La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales también está a la espera del Estudio de Impacto Ambiental de Colectora para analizarlo.

El país avanza en los planes de transición energética, a pesar de los retrasos que han experimentado algunos proyectos de energía renovable no convencional. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), hasta el momento se le han dado licencias a seis proyectos eólicos y uno solar en La Guajira.

 

Cabe recordar que la semana pasada el Gobierno estuvo despachando desde este departamento y allí se firmó un pacto entre compañías, comunidades y Estado para promover una serie de puntos que permitan el desarrollo de estos. En este marco, la Anla destacó que ya se les ha dado licencia ambiental a seis proyectos de generación eólica y un solar.

 

Los proyectos de generación eólicos son los parques Alpha y Beta, con capacidades de 224 y 280 megavatios respectivamente, adelantados por la multinacional portuguesa Edpr. También está Windpeshi, cuya construcción fue cancelada de forma indefinida por parte de Enel y que está proyectado para generar 205 megavatios.

 

Los otros tres eólicos licenciados son Guajira II, de Isagen, con una capacidad de 300 megavatios; Casa Eléctrica, desarrollado por Jemeiwaa Ka’I de 180 megavatios, y el proyecto de Empresas Públicas de Medellín (EPM) EO200i con una capacidad de 201 megavatios.

 

A estos se suma la infraestructura solar Potreritos, por 168 megavatios a cargo de Acciona Energía.

 

Si bien estos proyectos han recibido la aprobación de la autoridad ambiental para proceder con la construcción, los dos parques de Edpr se enfrentan a que la línea de transmisión que deben construir para llevar la energía al sistema esté archivada. De acuerdo con la autoridad ambiental, el motivo de esta decisión son deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esto quiere decir que si bien el parque Beta se está construyendo, la energía no podría salir. De acuerdo con la Anla, aún este parque no ha presentado las correcciones del estudio para volver a evaluación por parte de la entidad.

 

La otra petición que fue archivada por parte de la Anla es la interconexión de los parques Acacia y Camelias, de Celsia, a la subestación Cuestecitas. Al igual que en el caso de la línea de Edpr las deficiencias en el estudio fueron los motivos.

 

Los previstos

Además de estos que ya han recibido luz verde para avanzar, hay una serie de proyectos en evaluación. La Anla informó que hay dos que están en evaluación actualmente.

 

También la entidad está a la espera de la radicación del Estudio de Impacto Ambiental de Grupo Energía Bogotá y su filial Enlaza de la línea Colectora que tiene el potencial de transmitir hasta 1.500 megavatios de energía renovable que está proyectado en La Guajira.

 

Además de estos la Autoridad espera recibir cinco nuevos estudios de proyectos que según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) entrarían en operación entre 2023 y 2026 y cuyo proceso de licenciamiento estaría a cargo de la Anla. Estos podrían agregar al sistema nacional unos 945 megavatios de energía renovable no convencional.

 

Por Portafolio.

Los decretos del Gobierno que tienen en vilo la producción minera en La Guajira, tienen en riesgo a la empresa de 48 años que ha aportado $20 billones en regalías.

En 1975 el Gobierno colombiano abrió la licitación a firmas internacionales para la explotación carbonífera de 32.000 hectáreas escogiendo a Intercor, filial de Exxon Corporation (ahora Exxon Mobile) y fue el primer paso de la hoy Cerrejón. Nueve años después, se llevó a cabo el primer viaje 150 kilómetros del tren, transportando 8.500 toneladas de carbón desde la mina hasta Puerto Bolívar.

 

Desde ahí, el flujo económico generado de la marimba y del contrabando que azotaba a la zona norte del país fue trascendiendo a la legalidad y la actividad minera, lugar del proyecto de carbón que ha entregado más de $20 billones en regalías desde 2002, y que actualmente representa 57% del PIB de La Guajira; luego de 48 años, así Cerrejón acumuló 800 millones de toneladas de carbón.

