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  • ‘No podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales’

    La jefa de la entidad que regula a la industria minera, dice que el Gobierno analiza si presentar o no una reforma al Código Minero. Asegura que las comunidades necesitan más información sobre el sector.
     
    Natalia Gutiérrez asumió hace una semana la presidencia de la Agencia Nacional Minera, en un momento en el que son más quienes critican al sector que quienes lo ven con buenos ojos.
     
    El 2014 no ha sido un año fácil para la industria. La locomotora minera no solo se desaceleró: en el segundo trimestre, se contrajo un 2,8 por ciento, sino que también se ha incrementado el número de comunidades que se oponen al desarrollo de proyectos mineros, lo que ha vuelto más lento la puesta en marcha de nuevas iniciativas de exploración y explotación.
     
    A esto hay que sumarle que la informalidad del sector es alta y esto le resta puntos a la reputación del sector.
     
    En estas condiciones, Natalia Gutiérrez, exviceministra de Minas y quien viene de trabajar con el Ministerio del Interior, asumió hace doce días la presidencia de la Agencia Nacional Minera (ANM). Portafolio habló con ella para preguntarle cómo encontró la casa y qué planea para que la entidad ayude a destrabar esta locomotora.
     
    ¿Cuáles son sus prioridades ahora que la ANM está a su cargo?
     
    Fiscalizar y descongestionar. La Agencia tiene ‘haciendo fila’ desde hace mucho cerca de 4.000 solicitudes. Hay una dificultad y es el famoso artículo 37 del Código de Minas, frente al que el Ministerio ya está pensando hacer una reglamentación, porque la norma nos pone una dificultad adicional y es que tenemos que socializar unos proyectos mineros antes de otorgar una licencia.
     
    ¿Van a presentar una nueva reforma al Código de Minas?
     
    El Ministerio de Minas está revisando si es prudente presentar una reforma al Código. Las cosas son siempre susceptibles de mejora, el Código se ha demorado en ser actualizado y hay que hacer claridades en algunas cosas.
     
    Hablando con el Ministro, creemos que sí es necesario un cambio. La cuestión es que no sabemos si es el tiempo oportuno.
     
    En estos momentos, el Gobierno tiene una gruesa carpeta de reformas que atender y ‘meter’ la nuestra dentro podría ser contraproducente.
     
    Y en cuanto al tema de fiscalización, ¿qué se tiene pensado?
     
    Simple. Quien ejerza sin tener un título está cometiendo un crimen y como cualquier crimen debe ser perseguido. Hay que identificarlos para ‘sacarlos del juego’, tanto a quienes ejercen sin permiso como para las compañías que están incumpliendo. La Agencia no se encarga de los ilegales, sino de quienes, con licencia, no están haciendo la tarea. Una de las cosas que queremos gestionar es una campaña con la Dian para que no se vendan materiales de construcción sin IVA.
     
    Sin embargo, si me hacen llegar las denuncias de quiénes trabajan sin licencias, yo haré la gestión para que sean escuchadas. La única manera que tenemos de luchar contra la minería ilegal es fortaleciendo la legal.
     
    ¿Qué opina del decreto que busca agilizar la aprobación de licencias ambientales?
     
    Primero quisiera aclarar un punto: no son licencias ambientales ‘express’, como algunos han optado por llamarlas. Son mecanismos de simplificación y optimización de trámite ambiental.
     
    El costo que estamos pagando de atrasos en este país es supremamente grande por cuenta de que las cosas no salen en el tiempo en que deben salir. El Ministro de Ambiente, muy eficiente, lo que está haciendo es tratando de acortar los tiempos, no los requisitos. Los parámetros para evaluar un proyecto no se van a tocar.
     
    Yo creo que hay que ser más responsables con esos ‘disparos al aire’ que lanzan los ambientalistas con ganas de formar escándalos donde no los hay.
     
    Lo cierto es que cualquier actividad minera tiene un costo ambiental…
     
    Sí, pero todas las compañías que están en una actividad legal tienen, no solo la obligación de volver a dejar el área con unas mínimas condiciones ambientales a como la encontraron, sino también de facilitar que se haga inversión en temas ambientales en otras partes.
     
    El sector minero ha estado siempre ‘en el ojo del huracán’ por cuenta de las comunidades que viven en las zonas donde se realizan los proyectos, o de quienes critican sus prácticas. Desde la Agencia, ¿qué se ha pensado para tratar esta problemática?
     
    El Ministerio de Minas está manejando el tema de conversar con las comunidades. Nosotros nos encargamos de acompañar a las compañías para que puedan hacer su trabajo como se debe.
     
    El sector tiene que entender que las empresas mineras no pueden tener un bajo perfil, deben acercarse a la gente y comunicar de qué se trata su labor. O convivimos con la comunidad con la que estamos trabajando o se nos va a seguir dificultando el desarrollo de nuestros proyectos. Por ejemplo, la Agencia tiene que acercarse mucho más a las políticas de desarrollo de los alcaldes en los POT. Tenemos que educar mucho más a la gente, explicarles de qué se trata el proceso minero, nos estamos dejando ganar la batalla por los ambientalistas radicales y no podemos permitirlo.
     
    'NO DIMOS TÍTULOS EN RESERVAS'
     
    La presidenta de la ANM le salió al paso a las denuncias del senador Iván Cepeda, quien denunció el otorga-
    miento de títulos mineros que se cruzan con zonas de reserva natural.
     
    Agregó que las concesiones mineras que están en zonas de páramo fueron adjudicadas antes de que se hiciera la declaratoria de estas áreas protegidas por parte de las autoridades.
     
    La ANM reportó que hasta el 20 de agosto del 2014 el Minambiente le envió la cartografía actualizada de los páramos del país.
     
     
    Fuente: Portafolio.co / Ana María Gutiérrez
     
     
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  • "Colombia puede caer en el error de Alemania en apresurar a apagar térmicas de carbón"

    Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, dijo que hay estudios que indican que la transición costará US$20.000 millones anuales.
    En el marco de la IV Conferencia Internacional de Biocombustibles, que se está desarrollando en Cali desde este miércoles hasta el viernes 28 de abril, el exministro de Minas y Energía, hizo una intervención en la que destacó que el Gobierno debe tener claridad referente a las políticas de energía, a la transición energética y a las declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol.
     
    Acosta dijo que en temas de transición hay que partir de la base, pues según la Agencia Internacional de Energía, la curva de demanda del petróleo empezará a aplanarse hasta 2030, "y hacia 2050 es cuando el mundo va a estar consumiendo más de 50 millones de barriles de crudo, de manera que alguien tendrá que suministrar esos volúmenes".
     
    El exministro resaltó que "Colombia podría incurrir en el mismo error que tuvo Alemania, cuando se apresuró a apagar las térmicas a carbón y les tocó echar un pie atrás para no enfrentar una situación de parálisis en su economía, de manera que Colombia tampoco puede, de forma prematura, renunciar al petróleo y al carbón", comentó.
     
    Para Acosta, solamente en la misma medida en que se vaya avanzando en energías renovables no convencionales y se vaya generando reconversión laboral es posible hacer una transición que no sea caótica. "Hay estudios que indican que esto costaría US$20.000 millones anuales, desde luego no son inversiones que hará el Estado, gran parte de esta inversión la harían los privados", dijo.
     
    Y en su opinión, para que este proceso sea organizado, debe haber claridad. "El Estado debe hacer lo conveniente para que las empresas no se atemoricen, la única forma de lograrlo es siendo claros respecto a su política y evitando que se den declaraciones en uno y otro sentido. Las señales no han sido claras y deben serlo", comentó. Ojalá después de este remezón del gabinete ministerial, el Gobierno haga esa claridad que el sector productivo y particularmente este sector está esperando", agregó Acosta.
     
    Acosta también se refirió a lo que el recién posicionado presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo esta semana, pues reiteró que no se firmarán nuevos contratos. "Me acojo a las declaraciones referente a que él asume la presidencia de Ecopetrol no para matar la gallina de los huevos de oro sino para cuidarla, además ha reconocido que la principal fuente generadora de recursos. Yo aspiro y espero que él entienda esta realidad y actúe en consecuencia", comentó Acosta.
     
    Sin embargo, el exministro resaltó que "hay un acuerdo de parte del Gobierno en el que se esperará hasta conocer el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre el balance de reservas para tomar una decisión firme. Ese anuncio no se ha desvirtuado, así que guardo la esperanza de que ya en mayo cuando se dé a conocer el informe tengamos certeza".
     
    También se refirió a la jefe de Cartera de Minas y Energía, Irene Vélez, "la veo muy comprometida, pero le hemos reiterado que no hay que poner en riesgo la seguridad energética del país y tampoco la soberanía energética".
     
    Acosta destacó que es necesario, para la transición, hacer un proceso por territorios. "He planteado que es necesario territorializar la transición energética, porque no es lo mismo en un departamento como Santander o Valle del Cauca, de manera que se tiene que adecuar a nivel territorial, de modo que se pueda comprometer en estrategia de transformación productiva".
     
    Para Amylkar Acosta, si se aumenta el porcentaje de las mezclas en biodiésel, van a contribuir a que se amplíen las áreas cultivadas de palma y de esta manera se le da un empujón al sector agrícola. "Esto contribuye a la diversificación de la economía, planteada por el Gobierno y que también está en el Plan Nacional de Desarrollo que se tramita en este momento en el Congreso de la República", agregó.
     
    Por Juliana Arenales para La República.
  • “Debemos implementar medidas que permitan incorporar nuevas reservas de hidrocarburos”: ¿Nuevo Minminas cambió el discurso?

    En una carta, como pronunciamiento oficial, dirigida a su equipo de trabajo y conocida por Vanguardia, el nuevo ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, afirmó que se deben implementar desde ya las medidas que permitan incorporar nuevas reservas de hidrocarburos.
    Este mensaje llega por sorpresa porque cambia la narrativa que traía este Ministerio con Irene Vélez, quien se resistió en muchas ocasiones a dar un sí a nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.
     
    La misiva también habla de las capacidades técnicas y humanas, así como de su excelencia, rigurosidad, innovación y capacidad de resolución de quienes integran esa cartera.
     
    A su vez, Camacho les manifestó que en este momento de transición para Colombia es importante tener en cuenta las líneas orientadoras que están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
     
    “Este plan nos marca una hoja de ruta para nuestra labores cotidianas. Cada uno y cada una de ustedes es fundamental en nuestro propósito de avanzar en una Transición Energética Justa que garantice la soberanía energética del país y permita diversificar nuestras fuentes de energía”, escribió en dicha carta.
     
    El nuevo ministro de Minas y Energía detalló que el mundo está intentando transitar hacía formas alternativas para habitar el planeta.
     
    “Es una decisión vital que transforma las políticas y los mercados energéticos de las próximas décadas, buscando el cuidado de la vida. Somos conscientes del rol que desempeñan los hidrocarburos durante el proceso de materialización de la transición”, explicó.
     
    Por eso, sostuvo en el texto que los actuales tiempos son inexorables y se deben implementar desde ya las medidas que permitan incorporar nuevas reservas y al tiempo potenciar la diversificación de la matriz energética que incluya la participación de nuevos agentes en los procesos productivos.
     
