se prevé que haya de por sí un aumento en tarifas, pero “nuestro propósito es que esto afecte lo menos posible a usuarios y empresas. Por eso, ante la deuda que tienen los usuarios por motivo de la opción tarifaria, ya se están teniendo conversaciones con entidades como Findeter para dar créditos a comercializadoras”.
     
    Así, afirmó, se garantizará que estas tengan recursos para enfrentar El Niño. Sobre los riegos de escasez que han señalado gremios, Quiroga fue enfático en decir que “no hay riesgo de apagón. Reiteramos que, independientemente de El Niño, el Gobierno está enfocado en bajar tarifas. Por eso, consideramos importante concertar y estamos dispuestos a debatir”. Añadió que están en diálogo con empresas prestadoras para llegar a acuerdos.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • La ciudad en el que el precio de la gasolina ya supera los $ 14.000

    Por cuarto mes consecutivo, a las tarifas de este combustible para el mes del agosto se les aplicó un ajuste de $600.
    Como parte de la estrategia del Gobierno para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), por cuarto mes consecutivo, el precio de la gasolina corriente motor se reajustará 600 pesos.
     
    De esta manera, el valor promedio de venta al público para agosto será de $13.564 por galón.
     
    En cuanto al costo del ACPM a nivel nacional, este no presentará ningún ajuste y se mantendrá en $9.065. 
     
    ¿Cómo quedó el precio por ciudades?
     
    Teniendo en cuenta las 13 principales ciudades del territorio nacional, para el octavo mes del año la zona que quedó con la tarifa más alta de gasolina corriente es Villavicencio, con $14.073.
     
    La capital del Meta se ha posicionado en los últimos meses como el lugar del país con el combustible de este tipo más caro, debido principalmente a la distancia que separa a esta región de las refinerías y a los sobrecostes que genera el traslado de este hidrocarburo. 
     
    A este territorio le siguen Cali, con un valor de $13.997; Bogotá, con $13.973; Manizales, con un precio de $13.957; Pereira, con $13.941; Ibagué, con $13.908; y Medellín, con un costo por galón para agosto de $13.906.
     
    Por su parte, y de acuerdo con el listado de Creg, las poblaciones con precios menores a $13.000 son Pasto ($11.716) y Cúcuta ($12.025). 
     
    En el medio se ubican ciudades como Barranquilla, con el valor de la gasolina en $13.644; Cartagena, con un precio establecido en $13.603; y en Montería, en $ 13.853.
     
    Además, los ciudadanos de Bucaramanga tendrán que cancelar $ 13.734 por galón, los de Pereira $13.941 y los de Ibagué $13.908. 
     
    Por Portafolio.
     
  • La energía será más cara para estratos 4, 5 y 6 según los decretos que han expedido

    También habrá un cargo extra de $5.000 para los usuarios comerciales e industriales. Según el Ministerio, esto recaudaría más de $51.000 millones.
    Se empezaron a conocer los primeros decretos que expidió el Gobierno Nacional para atender la emergencia económica y social en La Guajira, la cual se estableció el pasado 2 de julio.
     
    Uno de los que ya se hizo público es el 1276 del 31 de julio. Con este se quiere dar soluciones energéticas en La Guajira y, para esto, se incluirá en las facturas de energía un valor denominado “Aporte Departamento de La Guajira”, por $1.000 por factura que deberán pagar los usuarios de estratos 4, 5 y 6. Para usuarios comerciales e industriales, el cargo será de $5.000. Con esto, en el documento se asegura que se podrían recaudar más de $51.000 millones.
     
    En el decreto se argumenta que “a partir del estrato 4, los valores promedio a pagar son superiores a $100.000, de manera que se tienen usuarios con una capacidad de pago que permite generar un aporte en el valor a pagar de cada factura que no afecte de manera sustancial su condición de pago”. Y se agrega que de enero a mayo se ha realizado la prestación del servicio a un promedio de 3.216.987 usuarios pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 y de sectores comerciales e industriales.
     
    “El porcentaje de estos usuarios corresponde a 19% del total de usuarios del país, que corresponden a los usuarios que mayor valor a pagar mensualmente tienen, y cuyo poder adquisitivo pudiera aportar para la condición de emergencia”, se lee en el documento.
     
    Con todo esto, el objetivo del Gobierno también es financiar parte de los $1,56 billones que se requieren para lograr la universalización del acceso a la energía eléctrica en la Guajira. Esta medida podría extenderse más allá del término de seis meses, si así lo decidiera el Congreso dentro del año siguiente.
     
    Hay que resaltar el artículo 7 del mismo decreto en el que se da un alivio de suspensión de contratos de suministro de energía media anual a largo plazo para generadores de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable.
     
    Con esto se suspende temporalmente la obligación de suministro de energía de estas fuentes hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025. Según explicó Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, con este artículo se podría impactar el valor de las tarifas para los usuarios, pero impulsa la reactivación de proyectos de energías limpias.
     
    “Se va a tener que buscar otras fuentes para suministrar esta energía, que podría ser más costosa dada la coyuntura actual. Es decir, se va a tener que reemplazar esas fuentes que iban a suministrar esos proyectos. Es posible que se use energía térmica, lo que encarecerá tarifas”.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • La importación de gasolina seguirá entre 20% y 30% de la demanda total para 2032

    El presidente Petro se refirió a la capacidad de las refinerías. El reporte de Ecopetrol indica que La Producción sí bajó en el cuarto trimestre de 2022, pero en el año creció 1,6%.
    Una de las decisiones principales del Gobierno de Gustavo Petro es incrementar de forma gradual los precios de la gasolina con el fin de equiparar el precio internacional y frenar el acelerado incremento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
     
    El fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, el presidente indicó que el déficit está abultado porque “en el segundo semestre de 2022 disminuyó la capacidad de refinación en Colombia y al mismo tiempo subieron los precios internacionales del petróleo y la gasolina”. También se refirió a una importación de gasolina planeada.
     
    Lo cierto es que a inicios de este año, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, advirtió lo mismo respecto a la capacidad en las refinerías. “Se quedó corta debido a que son pocos los que le apuestan a la refinación y al anuncio del Gobierno respecto a no firmar más contratos de exploración”, dijo en entrevista con RCN Radio.
     
    Sin embargo, hay que aclarar que la refinación bajó en el cuarto trimestre de 2022, según el reporte de Ecopetrol, pero si se mira en el año completo, no se produjo ninguna caída sustancial en la refinación interna.
     
    La producción de refinados de la Refinería de Barrancabermeja y Cartagena pasó de 350.993 barriles por día (BPD) en 2021 a 356.779 BPD en 2022, lo que representa un aumento de 1,6%, así lo explicó Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en el sector.
     
    En el tercer trimestre de 2022, la producción fue de 286.000 BPD y en el cuarto trimestre bajó a 228.000 BPD. Sin embargo, para el primer trimestre de este año aumentó y llegó a 303.000 BPD.
     
    Según el reporte anual de la ACP, en 2022 la demanda total de combustibles líquidos creció 14%, hasta alcanzar 345.000 barriles por día (KBD). Mientras que el consumo de gasolina a nivel nacional creció en 12%.
     
    Para cubrir el incremento de la demanda en 2022 se importaron, en promedio, 59,6 BPD de gasolina, 30,3 BPD de diesel, 2,4 BPD de jet y 0,6 BPD de etanol, que representaron 27% del total del consumo de combustibles.
     
    Si se hacen las cuentas en galones, según el Ministerio de Minas, la demanda diaria de gasolina es de 5,7 millones de galones al día, mientras que la producción de Ecopetrol es de 4,2 millones de galones día, esto implica la importación restante (27%). Y la demanda anual de 2022 fue de 2.090 millones de galones.
     
    El mismo reporte de la ACP advirtió que, teniendo en cuenta esta capacidad de producción nacional de combustibles fósiles, más el crecimiento esperado de la demanda, las importaciones requeridas para garantizar el abastecimiento podrían oscilar entre 20% y 30% del total del consumo durante el periodo 2023 - 2032.
     
    Esto quiere decir que la decisión de importación que tome el Gobierno Nacional no necesariamente implicará importar más, y aunque puede crecer en volumen por el incremento de la demanda, si se cumple el pronóstico de la ACP seguirá oscilando en un máximo de 30% sobre la demanda nacional.
     
    “Nunca se planificó la compra de gasolina importada, y esta se hizo a los mayores precios internacionales. En este año debe planificarse la compra de gasolina importada y aprovechar que su precio baja con el petróleo. Así en este año dejará de crecer el déficit cuando se encuentre el precio interno con el internacional”, señaló el presidente Petro.
     
    Según datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane), las importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas en 2021 alcanzaron US$8.736 millones y crecieron 77% contra 2021. Este rubro tuvo una participación de 11,3% del total de las importaciones.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • La Nación espera $6 billones menos por precio del crudo

    El Gobierno actualizó la expectativa de precios del petróleo para el 2023 en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para este el Ministerio de Hacienda espera un promedio de barril de crudo en US$78,6; esto significa una caída en el pronóstico, puesto que en el Plan Financiero presentado por la cartera a finales del año pasado esperaba US$94,2 en promedio. La diferencia es de US$15,6. Esta actualización implica que se esperan ingresos entre $3 y $6 billones menos para este año.
    Si bien el año pasado el barril de crudo vio un precio por encima de US$100, este año inició con valores cercanos a los US$80. De hecho, el promedio entre enero y el 16 de junio es de US$80,4. Los altos precios vistos en 2022 llevarán a que el recaudo por petróleo de este año será de 0,6 puntos porcentuales del PIB; sin embargo, para 2024, el menor precio llevaría a menores ingresos.
     