 

Hasta 2022 “fue el primer año en el que Cerrejón fue 100% propiedad de Glencore, tras la adquisición de las acciones que tenían los anteriores socios. Nuestro equipo se enfocó en integrar nuestra operación a los sistemas y procesos de Glencore, incluyendo en el área de desarrollo sostenible” dijo Claudia Bejarano, presidente de Cerrejón.

 

Ahora, el Gobierno de Gustavo Petro aún no define el futuro del sector minero en La Guajira, desde allí opera Cerrejón, la segunda empresa que más factura en el año en el sector minero y una de las más grandes del país.

 

En 2022, vendió $16,34 billones y sus utilidades llegaron a $6,05 billones. Carbones del Cerrejón y Cerrejón Zona Norte tuvieron crecimientos de más de 200% en sus utilidades y alcanzaron ganancias de $6 billones y $2,8 billones, respectivamente, durante el año pasado.

 

La organización, con operaciones en el centro de la Alta Guajira y solo superada por Ecopetrol en el sector minero energético, desde 1985 cuenta con un cargue directo a los buques en Puerto Bolívar, para que estos repartan la carga a los clientes alrededor del mundo.

 

Además de ser el segundo exportador de carbón, después de Drummond, el yacimiento guajiro impulsa una fuerza económica regional compuesta por cerca de 60.000 empleos directos e indirectos. De hecho, “solo el año pasado, la minera pagó por impuestos y regalías $3,7 billones, casi 30% de las reformas tributarias que han pasado en los últimos años”, explicó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

 

Cerrejón, además, invierte al año más de $500.000 millones en proyectos sociales y ambientales, según lo resaltó Bejarano, quien está a la espera de la actividad minera en esa zona.

 

Carbón colombiano

 

Colombia, según el Ministerio de Minas y Energía, entre 2012 y 2020 promedió una producción anual de 83,9 millones de toneladas de carbón en el mundo, lo que sitúa al país como el primer productor de carbón en América Latina y el número 11 del globo.

 

Su actividad de exportación durante 2022 permitió el ingreso de US$12.289 millones a la Nación, 117,4% más que el mismo periodo de 2021, según registró el Dane. El carbón representó cerca de 22% las exportaciones totales durante el año pasado. Según cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), entre regalías, impuestos y otras contribuciones, el sector minero brindó más de US$3.000 millones al Estado en 2022, y casi 80% corresponde al carbón.

 

Decreto de emergencia

 

El 31 de julio se dio a conocer el Decreto 1277 de 2023 del Ministerio de Ambiente ante la emergencia económica y social decretada en La Guajira.

 

El Decreto que, según el Ministerio, buscarían atacar problemáticas de la zona, incluirían temas como la limitación de concesiones de explotación de recursos naturales. El Decreto, según explican desde la ACM, podría usar de manera arbitraria para suspender actividades económicas de forma indiscriminada, pues permitiría la creación de áreas de protección ambiental sin contar con estudios ni criterios técnicos, solo amparándose en un principio de precaución.

 

Carlos Andrés Cante, presidente de Fenalcarbón, dijo que el cese de más prórrogas para la continuidad de títulos de explotación carbonífera no da lugar a una transición.

 

“Es importante hablar de transición energética, pero el Gobierno debe tener claro que Colombia necesita primero pensar en una transición fiscal. Y comparado con el mundo, nosotros somos marginales con respecto a producción de carbón, no representamos ni 1% con respecto a emisiones y a producción carbonífera, con respecto a todos los productores a nivel global”.

 

Así mismo coincide Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, quien compara las cifras de productores de carbón en el mundo, atribuyendo una cifra de menos del 1% para Colombia frente al globo.

 

“El año pasado y ahora en 2023 son los años en el que mundo más carbón ha consumido, con una cifra cerca a los 8.000 millones de toneladas. Colombia solo produce 65 millones. Canadá exportó 90 millones, Australia asciende su cifra a los 270 millones de toneladas”, explicó Nariño.