    “Esto posiciona al sector en un lugar estratégico en términos económicos, sociales y ambientales. También somos conscientes de la importancia de la formalización de la pequeña minería, la minería tradicional y la minería ancestral, y del fortalecimiento de ecosistemas estratégicos que permitan establecer una minería con propósito, especialmente para la Transición Energética Justa”, dijo en la carta dirigida a su equipo de trabajo.
     
    Rigurosidad en equipo de trabajo
     
    De acuerdo con Camacho, estas tareas deben tener rigurosidad y buena gestión.
     
    “Tenemos una responsabilidad inmensa. Esto nos obliga a poner a disposición nuestro saber técnico y, al mismo tiempo, a reconocer la importancia de la ciudadanía en el proyecto minero-energético de nuestro Gobierno”, aseveró.
     
    Por este motivo, Camacho puso como eje central el diálogo, así como la escucha que serán una característica de esta administración.
     
    “Hemos dicho que este será un Ministerio de puertas abiertas, para generar una sinergia de la confianza entre el Estado, la ciudadanía y las empresas del sector. Les invito a trabajar en conjunto. El país espera mucho de nosotros, cuento con ustedes”, finalizó en su carta.
     
    Es de recordar, que la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no se mostró partidaria de la firma de nuevos contratos de hidrocarburos en el país, y aunque de momento se desconoce si el nuevo ministro tendrá un cambio de postura sobre este tema en particular, resulta relevante Con este mensaje enviado por Camacho, el Ministerio de Minas y Energía asienta una nueva posición sobre el papel de los hidrocarburos en medio de la transición energética de Colombia.
     
    Por tanto, esta carta demuestra un cambio en el tono y en la forma sobre el sector minero energético colombiano.
     
    Por Vanguardia.
  • Agencia Nacional de Minería cancelará los títulos morosos

    En el país hay 1.029 títulos mineros que están en mora con por el pago del canon superficiario.

    Son estos los que podrían ser declarados caducos, por parte de la autoridad, si no se ponen al día con sus obligaciones, de acuerdo con lo informado por la Agencia.

    El canon superficiario es el valor que debe pagar todo titular minero, quien tiene un derecho sobre un área para explorar o explotar los recursos del subsuelo, antes de que inicie la producción.

    En otras palabras, es el derecho que pagan los mineros en las fases de exploración, construcción y montaje de las minas. Su valor se calcula según el número de hectáreas del título y según el tiempo que tenga el titular con el mismo.

    La Agencia indica que en el último proceso de seguimiento, control y fiscalización minera encontró que, de los 1.029 títulos con obligaciones pendientes, 912 son títulos vigentes y el resto (117) son títulos que ya están vencidos.

    Sin embargo, aclara la entidad, la obligación de pago en estos últimos casos sigue vigente y serán cobrados legalmente.

    “Una minería responsable y bien hecha también implica el cumplimiento de las obligaciones económicas pactadas entre el concesionario y la Nación. Por lo tanto, requerimos que los titulares hagan los pagos correspondientes y le cumplan con esto al país”, declaró la presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez Jaramillo.

    Este tipo de inconvenientes se presentan prácticamente en todo el país, en 29 departamentos. Los que registran mayor número de morosos son Bolívar, donde se concentra el 20 por ciento del total de títulos con obligaciones pendientes, y Boyacá, con el 13 por ciento.


    Fuente: Portafolio.co

  • Áreas protegidas se definirían en conjunto con Minminas

    Expertos en políticas ambientales cuestionan la propuesta del Minambiente de pedirle a la autoridad minera que de ahora en adelante tenga mayor injerencia en los procesos de declaratoria.
     
    Para lograr la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, entre Guaviare y Caquetá, la cual se hizo realidad en 2013, el Ministerio de Ambiente y los funcionarios de Parques Nacionales trabajaron durante tres años para reunir información y convencer al país sobre la necesidad de tomar esta decisión de preservación. Pero hubo un trámite que retrasó esperado anuncio que ampliaría en 1’300.000 hectáreas el parque amazónico y lo convertiría en una reserva monumental de casi tres millones de hectáreas: un año tuvo que esperar el Minambiente un concepto —no vinculante— del Ministerio de Minas sobre esta declaratoria.
     
    En principio, la autoridad minera determinó que la nueva área protegida traslapaba un millón de hectáreas de reserva de hidrocarburos que eran de gran interés nacional. Por suerte, al final los bloques petroleros fueron recortados y el país anunció una de las decisiones de conservación más importantes que ha tomado en los últimos años.
     
    De la protección de Chiribiquete, dijo en su momento Parques Nacionales, dependería la salud de toda la Amazonia. “Serán esos bosques los que les entregarán a las futuras generaciones el suficiente oxígeno para respirar”, coincidieron los expertos.
     
    Pero la discusión sobre cuánto debe intervenir la autoridad minera en las decisiones de conservación sigue sin resolverse y ahora un proyecto del mismo Ministerio de Ambiente, que a los ojos de expertos en política ambiental es bastante polémico, promete avivar el debate debido al protagonismo que cobraría la autoridad minera en los procesos de declaración.
     
    Hace un par de semanas, en respuesta al decreto 2372 de 2010, el Minambiente, aún presidido por Luz Helena Sarmiento, les envió a algunas entidades gubernamentales una propuesta sobre el protocolo para definir las nuevas áreas protegidas en Colombia y la manera como se debería proceder en la ampliación de las que ya están creadas.
     
    El documento (titulado Ruta declaratoria de nuevas áreas y ampliación de áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas), conocido por El Espectador, establece que a la hora de iniciar un proceso para constituir un nuevo parque nacional natural, no sólo se tendrá que hacer una caracterización de toda su composición cultural y biológica, también se tendrán que tener en cuenta los intereses en desarrollar proyectos minero-energéticos en las zonas.
     
    De esta manera, luego de describir los servicios ecosistémicos y las riqueza culturales que justificarían una declaratoria, los técnicos del Ministerio de Ambiente tendrían que sumar al protocolo una descripción de los “polígonos de las áreas de interés minero estratégico y los proyectos potenciales para desarrollos hidroeléctricos, microcentrales, desarrollos viales proyectados y distritos de riego”.
     
    Más adelante, a la hora de sustentar la declaratoria, el Minambiente pediría que se elabore un documento en el que se “resalten los actores sociales e institucionales que han participado en la iniciativa y, en caso de que exista el deber de colaboración, se demuestre la participación de la autoridad minera”.
     
    Para el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes y consultor internacional en política ambiental, es cuestionable que el Minambiente se preocupe tanto por incluir a la autoridad minera en este proceso y diga de una “manera ambigua” que debe ser tenido en cuenta. “¿Qué significa esto? ¿Que dónde haya bloques petroleros y títulos mineros no habrá nuevos parques? Las ambigüedades sólo traen problemas y confusiones. Esto es como decir que cada vez que entreguen un título minero se le debería pedir a la autoridad ambiental un concepto frente al daño ecológico que podría ocasionar la futura explotación de recursos naturales sobre ese territorio”.
     
    Respecto al mismo punto, el abogado Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), recuerda que “los títulos mineros no dan derechos adquiridos para explotar así que habrá que ver si el Ministerio los quiere tener en cuenta para revocarlos o para mantenerlos. Aunque sabemos que un área
     
    protegida con explotación minera es una contradicción”.
     
    Por otro lado, la abogada Diana Rodríguez, miembro de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, cree que esa injerencia se traducirá inevitablemente en la reducción de las nuevas declaratorias, debido a que el trámite se hará mas extenso al prolongarse la negociación con el Ministerio de Minas.
     
    Para los expertos, la propuesta podría dificultar los procesos de declaratoria de nuevos parques nacionales que se están adelantando, como el proyecto Parque Serranía de San Lucas, donde se espera proteger 377.000 hectáreas de Bolívar y Antioquia en una zona cercada por títulos mineros y actividades extractivas criminales.
     
    Lo mismo ocurriría con zonas donde hay intereses petroleros, como las 240.000 hectáreas que se quieren proteger en el alto de Manacacías, Meta, y las 101.000 hectáreas de humedales en las selvas de Lipa, en Arauca, que se encuentran en proceso de convertirse en reserva natural.
     
    “Además, este proyecto va en contravía de las competencias de las autoridades ambientales, como las corporaciones autónomas regionales (CAR) e incluso las del mismo Ministerio de Ambiente”, dice la abogada Rodríguez al referirse a un punto de la ruta en el que el Minambiente les exigiría a las corporaciones que, antes de declarar un área protegida regional que esté dentro de las áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 o en las áreas sustraídas de las reservas forestales, las CAR tendrían que llevarle la propuesta para su evaluación y aprobación, trámite que hoy, según los expertos consultados, no es necesario.
     
    Ahora que Colombia se muestra tan interesada en entrar a la lista de “países avanzados” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la abogada de Dejusticia cree que este panorama no ayuda al país a cumplir los saldos en rojo que tiene en términos ambientales: “La OCDE le recordó a Colombia que aún no cuenta con el número suficiente de áreas protegidas y también le recomendó que, si quería hacer parte de ese grupo, debía fortalecer su instituciones ambientales. Reglamentaciones como esta no ayudan ni a lo uno ni a lo otro”.
     
    Llama la atención que el Ministerio de Ambiente no haya puesto a consideración pública esta propuesta que hasta hoy desconocían expertos y organizaciones civiles interesadas en los temas de conservación. “No entendemos por qué no ha sido anunciada ni socializada. No se puede legislar sobre los parques nacionales de Colombia sin tener en cuenta a la opinión pública. Es obligación del ministerio que el país conozca sus planes”, dice el exministro Manuel Rodríguez.
     
    El Espectador intentó contactar a la saliente ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, pero no fue posible. Sin duda, este será uno de los primeros debates públicos que tendrá que dar Gabriel Vallejo, su sucesor. 
     
     
    Angelica Cuevas.
     
    ElEspectador.com
  • Así se reglamentaría el cierre y reconversión de pequeñas minas

    Esta resolución que salió a comentarios hace parte de las medidas para mineros que no puedan continuar ejerciendo la actividad.
    Los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente publicaron a comentarios un proyecto de resolución que reglamenta el cierre técnico gradual de pequeñas minas. Este documento hace parte de los compromisos de estas carteras definidos por la Ley 2250 de 2021 para la legalización y formalización.
     
    En esta Ley se definió que los mineros pequeños que tengan instrumentos ambientales y que estén cobijados por figuras de formalización y legalización, pero no puedan continuar con esta actividad, pueden optar por alternativas productivas.
     
    Por esto el Ministerio de Minas y Energía debía articular “las alternativas productivas, los procesos de formación, el fomento a microempresas y empresas familiares, emprendimientos que entre otros generen, clúster económico”.
     
    Para esto, las carteras determinaron que toda la asistencia técnica para el diseño, la capacitación y puesta en marcha del cierre y los procesos posteriores a este serán coordinados o bien por los Ministerios o por la Agencia Nacional de Minería en conjunto con las autoridades ambientales locales de cada jurisdicción.
     