    Este fue uno de los motivos que llevó a Hacienda a actualizar sus presupuestos macroeconómicos. De acuerdo con Ricardo Bonilla, jefe de la cartera, “no hay expectativa de que este año suba; de hecho podríamos encontrarnos con que baje incluso más”, aunque no precisó cuál es la reducción en ingresos esperados que plantea este nuevo documento.
     
    Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), por cada dólar más o menos en el precio del barril, el impacto en ingresos por impuestos y dividendos es de $200.000 millones. Es decir, Hacienda partiría sobre unos ingresos menores de $3,12 billones en este año.
     
    Ahora bien, Julio César Vera, presidente de Xua Energy, señaló que el impacto por dólar es de $500.000 millones; lo que significa que este año Hacienda podría contar con $6 billones menos de ingresos.
     
    El Marco Fiscal desagrega este motivo como uno de los principales causantes de ajuste a la baja en el balance fiscal. Hacienda contempla que los menores ingresos del sector extractivo sean de 0,8% del PIB, frente a lo estimado en el Plan Financiero. De esta forma, los ingresos petroleros este año tendrían un alza de 0,7 puntos porcentuales del PIB, “en línea con las mayores cuotas del impuesto de renta que pagaría el sector y los resultados financieros del Grupo Ecopetrol observados durante 2022”.
     
    Bonilla señaló que la actualización se dio en vista de que de todas formas ingresos que no se iban a obtener este año por esta vía.
     
    “Esto significa menores ingresos por dividendos, regalías e impuestos. Esto se traduce en un mayor déficit fiscal, por lo que esa senda de reducción en el déficit y la relación deuda / PIB cambia con estas nuevas expectativas”, explicó Ómar Suárez, gerente de Renta Variable de Casa de Bolsa. Este es uno de los efectos que evidencia el documento.
     
    En el Plan Financiero 2023, presentado por Hacienda en diciembre, se suponía que con el estimativo de precios, la Nación tendría un superávit primario. No obstante, en la actualización del Marco Fiscal, se resalta que ya no se logrará esto, “asociado a la materialización de choques macroeconómicos adversos, en particular la caída del precio internacional del petróleo”.
     
    Para este año, el déficit fiscal del país sería de 4,3% de Producto Interno Bruto, un incremento 50 puntos básicos frente al estimativo del Plan Financiero, que preveía 3,8% de desbalance.
     
    Otro efecto en las cuentas del Gobierno es la Inversión Extranjera Directa para este año. Teniendo en cuenta que un mayor precio del commodity jalona mayores recursos hacia el país, cuando hay una caída en su cotización la inversión es menor. De hecho, este año se prevé una caída de 19,7% en estos recursos por la fuerte corrección en precios del petróleo, así como del carbón.
     
    Otro de los efectos, en este caos más positivo para las finanzas de la Nación, es un menor diferencial entre el precio internacional y el local de los combustibles líquidos. Esto conllevaría a que la deuda sea menor, puesto que el subsidio a gasolina y Acpm se daría sobre un precio de barril menor. Vera estima que en estos siete meses los subsidios a los combustibles van a sumar aproximadamente $9,5 billones, a pesar de los incrementos en los precios de la gasolina.
     
    Por Portafolio
  • La Superintendencia formulará los cambios en la regulación de los servicios públicos

    El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico para mejorar el servicio.
    En las marchas en pro de las reformas del pasado miércoles 7 de junio, el Presidente anunció que si hará una reforma al sector de servicios públicos, que se presentará en el segundo semestre del año. El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico.
     
    A este decreto se suma la reforma a las leyes 142 y 143. El superintendente de Servicios, Dagoberto Quiroga dijo que “estamos construyendo el proyecto de reforma a la Ley; estamos consultando con organizaciones, entidades del sector, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, dándole participación a organizaciones de usuarios para que hagan sus aportes”.
     
    El funcionario citó a Petro y resaltó “el presidente ha dicho que, en primer lugar, vamos a tener en cuenta lo esencial, que es la universalidad y el derecho a un mínimo vital”.
     
    Y con esto vienen ajustes normativos “para mejorar algunas normas limitantes, que además la Corte Constitucional ha ordenado mediante acciones de tutela para tener en cuenta a los usuarios. Esto no quiere decir que vayamos a cambiar toda la ley, sino unas propuestas que van encaminadas a beneficiar a los usuarios”.
     
    El proyecto espera estar listo pronto. “Aspiramos a tener listo el proyecto de ley muy pronto. Nosotros venimos hablando con algunos legisladores que tienen algunas propuestas, incluso en el Congreso se están adelantando algunos proyectos aislados, pero queremos unificar en un solo proyecto y estimular las comunidades energéticas”.
     
    Recién se posesionó el Gobierno de Gustavo Petro, se implementó el Pacto por la Justicia Tarifaria, un acuerdo de más de 80 empresas de la cadena de energía para mitigar la tendencia alcista en las tarifas de este servicio. Intención que no frena y que hoy va en una segunda fase.
     
    Referente al nuevo decreto para el sector eléctrico, Quiroga dijo a este Diario que se reunió recientemente con el Presidente y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, así como con la Comisión, “hace 15 días nos reunimos con la Creg, donde se instó en que procediera inmediatamente a las regulaciones que debe expedir para que el decreto se materialice en resoluciones de la Creg. Creo que en unos tres meses puede estar saliendo”.
     
    La intención del Presidente llegó hasta sacar un decreto en el que asumía funciones generales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), decisión que fue cuestionada por los gremios del sector y llegó al punto de que el Consejo de Estado suspendiera la decisión.
     
    El Decreto 0929 le da los lineamientos a la Creg para crear las normas que permitan aumentar la eficiencia económica del sector, es decir, la Comisión será la encargada de expedir esa normatividad bajo los objetivos que dicta el Decreto.
     
    Gremios como la Asociación Nacional de Servicios Públicos (Andesco) y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) ven con optimismo el regreso a la institucionalidad y resaltan que se acogieron las sugerencias de los sectores.
     
    Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que “el Gobierno y el Presidente entendieron que las decisiones deben seguir siendo técnicas y no políticas; se mantiene la Creg como la institucionalidad y lo técnico de donde debe partir toda la reglamentación. Es muy importante este paso”.
     
    En segundo lugar, el directivo del gremio dijo que se debe nombrar en propiedad a los expertos de la Creg, “porque ahora se viene un momento crítico donde necesitamos un ente independiente y técnico para agilizar los procesos. Aquí no se tomaron decisiones de precios ni facturaciones, eso es importante”.
     
    Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, resaltó que “el decreto que salió recoge mucho de lo que la industria comentó, lo enmarca en una discusión institucional, a través de la Creg y, adicionalmente, se va a dar esa construcción de regulación”.
     
    El ejecutivo también señaló que resultó siendo un decreto de lineamientos de política hacia la Comisión para priorizar algunos temas que el sector requería.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • Las razones por las que la gasolina en Colombia no para de subir

    Al 2 de mayo de 2023, el galón de corriente ya valía 11.767 pesos, 28 % más respecto a siete meses antes. Es el mayor aumento en los últimos 4 años.
    Acostumbrados a pagar una de las gasolinas más baratas de América, los colombianos enfrentan un inédito aumento de precios desde que el Gobierno decidió reducir subsidios que aumentaban su déficit e iban en contra de sus promesas ambientales.
     
    En octubre de 2022, dos meses después de asumir el poder, el presidente Gustavo Petro comenzó a ajustar los precios de la gasolina. Al 2 de mayo, ya valía 11.767 pesos por galón (2,5 dólares), 28 % más respecto a siete meses antes. Es el mayor aumento en los últimos cuatro años.
     
    Y hay zonas del país donde el precio por galón ya superó los 12.000 pesos.
     
    El alza responde a la urgencia de Petro de reducir el gasto fiscal generado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), un programa estatal que subsidia su costo desde 2007 para evitar un impacto en los consumidores.
     
    Petro apuesta por eliminar esa carga para el Estado y usar los recursos liberados en mejorar la inversión social, cuando el hueco en el Fepc llega a los 36 billones de pesos (7.826 millones de dólares).
     
    Además, el presidente considera que subsidiar los combustibles va en contravía de sus políticas ambientales para enfrentar la crisis climática, como suspender las actividades de exploración de petróleo y gas.
     
    Las medidas golpean el bolsillo de los colombianos, quienes en marzo enfrentaron la mayor inflación en lo que va del siglo (13,34 % interanual) y su descontento permeó las redes sociales, identificó la unidad de verificación digital de la agencia AFP.
     
    El contexto internacional avisa de los posibles efectos de subir los precios o controlar la distribución de combustible. En Ecuador las protestas acorralaron al Gobierno hasta forzarlo a bajar tarifas en junio de 2022 y en Bolivia, centenares de agricultores se manifestaron contra las restricciones impuestas por el Gobierno a la venta de diésel importado en las gasolineras.
     