 

“Ellos piensan en cómo hacer la transición con su propio carbón, generando divisas, generando impuestos para hacer una transición social ordenada. La industria del carbón en medio de la transición energética todavía se hace lugar.

 

Desempleo, pobreza y disminución de inversiones

 

Cerrejón cumple una dimensión importante en cuanto a bienestar social de las comunidades del norte del país. “La empresa acordó más de 1.700 proyectos sociales durante 2022 e invertimos $129.772 millones en las comunidades, municipios y todo el departamento”, aseguró Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón. Si es el caso de un cese de operación extractivista en unos próximos años, “se puede llevar a una disminución o llevar a cero las inversiones sociales y ambientales.

 

La Guajira necesita certidumbre de inversión para sus problemas”, concluyó Juan Nariño, de la ACM.

 

Por Daniella Rodriguez para LaRepública.

Se prohíbe prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones por decreto.

Además del decreto emitido por el Ministerio de Minas y Energía sobre temas energéticos, el Ministerio de Interior, en cabeza de Luis Fernando Velasco, firmó el decreto 1277 en el que se determina que se prohíbe adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes.

 

Con esto, Cerrejón, la minera de carbón de Glencore en Colombia, no podrá ampliar su operación.

 

Según el documento, esto se desprende de que se declararon las fuentes hídricas del departamento de La Guajira como de protección especial, cuya destinación prioritaria será el consumo humano y doméstico. Se deberá conservar y mantener el curso natural de las fuentes hídricas superficiales, proteger los acuíferos y sus zonas de recarga.

 

Al respecto, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que “es negarse como país a obtener unos recursos importantes para la transformación social y la reducción de las desigualdades”.

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De igual forma, en el artículo 7 del mismo decreto se señala que tampoco se podrá desviar en adelante el cauce del Río Ranchería o sus afluentes y que no se podrán desarrollar nuevas actividades de exploración o explotación de minería de carbón sobre zonas de recarga de acuíferos o que impliquen la remoción de capas del acuífero.

 

Ahora bien, el decreto también plantea que los trámites ambientales relacionados con “garantizar el acceso al agua para usos de agricultura y acuicultura de subsistencia” cumplan un proceso abreviado , equivalente a un tercio del tiempo de lo que normalmente se toma.

 

Por Portafolio.

La ministra de Minas y Energía destacó que con esta iniciativa se busca contribuir al cierre de las brechas de desigualdad en el departamento.

Como resultado del proceso de diálogo entre las autoridades Wayuu, las comunidades, las compañías de generación y transmisión de energía, el Gobierno Nacional y el gobierno local, este miércoles se firmó el pacto por una transición energética en el departamento de La Guajira.

 

Según explicó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, este acuerdo busca ir más allá de reemplazar una serie de tecnologías de generación de energía eléctrica, al integrar a las comunidades para que estas también se vean beneficiadas.

 

“No solo se trata de beneficiar los grandes proyectos de las grandes corporaciones sino también que haya alianzas privado-populares, que haya alianzas publico-populares y que sea, a través de ejercicios de mayor democratización de la energía, que logremos la justicia social, ambiental y económica para el pueblo guajiro”, indicó.

 

La líder de la cartera también destacó que al materializar los 25 proyectos de generación que hay en el territorio se podrían producir 2,5 gigavatios de energía. Esto no solo ayudaría a darle un mayor peso a las fuentes renovables, sino que contribuiría a la reducción de las tarifas de electricidad.

 

“De manera estructural las tarifas de energía solo se reducen si logramos producir energía más barata, que además, en este caso, contribuye a la descarbonización de nuestra matriz”, señaló la ministra.

 

Además, recalcó en que el territorio tiene una amplía capacidad que aún está pendiente por aprovechar. Según datos de la cartera, hay cerca de 25 gigas que se podrían desarrollar. 

