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  • Alza de aranceles golpearía la lucha contra la inflación en el país

    Artículo del Plan Nacional de Desarrollo podría aumentar los impuestos a productos importados. Expertos ven altos riesgos.
    En el ojo del huracán se encuentra la decisión del presidente Gustavo Petro de aumentar los aranceles, con la intención de “contrarrestar” las altas tasas de interés que ha impuesto el Banco de la República para reducir la inflación colombiana, que en abril llegó a 12,82% en su dato anual.
     
    Si bien la política monetaria del país se elevó hasta el 13,25% para frenar los altos precios, la medida en el artículo 210 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ya está tocando las fibras del sector comercial por los riesgos de su ejecución.
     
    El artículo detalla que el “Gobierno nacional promoverá la defensa comercial de la Nación mediante una política de remedios comerciales y aranceles inteligentes”, con el fin de lograr un equilibrio en las condiciones de competencia para la producción nacional, frente a las importaciones.
     
    Expertos del sector, consideran que la decisión, en principio, es inconveniente, puesto que podría provocar presiones inflacionarias adicionales y limitar el desarrollo de Colombia.
     
    De acuerdo con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, en un escenario en el que la inflación es más persistente de lo que se esperaba inicialmente, la política arancelaria va en contravía del bienestar que se busca económicamente. Explicó que esto sería introducir tributos a algunos productos, en específico, alimentarios a los que los consumidores pueda tener acceso a estos, pero a un menor precio.
     
    “En algunos productos, con el actual estado de la tasa de cambio, lo que genera esto es un doble impacto de precios; por un lado en tasa de cambio y por el otro lado en materia arancelaria. Entonces, de esa manera, el resultado al final puede ser una presión adicional para que la inflación no ceda tan rápidamente”, explicó Restrepo.
     
    En la misma línea, aún cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite generar protecciones por razones de seguridad nacional, “el Gobierno está trazando una línea gris que agrega interpretaciones que podrían llevar en el futuro a incumplimiento de acuerdos internacionales”, le manifestó a Portafolio Javier Diaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
     
    Según el directivo, al no estar especificado a qué productos se le aplicaría el arancel o en qué contexto se daría, sí es posible afirmar que uno de los sectores que se vería más afectado es el de los alimentos.
     
    Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a febrero las importaciones del rubro agropecuario, alimentos y bebidas, suman un total de US$11.370 millones.
     
    “Esta política lo que logrará es que los precios se vuelvan a disparar. Por ahora ha sido un anuncio que no tiene sectores específicos y frente a lo que habrá es estar muy atento para definir sectores afectados”, aseguró Diaz.
     
    Por otra parte, Analdex se mantiene en que “no es una buena idea del presidente Petro”, pues se castigaría al consumidor final.
     
    De la misma manera piensa Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, quien le manifestó a Portafolio que toda alza de aranceles la terminan pagando los consumidores, pues no son otra cosa que un impuesto a las importaciones.
     
    “En este momento de inflación alta y de posibilidades de un fuerte verano hacia adelante, más aranceles atizaría aún más el alza de precios”, señaló.
     
    Ahora bien, otro de los factores que afectaría al comercio con los aranceles inteligentes son los aumentos en los productos locales. De acuerdo con Andrés Valencia, exministro de Agricultutra, si este hecho ocurriera, es probable que los actores nacionales aprovecharan la subida arancelaria para aumentar sus precios.
     
    “Si el arancel que sube es el de un insumo para la elaboración de su producto final (trigo para el pan, o maíz para producir carne de pollo o huevo), automáticamente ese mayor costo tendrá que trasladarse al consumidor. Y en segundo lugar, si el mayor arancel se da en un producto terminado, el productor nacional que compite contra el importado subirá sus precios en un porcentaje (no necesariamente igual)”, dijo.
     