    Déficit continuo
     
    El Fepc cubre la diferencia entre los precios del petróleo en el mercado internacional y el valor interno fijado por el Gobierno, bajo un modelo que perpetúa el déficit en las arcas del Estado.
     
    Colombia, que produce el 80 % de la gasolina que consume a través de Ecopetrol, reconoce a esta empresa el valor internacional del combustible.
     
    Pagarle a la petrolera un precio inferior al del mercado impactaría también en los ingresos fiscales del país, pues "sería otra forma de subsidio", dijo a la AFP el experto Sergio Cabrales.
     
    La situación se agravó en 2022, cuando los precios internacionales del crudo subieron a la par de su demanda tras la caída causada por la pandemia y la contracción de la oferta vinculada al conflicto en Ucrania.
     
    Pero la administración de Iván Duque (2018-2022) mantuvo el subsidio, presionado por masivas protestas.
     
    "Eventos como la pandemia o el estallido social de 2021 hicieron que el gobierno anterior prefiriera no subir el precio de la gasolina. Su capital político era inexistente", explicó Hernando Zuleta, experto de la Universidad de los Andes.
     
    Deuda de Duque
    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, asegura que el gobierno anterior dejó un saldo negativo en el Fepc de 15,9 billones de pesos (unos 3.550 millones de dólares), acumulado desde abril de 2022.
     
    Pero las alzas del combustible decretadas por Petro no solo están encaminadas a cubrir la diferencia que dejó su antecesor, sino a reducir la brecha colombiana con el precio internacional.
     
    "Aún sigue causándose un déficit, incluso con las alzas", explicó el especialista Julio César Vera.
     
    Así lo reconoce el Gobierno, que estimó que en 2023 gastará 26,3 billones de pesos (5.825 millones de dólares) para cubrir el adeudo, lo que prolonga la situación.
     
    El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, coincide en que el galón de gasolina debe llegar a los 16.000 pesos (3,2 dólares) para alcanzar la paridad internacional.
     
    Hasta ahora, la medida no ha tocado los precios del diésel, usado para el transporte de materias primas y de pasajeros, tratando de evitar un impacto mayor sobre la inflación.
     
    AFP
  • Los impuestos del precio del galón de gasolina corriente son al menos 20% del total

    Gremios han propuesto revisar la fórmula del precio y analistas sugieren revisar los impuestos, pero esto tendría una implicación fiscal.
    El precio de la gasolina ha sido uno de los temas de conversación en la agenda pública desde el año pasado, pues a partir de octubre el Gobierno Nacional empezó a incrementar los precios de este combustible.
     
    Ayer, algunos sectores del transporte convocaron marchas en contra de las alzas graduales implementadas, aunque el sector de taxistas no se movilizó porque llegaron a un acuerdo de revisar una tarifa diferencial para estos conductores y lo más probable es que el alza de septiembre no aplique para ellos.
     
    Gremios han pedido hacer una revisión a la fórmula del precio por galón. Según explica Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en el sector, los tres principales componentes del precio de venta de un galón de gasolina corriente son: el ingreso al productor, los impuestos y la logística de distribución.
     
    "El ingreso al productor corresponde a 66% del precio final y es el monto que recibe Ecopetrol por la gasolina. Sin embargo, dado que este monto es inferior al precio que podría obtener si la vendiera en Estados Unidos, el Fondo de Estabilización de Combustibles cubre esa diferencia. Algo que no está en discusión son todos los impuestos, que suman $2,619 por galón, correspondientes a 20% del precio final”, explica el analista.
     
    José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas en Corficolombiana, señala que los impuestos más relevantes del precio de la gasolina son el IVA, el impuesto nacional, la sobretasa y el impuesto al carbono, que sumados dan alrededor de $2.618.
     
    Cabrales sugiere que “si le pagamos el precio internacional a Ecopetrol y quitamos los impuestos a la gasolina tendríamos un precio de $13.178 y no necesitaríamos subir más el precio de la gasolina”.
     
    Sin embargo, Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, resalta que “desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas, en la medida que el recaudo por venta de combustibles sea menor, se deberá evaluar cómo se sustituyen estos ingresos o cuales gastos se deberán recortar para que el equilibrio entre ingresos y gastos no se altere. La realidad es que mientras exista un subsidio a los combustibles, de alguna forma u otra la sociedad lo va a terminar pagando”.
     
    “Hay que reconocer que hay un componente impositivo importante en la estructura. Cualquier movimiento en impuestos va a afectar las cuentas fiscales”, indica López, y agregó que el Gobierno ha hecho una labor responsable al cerrar la brecha de precios.
     
    De hecho, según el documento técnico ‘Análisis sobre el Fepc que cita cifras de Fondo Monetario Internacional, 47% de los recursos destinados a la política de estabilización de precios de la gasolina y el Acpm beneficia a 20% de los hogares con mayores ingresos, mientras que 20% de hogares con menor ingreso recibe solamente 7% del total.
     
    Este argumento ha sido reiterado por el presidente, Gustavo Petro, en varias ocasiones, sumado al déficit del Fepc, que en 2022 llegó a $36,7 billones, pero que se estima que cierre el año alrededor de $17 billones por cuenta de los incrementos graduales desde octubre de 2022.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Los principales cambios que vienen con el nuevo decreto de los servicios de energía

    El Ministerio de Minas dio los principales lineamientos para que la Creg desarrolle las reglas, la finalidad es mejorar la eficiencia.
    Después del anuncio del presidente, Gustavo Petro, de una nueva reforma al sector de servicios públicos, que se presentará en el segundo semestre del año, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico.
     
    En específico, este Decreto da lineamientos generales que deben ser tenidos en cuenta por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para tomar decisiones para valorar apropiadamente los recursos hídricos y térmicos; promover un aumento de la cantidad de energía que se adquiere mediante contratos para disminuir la exposición de los comercializadores a las variaciones de los precios de bolsa; incorporar procedimientos técnicos para detectar abusos de posición dominante en el mercado; e incentivar a usuarios y agregadores de demanda del mercado mayorista de energía para que participen de manera activa ofertando servicios de respuesta a la demanda
     
     
    Hemberth Suárez, socio fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, destaca cinco factores de cambio en este decreto.
    1. Los autogeneradores a pequeña escala a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) están exentos del cobro de energía reactiva.
    2. Se regulará para valorar los recursos de generación de corto plazo.
    3. Van a flexibilizar los costos de las garantías por cada transacción.
    Se va a ejercer un control sobre la incidencia de ofertas de un mismo agente, que por restricciones se despache un determinado recurso de generación y el comportamiento histórico de una unidad en la atención de la demanda.
     
    Creación de mecanismos de participación para que, los usuarios y los agregadores de demanda, puedan ofertar reducciones, desconexiones de demanda, con lo cual se fortalece la esquena de la Demanda Desconectable Voluntaria.
     
    “Avanzamos en la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, con el objetivo de orientar la regulación y promover una efectiva competencia en los segmentos de mercado donde esto es posible. Estos lineamientos nos permitirán aumentar la eficiencia para el sistema eléctrico, de manera tal, que conlleve a precios justos para los usuarios”, dijo Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
     
    El decreto indica que en el proceso de esta segunda fase se recibieron 117 propuestas y comentarios; 66 de estas se refieren a las necesidades en cambios normativos relacionados con el funcionamiento del sector eléctrico en el país.
     
    Según datos del Ministerio, en Colombia actualmente la generación de energía proviene en 66 % de recursos hídricos, en 31 % de recursos térmicos (gas, carbón, fueloil) y en 3 % de otras fuentes de energía renovables.
     
    En ese sentido, uno de los enfoques del decreto es "valorar apropiadamente los recursos hídricos y térmicos", esto se refiera a que el uso de estos recursos considere la escasez y la abundancia de forma simétrica con los pagos que hacen los usuarios en la factura.
     
    También se busca incorporar procesos técnicos que permitan detectar abusos de posición dominante en el mercado en el que participan los generadoras y comercializadores.
     
    Y otro de los puntos centrales es incentivar a usuarios y agregadores de la demanda del mercado mayorista de energía para participar en la oferta de servicios, esto, con la finalidad de reducir el estrés en la red en las horas de alto consumo y por consiguiente, reducir la tarifa.
     
    El Ministerio resaltó que este decreto "no interviene en el marco tarifario vigente". Otro factor radica en habilitar beneficios para los usuarios que cuenten con infraestructura de medición avanzada, así como la generación mediante fuentes no convencionales de energía renovables en áreas especiales de prestación de servicio, pues esto contribuye a la disminución de las pérdidas.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Minenergía cambia reglamento de la Creg para lograr quórum

    Ahora, la participación del ministro de Minas y Energía y cuatro expertos comisionados lograrán el número requerido para sesionar y tomar decisiones.
    El Ministerio de Minas y Energía publicó el decreto 1573 de 2023, mediante el cual modificó el reglamento interno de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En este decreto firmado por le nuevo ministro, Andrés Camacho, se determina que el quórum ahora será de cinco, bajando desde los seis que eran necesarios previamente.
     
    Vale la pena recordar que este quórum se logrará con la presencia de al menos el ministro de Minas y Energía y cuatro expertos comisionados, base con la cual se podrán tomar decisiones. 
     