    La propuesta señala que para el cierre técnico gradual se deben tener en cuenta los métodos de exploración usados por los mineros. Este Plan de cierre debe contener 14 ítems como mínimo; en primer lugar información de los antecedentes generales de la operación minera, estado de las obligaciones técnicas, jurídicas y ambientales derivadas de los actos administrativos. A renglón seguido se deberá presentar una recopilación del entorno, una fórmula de gradualidad, escenarios de cierre, análisis de las instalaciones, diseño de las actividades de cierre, que incluyan la estabilidad física, química y la rehabilitación paisajística.
     
    El séptimo punto que debe ser incluido son acciones frente a la señalización en el área de actividades; seguido de un desmantelamiento de instalaciones, desarme y retiro de equipos, que debe contemplar la eliminación o minimización de sustancias contaminantes.
     
    Con esto, el noveno paso sería el cierre de accesos, sellado y cercado de bocaminas, para posteriormente pasar a un programa de poscierre con seguimiento y control de riesgos identificados.
     
    También se deberá presentar un cronograma de actividades, la identificación detallada de los costos de implementación del Plan de Cierre, la formulación de las acciones de prevención y control necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo y por último las medidas de seguimiento para la implementación del cierre y el monitoreo de las actividades pos cierre.
     
    El proyecto de resolución propone que los recursos necesarios para este proceso provengan de la misma actividad minera; aunque la cartera de Minas podría organizar alianzas con organismos para obtener recursos.
     
    Según datos de la Agencia Nacional de Minería, en el país 60,7% de los títulos mineros del territorio nacional son de pequeña minería, con lo que esta iniciativa podría cobijar unos 4.500 títulos.
     
    Si bien este proyecto no contempla disposiciones para la articulación del Ministerio de Minas con otras entidades para la reconversión económica y productiva, la Ley 2250 sí se lo da en encargo.
     
    Según esta disposición, se deben generar las alternativas requeridas por las personas en este proceso para generar un clúster económico en aquellas zonas que decidan entrar a este proceso.
     
    Por Portafolio.
  • Canadá aportará US$14,3 millones a la minería

    Bogotá – El viceministro de Minas, Carlos Cante, junto al ministro de Comercio de Canadá, François-Philippe Champagne, suscribieron un memorando de entendimiento, en el marco de la cooperación colombo-canadiense, para promover proyectos de minas y energía que aseguren un manejo ambiental sostenible, transparente y equitativo para el país.

    Según explicó Cante, el proyecto marco, que será ejecutado por la Fundación Agriteam, tiene una duración de cuatro años y tendrá una inversión de US$14,3 millones por parte del gobierno canadiense.

    El mayor énfasis va a estar en modelos de relacionamiento con el territorio, fortalecimiento de las capacidades institucionales de la autoridad minera nacional y en crear una infraestructura social para el entendimiento entre las empresas y las comunidades”.

    El memorando “Construyendo un ambiente del sector extractivo en Colombia” fue firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC).

    La Fundación Agriteam es una entidad sin ánimo de lucro que hace programas, proyectos de desarrollo y actividades que promuevan el fortalecimiento de la gobernabilidad y una administración sostenible y responsable de los recursos naturales no renovables.

    Según indicó el viceministro, el memorando busca “ la protección de los colombianos más vulnerables y que el beneficio que resulta del sector extractivo alcance todos los segmentos de la sociedad, en especial a mujeres y comunidades indígenas”.


    Fuente: Larepublica.co

  • Claves del pacto de transición energética que se firmó en La Guajira

    La ministra de Minas y Energía destacó que con esta iniciativa se busca contribuir al cierre de las brechas de desigualdad en el departamento.
    Como resultado del proceso de diálogo entre las autoridades Wayuu, las comunidades, las compañías de generación y transmisión de energía, el Gobierno Nacional y el gobierno local, este miércoles se firmó el pacto por una transición energética en el departamento de La Guajira.
     
    Según explicó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, este acuerdo busca ir más allá de reemplazar una serie de tecnologías de generación de energía eléctrica, al integrar a las comunidades para que estas también se vean beneficiadas.
     
    “No solo se trata de beneficiar los grandes proyectos de las grandes corporaciones sino también que haya alianzas privado-populares, que haya alianzas publico-populares y que sea, a través de ejercicios de mayor democratización de la energía, que logremos la justicia social, ambiental y económica para el pueblo guajiro”, indicó.
     
    La líder de la cartera también destacó que al materializar los 25 proyectos de generación que hay en el territorio se podrían producir 2,5 gigavatios de energía. Esto no solo ayudaría a darle un mayor peso a las fuentes renovables, sino que contribuiría a la reducción de las tarifas de electricidad.
     
    “De manera estructural las tarifas de energía solo se reducen si logramos producir energía más barata, que además, en este caso, contribuye a la descarbonización de nuestra matriz”, señaló la ministra.
     
    Además, recalcó en que el territorio tiene una amplía capacidad que aún está pendiente por aprovechar. Según datos de la cartera, hay cerca de 25 gigas que se podrían desarrollar. 
     
    De igual forma, la Minminas señaló que este pacto se enfocará en contribuir al cierre de las brechas de desigualdad. Para cumplir con este propósito, se construyó un primer decálogo de acuerdos con el que se pretende seguir materializando la "transición energética justa".
     
    En ese sentido, Vélez se dirigió a las comunidades: “Tenemos el enorme desafío de que esta transición respete a la gente y respete a los territorios. En eso cuentan con este Gobierno que quiere trabajar con ustedes a partir de una visión tripartita, donde estén las empresas, las comunidades y el Gobierno siendo parte”.
     
    La Minminas agregó que al promover el diálogo e incluir a las comunidades en la discusión también se garantiza el camino para “que seamos potencia de energías verdes y potencia de vida”.
     
    El evento finalizó con la firma simbólica del pacto, el cual fue suscrito por las autoridades de las comunidades Wayuu, las compañías de generación y transmisión de energía, el gobierno local del departamento y el Gobierno Nacional.
     
    Por Portafolio. 
     
     
  • Colombia en la búsqueda de un nuevo dorado

    Con inversiones cercanas a 1.700 millones de dólares despegarán cuatro proyectos auríferos en los próximos años. El gobierno espera que la minería legal le gane terreno a la ilegal.
     
    El panorama de la producción de oro en Colombia, que era muy oscuro hasta el año pasado, dio un giro de 180 grados en los últimos meses y luce más despejado. Con la aprobación de las licencias ambientales para cuatro grandes proyectos mineros se espera triplicar la explotación legal, aumentar las regalías para las regiones y generar más empleos.
     
    Y es que después de años de trámites, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le dio vía libre a los proyectos mineros en Gramalote, de AngloGold Ashanti; Cisneros, de Antioquia Gold; Santa Rosa de Osos, de Red Eagle Mining; y Buriticá, de Continental Gold. Todos ellos, en el departamento de Antioquia, operados por multinacionales de Canadá, Sudáfrica y Perú.
     
    Con esta luz verde, Antioquia se posiciona como uno de los principales productores del país. Además, se convierte en el principal impulsor de un sector que estaba afrontando una difícil situación por la menor producción en algunas minas legales, la indefinición sobre las licencias ambientales, el avance de la minería ilegal y la caída de los precios internacionales. Después de llegar a cifras récord de 1.800 dólares la onza de oro troy, entre 2010 y 2012, lo que impulsó el boom aurífero, los precios se descolgaron por debajo de los 1.200 dólares la onza a comienzos de este año.
     
    Pero la situación para este sector comenzará a cambiar. Así lo sostiene el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien dice que con las iniciativas mencionadas las inversiones superarán 1.700 millones de dólares y generarán más de 5.000 empleos directos en las etapas de construcción y montaje y más de 2.500 desde que comiencen a producir. “Los nuevos proyectos de gran minería de oro son una respuesta del conocimiento geológico, del apoyo a la industria, los incentivos a la inversión y el respaldo a la minería bien hecha”, afirma el funcionario, quien espera que el país extraiga más de 20 toneladas del mineral al año, el triple de la producción legal actual.
     
    Así lo corrobora Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien espera que, por fin, la minería legal supere a la ilegal, que tanto daño le hace al medioambiente. De hecho, en la actualidad, de las cerca de 57 toneladas de oro producidas al año en Colombia, solo el 12 por ciento, es decir, alrededor de 7 toneladas, corresponde a compañías legalmente establecidas, que pagan regalías. El resto corresponde a barequeros que extraen el oro artesanalmente o a empresas criminales que destrozan el medioambiente, no contribuyen al desarrollo de los municipios y actúan al amparo de bandas como los Urabeños.
     
    Listos para despegar
     
    Por eso, el país tiene puestas sus esperanzas en proyectos formales que, si bien no están exentos de riesgos ambientales, tienen normas más estrictas en la materia y pagan regalías e impuestos.
     
    Uno de ellos queda en el municipio de Buriticá y pertenece a la canadiense Continental Gold, que el 30 de noviembre recibió aprobación de la Anla para modificar la actual licencia ambiental. La compañía produce hoy cerca de 6.000 onzas al año, pero con el nuevo permiso espera extraer 250.000 onzas, una cifra similar a todo el oro legal producido actualmente en el país.
     
    Buriticá es la primera mina a gran escala que se desarrollará en Colombia en las últimas dos décadas, y hace parte de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines) que impulsa el gobierno. Mateo Restrepo, presidente de Continental Gold, afirma que hasta la fecha han invertido 250 millones de dólares y que destinará 400 millones adicionales para construir el nuevo complejo minero. Esta será la primera mina de oro subterránea mecanizada a gran escala, y su obra comenzará en el primer semestre de 2017. Esta etapa durará tres años y la mina operará durante 14, tiempo durante el cual entregará a la nación por impuestos y regalías 1.000 millones de dólares.
     
    La multinacional esperó varios años el visto bueno de Corantioquia para la licencia, trámite que finalmente gestionó la Anla. Mientras tanto, durante este tiempo creció la minería ilegal en la región, con cientos de entables, de los cuales la Policía desmanteló varios este año.
     
    También recibió el visto bueno de la Anla la mina Gramalote, en el municipio de San Roque, que pertenece a la sudafricana AngloGold Ashanti, una de las tres mineras más grandes del mundo, y a la canadiense B2FGold. Esta también extraerá a gran escala, pero a cielo abierto, en un área de 2.080 hectáreas. Tiene la meta de producir alrededor de 414.000 onzas de oro y más de 426.000 onzas de plata anuales, durante 11 años, su tiempo de vida útil.
     
    Hasta el momento esa empresa ha invertido 250 millones de dólares. Pero se avecinan sumas gigantescas si se tiene en cuenta que intervendrá 1.300 hectáreas, construirá vías, campamentos, reubicará pobladores de la región, comprará predios y creará una sociedad con mineros artesanales.
     
    Por su parte, la canadiense Red Eagle Mining explotará una mina en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos. La firma llegó al país en 2010, en pleno auge del boom del oro por el aumento en los precios internacionales del metal. Con la licencia ambiental aprobada comenzarán a producir en el primer trimestre de 2017 con una meta inicial de 50.000 onzas al año.
     