 

De igual forma, la Minminas señaló que este pacto se enfocará en contribuir al cierre de las brechas de desigualdad. Para cumplir con este propósito, se construyó un primer decálogo de acuerdos con el que se pretende seguir materializando la "transición energética justa".

 

En ese sentido, Vélez se dirigió a las comunidades: “Tenemos el enorme desafío de que esta transición respete a la gente y respete a los territorios. En eso cuentan con este Gobierno que quiere trabajar con ustedes a partir de una visión tripartita, donde estén las empresas, las comunidades y el Gobierno siendo parte”.

 

La Minminas agregó que al promover el diálogo e incluir a las comunidades en la discusión también se garantiza el camino para “que seamos potencia de energías verdes y potencia de vida”.

 

El evento finalizó con la firma simbólica del pacto, el cual fue suscrito por las autoridades de las comunidades Wayuu, las compañías de generación y transmisión de energía, el gobierno local del departamento y el Gobierno Nacional.

 

Por Portafolio. 

 

La empresa que pertence al GEB protocolizó esta semana seis acuerdos con comunidades en La Guajira en el tramo Colectora – Cuestecitas, que es el pendiente por licenciar. Luego de esto buscará licencia de la Anla.

La filial Enlaza, del Grupo Energía Bogotá (GEB), anunció que ya está ad portas de culminar el proceso de consultas previas que le dará luz verde a la construcción de los dos tramos del proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora

 

El proyecto Colectora tendrá una línea de 475 kilómetros y que pasará por 10 municipios en La Guajira y cuatro más en el Cesar. Según explicó la empresa, la iniciativa se dividió en dos tramos Colectora – Cuestecitas y Cuestecitas – La Loma.

 

“Estamos avanzando con la celeridad y firmeza para tener reglas de juego claras y estables, que las comunidades tengan presente los beneficios del proyecto y que este pueda salir adelante en los menores tiempos posibles, porque es clave para la transición energética justa y gradual que el país requiere y ha comenzado a andar”, dijo Fredy Zuleta Dávila, gerente general de Enlaza.

 

En los avances, la empresa protocolizó esta semana seis acuerdos con comunidades en La Guajira en el tramo Colectora – Cuestecitas, que está pendiente por licenciar. Además, completó 231 consultas previas cerradas de las 235 que se deben realizar en los dos tramos. El avance en esta fase es de 98,3%.

 

En otro tanto, las obras civiles en la subestación La Loma avanzan en 90% y el montaje electromecánico en 70%.

 

Una vez se cuente con todos los acuerdos de consulta previa protocolizados, el GEB y Enlaza entregarán a la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) la documentación para que esta decida el trámite de la licencia.

 

Según Zuleta, el proceso de consulta previa en el proyecto Colectora es uno de los más grandes asociados al sector minero energético que se haya hecho en la historia de Colombia:, que involucró a 235 comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. "Esto planteó grandes retos para sacar adelante la iniciativa, a lo que se sumó la diversidad cultural, biodiversidad ambiental y la extensión del proyecto", dijo el directivo.

 

Acerca de la fase constructiva, Zuleta señaló que en las últimas semanas desde la zona franca de Santa Marta se trasladaron a la subestación La Loma, en El Paso (Cesar), nueve reactores que se requieren para ampliar este complejo, uno de los tres que hacen parte del proyecto Colectora. El peso de los equipos, necesarios para proteger y mantener la capacidad de las líneas ante variaciones inesperadas, es de 320 toneladas.

 

Para esto, Enlaza y el GEB ya tienen dispuestos en bodegas más de 13.000 toneladas de materiales para la construcción de las torres y el cableado del proyecto Colectora.

 

Por Allison Gutiérrez para LaRepública.

Según el Ministerio de Minas y Energía, Colombia cayó en el Índice de Transición Energética por el retraso en proyectos de fuentes no convencionales.