    "Las decisiones de la Comisión se tomarán con el voto favorable de por lo menos cinco (5) de sus integrantes. En todo caso, se requiere el voto favorable de alguno de los siguientes miembros: el Ministro de Minas y Energía, o su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado, o el director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado", plantea el nuevo reglamento de la Comisión.
     
    Este mismo número de integrantes es el requerido para tomar decisiones de carácter regulatorio. Previamente, el número requerido para tomar decisiones era de siete, con lo que se redujo en dos miembros. No obstante, el número mínimo de comisionados para sesionar sigue siendo de cuatro, al igual que anteriormente, cuando era necesaria la presencia del Minhacienda y el DNP.
     
    Cabe recordar que algunos de los temas sobre los que toma decisiones esta Comisión son los relacionados a la reglamentación de los componentes de las tarifas de servicios públicos como el gas y la electricidad. Así mismo, tiene competencia sobre algunos aspectos de la retribución por combustibles líquidos.
     
    Ahora bien, la Creg sesiona con presencia voz y voto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y el Departamento Nacional de Planeación. Esto significa que la presencia de estos tres podría inclinar fuertemente las decisiones que se tomen dentro de esta entidad.
     
    Esta modificación se da al tiempo que la entidad atraviesa dificultades para completar el número de expertos comisionados. En días pasados, el director y único experto nombrado en propiedad, José Fernando Prada, renunció a su cargo y a  la Comisión. Esto dejaría a la Comisión con tres comisionados nombrados de forma temporal y cuyos nombramientos están a punto de caducar.
     
    Hasta el momento, el ministro Camacho apuntó en una entrevista con El País que están en la búsqueda de los perfiles que se ajusten a los requerimientos para ser experto comisionado y una vez se tengan se nombrarían en propiedad.
     
    Por Portafolio.
  • MinHacienda y MinEnergía lanzaron borrador para focalizar subsidio a combustibles

    Se espera que con esta medida se genere un menor gasto para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
    Las carteras de Hacienda y Minas y Energía, encabezadas por Ricardo Bonilla e Irene Vélez respectivamente, lanzaron un borrador de un decreto para comentarios en el cual se adiciona el Decreto 1068 de 2015 en relación con el mecanismo diferencial de estabilización de precios de la gasolina corriente motor (GMC) y el aceite combustible para motores (Acpm).
     
    El borrador propone determinar el mecanismo diferencial para los grandes consumidores en donde el ingreso al productor fósil de la gasolina motor corriente y el Acpm o diésel para los mencionados agentes deberá ser como mínimo el precio de paridad internacional y este no aplicaría a empresas generadoras de energía ubicadas en Zonas No Interconectadas (ZNI).
     
    Con esta medida, los ministerios estiman que la aplicación del mecanismo diferencial de estabilización de grandes consumidores generará un menor gasto para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y, por tanto, una menor incidencia negativa en las finanzas públicas de la Nación.
     
    El borrador expone que los recursos públicos destinados a garantizar menores precios de combustibles son altamente regresivos porque benefician principalmente a las personas con mayores ingresos.
     
    "Los recursos destinados a financiar precios locales de combustibles líquidos fósiles menores a los internacionales para estos grandes consumidores podrían ser asignados a inversión o gasto público social con mayores rendimientos sociales para promover el desarrollo sostenible".
     
    Y se propone hacer una focalización a esos beneficios para incentivar así la transición energética al proyectar un impacto en las decisiones de consumo e inversión de los agentes del mercado de combustibles.
     
    El déficit del Fepc
     
    Según el documento publicado, el Fepc hasta el 2019 acumuló un déficit por $14,2 billones, que ascendía a $17,0 billones incluyendo los intereses causados a favor de la Nación. Esto porque el Fepc no contaba con fuentes corrientes que le permitieran honrar sus obligaciones con los productores y, por tanto, el Gobierno nacional sirvió de acreedor con el Fepc por medio de créditos extraordinarios del Tesoro
    nacional, y emisión de TES de este último y pagos a nombre del Fepc a terceros.
     
    En 2020, "se observó una pequeña posición neta superavitaria del Fondo principalmente asociada al relativo bajo precio internacional del petróleo durante la pandemia".
     
    Sin embargo, en 2021 y 2022, el resultado del diferencial de compensación de los precios de los combustibles líquidos, es decir, el precio local y el de referencia internacional y otros factores, el Fepc acumuló un déficit histórico por $11,4 billones (1% del PIB) y $36,7 billones (1,5% del PIB).
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • MinMinas dijo que se debe generar confianza para llevar a cabo la transición energética

    Omar Andrés Camacho, deberá enfrentar el reto de seguir la línea de descarbonización de la economía que plantea el Gobierno.
    Colombia necesita reconstruir la confianza entre las comunidades, las empresas y el Gobierno para ejecutar con éxito la transición energética, dijo el jueves el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
     
    Camacho, un ingeniero eléctrico que anteriormente trabajó en el ministerio como asesor, fue nombrado oficialmente por el presidente izquierdista Gustavo Petro a principios de este mes.
     
    Camacho enfrenta al reto de hacer realidad el objetivo de Petro de alejar a Colombia de su dependencia del petróleo y el carbón, una importante fuente de ingresos, en medio de diferencias entre la administración y las empresas energéticas y mineras.
     
    Superar estos problemas requerirá un reajuste de las relaciones entre todas las partes interesadas, afirmó.
     
    "El cambio de modelo energético pasa por reestablecer la confianza", declaró el funcionario a periodistas.
     
    "La gente no permite que salgan proyectos, porque ven que esos proyectos le generan nada. Las empresas no confían en el Estado, porque el Estado no les ayuda resolver esas cosas. El Estado no confía en las empresas porque algunos no han cumplido. La gente no confía en el Gobierno", aseguró.
     
    Reuters informó esta semana que la resistencia de grupos indígenas en el desértico departamento de La Guajira tiene paralizados el desarrollo de más de 50 posibles proyectos eólicos y solares.
     
    Preguntado sobre posibles nuevas rondas de licitación de bloques de petróleo y gas, Camacho dijo que la adjudicación de nuevos bloques no era garantía de éxito.
     
    Inicialmente, el ministro fue propuesto para sustituir a Clara Guatame en la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Aunque Guatame renunció en junio, sigue en el cargo.
     
    El Ministerio de Minas y Energía está examinando la situación en la ANH, dijo Camacho, quien admitió que quiere tener rápidamente estabilidad en todo su equipo.
     
    Por LaRepública.
  • MinMinas, Andrés Camacho, responde a los exministros que alertan crisis energética

    El fin de semana, 14 exministros de Hacienda y de Minas y Energía enviaron una carta al presidente donde solicitaban respuestas.
    El Ministro de Minas y Energía del Gobierno, Andrés Camacho, será citado ante la plenaria de la Cámara de Representantes para brindar respuestas, acerca del actual estado del sector energético del país.
     
    Este llamado surge como respuesta a las preocupaciones de la oposición, quienes, ante la amenaza de un potencial apagón derivado del Fenómeno de El Niño y la crítica situación financiera que atraviesa el ámbito energético, consideran necesario obtener claridad sobre la seguridad energética y las posibilidades reales de un colapso.
     
    En el fin de semana, 14 exministros de Hacienda y de Minas y Energía enviaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en el que le solicitaban atender estas advertencias. Los exfuncionarios le pidieron al Gobierno que tome las medidas necesarias a tiempo ante los problemas financieros que atraviesan 17 empresas comercializadoras de energía.
     
    La carta fue firmada por los exministros Amylcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Renjifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia.
     
    Los representantes Juan Espinal y Hernán Cadavid del Centro Democrático serán los encargados de presentar la proposición, subrayando una serie de desafíos latentes en el sector. Entre estos, destacan los notorios retrasos en proyectos adjudicados en subastas de energías renovables y la marcada afectación en la expansión de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica.
    El propósito fundamental de esta convocatoria es propiciar un espacio de diálogo y respuestas, donde el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, asuma un papel protagónico.
     
    El representante Hernán Cadavid alerta sobre la inminencia de una amenaza latente, "el país se encamina hacia un apagón y si el Gobierno no toma medidas, se materializará en una catástrofe de envergadura para las familias colombianas, la economía y la prestación de los servicios públicos.
     
    Es por ello que hemos determinado llevar a cabo este debate de control político hacia el Gobierno nacional, con el Ministro de Minas y Energía como figura central. Convocaremos un debate marcado por la seriedad y el rigor técnico, con el objetivo de obtener respuestas ante la inminente amenaza de un apagón que podría tener consecuencias catastróficas para el país", enfatiza.
     
    El cuestionario que será presentado este lunes, abarcará puntos cruciales, tales como la realidad del sector eléctrico nacional, la garantía de la seguridad energética y las contingencias asociadas a un posible apagón. El representante Juan Espinal resalta la urgencia de esta iniciativa al manifestar.
     
    "El lunes radicaré un debate de control político ante la plenaria de la Cámara de Representantes, donde citaré al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Es imperativo comprender la actualidad del sector eléctrico del país, especialmente en lo que respecta a la seguridad energética y las potenciales implicaciones de un apagón".
     
    Por Nicolle Altamar para LaRepública.
  • Petróleo: expertos piden más exploración y nuevos contratos

    Cuatro especialistas de la industria pidieron cautela con el resultado del informe que puede “ser optimista” por la situación de altos precios.
    La semana pasada la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó el informe de recursos y reservas de 2022. Este evidencia una caída de 10% en las reservas de gas y una ligera alza de 1% en las de petróleo.
     