    Problemas en la inversión
    Otro de los factores que se verían afectados es la confianza internacional para la inversión. Según el presidente de Analdex, Javier Diaz, si un inversionista sabe que debe pagar por aranceles altos en el país “automáticamente ese inversionista saca sus posibilidades de inversión”. Igualmente, Andrés Valencia, exministro de Agricultura consideró que parte del ejercicio de invertir “es que haya estabilidad jurídica y que rija el imperio de la ley. Se estaría poniendo en riesgo la credibilidad de Colombia”, señaló.
     
    Retaliación, efecto colateral
    Uno de los beneficios de los Tratados de Libre Comercio (TLC) es la reducción y/o eliminación de aranceles a los productos que vienen del exterior.
     
    En la misma sintonía, por la decisión de política del Gobierno de Gustavo Petro, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, señaló que el 70% de las importaciones de Estados Unidos son de productos que no se producen en el país. “Por eso, el llamado que hicimos nosotros desde AmCham de que tenemos que se supremamente hábiles en el proceso de a qué es lo que le vamos a poner más aranceles y qué no. Si los aranceles se aumentan, eso quiere decir mayor presión a la inflación en el país. Tenemos que determinar las variables y los productos”, dijo.
     
    Cabe destacar que según cifras de Amcham, en el caso de que no existiera un TLC con Estados Unidos, el pago arancelario para el café tostado sería del 20%, al igual que el de la tilapia, textiles y fajas, que sería para cada uno de 20%. Además, aguacate de 15%, banano también 15%, entre otros.
     
    De acuerdo con Andrés Valencia, violar un TLC con un país como EE. UU., expondría a Colombia a “retaliaciones comerciales que afectarían nuestras exportaciones a ese país”, indicó.
     
    Por Diana Rodríguez para Portafolio.
  • Así está compuesta la fórmula del precio de la gasolina en Colombia

    Más del 20% de su valor corresponde a impuestos, mientras que en EE. UU. los gravámenes son apenas del 15%.
    Fue a finales de 2011, que Colombia puso en práctica la fórmula con la que actualmente se determina el precio de la gasolina, mes tras mes.
     
    Antes de 1999, era el Gobierno el que regulaba el precio y asumía los subsidios. Sin embargo, los continuos aumentos de los precios internacionales del petróleo causaron ajustes importantes en el precio interno de la gasolina, lo que provocaba que algunos meses su costo fuera más alto que otros para el Estado.
     
    Fue así que la manera de fijar el precio se replanteó. Se desmotaron los subsidios y se estableció la fórmula que varía dependiendo del comportamiento del mercado internacional, lo que se conoce como el costo de oportunidad. 
     
    Así pues, para promediar el precio del galón de gasolina o el del ACPM, se suma el ingreso al productor, el biodiesel, el impuesto a la nación, el impuesto territorial, los márgenes de distribución y el transporte, entre otros aspectos.
     
    abe señalar que del total del precio, cerca del 23% corresponde a impuestos.
     
    Según los cálculos, para la tarifa de mayo en Bogotá, el impuesto nacional fue de $636.63, mientras que IVA fue de $321.00.
     
    Por su parte el impuesto al Carbono llegó a $162.24 y el Margen Distribuidor Mayorista a $87.53. 
     
    Finalmente la sobretasa se ubicó en $1,371.84, entre otras cifras de la fórmula. 
     
    Frente a este panorama hay quienes manifiestan que son los altos impuestos los que encarecen el precio final del combustible y que estos está más altos que en otros países, incluso en EE. UU., en donde los impuestos en el precio de la gasolina apenas llega al 15%.   
     
    Por PORTAFOLIO
     
  • Los impuestos del precio del galón de gasolina corriente son al menos 20% del total

    Gremios han propuesto revisar la fórmula del precio y analistas sugieren revisar los impuestos, pero esto tendría una implicación fiscal.
    El precio de la gasolina ha sido uno de los temas de conversación en la agenda pública desde el año pasado, pues a partir de octubre el Gobierno Nacional empezó a incrementar los precios de este combustible.
     