    Y la minera Antioquia Gold tiene un proyecto más pequeño, pero también importante para la región, en el municipio de Cisneros, a 80 kilómetros de Medellín. La compañía, perteneciente a inversionistas canadienses y al Consorcio Minero Horizonte, de Perú, comenzó a trabajar en el país en 2009 para desarrollar una mina subterránea que producirá, según estimativos iniciales, 70.000 onzas al año.
     
    Si bien estos proyectos ya tienen luz verde, todavía hay incertidumbre sobre la suerte de otras grandes minas que han afrontado varios tropiezos. Una de ellas es La Colosa, en el Tolima, también de propiedad de AngloGold Ashanti, que está a la espera de una consulta popular en el municipio de Piedras, a ser realizada en enero del año entrante. Los pobladores votarán si quieren que haya o no explotación minera en su región.
     
    Angostura, en el páramo de Santurbán (Santander), de la canadiense Eco Oro (antes Greystar), tampoco ha podido despegar a pesar de que lleva 23 años en el país y de que tiene 14 títulos mineros. La razón es que en 2014, el Ministerio de Ambiente delimitó dicho páramo y en febrero de este año la Corte Constitucional restringió la actividad minera en la zona, lo que afectó el 50 por ciento del proyecto. La empresa ha invertido en Angostura más de 250 millones de dólares y terminó el pasado 7 de septiembre un proceso de conciliación con el gobierno, en el que no llegó a ningún acuerdo.
     
    Si bien el año entrante será clave para la definición de la suerte de estas dos grandes explotaciones mineras, lo cierto es que la industria aurífera tiene ahora mejores perspectivas de crecimiento. Pero no está exenta de grandes retos. Uno de ellos es hacer una minería responsable, que mitigue los daños en el medioambiente, que no contamine las aguas y no afecte a los pobladores. Pero, también, que sea capaz de transformar la situación económica y social de las regiones para que producir oro no sea una maldición, como ha ocurrido en el pasado.
     
    Fuente: Semana.com
     
  • Colombia prohibiría nuevos contratos de carbón, según borrador de proyecto de ley

    Un borrador del proyecto de ley busca avanzar en las “metas de descarbonización” del país, según el texto que actualmente está abierto a comentarios en el sitio web del Ministerio de Minas y Energía. El documento aún no ha sido enviado al Congreso.
    Colombia, el principal productor de carbón de Sudamérica, propuso un proyecto de ley minera que prohibiría nuevos contratos de exploración y producción de este combustible.
     
    La ley propuesta también permitiría la expropiación de activos mineros en determinadas circunstancias, tanto de carbón como de otros tipos de minerales.
     
    El proyecto de ley busca avanzar en las “metas de descarbonización” del país, según el texto que actualmente está abierto a comentarios en el sitio web del Ministerio de Minas y Energía. El texto aún no ha sido enviado al Congreso.
     
    El presidente Gustavo Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de terminar con la dependencia del país de los combustibles fósiles. Si bien su administración se ha negado a firmar nuevos contratos de carbón y petróleo, el proyecto de ley propuesto iría más allá al prohibir por ley nuevas licencias de carbón.
     
    En la COP28 celebrada en Dubái, Colombia anunció que se unía a un grupo de naciones que piden el fin de los combustibles fósiles. El petróleo y el carbón son las dos principales exportaciones de Colombia y representan aproximadamente la mitad de sus ingresos por exportaciones.
     
    El texto del proyecto de ley también incluye una propuesta que permitiría al Gobierno expropiar activos mineros en determinadas circunstancias. Los activos tendrían que ser “destinados para la reindustrialización del país, la transición energética justa, el desarrollo agrícola y para la infraestructura pública”, y “generar empleos directos calificados y no calificados en condiciones dignas”, entre otros requisitos.
     
    Por El Espectador.
  • Contrastes entre datos petroleros 2023-2024 del Ministerio de Hacienda y el mercado

    Las cifras de 2023 son distintas entre el Ministerio y Campetrol, y las proyecciones que hay para 2024 muestran visiones divididas.
    Durante la presentación de perspectivas económicas para 2024, a cargo de la Anif y Fedesarrollo, se tocaron varios puntos de interés económico, uno de ellos, relacionado con la producción de petróleo en 2023.
     
    Fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien comentó que durante 2023 se produjeron 788.000 barriles diarios y que la meta del millón de barriles se había alcanzado en 2014, pero que "nunca más se volvió a tener".
     
    Esto llamó la atención, pues la cifra es distinta a la que compartió Campetrol a finales de enero con el Informe de Taladros y Producción, en el que se destacó que la producción de petróleo en 2023 en Colombia se ubicó en 777.200 barriles por día (bpd), (promedio entre enero y diciembre de 2023).
     
    Sin embargo, aunque todavía no hay certeza, se cree que las diferencias pueden estar con que el ministro había resaltado la producción del último mes de 2023 y no la del año acumulado.
     
    "De pronto puede ser porque están mirando dos cosas diferentes, Campetrol el valor promedio del año y Hacienda el valor del último mes del año. Me suena que eso", señaló Julio César Vera, presidente de Xua Energy; sin embargo, advirtió que sería algo que no está confirmado.
     
    Pero podría ser esa la razón, pues la cifra de diciembre es más cercana al dato que compartió Bonilla ayer, pues según Campetrol la producción ese mes fue de 786.700 barriles diarios.
     
    Las proyecciones para 2024
     
    Ahora, aunque ya se tienen las cifras de 2023, en las que según Campetrol se evidenció un crecimiento de 3% frente a 2022 (ese año se produjeron 754.300 barriles diarios), al producirse 22.900 barriles diarios más, se mantiene a la expectativa de cómo será el panorama de este año, situación que mantiene visiones divididas.
     
    Por un lado, está la del Gobierno en los documentos del Ministerio de Hacienda, "que señalan que la producción caería a 740.000 barriles por día", señaló Vera.
     
    Y es que, dentro del cierre macroeconómico de 2023 y la presentación del Plan financiero para 2024, el Ministerio de Hacienda se proyecta que la producción de crudo cierre 2024 en 749.000 barriles por día.
     
    Por otro, están las proyecciones de "la ANH, que pretende incrementar la producción a 800.000 barriles por día, y la de la industria, que ha señalado que le quiere apostar a las metas de la ANH y mínimo mantener la producción actual, alrededor de los 780.000 barriles por día", añadió Vera.
     
    En línea con ello, hay quienes proyectan cifras similares a las vistas en 2023. "Anticipamos que la producción de crudo promedie niveles semejantes a los observados en 2023, con lo cual no se espera una expansión, pese a los favorables precios internacionales", explicó Camila Orbe gozo, directora de análisis sectorial y sostenibilidad en Corficolombiana.
     
    Sin embargo, Orbegozo señaló que, "si bien en el corto plazo las empresas petroleras sostendrán la producción cerca de los niveles actuales, soportada en sus compromisos y planes de inversión y producción, el panorama institucional y de política energética nacional apunta a un deterioro en el largo plazo de la producción de hidrocarburos en Colombia".
     
    Por su parte, Vera recalcó que "lo fundamental es tener señales claras y estables frente al sector, y apoyo en garantizar que desde el punto de vista social y ambiental es viable operar en todo el país y en especial en regiones como el Meta, Arauca y Casanare".
     
    Por lo pronto, resta ver cuál será el panorama de producción de la materia prima para este año, y si las diferencias en valores de producción entre el Ministerio y Campetrol tiene que ver con que se están comparando periodos distintos.
     
    Por Karen Mora para LaRepública.
  • De $600 en $600, este año el galón de gasolina se igualará con el precio internacional

    Aunque la brecha se viene cerrando desde que el Gobierno implementó la medida gradual, el hueco del Fepc sigue creciendo porque los precios del ACPM no se han tocado.
    Este viernes, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que el aumento de la gasolina será de $600 en junio. “Es el mismo valor de incremento que hubo el mes anterior y arranca en cuanto tengamos las firmas de los decretos completas y se oficialice. Estamos por estos días haciendo ese incremento”.
     
    Por este mes, no se harán ajustes en el precio del Acpm. El Ministerio de Minas y Energía indicó que se publicarán las resoluciones conjuntas con el Ministerio de Hacienda, que incluyen los precios exactos por ciudades.
     
    Según explica Andrés Velasco, director técnico en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), al 31 de mayo, la diferencia entre el precio regulado (ingreso al productor) y el precio de referencia de la gasolina era cerca de $4.000 por galón.
     
    “Si el precio regulado sube de $600 por galón por mes de junio en adelante, el diferencial de la gasolina se podría cerrar completamente a finales de 2023”, explica el analista.
     
    Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, “el diferencial, con una tasa de cambio de $4,410 del 2 de junio, y con un precio internacional del petróleo alrededor de US$76 por barril, con un equivalente al precio internacional o costo de oportunidad de la gasolina de US$100 por barril, sería de $2.817 pesos por galón con el aumento de junio.
     
    Los cálculos de Vera también arrojan un cierre del año con los precios cercanos al margen internacional. “ Si se realizan ajustes mensuales de $600 por galón, en cinco meses alcanzaríamos el precio internacional o siete meses si se hicieran ajustes del orden de $400”.
     
    Además, el Carf ha recomendado que se empiece a ajustar también el precio regulado del Acpm, de forma gradual, como se ha aumentado el de la gasolina, teniendo en consideración el impacto sobre los precios de la economía.
     
    Vera coincide e indica que “sigue estando pendiente el problema del diesel, que hoy es el principal problema del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), dado que no solo es 45% de la demanda nacional de combustibles, sino que además su diferencial con el precio internacional es hoy mayor que en la gasolina”.
     
    El analista destaca que, inclusive con este ajuste, aún por gasolina se seguiría subsidiando mensualmente por el orden de los $550.000 millones, para un subsidio total de alrededor de $1,6 billones.
     
    Referente al impacto en la inflación, Velasco explica que se ha estimado que el efecto en el largo plazo de un aumento de 1% en la gasolina sobre la inflación es de 0,06%.
     
    Además, el experto hace énfasis en el efecto en el largo plazo. “Un aumento de $600 por galón significa una variación del precio de la gasolina de 5%. El efecto de largo plazo de un aumento de $600 en la gasolina sobre la inflación total sería 0,3%”, agrega.
     
    Este mes hay ajustes para toda la cadena de la gasolina por alcohol e inflación
    Según indica Vera, el ajuste máximo del ingreso al productor va de $402 por galón, así para el público suba $600. “Este mes sube el margen mayorista por la inflación, es decir, con un ajuste de 12,82% sube $60 por galón, y como tiene IVA de 19%, son $11 pesos más de ajuste en la estructura de precios”, señala. También se espera que el alcohol carburante suba $30 ”y como la mezcla sube de 4% al 7%, eso tiene ajustes en toda la estructura, en el IVA, sobretasa, impuesto al carbono, tarifa de transporte del alcohol, entre otros factores”, agrega.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
     
  • Diálogo incluyente e intercultural, una oportunidad para la minería

    Es decir, para el GDIAM la minería debe crear valor compartido con las comunidades y las regiones donde opera.