    Sin embargo, expertos consideran que este resultado “positivo” en petróleo es creado por el alto precio del crudo, por lo que es posible que al haber una baja en la cotización del commodity puede significar que menos de estos recursos puedan ser puestos en superficie.
     
    Por este motivo analizan que se debe incrementar la exploración, las señales para la inversión y de igual forma otorgar nuevos contratos para la exploración y producción de los hidrocarburos.
     
    Los efectos de no hacerlo serían la pérdida de la autosuficiencia y por ende un incremento en los costos de combustibles y energía.
     
    Por el momento, el Gobierno no ha señalado un cambio de política con respecto a contratos.
     
    1 “No reponemos lo que estamos consumiendo” 
     
    Francisco José Lloreda, presidente ACP
     
    Los resultados del informe de reservas y recursos muestran una ligera alza en reservas de crudo, cuyo incremento fue de 1%. Sin embargo, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), apuntó que el principal motivo de esto fue el promedio de precios visto el año pasado. Esto, según Lloreda, viabilizó la técnica de recurso mejorado, con un incremento de 2 puntos porcentuales hasta alcanzar 23%. Así mismo otros pozos con un promedio de extracción más alto por barril también fueron contados en el informe.
     
    De esta forma, el volumen de las probadas pasó de 2.039 millones de barriles a 2.074 (es decir, 35 millones de barriles adicionales).
     
    Al tener este año un promedio de precio en caída, tanto el recobro mejorado como algunos pozos pierden viabilidad financiera y no serán extraídos. “Es únicamente un factor de precio lo que explica este resultado. Pero no estamos reponiendo con hallazgos para incorporar barriles al mismo ritmo que estamos incrementando el consumo”, afirmó el líder gremial.
     
    2 “Impactaría el costo del gas para generar” 
     
    Alejandro Castañeda, presidente Andeg
     
    “Esta foto del informe muestra que nos estamos gastando nuestros ahorros en gas y no los estamos reponiendo en la misma magnitud”, apuntó Alejandro Casteñeda, presidente de Andeg, que representa los generadores térmicos. Según señaló, los resultados de este informe muestra una caída importante, de 11%, en el volumen de gas natural. Esto da señales de que de no haber nuevos hallazgos relevantes que puedan incorporarse a las reservas el país se vería abocado a importar gas.
     
    Si bien aclara que actualmente se importa una parte del consumo por medio de la planta de regasificación de El Cayao, esta lo hace para algunas plantas en específico y es un soporte adicional del sistema.
     
    “Las centrales térmicas a gas consumen entre 20% y 25% del gas producido nacionalmente, por lo que la disponibilidad es muy importante”, destacó.
     
    Ahora bien, otro de los puntos importantes es que el energético local tiene un costo menor que el importado. “Esto impactaría los costos de generación de energía eléctrica”, señaló.
     
    3 “Al año debemos tener 200 pozos exploratorios”
     
    Flover Rodríguez, presidente Acggp
     
    Posteriormente a la publicación del informe, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que el énfasis del Gobierno será viabilizar los recursos contingentes de la provincia gasífera offshore.
     
    Para lograr ello, Flover Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp), consideró que se requiere un nivel de exploración considerablemente mayor al actual. Esto permite aumentar el nivel de certeza con respecto a los yacimientos y podrían convertirse en reservas. “Al año se requieren 200 pozos exploratorios perforados para que estos recursos estimados pasen a reservas, Solo explorando más podemos tener mayor certeza de lo que tenemos”, aseveró.
     
    Esto significa multiplicar casi por cuatro el número de pozos que se perforan al año. Con lo que se aumentaría también el volumen de incorporaciones de barriles por nuevos hallazgos, que fue muy bajo en 2022.
     
    Ahora bien, esto requiere una serie de señales de política pública y de apoyo a las inversiones que se requieren, como mayor diálogo con comunidades.
     
    4 “La conclusión es que hay que firmar contratos”
     
    Amylkar Acosta, exministro de Minas
     
    “Lo que me preocupa de este informe no es lo que se hace sino lo que no se está haciendo”, aseveró Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía. De acuerdo con el experto en el sector, este informe revela que “el vaso se está vaciando” y eso significa que se deberían tomar acciones con respecto a una nueva ronda para otorgar contratos para multiplicar la actividad exploratoria y sumar nuevos hallazgos.
     
    Recordó que los ministros de Hacienda, Comercio y Minas y Energía habían señalado que una vez se conocieran los resultados del informe de la ANH se tomarían decisiones en esta materia. Acosta apuntó que el informe deja clara la necesidad de dar señales de mayor inversión y exploración en el sector para evitar la pérdida de autosuficiencia. “La conclusión obvia es que se deben firmar nuevos contratos de exploración y producción de petróelo y gas”, remató. Si bien consideró que es importante optimizar los recursos contingentes y prospectivos, así como apuntar aquellos que están suspendidos; no obstante, esto no es suficiente con esto.
     
    Por Portafolio
  • Petróleo: taladros activos han caído 7,4 % en un año, según Campetrol

    De acuerdo con un informe, la finalización de contratos petroleros en Meta, Santander, Casanare y Putumayo está impactando esta actividad.
    Campetrol, gremio de bienes y servicios petroleros, reportó que la actividad de taladros en el país ha venido en continuo descenso y en abril esta tendencia se mantuvo. De acuerdo con su reporte, para este mes hubo 126 taladros activos en el territorio. Comparado con el mismo periodo del año anterior, la variación negativa fue de 7,4%, según la Cámara, pues frente a ese mes la caída es de 10 máquinas.
     
    Desde enero, como se evidencia en el gráfico, la actividad de los taladros de 'drilling' y 'workover' han venido en un descenso continuado, que inició en noviembre del año pasado cuando se tuvo el último mejor registro, con 155 equipos activos.
     
    Esto representó una caída de 19% frente al informe de noviembre de 2022 que tenía 155 equipos activos. No solo se ha reducido el número de equipos, sino que además esperan que otros siete dejen de perforar en julio, con lo que ese mes estarían operativos al menos unos 119.
     
    De las 126 máquinas operativas en abril, 40 de ellas corresponden a perforación (drilling) y 86 a reacondicionamiento (workover). “La razón de esta disminución se puede asociar directamente con la finalización de proyectos y contratos en los departamentos de Meta, Santander, Casanare y Putumayo”, asegura.
     
    Cabe recordar que en semanas pasadas, algunas compañías petroleras han anunciado que están terminando contratos y saliendo de estos. Tal es el caso de Geopark, Emerald Energy, Frontera y ExxonMobil.
     
    Al desglosar los datos presentados por la agremiación se evidencia que en el caso de los equipos de drilling, hubo una disminución de 16,7% frente al dato del mes directamente anterior, cuando hubo ocho taladros operativos. Así mismo frente al mismo mes del año anterior la contracción fue de 4,8%.
     
    Y así como en el global se presenta una caída paulatina, el caso también se evidencia en los taladros de perforación, puesto que desde noviembre hay 20 equipos menos operando. Cabe destacar que los departamentos que más marcada tuvieron esta tendencia fueron Santander y Meta.
     
    En el caso de los workovers, la disminución fue menor, pues la dinámica mostró una baja de 2,3% mensual, con dos taladros menos. Sin embargo, al verse abril de 2022, la caída es de 8,5%.
     
    La terminación de contratos en Meta, Santander, Boyacá y Putumayo explicó la gran parte de este comportamiento.
     
    El informe señala que esta menor actividad de los taladros trae consigo un impacto en empleo. Los cálculos de la agremiación son que se perdieron unos 16.000 empleos, de los cuales 2.452 fueron directos y 13.475 indirectos.
     
    Con respecto a la perforación de pozos de desarrollo, el reporte señala que no hay ninguna variación anual, puesto que en abril del año pasado también hubo 48.
     
    No obstante, frente al mes directamente anterior sí hay una caída de 12,7% (7 pozos menos). Con estos, en lo corrido del año ya son 217 pozos de desarrollo perforados, un 2,4% más que en el mismo lapso de 2021.
     
    Producción y refinerías
     
    El documento también señala que la producción preliminar de petróleo durante el mes de abril de 2023 alcanzó los 782.900 barriles de petróleo por día (bpd), evidenciando un crecimiento de 4,2% frente al mismo periodo de 2022.
     
    “Esto es 1,4% superior a la producción de marzo de este año; apalancado principalmente por los resultados del Campo Caño Sur en el Meta”, explicó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.
     
    Añadió que el proyecto de lograr un millón de barriles diarios “pasa por tener más proyectos de perforación y reacondicionamiento de pozos. Y esta tendencia muestra que al menos en el corto plazo, esta seguirá cayendo”.
     
    Un último punto que resalta el informe de la Cámara de Bienes y Servicios de Petróleo es el promedio de carga de las refinerías, este alcanzó 412.000 barriles promedio por día en el primer trimestre. Por esta razón, el dato representa un incremento de 26,8% frente al del primer trimestre del año anterior.
     
    PORTAFOLIO
  • Plan Nacional de Desarrollo ya fue aprobado por Congreso y falta sanción presidencial

    En la madrugada del viernes, la Cámara y el Senado aprobaron el texto conciliado, por lo que solo falta la sanción presidencial.
    Al Plan Nacional de Desarrollo (PND) solo le falta la firma del presidente Gustavo Petro y así se conviertirá en Ley de la República.
     