En un escenario en el que Colombia cayó 10 puestos en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), expertos aseguraron que el principal factor de esa caída fue el retraso de proyectos de energías renovables. Para el Gobierno, el principal motivo fue el retraso en proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (Fncer) en La Guajira.

 

Según la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, Colombia cayó porque “en la subasta que se hizo en 2019 se les dio capacidad a los proyectos, a través de la Upme y, sin embargo, hoy están en el papel, porque se desconoció que era necesario un relacionamiento social y que no podíamos enfocarnos solo en la rentabilidad empresarial y debe ser un gana gana. Este Gobierno tiene una nueva política para precisamente superar el rezago que desde 2019 no se ha superado”.

 

De hecho, el Decreto 1085 del 2 de julio, en el que se declaró emergencia económica en La Guajira, indica que actualmente existen 17 proyectos de generación de energía renovable en la región. El porcentaje de avance promedio de los proyectos es de 28,81 %; y el porcentaje promedio de desfase de avance de los proyectos es de 54,65%.

 

El Ministerio asegura en el decreto que solamente dos de los proyectos han cumplido el cronograma trazado en el tiempo y 82% de los proyectos están atrasados. Aquí uno de los más relevantes es Windpeshi, que estaba en manos de Enel pero fue suspendido en mayo por conflictividad social.

 

“El fracaso de la transición energética en La Guajira deriva en la falta de un mercado que permita la subsistencia de las familias y la comunidad en general”, dice el Decreto. Esto ha afectado al menos 10 proyectos de energías renovables. Para 2031 se espera que 65 parques estén en funcionamiento, estos corresponden a una inversión que puede superar US$ 6.000 millones.

 

Marco Vera, director del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera), destaca que las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena) evidencian que Colombia no ha avanzado en las fuentes renovables.

 

Según este informe, de 2017 a 2021 las energías renovables crecieron 80%, pero por ejemplo, de 2020 a 2021 solo aumentó 5,4%. “Se tiene el plan de inversiones conforme al plan de subastas en el anterior Gobierno y La Guajira, que ha tenido los inconvenientes. Pero se espera que con los nuevos acuerdos se logre avanzar, sobre todo en sacar adelante el proyecto de transmisión colectora, que va a ayudar a destrabar el desarrollo de los demás proyectos eólicos”.

 

Vera asegura que esto permitirá avanzar proyectos de energía solar y eólica para Colombia, “no solamente en autogeneración, sino en la masificación de granjas solares. Por ejemplo, en las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) también hay un potencial por desarrollar”.

 

Las PCH fueron impulsadas en el Plan Nacional de Desarrollo, pues serán consideradas como Fncer para los beneficios tributarios de la Ley 1715.

 

El pacto por la transición enfrenta retos

Este pacto pretende destrabar 13% de la generación eólica en esta región y lo firmaron comunidades, autoridades regionales, empresas y la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER). La conflictividad social es uno de los desafíos más relevantes. Según Inés Elvira Vesga, socia de Holland & Knight “no se ven en el pacto acciones concretas, parece más un reconocimiento multiparte de la existencia de un conflicto, y se enuncian generalidades que ya están contempladas, comenzando por la Constitución Política como garantía de derechos sociales, económicos y ambientales, participación de las comunidades, inversión social”.

 

Por Juliana Arenales para LaReública.

Las empresas seleccionadas llevarán energía eléctrica, y realizarán capacitación a los usuarios beneficiados sobre los proyectos.

El Instituto para la Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Ipse) abrirá procesos de licitación pública con el fin de incrementar la pluralidad de oferentes para realizar la construcción de unidades de generación fotovoltaicas de energía eléctrica. Esto particularmente en las comunidades en la zona rural del municipio de Uribia en la Guajira.