    En estos tiempos, hablar de minería se ha vuelto una actividad de alto riesgo. No importa del lado donde se esté, las posiciones absolutas y dicótomas son la regla. La minería NO porque acaba con nuestras fuentes hídricas y por ende va contra la vida. La minería SÍ porque toda se hace bien hecha y sin ella no hay desarrollo.

    Hemos llegado al punto, en el que todos los actores relacionados con el sector deben hacer un alto en el camino y repensar si dar este debate en estas condiciones le está contribuyendo de la mejor manera al país. Sin duda las posiciones de unos y otros tienen fundamento en realidades; no se puede desconocer que hay un reclamo legitimo de la sociedad y de los territorios relacionado con la debida protección de los recursos naturales; esto sin contar con el derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas de ser consultadas y tenidas en cuenta en las decisiones en torno al desarrollo de sus territorios. Así mismo, tampoco se puede obviar que la minería ha contribuido de manera significativa al desarrollo del país y de las regiones a lo largo de la historia; y que las personas y empresas que realizan la actividad minera de manera legal tienen derecho a reglas claras y estables.

    Tampoco se puede desconocer, que algunas empresas se han equivocado en su relacionamiento con las comunidades que hacen parte del área de influencia de sus proyectos y que la institucionalidad minera y ambiental ha sido débil. Pero sin lugar a dudas, no se puede dejar de lado los efectos nefastos de la extracción ilícita de minerales en los territorios y el medioambiente; al igual que la evidente confusión por parte de la opinión pública entre estas actividades criminales y el desarrollo de la actividad minera que realiza el sector formal.

    Sin embargo, nada de lo anterior puede implicar que la opinión de unos se deba imponer sobre la de los otros, por el contrario, lo que se debe lograr es que partiendo del reconocimiento del otro y sus visiones divergentes, se pueda alcanzar consensos a través de la construcción de espacios de diálogo legítimos y participativos.

    En este contexto, desde 2014 el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia-GDIAM, inspirando en un ejercicio similar que se hizo en Chile, se ha convocado a personas con visiones y opiniones diferentes para alcanzar una visión compartida de la minería. Para el grupo, la minería en Colombia debe ser incluyente, resiliente y competitiva. Es decir, para el GDIAM la minería debe crear valor compartido con las comunidades y las regiones donde opera. De la misma forma, debe dejar en todas sus etapas un balance impacto-beneficio neto positivo en el sistema social y ecológico que interviene. Y finalmente, este grupo reconoce que la minería requiere de un entorno nacional que ofrezca adecuadas condiciones de seguridad física y jurídica, instituciones de calidad y marcos estables que brinden garantías a la inversión.

    A la fecha son varias las propuestas concretas realizadas por el GDIAM, producto del consenso al interior del Grupo, que buscan contribuir en la construcción de la política pública minera. Pero tal vez, su aporte más importante es que es un ejemplo real del inmenso potencial que tiene el diálogo intercultural, para construir visiones compartidas.

    Fuente: Semana.com / María Isabel Ulloa

     

  • Ecopetrol financiará 27 obras por impuestos

    La petrolera estatal Ecopetrol informó que destinará $167.000 millones para financiar 27 proyectos de obras por impuestos. Estas obras fueron asignadas por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y los ministerios de Transporte, Minas y Energía, y Educación Nacional.
    Estos proyectos en total contemplan pavimentación y mantenimiento de 51,5 kilómetros de vías terciarias y urbanas; la dotación para más de 660 sedes educativas; la dotación de 10 Centros de Desarrollo Infantil; y la instalación de 317 celdas solares fotovoltaicas para comunidades rurales y 36 sistemas de energía renovable para instituciones educativas.
     
    Son 13 los departamentos en los que se llevarán a cabo estas obras y se calcula que impactarán a 475.000 personas de sus zonas de impacto. De estos 27 proyectos, 15 serán ejecutados por Hocol; seis por Ecopetrol; tres por Cenit, y uno por cada una de las filiales Oleoducto Bicentenario, ISA y Esenttia.
     
    Así mismo, el Grupo destacó que se han ejecutado 39 obras en 14 departamentos. Adicionalmente, se entregarán seis más en lo corrido de este año, el próximo año 29 y en el 2025 se entregarán los 12 restantes.
     
    “Este año se atienden necesidades en infraestructura vial, educación y transición energética, que nos permitirá llegar a las comunidades con energías limpias, a la vez aportar al objetivo de acelerar la transición y la construcción de la paz territorial”, señaló Ricardo Roa, presidente de Grupo.
     
    Por Portafolio
     
  • El próximo año habría Ronda Minera

    El Ministro de Minas y Energía confirmó que ya se tiene lista la información geológica para la subasta.
     
    En el 2015, el Gobierno colombiano realizaría su primera subasta de áreas con potencial para la explotación minera.
     
    O al menos esa es la expectativa del ministro de Minas y Energía, Tomás González, quien aseguró que la información geológica de las zonas a subastar ya está prácticamente lista.
     
    Cabe recordar que en el 2012 el Gobierno definió diez minerales de interés estratégico y encargó al Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas) identificar, según la información que la entidad ha recolectado del subsuelo del país, cuáles son las áreas de mayor potencial para la producción de estos minerales.
     
    Las áreas estudiadas no tienen títulos vigentes y tampoco pueden cruzarse con áreas de reserva forestal o indígena.
     
    Los bloques a subastar tendrán potencial para explotación de oro, platino, cobre, minerales de fosfatos, de potasio y magnesio, carbón metalúrgico y térmico, hierro y uranio.
     
    “Cuando tengamos el cronograma, que es un trabajo que está haciendo la Agencia Nacional Minera en este momento, y que es una de las prioridades que les he pedido que atiendan, haremos una presentación más detallada de cuántos bloques hay, qué áreas serán ofrecidas y todos los detalles”, explicó el jefe de la cartera mineroenergética.
     
    El mecanismo sería similar al de las rondas realizadas para la subasta de bloques petroleros, que han generado compromisos de inversión en exploración por más de 6 mil millones de dólares, en siete rondas realizadas desde el 2007.
     
    NO HABRÁ COLTÁN
     
    Por otra parte, el Ministro confirmó que, a pesar de que el coltán quedó incluido en la lista de minerales de interés estratégico, no se subastarán áreas con potencial para esta materia prima.
     
    Se estima que hay potencial para explotación de coltán en la zona suroriental del país, incluso hay minas ilegales en Vichada y Guainía.
     
    No obstante, desde julio de este año los títulos mineros para explotación de niobio y tantalio (componentes del coltán) están suspendidos por orden de la Presidencia de la República.
     
    HAY OPTIMISMO POR PRODUCCIÓN DE CARBÓN
     
    El Ministerio mantiene su optimismo con respecto a sus perspectivas de producción de carbón para el cierre de este año. Calcula que la extracción del mineral cerrará en 95 millones de toneladas.
     
    “En términos de producción de carbón, mis expectativas son mejores, por un lado, por los resultados del primer semestre del año, que fueron mucho mejores que los del año pasado y, además, por las conversaciones que hemos tenido con los productores que muestran que sus desarrollos les permitirán aumentar la producción”, explicó el Ministro de Minas.
     
    Fuente: Portafolio.co
  • En su cartera está gran parte del futuro del país: gremios al nuevo minminas

    Diferentes sectores empresariales y de hidrocarburos recibieron con optimismo el nombramiento de Omar Andrés Camacho como nuevo ministro de Minas y Energía en reemplazo de Irene Vélez.
    Tras la salida de Irene Vélez como ministra de Minas y Energía, el gobierno de Gustavo Petro confirmó que Omar Andrés Camacho es el nuevo ministro de Minas y Energía.
     
    Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quien enumeró algunos retos y desafíos para Camacho.
     
    “El nuevo ministro de Minas tendrá al menos los siguientes retos: Debe asegurar el suministro actual y futuro de energía, asegurar las condiciones jurídicas y regulatorias para que se dé la transición energética con sostenibilidad y asegurar las condiciones para que Colombia mantenga la autonomía en hidrocarburos”, expresó Mac Master en su cuenta de Twitter.
     
    Agregó que, entre otros desafíos está el liderar un sector que es el principal generador de divisas y recursos para el Gobierno nacional y gobiernos regionales.
     
    “Se debe fortalecer la lucha contra la minería ilegal y formalizar la minería informal. En su cartera está gran parte del futuro del país”, destacó el presidente de la Andi.
     
    Por su parte, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) le dio la bienvenida al nuevo ministro de Minas y Energía y le deseó éxitos en su gestión.
     
    “Le deseo éxito en su gestión en favor de una política de seguridad, autosuficiencia y confiabilidad energética en un proceso de transición integral responsable en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gremio reitera su disposición de continuar trabajando con el Gobierno nacional y el Ministerio de Minas y Energía en un momento decisivo del país”, señaló el dirigente de la ACP.
     
    Camacho es ingeniero eléctrico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además es licenciado en Física y actualmente cursa un doctorado en ingeniería en la misma institución.
     
    A su vez, se había desempeñado como asesor del despacho de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y dentro de su experiencia en el ámbito político fue miembro del Partido Farc y se desempeñó como secretario de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en un nombramiento que en su momento generó gran polémica.
     
    Por Juan Sebastian Vargas para El Heraldo.
  • En tres meses deberán presentar plan ambiental para minería en río Magdalena

    Eso determinó el Consejo de Estado al conceptuar que se vulneraron los derechos de la población ribereña en Ricaurte, Cundinamarca.

    El Consejo de Estado conceptuó que una sociedad particular, que realizó construcciones sobre el cauce del río Magdalena en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca), para realizar explotación minera ilegal, violó los derechos colectivos de la comunidad ribereña a la moralidad administrativa, patrimonio público, goce de un ambiente sano, preservación y restauración del medio ambiente y protección de áreas de especial importancia ecológica.

    Según el alto tribunal, dicha intervención minera no se hizo con todas las autorizaciones pertinentes y contó con la complacencia de algunas entidades ambientales estatales: Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional (CAR). "La Sala explicó que aunque la CAR adelantó diligencias en campo, adoptó medidas preventivas y dio inicio al proceso sancionatorio, el procedimiento no fue efectivo, pues se permitió su continuidad, pese a que no contaba con la autorización respectiva. Incluso, transcurridos 7 años de actividad minera ilegal, dio por superada la infracción, con fundamento en que la sociedad infractora ya había hecho la petición a la Autoridad Nacional de Licencias ANLA para obtener la modificación al Plan de Manejo Ambiental y la ocupación del cauce del río Magdalena".
     
    La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, encontró demostrado que la Sociedad no presentó estudios, planos ni presupuesto previos a la obtención de la autorización ambiental, ni cumplió lo estipulado en el artículo 102 del Decreto 2811 de 1994, que obliga a que toda ocupación de cauces cuente con la debida autorización.
     
    Por tal razón, ordenaron a la Sociedad Privada, al municipio de Ricaurte, al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a la Agencia Nacional de Minería y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, rendir un plan de acción pormenorizado que liderará la CAR, en un plazo prudencial de 3 meses, con soluciones concretas para resolver la situación de los derechos colectivos vulnerados, con indicadores de gestión medibles y cuantificables.