    Sobre las 7:00 p.m., la Cámara de Representantes aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 'Colombia, potencia mundial de la vida' para el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. La votación en la Cámara baja quedó con 120 votos a favor y 12 votos en contra.
     
    El debate, en su tercera citación, se venía llevando a cabo desde las 10:00 a.m., cuando, con el texto ya aprobado en el Senado, solo faltaba que la Cámara hiciera lo propio.
     
    "Aseguraremos la pluralidad del equipo negociador que representará a la Cámara, como lo establece la Ley y los parámetros de esta", dijo David Racero, presidente de la Cámara.
     
    La figura de la conciliación se dio después que el texto aprobado en el Senado fuera diferente al que dejó en firme la Cámara de Representantes.
     
    En la madrugada del viernes, las dos corporaciones del Gobierno aprobaron el texto conciliado de la hoja de ruta del Gobierno para este cuatrienio.
     
    Los artículos que ya no van
    Artículos como el que creaba la Agencia Nacional de Seguridad Digital, el 364, y el 218 quedaron por fuera del PND ya que ambas cámaras no le dieron el visto bueno. Estos, según algunos representantes, se convierten en golpes certeros al proyecto que presentó y avaló el Gobierno.
     
    El tema de servicios públicos es uno de los más importantes, pues de los tres artículos mencionados, dos hacen parte de propuestas que buscaban modificar varias reglas de juego en servicios como el eléctrico y gas natural.
     
    El artículo 364, por ejemplo, fue uno de los que se incluyó para esta segunda ponencia. En el se estipula que se buscará la integración de las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural.
     
    “Las empresas que ejerzan actividades del servicio público domiciliario de gas natural podrán desarrollar de manera integrada las actividades de producción, comercialización, comercialización de gas importado, transporte, distribución, comercialización incluyendo las nuevas actividades que se asimilen por parte de la autoridad competente”, estipulaba el artículo.
     
    Con esto según los expertos del sector, se abría la puerta a que se cree un oligopolio y no se cumplan las reglas de competencia básicas que se exigen en el sector. Asimismo, el artículo 218 también haría algo parecido con el sector energético.
     
    “Las empresas que ejerzan actividades del servicio público de energía eléctrica podrán desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las nuevas actividades que la Creg creen o asimilen”.
     
    Los artículos que van ‘sí o sí’
    Entre los puntos del PND que permanecen firmes y fueron aprobados por ambas cámaras del Congreso sin ninguna novedad, están algunos artículos económicos y de facultades extraordinarias para el Presidente, como el 351, el 232, el 91 y 326.
     
    Por ejemplo, el polémico artículo 351, piedra angular en la reforma a la salud, se aprobó tanto en Cámara como en Senado. Este autoriza a la Adres hacer el giro directo de los recursos públicos a las IPS sin tener que pasar por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
     
    Otro de estos es el artículo 326 que le permite al Presidente quedar con facultades extraordinarias para ‘salvar’ el Hospital San Juan de Dios. Esto no es un tema nuevo pues desde que fue alcalde de Bogotá, el mandatario ha intentado intervenir el hospital para que vuelva a entrar en funcionamiento.
     
    Las polémicas de la ‘aprobatón’ corren por cuenta del artículo 91 y el 232, con los que el Gobierno buscará, respectivamente, contratar proyectos de baja cuantía con representantes de la economía popular y promover la defensa comercial a través de una política de ‘remedios comerciales y aranceles inteligentes’.
     
    Según varios representantes del Legislativo, estos artículos abrirían la posibilidad de que se presenten casos de corrupción en la medida que habrá menos garantías en los procesos de contratación y se bajarán las exigencias que hoy existen.
     
    Por el lado del artículo 232, economistas estiman que intervenir el libre mercado en el país puede traer consigo más consecuencias malas que buenas, pues de no contar con medidas técnicas y adecuadas, se podría terminar perjudicando a los consumidores con precios más altos y a productores nacionales que no contarían con algunos insumos para sus procesos de producción.
     
    No aparecen los proyectos de la ola 5G
    Según analistas económicos de Corficolombiana, como Juan Camilo Pardo, preocupa que en todo el PND no se nombre “ni una sola vez, la ola de proyectos de infraestructura 5G”. “En lo que hemos podido leer detallamos la no presencia de las concesiones 5G. Vemos que en el documento no se nombra cómo estas van impulsar el desarrollo del país”, dijo. Estos proyectos, según la entidad, representan un aspecto importante en la economía nacional ya que “la infraestructura es el segundo multiplicador más alto de la economía colombiana”.
     
    Por Juan Pablo Vargas para LaRepública.
  • Presión fiscal está obligando mayores alzas en gasolina

    El galón de combustible tuvo un incremento de 600 pesos cerrado para el mes de mayo.
    El Gobierno Nacional ha continuado los incrementos en los precios de combustibles para reducir el subsidio que actualmente se le está dando a la gasolina y el diésel. Por este motivo, desde este 3 de mayo el precio del galón de gasolina es $600 superior al promedio de abril.
     
    De acuerdo con Julio César Vera, presidente de Xua Energy, el gobierno “está viendo que el efecto fiscal del subsidio a los combustibles los está desbordando y debe acelerar su desmonte en la gasolina, para ver cómo mitigar posteriormente el efecto en el diésel”.
     
    De hecho, el año pasado el valor del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) le costó más de $32 billones al fisco, con lo que es el subsidio que mayor destinación de recursos requiere.
     
    Por este motivo, el presidente Gustavo Petro ha señalado la relevancia de incrementar el precio de los combustibles. Sin embargo, durante el primer semestre el diésel no ha tenido incrementos.
     
    Vera señaló que cada mes, incluso después de estas alzas, la gasolina requiere un subsidio de $630.000 millones mensuales, que se suman a $1,2 billones del diésel.
     
    De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), estos recursos son en un 70% para las personas con más recursos, por lo que Vera señaló que es regresivo y va en contravía a los objetivos de descarbonización que se ha planteado el Gobierno Nacional. 
     
    Por Daniela Morales Soler para Portafolio
  • Prohibición de fracking podría causar escasez de gas en Colombia

    El primer presidente izquierdista de Colombia salió victorioso de la segunda vuelta de las elecciones de julio de 2022 después de realizar una amplia campaña basada en reformas con un enfoque en la  transición del país andino lejos  de la dependencia de los combustibles fósiles. Esto incluye planes para prohibir la fracturación hidráulica y terminar con la adjudicación de nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas natural.
    Eso generó una preocupación considerable porque Colombia depende en gran medida del petróleo, que es la mayor exportación por valor, mientras que el gas natural es una fuente clave de energía a nivel nacional. Colombia ya estaba luchando contra una escasez de gas natural con campos maduros envejecidos, reservas probadas bajas y la falta de éxito en la exploración de hidrocarburos, todo lo cual pesa sobre la oferta en un momento en que la demanda de combustible fósil se está expandiendo a un ritmo sólido. Esos desarrollos, junto con Los planes de Petro para prohibir el fracking  y poner fin a la exploración de hidrocarburos han despertado temores de que la seguridad energética de Colombia esté en riesgo.
     
    El gas natural es una fuente clave de energía en la matriz energética de Colombia. Según la  EIA de EE.UU., el combustible fue responsable  del 28% de toda la energía consumida en el país andino en 2021, y esa porción se está expandiendo. Eso convierte al gas natural en la segunda fuente de energía consumida en el país andino detrás del petróleo crudo, con un 31%, y por delante de la hidroelectricidad, que es responsable del 22%. El consumo de gas natural en Colombia ha ido aumentando a un ritmo constante durante la última década. Para 2017, el país andino consumía más gas natural del que producía, y la creciente demanda de electricidad a gas era el factor clave de la creciente demanda a nivel nacional. Como resultado, ese mismo año, Colombia comenzó a recibir las primeras importaciones de GLP a granel en una terminal de importación de GLP especializada en la ciudad portuaria caribeña de Cartagena. 
     
    Colombia depende en gran medida de las plantas hidroeléctricas para la producción de electricidad y una serie de sequías hizo que los niveles de agua en esas instalaciones disminuyeran drásticamente, lo que provocó que la producción de electricidad se desplomara y provocara cortes de energía. Para combatir los riesgos que plantean las sequías y el impacto que tienen en la producción de electricidad debido a la dependencia de Colombia de las plantas hidroeléctricas, el gobierno nacional en Bogotá incrementó el número de plantas eléctricas a gas. El volumen de plantas a gas también creció porque la administración anterior de Iván Duque consideró al gas natural como un combustible de transición necesario para que Colombia progrese hacia la utilización de fuentes de energía limpias y renovables.
     
    No es solo el creciente uso de gas natural para la generación de electricidad lo que está impulsando el aumento del consumo de combustibles fósiles en Colombia. El gas natural es también una fuente principal de energía para la industria y los hogares colombianos, que son responsables del 29% y el 15% del consumo doméstico, respectivamente. La creciente actividad manufacturera y una creciente población joven son responsables de la mayor demanda de gas natural en Colombia. El consumo doméstico del combustible se está expandiendo a un ritmo constante porque es una importante fuente de energía asequible en un país donde el 39% de la población vive en la pobreza. Existe un impulso de política pública para hacer la transición de aquellos hogares que queman madera, carbón e incluso basura para cocinar y calentar, que se ha expandido significativamente desde el fuerte aumento de la pobreza, al gas natural.
     