 

El proceso de contratación se dividirá en cuatro grupos: en la zona centro, donde hay 35 comunidades con 328 beneficiados; en el norte, con 27 comunidades 345 usuarios; al sur, con 37 comunidades y 335 beneficiados; y al noreste, donde hay 46 comunidades que representan 315 usuarios. Las empresas solo podrán presentarse a dos de los cuatro grupos establecidos.

 

Javier Campillo, director del Ipse, aseguró que “son más de $40.000 millones que la entidad destinará para llevar por primera vez energía eléctrica a uno de los municipios más apartados y olvidados de Colombia. Este proyecto beneficia a 1.323 usuarios y a 323 Unidades Comunitarias de Atención de la primera infancia (Ucas), distribuidos en 145 comunidades indígenas del municipio de Uribía en el departamento de La Guajira”.

 

El instituto hizo un llamado a todas las empresas, consorcios o personas naturales del sector energético y empresarial de Colombia para que se presenten y sustenten su capacidad y experticia técnica, financiera, jurídica y administrativa en la ejecución de proyectos. Cabe resaltar que las empresas ganadoras no solo llevarán energía eléctrica, sino que además realizarán capacitación a los usuarios beneficiados con el fin de garantizar sostenibilidad de los proyectos energéticos, el fortalecimiento del tejido social comunitario y el impulso de sus proyectos productivos.

 

Con esto, el Ipse busca alinearse con la transición energética , realizando procesos de contratación transparentes, para la consolidación de comunidades energéticas, con el fin de llevar energía acorde a las necesidades de los territorios y fortalecer sus procesos productivos.

 

En el caso de la Guajira se revisaron y compararon las distintas alternativas para determinar cuál era el mejor modelo a implementar. Para esto, definieron el uso de microrredes preferencialmente, con fuentes renovables de energía promoviendo así la autonomía energética y potencializando el desarrollo económico local.

 

La entidad sostiene que estas soluciones ofrecen una alternativa sostenible y adecuada a las necesidades y energéticas de las comunidades, mejorando su calidad de vida y brindando oportunidades de crecimiento. Así, aseguran, se permite brindar un nivel de servicio de hasta 24 horas, generando mejores condiciones de vida y dinamizando la economía local.

 

Por Juliana Truillo para LaRepública

La Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió la resolución 060 de 2019 en la que exigió unas condiciones técnicas para el Parque.

La Junta Directiva de EPM llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional para explorar una alianza público-popular que permita que el parque eólico Jepírachi sea entregado al Gobierno Nacional, para que se constituya como la primera comunidad energética del país en La Guajira.

 

Agregaron que para que se pueda materializar esta comunidad energética, se requieren ajustes regulatorios y la definición de un modelo empresarial por parte del Gobierno Nacional. "EPM viene entregando al Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) la información requerida para el respectivo análisis de viabilidad de la propuesta", aseguraron.

 

En caso de materializarse la propuesta, EPM entregaría al Gobierno Nacional el parque eólico en condiciones óptimas de operación, para que las comunidades continúen beneficiándose de la energía que se genere y capacitaría a las personas que defina el Gobierno Nacional para la operación del Parque.

 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió la resolución 060 de 2019 en la que exigió unas condiciones técnicas que el Parque, por su tecnología actual, no cumple. "Por esta razón, EPM desde 2020 ha venido avanzando en el proceso de desmantelamiento del Parque, con el objetivo de cumplir la norma vigente y culminar su operación el 9 de octubre de 2023", dice el documento. Una vez se tengan las definiciones para la creación de la comunidad energética, EPM junto al Gobierno Nacional informará las condiciones para la implementación de la comunidad.

 

El parque eólico Jepírachi es un proyecto piloto que inició su operación en 2004, fue construido entre 2002 y 2003, se inauguró el 21 de diciembre de 2003 e inició operación plena en abril de 2004. Desde sus inicios hasta hoy, se ha concebido como un proyecto piloto experimental y como un laboratorio privilegiado para la investigación y el conocimiento de la tecnología eólica, su desempeño en un territorio como la Guajira y el relacionamiento con la comunidad indígena wayuu.