    Fuente: wradio.com.co

  • Estudio indica que el 70 por ciento de la minería es ilegal

    Universidad Externado presentó el estudio Minería y Desarrollo para mostrar retos de la actividad.
     
    Antioquia aporta cerca del 70 por ciento de la producción de oro del país, lo que le permite constituirse como productor de talla mundial. Así lo expresó el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez a finales de abril en el Congreso Nacional de Minería.
     
    Por un lado, es un panorama promisorio pues acorde al Ministro de Minas Germán Arce “una actividad como la extracción del oro podría ser hasta 20 veces más rentable que la cocaína”.
     
    Pero la otra cara de la moneda no es tan alentadora. Un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia, indicó que el 70 por ciento de la Minería que se realiza en el país es ilegal.
     
    Minería y Desarrollo: los nuevos retos jurídicos del desarrollo minero a partir del empoderamiento de las autoridades territoriales es el nombre del trabajo académico en el que participaron 93 investigadores de diferentes disciplinas de la actividad minera y es considerada la investigación más completa que se ha hecho en el país sobre Minería.
     
    “Cuenta con 5 tomos con 69 escritos que tratan sobre un estudio trasversal sobre el tema en líneas como jurídicas, ambientales, empresariales, políticas, sociales e históricos”, cuenta Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado.
     
    Henao indica que el estudio –que duró cerca de dos años y medio– toca todas las facetas de la minería. Y precisamente la ilegalidad en la Minería, asegura el rector, será uno de los problemas más grandes que tendrá el país en un eventual posconflicto ya que en ésta están involucrados todos los actores de la violencia en Colombia.
     
    Opina que debe haber una lucha frontal contra la minería ilegal en dos flancos: El económico, pues se extrae el mineral del subsuelo sin pagar regalías u otros impuestos, y también el ambiental, pues la minería está botando 180 toneladas al año de mercurio.
     
    “La bolita de mercurio de un termómetro pesa menos de un gramo, ahora imagínense lo que son 180 toneladas de esas bolitas, o sea que el daño es nefasto”, explica Henao.
     
    En el primer aspecto, ya se ha creado una unidad dedicada a combatir ese flagelo como se dio en el caso de Buriticá en el que según la Gobernación se ha controlado en un 80 por ciento la situación con la salida voluntaria de 3.040 mineros ilegales y se han decomisado 95.820 millones de pesos, resultado de esta minería.
     
    El rector añade que con la nueva reglamentación en el que el poder de decisión se compartirá entre los municipios, el departamento y la nación, ayudará a combatir la ilegalidad pues “van a involucrar a más actores y entre más regulación haya es más difícil hacer corrupción”.
     
    El aspecto social
     
    Lo que plantea el tomo de Participación ciudadana y comunidades, según explica Ana Carolina González, docente de la Facultad de Finanzas del claustro, es cómo las comunidades son receptoras de los impactos de la minería, pero también en su rol como actores que quieren ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones.
     
    “En el caso de Buriticá, hay que ver cuáles son los incentivos –como el económico– que los obligan a arriesgar su vida. Me pareció muy interesante la instalación de mesas de concertación para tratar de dar solución a los temas. Pero no tiene que ser la solución del alcalde, del Ministerio de Minas, o del Gobernador, sino que sea entre todos, incluyendo a las comunidades”, cuenta la docente.
     
    Ese cambio de mentalidad, añade, requiere tiempo. Pero los mineros no son los únicos a quienes hay que hacerles pedagogía. Milton Fernando Montoya, director de Investigaciones del departamento de Derecho Minero-energético de la Universidad, asegura que los mandatarios territoriales donde se desarrolla la actividad minera no cuentan con el suficiente conocimiento para proceder y aplicar los recientes fallos de la corte constitucional.
     
    “Voy a recomendar que hagamos una pausa en el camino y trabajemos en una ley orgánica para evitar volver a cometer los errores del pasado. Y para eso la capacitación es vital”, finaliza Montoya.
     
    Fuente: Eltiempo.com / David Alejandro Mercado
     
  • Hay al menos 35 contratos de exploración de petróleo y gas que están suspendidos

    El freno de dichos contratos tiene que ver con problemas de orden público, trámites administrativos o ambientales, temas sociales, entre otros aspectos legales.
    Luego de que se conociera el informe que publicó el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el que se reveló que hay reservas probadas de petróleo y gas para 7,5 y 7,2 años, respectivamente, desde el gremio insisten en impulsar los contratos existentes del sector para garantizar la autosuficiencia y la seguridad energética.
     
    Francisco José Lloreda, director de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), dijo que “no es tarde para darle un impulso decidido a los contratos existentes de petróleo y gas, como lo hace el Gobierno, para hacer viables los recursos contingentes, y revisar, cómo lo dice el Plan de Desarrollo, la política de hidrocarburos a futuro”.
     
    Un informe de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (Acggp) mostró que, según las cifras de Ministerio de Minas y Energía, con corte a diciembre, de 117 contratos que están en fase de exploración, 35 se encuentran suspendidos y 32 de ellos podrían contar con recursos en el subsuelo.
     
    Los motivos de dicha suspensión en los contratos son de orden público, por trámites administrativos o ambientales, temas sociales, entre otras causas.
     
    “Un proyecto de exploración normalmente tiene seis años de duración, en términos contractuales. Esos tiempos se están alargando mucho más por el tema de licenciamiento ambiental”, explicó Flover Rodríguez, director de la Acggp.
     
    Los contratos suspendidos están distribuidos en diferentes regiones del país. La zona que tiene el mayor número es la cuenca Caguán-Putumayo, que tiene 14 de los 35; seguido de los Llanos Orientales, donde hay 10; la cuenca del Valle Medio Magdalena, con seis; la Cordillera Ambiental, con tres; la cuenca del Valle Superior del Magdalena, con dos; y los restantes en La Guajira, Catatumbo y Cesar-Ranchería.
     
    Las cifras del Ministerio de Minas y Energía muestran que, de los 35 contratos suspendidos, 56% tiene problemas sociales y ambientales. “Los contratos de exploración de hidrocarburos han sido históricamente afectados por la falta de capacidad de las instituciones para tramitar las licencias ambientales”, dijo.
     
    Respecto a la cuenca de Caguán-Putumayo, hay comunidades indígenas que se han opuesto a proyectos petroleros por la percepción negativa de la industria, asesinatos de líderes sociales, y presencia de grupos armados, que afectan las operaciones de empresas de hidrocarburos. Por ejemplo, en Caquetá, se denunció la extracción ilegal de oleoductos, como el de San Miguel-Orito, que ocasionó pérdidas a Ecopetrol por US$140.000.
     
    En los Llanos Orientales, Parex suspendió los proyectos de hidrocarburos en desarrollo por la presencia de grupos armados como el ELN, por la falta de garantías para operar. El valle del Magdalena Medio también ha habido conflictos debido a los contratos con petroleras de la región.
     
    Las dificultades para tramitar las diferentes licencias ambientales
    Flover Rodríguez, director de la Acggp, dijo que las principales trabas que hay en los trámites administrativos son los tiempos, ya que a la Anla le toma hasta un año revisar dichos procesos. “El relacionamiento en territorio es complejo. Las empresas, además de la licencia ambiental en los casos que amerite, deben surtir ejercicios de consulta previa. El Ministerio del Interior necesita fortalecerse para mapear e identificar a las comunidades que no son sujetas del derecho a la consulta previa. Un ejemplo de esto fue lo que pasó en La Guajira”.
     
    Por Juan Diego Murcia para LaRepública.
  • Incremento del precio de la gasolina afecta a 17 millones de vehículos en Colombia

    En un año y medio, el valor del combustible ha aumentado a $4.752. El aumento de 67,5% impacta a 11,3 millones de personas.
    En un año y medio, el precio de la gasolina ha aumentado $4.752 (67,5%), lo que afecta a 17 millones de vehículos a gasolina que ruedan en Colombia. Esto según un informe de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y Andemos.
     
    El impacto se da luego de que, en octubre del año pasado, el Gobierno Nacional pusiera en marcha la política de disminución del valor del subsidio a los combustibles en Colombia para poder reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
     
    Así mismo, coincide con el anuncio realizado por el Ministerio de Minas y Energía del aumento de $600 por galón de gasolina a partir del 3 de mayo.
     
    “El aumento en el precio de la gasolina afecta muchas actividades de la economía, en especial a los ciudadanos que deben movilizarse diariamente y al transporte de mercancías y alimentos. Tanto las motos, como los vehículos son parte fundamental del ingreso de las personas, por lo que el aumento de los precios incrementa el costo de vida. Igualmente, hay que tener en cuenta que, en Colombia, el uso del transporte individual es muy frecuente” manifestó Oliverio García, presidente de Andemos.
     
    En el caso de las motos, según cálculos de Andemos, 11,3 millones de personas serán quienes más van a sufrir el incremento de los precios de la gasolina.
     
    El dirigente gremial precisa la urgencia de estrategias para masificar las tecnologías eléctricas e híbridas como lograr la paridad relativa en los precios entre los vehículos de combustión y los eléctricos. “Esta paridad se logra con el mejoramiento de los estándares de emisión de los vehículos de combustión que actualmente en Colombia se encuentra en Euro 2 y, a partir de agosto, Euro 4”, señala.
     
    Por Jennyfer Solano para LaRepública.
  • Interés Oculto

    La ministra de Comercio, como en consejo comunitario; el Minminas, gran panelista; en Eco Oro harían recortes y el espejo retrovisor de la Agencia de Minería...
    Ajustes al Estatuto aduanero
     
    Todo apunta a que pronto se destrabarán los ajustes al Estatuto Aduanero. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, anunció que el tema del fondeo saldrá del Estatuto y quedará a cargo del Mintransporte. Como se recuerda, ese asunto había frenado la expedición de toda norma aduanera.
     
    Agilidad en trámites y regulación, piden los empresarios
     
    Durante la presentación de la Política Industrial, la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa convirtió el evento en un consejo comunitario, en el que abrió los micrófonos a empresarios que estaban en el Encuentro de Transformación Productiva para escuchar sus inquietudes. Los reclamos fueron: trámites y regulación.
     
    ¿Recortes en Eco Oro?
     
    Es preocupante la situación de la empresa Eco Oro, que opera en la zona en conflicto del páramo de Santurbán. La compañía estaría analizando la posibilidad de hacer un nuevo recorte de personal para mantener operaciones ante la falta de liquidez, pero esto agravaría el problema social.
     
    Cambio en la dirección de Upme
     
    La directora de la Upme, Ángela Cadena, se retiraría de su cargo para volver a la academia en la Universidad de los Andes. Aún no se sabe quién la reemplazará, pero en el sector esperan que se mantenga en este cargo a una persona de un perfil técnico con el que tiene la funcionaria saliente.
     
    Tomás, el mejor panelista
     
    Durante el congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, logró la más alta calificación como mejor panelista, según los participantes de dicho certamen. Le siguieron el exalcalde de Bogotá, Paul Bromberg y el director del centro de logística y transporte del MIT, Yossi Sheffi.
     