    No es solo el rápido aumento del consumo de gas natural el responsable de una crisis energética emergente en Colombia. Las escasas reservas probadas de gas y la disminución de la producción nacional pesan sobre el suministro nacional de gas natural y lo han hecho durante algún tiempo. Al cierre de 2022,  las reservas probadas de gas de Colombia  (españolas) fueron de 2,82 billones de pies cúbicos, lo que no solo fue un 11% inferior a los 3,16 billones de pies cúbicos reportados un año antes, sino también el nivel más bajo en 17 años. Las reservas probadas de combustibles solo son suficientes para otros 7,5 años al ritmo actual de producción. Para marzo de 2023, la producción de gas natural de Colombia promedió 1.065 millones de pies cúbicos por día, un 1,5 % menos que el mes anterior y un 1,2 % menos año tras año.
     
    Existe un riesgo muy real de que las reservas y la producción de gas natural de Colombia continúen disminuyendo. Las reservas actuales del país devastado por los conflictos se componen predominantemente de reservorios menores, lo que dificulta su extracción eficiente y genera un mayor desperdicio cuando se explotan. Colombia no está disfrutando de una alta tasa de éxito en exploración como sus vecinos Ecuador y Venezuela, a pesar de las afirmaciones de que el país andino posee un considerable potencial de hidrocarburos. No ha habido  descubrimientos de petróleo o gas natural de clase mundial o significativos  en Colombia desde la década de 1990. 
     
    El complejo Chuchupa Ballena Riohacha, ubicado en las cuencas marina y terrestre de la Guajira, que son los principales campos productores de gas natural en Colombia, fueron los últimos descubrimientos significativos. Chuchupa y Ballena son campos maduros que han estado bombeando gas natural durante décadas. A medida que los campos envejecidos superan la producción máxima, se acercan al final de su vida productiva y su producción se ve afectada por las altas tasas de disminución. Chuchupa entregó el primer gas a fines de 1979 y la producción alcanzó su punto máximo en 2010 con más de 100 000 barriles de petróleo equivalente por día. Desde entonces, la producción ha estado en declive terminal cayendo a alrededor de 17.600 barriles de petróleo equivalente por día durante 2022 y se espera que la producción caiga en picada a 9.588 barriles de petróleo equivalente por día para 2029 cuando finalice la producción comercial. La producción en el campo Ballena comenzó en 1977 y alcanzó su punto máximo en 2014 con poco más de 10.000 barriles de petróleo equivalente por día. Para 2022, la producción había caído a alrededor de 4.000 barriles de petróleo equivalente por día y seguirá disminuyendo y se espera que la producción comercial finalice durante 2039. Dado que los campos Chuchupa y Ballena son responsables de una parte importante de la producción de gas natural de Colombia, su producción decreciente está impactando fuertemente en el mercado doméstico. suministrar.
    Es por ello que durante la última década, los sucesivos gobiernos colombianos han promulgado políticas y reformas industriales encaminadas a atraer inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, especialmente para la exploración y desarrollo de gas natural. Estos incluyeron impuestos, así como otras concesiones regulatorias y el pago de un precio en boca de pozo que es significativamente más alto que el punto de referencia de Henry Hub de América del Norte. Esto atrajo una oleada de inversiones, especialmente después de que el regulador de la industria, la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH), abriera bloques frente a la costa caribeña de Colombia. Como resultado, se realizaron una serie de descubrimientos de gas en alta mar, incluidos los hallazgos de Kronos, Gorgon-1 y Purple Angel entre 2015 y 2017.
     
    A medida que disminuyen la producción y las reservas, Colombia corre el riesgo de enfrentar una crisis de gas natural con la seguridad energética del país comprometida. Ese riesgo se magnifica por la promesa de Petro de dejar de emitir nuevos contratos de exploración de hidrocarburos como parte de la transición de energía limpia de Colombia y reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles. Si bien hubo  una especulación considerable de que Bogotá no procedería  con un plan tan controvertido, particularmente después de aumentar su dependencia de los ingresos del petróleo mediante el aumento de los impuestos a la industria, los últimos anuncios indican lo contrario. En la  declaración del Ministerio de Energía sobre reservas de hidrocarburos (Español) La ministra Irene Vélez afirmó: “Desde el Gobierno de Cambio continuaremos con la política de mayor eficiencia en los contratos existentes y seguiremos trabajando con el sector de hidrocarburos para que los proyectos costa afuera se materialicen”. Vélez continuó diciendo a los periodistas en la conferencia de Gas Natural en la ciudad portuaria norteña de Barranquilla: "Esta es una clara demostración de que la ruta  es una mayor eficiencia en los contratos  existentes ". Sin embargo, según el  diario colombiano El Tiempo  Vélez evitó responder si o no se adjudicarán nuevos contratos de exploración.
     
    Si bien el gobierno de Petro se compromete a respetar los acuerdos de exploración y producción que ya existen, es probable que no pueda garantizar que las reservas y la producción comprobadas de gas de Colombia satisfagan la creciente demanda interna. De hecho, el máximo organismo de la industria petrolera del país, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), estima que como resultado de la política energética de Petro, Colombia se verá obligada en esta década a importar hasta el 30  % del combustible. (español) para cubrir el consumo. Las importaciones de gas licuado de petróleo se cuadruplicaron durante 2022 para compensar un déficit cada vez mayor entre la producción y la demanda interna de gas. Esto no solo hace que los precios suban, lo que impacta en los hogares empobrecidos, sino que también afecta una delicada balanza de pagos para un gobierno nacional con presiones fiscales. El polémico plan de Petro de  importar gas de Venezuela  para compensar cualquier déficit en la producción parece inalcanzable.
     
    Por Matthew Smith para Oilprice.com
     
  • Propuestas para la Ley Minera contemplan la creación de una empresa minera estatal

    El Ministerio de Minas y Energía estima que el proyecto se presente en el segundo periodo de legislatura, entre julio y diciembre de 2023.
    Este fin de semana, se recogieron las propuestas para la Ley Minera durante la Cumbre Nacional Minera que se basan en cuatro ejes: territorios mineros; los componentes de una nueva Ley Minera; la minería con propósito, industrialización y transición energética justa; y regularización de la minería informal.
     
    Otro punto destacado es la posibilidad de crear una empresa estatal minera. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos se indica que es apenas una idea que se está explorando, pues de esta manera el Estado participaría en el desarrollo del sector minero.
     
    Se estima que el proyecto de Ley se presente en el segundo periodo de la legislatura de este año, es decir, entre julio y diciembre. Desde el Ministerio de Minas y Energía se indicó que las conclusiones de la Cumbre Minera serán la base para el texto del proyecto de proyecto de Ley.
     
    Hemberth Suárez, fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, explica que que con el proyecto se estaría reformando la Ley 685 de 2001 que es el Código de Minas existentes, en el estricto sentido jurídico se modificaría la Ley 685 de 2021, pero esta no desaparecería.
     
    El texto se construirá durante los próximo meses para que una vez esté listo, sea socializado en todo el país, con los sectores involucrados en el sector minero. En cuanto a plazo de tiempo, la información suministrada por el Ministerio indica que una vez radicado el proyecto, será el Congreso quien dé las pautas de tiempo.
     
    En el marco de la Cumbre, se destacaron las intenciones comunes de gremios, empresas, medianos, pequeños mineros y comunidades en consensos de desarrollo con los diferentes tipos de minería.
     
    El eje de territorios mineros
    El reconocimiento hacia la minería ancestral y artesanal es una de las claves de la nueva ley. Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, explica que en este eje la pequeña minería y el barequeo tendrán una priorización, "se contempla una protección futura y privilegio en los procesos de formalización minera", agrega.
     
    Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, "la conclusión principal de la jornada fue que mineros ancestrales, tradicionales, de comunidades étnicas, pequeñas, medianas y grandes, coincidieron en la necesidad de que se promueva la actividad minera en el país".
     
    El eje del componente hacia una nueva Ley Minera
    Para ese objetivo común de armonización, el presidente de la ACM resalta que "se requiere que se armonice la visión de la industria por parte de los Ministerios de Minas y Ambiente", complementa Nariño, "facilitando y agilizando la expedición de todos aquellos trámites que necesita cualquier minero, para poder realizar su actividad de manera productiva, formal y tranquila, incluyendo la revisión urgente de la Ley 2 de 1959", agrega.
     
    El enfoque territorial radica en la protección a los ecosistemas y las poblaciones, esto se acompañará con mayor certidumbre jurídica a los títulos mineros. En este eje, Montoya destaca la necesidad de modificar el sistema actual de contratación minera por otro que, según el Gobierno, tenga en cuenta las variables sociales y ambientales, así como el ordenamiento del territorio alrededor del agua.
     
    Los expertos de OGE Legal Services recuerdan que con la Ley 1382 de 2010 ya se realizó el intentó de modificar el Código de Minas, pero tal ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional porque con esa ley 1382 de 2010 no se agotó la consulta Previa de medidas legislativas frente a las comunidades étnicas. Este es un foco al que hay que ponerle atención, mucha atención.
     