    Ayer, algunos sectores del transporte convocaron marchas en contra de las alzas graduales implementadas, aunque el sector de taxistas no se movilizó porque llegaron a un acuerdo de revisar una tarifa diferencial para estos conductores y lo más probable es que el alza de septiembre no aplique para ellos.
     
    Gremios han pedido hacer una revisión a la fórmula del precio por galón. Según explica Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en el sector, los tres principales componentes del precio de venta de un galón de gasolina corriente son: el ingreso al productor, los impuestos y la logística de distribución.
     
    "El ingreso al productor corresponde a 66% del precio final y es el monto que recibe Ecopetrol por la gasolina. Sin embargo, dado que este monto es inferior al precio que podría obtener si la vendiera en Estados Unidos, el Fondo de Estabilización de Combustibles cubre esa diferencia. Algo que no está en discusión son todos los impuestos, que suman $2,619 por galón, correspondientes a 20% del precio final”, explica el analista.
     
    José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas en Corficolombiana, señala que los impuestos más relevantes del precio de la gasolina son el IVA, el impuesto nacional, la sobretasa y el impuesto al carbono, que sumados dan alrededor de $2.618.
     
    Cabrales sugiere que “si le pagamos el precio internacional a Ecopetrol y quitamos los impuestos a la gasolina tendríamos un precio de $13.178 y no necesitaríamos subir más el precio de la gasolina”.
     
    Sin embargo, Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, resalta que “desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas, en la medida que el recaudo por venta de combustibles sea menor, se deberá evaluar cómo se sustituyen estos ingresos o cuales gastos se deberán recortar para que el equilibrio entre ingresos y gastos no se altere. La realidad es que mientras exista un subsidio a los combustibles, de alguna forma u otra la sociedad lo va a terminar pagando”.
     
    “Hay que reconocer que hay un componente impositivo importante en la estructura. Cualquier movimiento en impuestos va a afectar las cuentas fiscales”, indica López, y agregó que el Gobierno ha hecho una labor responsable al cerrar la brecha de precios.
     
    De hecho, según el documento técnico ‘Análisis sobre el Fepc que cita cifras de Fondo Monetario Internacional, 47% de los recursos destinados a la política de estabilización de precios de la gasolina y el Acpm beneficia a 20% de los hogares con mayores ingresos, mientras que 20% de hogares con menor ingreso recibe solamente 7% del total.
     
    Este argumento ha sido reiterado por el presidente, Gustavo Petro, en varias ocasiones, sumado al déficit del Fepc, que en 2022 llegó a $36,7 billones, pero que se estima que cierre el año alrededor de $17 billones por cuenta de los incrementos graduales desde octubre de 2022.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Mineras y concesiones portuarias podrán acceder al mecanismo de obras por impuestos

    Así lo establece el decreto 883. Se dará prioridad a los proyectos que estén ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto.

    De ahora en adelante las empresas mineras y las concesiones portuarias tendrán rebajas de impuestos si hacen obras en territorios golpeados por el conflicto armado en el país.

    Así lo ordenó el Gobierno a través del decreto de ley 883 en el que se establece que las empresas mineras y aquellas calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria pro conexión, podrán acogerse al mecanismo de obras por impuestos.

    El decreto también estipula que se dará prioridad a los proyectos que estén ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto y que coincidan con aquellos en donde se desarrollen Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

    De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, este permitirá el desarrollo de uno de los aspectos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, en el que se promueve la participación del sector empresarial, con el fin de contribuir a garantizar la productividad, el acceso a los mercados y la sostenibilidad de los proyectos de la Reforma Rural.

    Finalmente, las firmas que quieran acogerse con esta medida deberán cumplir con los requisitos legales y reglamentarios establecidos en el decreto.

     

    Fuente: Portafolio.co