 

Por Alejandra Rico para LaRepública.

EPM informó que hará también inversiones de $45.000 millones adicionales a los $30.000 millones del proyecto.

El Ministerio de Minas y Energía y Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunciaron que el parque eólico Jepírachi, ubicado en La Guajira, será de carácter público popular.

 

“Hoy EPM decide que Jepírachi, parque eólico de 19,5 megavatios en La Guajira, pasará a esquema de propiedad con comunidad wayúu”, señaló la ministra Irene Vélez. Cabe destacar que estaba establecido un plan para que Jepírachi fuera desmontado en el segundo semestre del año.

 

No obstante, la compañía señaló que este parque “sería el primer proyecto que tendría la cualidad de tener una participación de la comunidad luego de una repotenciación de infraestructura y un ajuste regulatorio, que estará enmarcado en el contexto del decreto de emergencia de La Guajira”.

 

La compañía pública informó que hará también inversiones de $45.000 millones adicionales a los $30.000 millones ya dispuestos para el desarrollo de comunidades energéticas en las áreas de influencia de EPM y Afinia.

 

Reducción de tarifas

 

En Medellín también informó la empresa que para responder por las disminuciones en el precio de la electricidad que se anunció para el segundo semestre del año se hará una destinación de recursos de $100.000 millones y no se usará la opción tarifaria, con el objetivo de que no se les cobre después a los ciudadanos el costo de la disminución.

 

Actualmente, informaron que trabajan con el Ministerio de Minas y Energía para determinar qué instrumentos regulatorios y normativos les permiten aplicar esta medida.

 

“En principio iba a hacerse por medio de opción tarifaria, pero EPM se ha comprometido y nos hemos comprometido en que vamos a destinar $100.000 millones de pesos, que es lo que estimamos en EPM que vale la medida”, explicó Daniel Quintero, alcalde de la capital antioqueña, tras anunciar la decisión.

 

Por Portafolio.

EPM informó que Jepírachi pasaría a propiedad comunitaria. Sin embargo, iba a ser desmontado durante 2023 y no está operativo en su totalidad.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que entregaría su parque eólico Jepírachi para ser de propiedad comunitaria junto con las comunidades Wayúu, cumpliendo el “la iniciativa de asociatividad público popular para materializar la transición energética justa”, según la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

 

Ahora bien, la compañía había anunciado que este año se iba a desmantelar este parque de 19,5 megavatios que está a punto de completar 20 años de operación en La Guajira.

 

Con respecto a este punto, la empresa pública no ha informado a qué se debe el cambio de planes anunciado recientemente y qué implica para la operación a futuro que el parque sea ahora de propiedad comunitaria.

 

Actualmente, el parque no está operando en su capacidad total, puesto que hay dos aerogeneradores de los 15 del parque que están fuera de operación, lo que implica que la capacidad de generación sea de 16,9 megavatios.

 

“Sería el primer proyecto que tendría esta cualidad de tener una participación en la propiedad por parte de las comunidades. Significa que sí se necesita una repotenciación, porque hay algunas de las turbinas que no están operando y se requeriría un ajuste regulatorio, lo cual se enmarcaría en el decreto de emergencia”, aseguró la entonces ministra Vélez.

 

No obstante, el decreto de emergencia económica, social y ecológica para La Guajira está en vigencia hasta el primero de agosto y a la fecha de cierre de esta edición el Ministerio no había emitido ningún decreto al respecto, ni para el caso de Jepírachi, ni para otros temas relacionados con la cartera.

 

Portafolio consultó con EPM con respecto a las inversiones que implica poner el parque en pleno funcionamiento y si con este nuevo esquema, la empresa será la encargada de poner los recursos para operar. Sin embargo, al cierre de esta edición no había respuesta. De igual forma, no se ha hecho público cuánto tiempo podría ampliarse la vida útil del parque de generación eólica.