    Agencia Nacional Minera, con espejo retrovisor
     
    La presidenta de la Agencia Nacional Minera, Natalia Gutiérrez, esta usando bastante el espejo retrovisor, una muestra de ello es que en el foro de Semana sobre minería cuando le preguntaron por la demora en la expedición de títulos mineros la funcionaria respondió “eso mismo me pregunté yo cuando llegué a la Agencia”.
     
     
     
    Fuente: Porttafolio.co
     
     
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  • La importación de gasolina seguirá entre 20% y 30% de la demanda total para 2032

    El presidente Petro se refirió a la capacidad de las refinerías. El reporte de Ecopetrol indica que La Producción sí bajó en el cuarto trimestre de 2022, pero en el año creció 1,6%.
    Una de las decisiones principales del Gobierno de Gustavo Petro es incrementar de forma gradual los precios de la gasolina con el fin de equiparar el precio internacional y frenar el acelerado incremento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
     
    El fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, el presidente indicó que el déficit está abultado porque “en el segundo semestre de 2022 disminuyó la capacidad de refinación en Colombia y al mismo tiempo subieron los precios internacionales del petróleo y la gasolina”. También se refirió a una importación de gasolina planeada.
     
    Lo cierto es que a inicios de este año, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, advirtió lo mismo respecto a la capacidad en las refinerías. “Se quedó corta debido a que son pocos los que le apuestan a la refinación y al anuncio del Gobierno respecto a no firmar más contratos de exploración”, dijo en entrevista con RCN Radio.
     
    Sin embargo, hay que aclarar que la refinación bajó en el cuarto trimestre de 2022, según el reporte de Ecopetrol, pero si se mira en el año completo, no se produjo ninguna caída sustancial en la refinación interna.
     
    La producción de refinados de la Refinería de Barrancabermeja y Cartagena pasó de 350.993 barriles por día (BPD) en 2021 a 356.779 BPD en 2022, lo que representa un aumento de 1,6%, así lo explicó Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en el sector.
     
    En el tercer trimestre de 2022, la producción fue de 286.000 BPD y en el cuarto trimestre bajó a 228.000 BPD. Sin embargo, para el primer trimestre de este año aumentó y llegó a 303.000 BPD.
     
    Según el reporte anual de la ACP, en 2022 la demanda total de combustibles líquidos creció 14%, hasta alcanzar 345.000 barriles por día (KBD). Mientras que el consumo de gasolina a nivel nacional creció en 12%.
     
    Para cubrir el incremento de la demanda en 2022 se importaron, en promedio, 59,6 BPD de gasolina, 30,3 BPD de diesel, 2,4 BPD de jet y 0,6 BPD de etanol, que representaron 27% del total del consumo de combustibles.
     
    Si se hacen las cuentas en galones, según el Ministerio de Minas, la demanda diaria de gasolina es de 5,7 millones de galones al día, mientras que la producción de Ecopetrol es de 4,2 millones de galones día, esto implica la importación restante (27%). Y la demanda anual de 2022 fue de 2.090 millones de galones.
     
    El mismo reporte de la ACP advirtió que, teniendo en cuenta esta capacidad de producción nacional de combustibles fósiles, más el crecimiento esperado de la demanda, las importaciones requeridas para garantizar el abastecimiento podrían oscilar entre 20% y 30% del total del consumo durante el periodo 2023 - 2032.
     
    Esto quiere decir que la decisión de importación que tome el Gobierno Nacional no necesariamente implicará importar más, y aunque puede crecer en volumen por el incremento de la demanda, si se cumple el pronóstico de la ACP seguirá oscilando en un máximo de 30% sobre la demanda nacional.
     
    “Nunca se planificó la compra de gasolina importada, y esta se hizo a los mayores precios internacionales. En este año debe planificarse la compra de gasolina importada y aprovechar que su precio baja con el petróleo. Así en este año dejará de crecer el déficit cuando se encuentre el precio interno con el internacional”, señaló el presidente Petro.
     
    Según datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane), las importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas en 2021 alcanzaron US$8.736 millones y crecieron 77% contra 2021. Este rubro tuvo una participación de 11,3% del total de las importaciones.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • La Superintendencia formulará los cambios en la regulación de los servicios públicos

    El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico para mejorar el servicio.
    En las marchas en pro de las reformas del pasado miércoles 7 de junio, el Presidente anunció que si hará una reforma al sector de servicios públicos, que se presentará en el segundo semestre del año. El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico.
     
    A este decreto se suma la reforma a las leyes 142 y 143. El superintendente de Servicios, Dagoberto Quiroga dijo que “estamos construyendo el proyecto de reforma a la Ley; estamos consultando con organizaciones, entidades del sector, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, dándole participación a organizaciones de usuarios para que hagan sus aportes”.
     
    El funcionario citó a Petro y resaltó “el presidente ha dicho que, en primer lugar, vamos a tener en cuenta lo esencial, que es la universalidad y el derecho a un mínimo vital”.
     
    Y con esto vienen ajustes normativos “para mejorar algunas normas limitantes, que además la Corte Constitucional ha ordenado mediante acciones de tutela para tener en cuenta a los usuarios. Esto no quiere decir que vayamos a cambiar toda la ley, sino unas propuestas que van encaminadas a beneficiar a los usuarios”.
     
    El proyecto espera estar listo pronto. “Aspiramos a tener listo el proyecto de ley muy pronto. Nosotros venimos hablando con algunos legisladores que tienen algunas propuestas, incluso en el Congreso se están adelantando algunos proyectos aislados, pero queremos unificar en un solo proyecto y estimular las comunidades energéticas”.
     
    Recién se posesionó el Gobierno de Gustavo Petro, se implementó el Pacto por la Justicia Tarifaria, un acuerdo de más de 80 empresas de la cadena de energía para mitigar la tendencia alcista en las tarifas de este servicio. Intención que no frena y que hoy va en una segunda fase.
     
    Referente al nuevo decreto para el sector eléctrico, Quiroga dijo a este Diario que se reunió recientemente con el Presidente y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, así como con la Comisión, “hace 15 días nos reunimos con la Creg, donde se instó en que procediera inmediatamente a las regulaciones que debe expedir para que el decreto se materialice en resoluciones de la Creg. Creo que en unos tres meses puede estar saliendo”.
     
    La intención del Presidente llegó hasta sacar un decreto en el que asumía funciones generales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), decisión que fue cuestionada por los gremios del sector y llegó al punto de que el Consejo de Estado suspendiera la decisión.
     
    El Decreto 0929 le da los lineamientos a la Creg para crear las normas que permitan aumentar la eficiencia económica del sector, es decir, la Comisión será la encargada de expedir esa normatividad bajo los objetivos que dicta el Decreto.
     
    Gremios como la Asociación Nacional de Servicios Públicos (Andesco) y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) ven con optimismo el regreso a la institucionalidad y resaltan que se acogieron las sugerencias de los sectores.
     
    Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que “el Gobierno y el Presidente entendieron que las decisiones deben seguir siendo técnicas y no políticas; se mantiene la Creg como la institucionalidad y lo técnico de donde debe partir toda la reglamentación. Es muy importante este paso”.
     
    En segundo lugar, el directivo del gremio dijo que se debe nombrar en propiedad a los expertos de la Creg, “porque ahora se viene un momento crítico donde necesitamos un ente independiente y técnico para agilizar los procesos. Aquí no se tomaron decisiones de precios ni facturaciones, eso es importante”.
     
    Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, resaltó que “el decreto que salió recoge mucho de lo que la industria comentó, lo enmarca en una discusión institucional, a través de la Creg y, adicionalmente, se va a dar esa construcción de regulación”.
     
    El ejecutivo también señaló que resultó siendo un decreto de lineamientos de política hacia la Comisión para priorizar algunos temas que el sector requería.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • Las irregularidades que halló la Contraloría en la ejecución de recursos del Minminas

    Los hallazgos fiscales identificados por el ente de control corresponden a las vigencias 2017 a 2021.
    Tras una auditoría de cumplimiento realizada al Ministerio de Minas y Energía, la Contraloría General de la República (CGR) reportó algunas irregularidades relacionadas con la ejecución de recursos para subsidios de gas combustible e infraestructura para las vigencias 2017 a 2021.
     
    En concreto, se trata de 18 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal por $52.528 millones y 13 connotación disciplinaria. 
     
    Durante el proceso, el ente de control verificó el procedimiento utilizado por la cartera para la asignación, validación y pago de subsidios de gas combustible por red y el otorgamiento y pago de subsidios al consumo de GLP por cilindros. Así mismo examinó la administración de los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural.
     
    Hallazgos de la Contraloría
     
    La CGR encontró que, a lo largo del periodo antes mencionado, seis empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural otorgaron exención de contribución a sus usuarios sin que se hayan demostrado algunas de las condiciones que define la legislación para acceder a ella. Estas contribuciones no facturadas tienen una cuantía de $13.450 millones.
     
    La entidad también verificó un inadecuado seguimiento por parte del Minminas en el cumplimiento de los requisitos para el acceso de la exención al impuesto de contribución.
     
    Por otro lado, se evidenció que una estación descompensadora de gas ubicada en Quibdó (Choco) no está prestando el servicio y al día de hoy se encuentra en abandono. 
     
    En ese sentido, se identificó que los 3.764 beneficiarios objeto de este proyecto, y que corresponden a familias de estratos 1 y 2, no cuentan con el servicio de gas domiciliario, lo que ocasiona un detrimento al patrimonio del Estado por más de $8 mil millones. 
     
    "Se evidenció pérdida de vigencia de garantías del Convenio de Cofinanciación, falta de seguimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía y ausencia de servicio de gas domiciliario para los beneficiarios, lo que genera un detrimento al patrimonio del Estado por el no funcionamiento de la obra", destacó la entidad. 
     
    Irregularidades en subdisios
     
    En materia de auxilios económicos, la Contraloría estableció que los controles del aplicativo de subsidios GLP Cilindros definidos por la cartera de Minas no han sido efectivos, "dado que no contempla como regla de validación que el documento aportado no se encuentre cancelado por fallecimiento del titular". 
     
    Lo anterior ha derivado en un mayor pago a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras por el
    reconocimiento de incentivos a nombre de personas fallecidas, durante enero de 2017 a julio 2023. Esto a su vez ha generado un detrimento al Estado por más de $506 millones. 
     
    Los hallazgos también dejaron ver que les fueron otorgados subsidios a menores de edad que no cumplían con las condiciones establecidas. 
     
    "Esta situación evidencia debilidades de control en el aplicativo web GLP Cilindros, pues no restringe el otorgamiento del subsidio únicamente al tipo de documento de identidad cédula de ciudadanía, sino que admite cualquier otro tipo de documento", resaltó la CGR. 
     
    La Contraloría también identificó que en algunos de los casos se hizo entrega de los subsidios a predios ubicados en estratos 3 y 4, cuando estos solo pueden ser otorgados para los estratos 1 y 2. 
     
    Por Portafolio.
  • Mineros piden devolución de retenciones de la DIAN

    La cifra supera los US$40 millones


    Santiago Ángel representa a las empresas de este sector. Dice que la reducción del impuesto a los explosivos y el arancel cero para los bienes de capital son medidas claves para la competitividad.