    El eje de la minería con propósito, industrialización y transición energética justa
    Otro de los puntos en común de los actores del sector, que se reunieron en la Cumbre Minera, es que la actualización del catastro minero en articulación con el catastro multipropósito.
     
    Con esta ley, según explica Suárez, el sector tiene "una oportunidad enorme para reforzar su participación en la transición energética implementando proyectos de cero emisiones contaminantes, esta reforma puede ser un buen vehículo para que se establezcan obligaciones de implementación de proyectos con energía renovable o con bajas emisiones en los contratos de concesión".
     
    El eje de regularización de la minería no formal
    Se tendrá en cuenta el tipo de población, el tipo de minería, la escala y el territorio para evitar que autoridades mineras adopten decisiones que propicien conflictos sociales.
     
    OGE Legal Services destaca que los puntos principales desde una perspectiva jurídica radican en tres: nuevas causales de caducidad a los títulos mineros, se pasaría a 12 causales; que la caducidad a los títulos mineros podría ser solicitada por terceros interesados; y la creación de "Consejos de Competitividad y Sostenibilidad Minera" como "órganos consultivos y de toma de decisiones" en los Distritos Mineros Especiales.
     
    Las expectativas
    El experto Montoya resalta que es importante conocer el detalle de las acciones concretas que plantea el Gobierno en materia de impulso a los minerales estratégicos como el cobre. "Es ideal que existan señales claras y concretas respecto a este tema que es fundamental para el país".
     
    Por otra parte, destaca que es relevante que las propuestas que se están planteando respeten los derechos adquiridos de las empresas mineras tanto nacionales como extranjeras que ya operan en el territorio, "y que sea una reforma que garantice la estabilidad jurídica y estabilidad de todos los actores", agrega.
     
    Para Juliana Arenales para LaRepública
  • Queda una brecha de entre $6.000 y $7.500 con el precio internacional para el diésel

    El Carf estima que el subsidio al Acpm significa cerca de $16 billones del Fepc, y el total si se suma el monto de gasolina es de $20 billones.
    Con dos incrementos mensuales pendientes en la gasolina ya se acerca el inicio para los aumentos graduales del Acpm, más conocido como diésel.
     
    Uno de los factores que tienen quieto el precio del diésel en $9.145, en promedio por galón, es el hecho de que el Gobierno busca evitar un impacto en la inflación a través del transporte de carga, pero es un arma de doble filo que sigue incrementando un déficit que alcanza cerca de $16 billones para 2023, según cuentas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf.
     
    El Ministerio de Hacienda calcula que el déficit completo, contando la gasolina, cierre en $20 billones este año.
     
    Analistas han calculado que la brecha de gasolina ya se cerró. “Desde hace más de un mes el ingreso al productor IP de la gasolina básica superó el costo de oportunidad del refinador, que está definido como el precio de paridad de exportación PPE”, dijo el analista e ingeniero Roberto Alban.
     
    Al inicio del mes, el cálculo de Julio César Vera, presidente de Xua Energy, también arrojó que el precio de la gasolina ya estaba por encima del precio de paridad. Pero el monto de la brecha varía todos los días, pues depende de varios factores: la tasa de cambio, el precio internacional de la gasolina y el Acpm, y el precio regulado que impone el Gobierno.
     
    Esto quiere decir que el camino que le queda a la brecha del Acpm es de, al menos, $6.000 o $7.500, lo que varía dependiendo de los factores mencionados. El Carf calcula que la brecha está entre $7.000 y $7.500. Mientras que Xua Energy estima un aproximado de $6.200.
     
    El “problemón” del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, parte del subsidio a los combustibles, porque el diferencial del precio de venta en Colombia y el precio internacional es subsidiado por el Estado.
     
    Cuando los combustibles aumentaron de precio en el resto del mundo, Colombia no incrementó sus precios, lo que hizo crecer el déficit de forma desmedida. El cierre de las brechas es el objetivo actual para no seguir subsidiando los combustibles. Andrés Velasco, director técnico del Carf, estima que aproximadamente $1,2 billones mensuales se destinan el subsidio al diésel.
     
    Por ahora, el MinHacienda sigue revisando el cierre de la brecha para tomar decisiones.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Tres aciertos y errores del PND en transición energética

    Análisis de Ideas para la Paz señala que ese documento debería dar papel de sector empresarial en estas metas y también plantear indicadores.
    El Plan Nacional de Desarrollo hace su curso en el Congreso y deberá ser aprobado antes del 7 de mayo. El Gobierno presentó ya la ponencia para el segundo debate y cuenta con 373 artículos que terminará su curso en el Legislativo.
     
    Uno de los grandes temas que serán discutidos es la transición energética. Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz, señaló que hay una serie de aciertos y desaciertos en el articulado.
     
    Con respecto a los desaciertos, la entidad señala que son tres principalmente; el primero que no cuenta con indicadores relacionados con la transición energética justa.
     
    Al respecto, lo que dice la fundación es que se requieren de algunos como la generación de trabajo decente, adaptación de la fuerza laboral y empleabilidad e ingresos no dependientes de sectores extractivos en el capítulo de transformación productiva, internacionalización y acción climática.
     
    Otro de los puntos es que no incluye al sector empresarial para cumplir los objetivos, pudiendo aportar al cumplimiento de las metas para el cuatrienio.
     
    Por esto recomienda establecer un marco de actuación “para que las empresas, dentro de su acción climática, respeten y promuevan los derechos humanos de comunidades y trabajadores en los territorios de operación”.
     
    Por último, el documento de Ideas para la Paz, apunta que no se integra explícitamente un enfoque de derechos humanos. El análisis explica que “no hay requerimientos concretos para que el sector de energías limpias y no convencionales adopte estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos”.
     
    Los aciertos
     
    Sin embargo, también se señala que hay tres aciertos en el documento del Plan Nacional de Desarrollo.
     
    En primer lugar destaca que se alinea con las expectativas y compromisos globales con respecto al cambio climático, dentro de las que se cuenta el incremento de la capacidad instalada de tecnologías renovables de generación de energía.
     
    De acuerdo con el documento, esta alineación también se ve en que se duplicará su inversión en investigación y desarrollo (I+D), al llegar al 0,5% de la participación de la inversión de I+D en el PIB.
     
    Un segundo punto que se destaca es el relacionado con la participación de las comunidades, para hacerlas partícipes de los beneficios del sector energético en sus territorios. Esto, por ejemplo, con referencia a las creación de comunidades energéticas, de forma que los ciudadanos puedan hacer parte activa de la cadena de suministro de este servicio público.
     
    El último gran acierto de este plan es que “hace referencia a mecanismos de justicia social y ambiental necesarios para una transición energética justa como el trabajo decente, la formación de comunidades, la reconversión laboral enfocada en modelos productivos sostenibles, el fomento de centros de investigación y tecnología, y la implementación del Acuerdo de Escazú”.
     
    El análisis de la fundación Ideas para la Paz además señala que hay unas buenas intenciones, relacionadas con el desarrollo de tecnologías como la eólica, la solar y el hidrógeno; así como la transformación productiva.
     
    Por este motivo, Ideas para la Paz propone cinco recomendaciones para la construcción del documento. La primera de ellas, darle un marco de actuación de los empresarios para el cumplimiento de los estándares internacionales; así mismo integrar al sector en las decisiones relacionadas y encontrar consensos en conjunto.
     
    Adicionalmente, destacan que el país puede ser líder regional en energías renovables no convencionales.
     
    Otro punto es darle claridad al “sector empresarial sobre qué se espera de él para cumplir las metas de transición justa”.
     
    Por último, señalan que se debe aprovechar la capacidad instalada de las compañías en los territorios.
     
    El documento señala que pueden contribuir para que la transición se adapte a las necesidades del territorio y promover esquemas de colaboración con mayor impacto.
     
    Por Portafolio
  • Villavicencio, Cali y Bogotá quedaron con la gasolina más alta por encima de $12.000

    Solamente hay dos ciudades que tienen el precio del galón por debajo de $12.000, se trata de Pasto ($10.516) y Cúcuta ($10.825).
    En la noche del viernes, los Ministerios de Hacienda y Minas dieron a conocer el incremento exacto para las 13 ciudades principales para junio en la gasolina corriente. El promedio del alza es de $600 por galón y empezó a regir este sábado 3 de junio.
     
    La gasolina más cara está en Villavicencio ($12.873), Cali ($12.797) y Bogotá ($12.773). Mientras que las únicas dos ciudades donde el galón se mantiene por debajo de $12.000 es en Pasto ($10.516) y Cúcuta ($10.825).
     
    El precio promedio por galón en el país con el alza de junio quedó en $12.364. Ciudades como Medellín ($12.706), Manizales ($12.757), Montería ($12.653) e Ibagué ($12.708) están por encima del promedio. Las ciudades que se acercan más a la media son Cartagena ($12.403) y Barranquilla ($12.444).
     
    Con la actualización de precios por ciudad, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y experto en el sector, calcula que estamos aproximadamente a $2.831 del precio internacional.
     
    Respecto al Acpm, no se presentó incremento para el usuario final, pero Vera destaca que "en el diésel pudieron subir $68 pesos el ingreso al productor y ajustar el margen mayorista sin tocar el precio al público, dado que el biodisel bajó $1.340 pesos por galón para este mes".
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.