 

Fuentes cercanas del Gobierno explicaron que las razones por las que el parque debía desmantelarse es porque cuando se emitió la regulación para las plantas de fuentes de energía renovable no convencional, la central ya se encontraba operativa, pero no cumplía con parámetros establecidos allá. Por este motivo, se definió que Jepírachi cumpliría su vida útil establecida y sería desmontado.

 

“Jepírachi sería el primer proyecto que tendría la cualidad de tener una participación de la comunidad luego de una repotenciación de infraestructura y un ajuste regulatorio, que estará enmarcado en el contexto del decreto de emergencia de La Guajira”, explicó la compañía pública.

 

Sin embargo, no dieron detalles con respecto a eso, cuánto dinero y cuánto tiempo tomaría para llegar a ese punto y entregarse a las comunidades.

 

Posteriormente a los anuncios hechos por parte del Ministerio y de EPM, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge, informó que está en comunicación con la empresa para establecer los aspectos técnicos, financieros, regulatorios, ambientales y sociales del parque y cuáles son los escenarios que se plantean para una repotenciación.

 

Esta entidad señaló que solo hasta definirse la viabilidad en estos aspectos se iniciará una fase de concertación liderada por el Ministerio con las comunidades que podrían estar interesadas en ser parte del esquema propuesto.

 

Más allá de la operación, en caso de que se decida que en el futuro cercano la central eólica debe ser desmantelada, se desconoce cuál sería la responsabilidad de cada uno de los actores tanto en el desmonte de los aerogeneradores como en la reposición del área, que es uno de los requisitos que se deben cumplir.

 

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se refirió con respecto al desmantelamiento del parque, señalando que “esta es una región que lo que necesita es desarrollo y oportunidades. El acuerdo que hemos hecho es buscar los mecanismos para que no sea desmontado y sea entregado en un acuerdo de modalidad mixta a las comunidades”.

 

Tras la salida de Vélez de la cartera de Minas y Energía, se espera que se tomen determinaciones en la nueva administración. Se esperan mesas técnicas entre Fenoge, el Ministerio y EPM para analizar el estado del proyecto y permitir que el parque siga operando con participación de las comunidades indígenas y la empresa pública.

 

Por Portafolio.

La compañía informó que la construcción del proyecto energético se frenará de forma indefinida. Conozca los detalles de la decisión.

La multinacional Enel Colombia anunció que suspenderá de manera indefinida el proyecto eólico Windpeshi en el departamento de La Guajira.

 

A través de un comunicado, la empresa señaló que la decisión fue tomada por la junta directiva teniendo en cuenta los retrasos que se han presentado en el cronograma de obra previsto y por las inversiones que estos han derivado.

 

“Esta decisión, que no solo nos duele como compañía, sino como ciudadanos que le apuestan con mucha ilusión y responsabilidad a la transición energética, fue tomada luego de realizar rigurosos análisis y estudios de viabilidad, que concluyeron que no es posible continuar con la construcción de Windpeshi”, afirmó Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica.

 

Asimismo, la entidad dio a conocer que la junta directiva otorgó la autorización al gerente para evaluar y analizar los escenarios de venta de la obra y/o de los equipos y turbinas adquiridos para su ejecución.

 

Cabe resaltar que, a inicios de mayo, Enel Green Power, línea de negocio de la compañía energética, había dado a conocer que el avance del parque eólico se encontraba en "estado crítico", puesto que problemas con las comunidades aledañas estaban dificultando su avance.

 

De acuerdo con la empresa, entre 2021 y 2022, las obras estuvieron detenidas durante cerca del 50 % de las jornadas laborales, un porcentaje que se fue incrementando en lo corrido de este año hasta llegar al 60 %.

 

Este proyecto tendría una capacidad instalada neta de 205 megavatios, y hacía parte de una de las 16 iniciativas que se están desarrollando en esta zona del país.

 

PORTAFOLIO