    El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, habla de la buena nueva que trajo consigo los aranceles cero a bienes de capital y la reducción del costo del canon, es decir el pago por arrendamiento de cada hectárea para esta actividad, en medio de los bajos precios de las materias primas, pero advierte que las medidas tributarias de fondo son las impulsarán la industria, entre ellas el reducir el impuesto que pagan por los explosivos, 43% mayor que en otros países de la región, y el poder contar con las retenciones de la DIAN, que superan los US$40 millones.

    ¿Cómo impactó la reducción del canon?

    Debemos empezar a aplicarlo. Es muy positivo porque tiene una rebaja sustancial que se aborda desde cada tipo de minería: hectáreas pequeñas, medianas y grandes. Y muy importante porque no todos los productos son iguales, y además rebaja un costo en el proceso de exploración, en el que se generaba un ingreso cero. Lo es también para mantener la exploración.

    ¿En qué los ayuda que sigan en cero los aranceles a los bienes de capital?

    Usted no se imagina la importancia de esta medida, porque como industria identificamos casi 800 partidas (arancelarias), sin producción nacional, que están en cero, pero por la amenaza de que se subiera iba a resultar costosísima para las empresas. Estábamos hablando de alrededor de US$40 millones. El tema arancelario no es menor. Queremos verlo materializado porque ese decreto tiene que ser aprobado por confis y esperamos que éste sea el abrebocas para que las otras partidas pasen sin problema.

    ¿Qué les falta para ser más competitivos?

    Estos avances se podían hacer por medio de decreto, pero los que necesitamos son de ley. En 2011 nos pusieron una sobrecarga en los explosivos y esto hace que paguemos por ello 43% más de lo que se puede conseguir en un país vecino y esa plata no se invierte en la industria sino para el Fosyga, pues con esto se están financiando los hospitales públicos. Nos afecta porque es una materia prima de la industria. Reducir tales costos mejoraría la competitividad del sector. El desmonte del IVA de los bienes de capital también es necesario.

    Hay otro problema con los recursos que retiene la DIAN...

    La caja hoy en día se está quedando en la entidad. Nosotros tenemos una de las retenciones más altas, junto con los petroleros. Se están generando saldos a favor que, calculamos, pueden estar alrededor de US$40 millones o US$50 millones. Ese dinero está atrapado y lo necesitamos para financiar los proyectos. Necesitamos que se revise esto y que se ajuste a la nueva realidad. Pasa algo similar con la retención del 1% por exportaciones.

    ¿Qué tanta voluntad hay del Gobierno de reducir la carga impositiva?

    Las medidas que se han venido tomando son las que necesita el sector. Las tributarias tendrán la demora propia de la modificación de una ley. Dependerán de un acuerdo con el Gobierno y de que se establezca cómo se hará: una reforma estructural o una ley específica de apoyo a la industria.


    Fuente: Elespectador.com

  • Ministerio de Minas invita a privados a acuerdo nacional para construir la ley minera

    El titular de la cartera, Andrés Camacho, no reveló la fecha en la que se radicaría. Se había dicho que era en la segunda legislatura.
    El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, invitó al sector privado a realizar un acuerdo nacional en torno a la minería nacional y las reformas que plantea el Gobierno Nacional.
     
    “Hoy estoy aquí para ponerme a disposición del sector, pero también para invitarles a construir juntos esa minería del futuro, esa minería para la vida”, dijo Camacho en la instalación del Congreso Nacional de Minería de la Asociación Colombiana de Minería, ACM.
     
    “No queremos ni buscamos una política prohibicionista. Queremos construir con ustedes una minería equilibrada y justa”, remarcó Camacho en su participación.
     
    En línea con la propuesta del Gobierno de crear un acuerdo nacional con todos los sectores, como lo reiteró el presidente Gustavo Petro al final de las manifestaciones del 27 de septiembre, el ministro Camacho pidió al sector privado avanzar en un pacto sectorial.
     
    “Vengo a proponerles que avancemos en este sector en un acuerdo nacional sobre lo fundamental para la minería. Cuenten conmigo para una ley minera en la que todos ayudemos a construir”, dijo Camacho. No obstante, no se ha dado a conocer una fecha para radicar el proyecto, aunque se había dicho que sería en la segunda legislatura.
     
    A esto, la ACM resaltó que se necesitan mayores muestras de compromiso por parte del Gobierno.
     
    “El mensaje del acuerdo lo recibimos con beneplácito. No obstante, la institucionalidad minera debe tener coherencia. Ojalá el pacto pase por esa discusión”, aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
     
    En su intervención, Nariño también aseguró que la creación de una nueva ley minera debe tener la participación de todos los actores.
     
    El ejecutivo agregó que el país necesita todos los minerales con los que cuenta, ya que cada uno de ellos es estratégico en la transición energética. Nariño recalcó la importancia del carbón en la transición, en línea con las discusiones que se han realizado a nivel internacional.
     
    Álvaro Pardo, el presidente de la Agencia Nacional Minera, precisó que todos los minerales se seguirán extrayendo, aunque no todos sean estratégicos. “¿Que todos deberían ser estratégicos? No es así. Son estratégicos algunos y sobre esos, el Gobierno Nacional va a trabajar. Obviamente, los demás van a seguir siendo explotados como lo están haciendo hoy. Nadie les está cerrando la puerta”, dijo.
     
    Por Roberto Casas para LaRepública.
     
  • Ministerio Minas y Energía inauguró un piloto de planta solar en Tierralta, Córdoba

    La generación estimada del proyecto es de 2.400 MWh/año y es una apuesta de la cartera por las energías limpias y renovables.
    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, inauguró el proyecto piloto de la planta solar flotante ‘Aquasol’, en el municipio de Tierralta, al sur del departamento de Córdoba. El proyecto fue construido por la empresa Urrá Así mismo, ‘Aquasol’ fue ensamblada en el embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá y cuenta con 3.248 módulos fotovoltáicos. La generación estimada es de 2.400 MWh/año.
     
    “Este es un proyecto muy importante que se suma a otras iniciativas que ya marcan la ruta de la transición energética justa en Colombia por parte de las empresas. Una hidroeléctrica que le apuesta a energías limpias y renovables para adelantar parte de su operación es un gran mensaje del cambio que adelanta Colombia en materia de generación de energía renovable”, afirmó Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
     
    La compañía adelanta una gestión voluntaria encaminada a la protección, conservación, mejoramiento de los recursos naturales y del ambiente, además de apoyar proyectos en comunidades vecinas del área de influencia directa de la Central.
     
    Según informó el Ministerio, además de suplir en las horas de sol el consumo de energía de los servicios auxiliares de la Central Hidroeléctrica, Aquasol será un piloto que permitirá una investigación con rigor científico que definirá las ventajas de implementar los sistemas fotovoltaicos convencionales de estructura fija en suelo firme. Para ello, URRÁ firmó convenios con la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería, y la Universidad del Norte, de Barranquilla. Además, se están realizando acercamientos para firmar convenios de investigación y desarrollo con otras universidades nacionales y extranjeras.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • MinMinas anunció que Termoguajira transitará hacia generación de energía eléctrica

    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, trinó la noticia y aseguró que la termoeléctrica más adelante será 100% descarbonizada.
    Durante la gira del gabinete del presidente, Gustavo Petro, por el departamento de La Guajira, se han anunciado diferentes cambios en materia social y económica. Una de estas fue la firma del pacto por la transición energética justa, espacio en el que el primer mandatario aseguró que esa intención radica en que la generación eléctrica debe sustituir la del carbón y el gas.
     
    Este sábado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que TermoGuajira será la primera termoeléctrica en transitar hacia la generación eléctrica 100% descarbonizada.
     
    Termoguajira tiene una capacidad de 290 megavatios (MW), utiliza carbón como combustible principal para su operación y gas natural como combustible secundario y de soporte para el arranque de las unidades.
     
    “Esta es una gran noticia para el país pero sobre todo para el departamento de La Guajira ya que se empieza a materializar la transición energética justa y este territorio será carbono cero”, afirmó la ministra Vélez. Agregó que “desde el Ministerio de Minas y Energía estaremos acompañando con asesoramiento técnico y apoyando la búsqueda de alternativas para financiar esta inversión”.
     
    El esquema de transición va a incluir paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías. También contará con la instalación de condensadores síncronos.
     
    La Junta Directiva de Gecelca, dueña de Termoguajira, decidió que se impulsará un despliegue de energía solar en la región a través de esquemas de generación fotovoltaica tanto individuales como asociativos en su área de influencia en el municipio de Dibulla, esto hace parte de la iniciativa 'Estallido Solar' del Ministerio.
     
    El pasado miércoles 28 de junio, el Presidente y la jefe de la cartera de Minas y Energía aseguraron que La Guajira tiene un potencial de 25 gigavatios.
     
    Petro señaló que "La Guajira, lo ha dicho la ministra y en los datos que tengo, tiene un un potencial de 25 gigas (GW). Colombia completa consume, en un año, más o menos unas 18 gigas (GW), es decir, con solo la energía limpia de La Guajira en su máximo, podríamos reemplazar toda la generación eléctrica de Colombia, incluidas las hidroeléctricas; Hidroituango y esos proyectos que fueron motivo de discusión, y nos sobra energía".
     
    Además, en ese mismo espacio, el Presidente había hecho referencia a sustituir las termoeléctricas, "empezando por la de La Guajira, que es el segundo consumidor de agua en una región en donde la gente es al tercera y se muere de sed. Si se traslada a ser una granja solar o un parque eólico con la misma capacidad, se libera agua para el territorio".
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • MinMinas insiste en que no se firmarán más contratos de exploración este gobierno

    La contradicción a Ocampo se da tan solo una semana después que el ministro de Hacienda salió a decir que "la decisión aún no está tomada" 
     
    Después de las múltiples veces que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha tenido que salir a contradecir las declaraciones de algunos de los funcionarios públicos, e incluso del mismo presidente Petro, ayer la ministra de Minas, Irene Vélez, volvió a contradecirlo.
     
    En entrevista con la cadena radial La W, Vélez reiteró que el país no suscribirá más contratos nuevos de exploración y explotación. Esto, afirmó, "no es una decisión caprichosa", sino que actualmente hay 117 contratos en exploración cuya viabilidad es posible que satisfagan las necesidades a corto plazo del país.
     
    "Todavía tenemos ahí recursos que podrían convertirse en reservas importantes tanto en gas como en petróleo, entonces no queremos salir a presionar la frontera extractiva en un contexto de crisis climática y ambiental global sin antes haber resuelto qué está pasando con esos contratos”, dijo a La W.
     
    La contradicción a Ocampo se da tan solo una semana después que el ministro de Hacienda salió a decir que "la decisión aún no está tomada", en respuesta a la viceministra de Minas, Belizza Ruíz, quien afirmó en el Congreso Naturgas 2022 que "es fácil de entender. Ya dijimos que no se van a firmas más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos".
     
    Por útlimo, la MinMinas sentenció que el objetivo de la Administración sigue siendo el mismo. "Tenemos que cumplir con la promesa del Gobierno y es que se debe tener en cuenta la crisis climática a nivel global, que solo se podrá resolver si descarbonizamos la economía”.
     
    Por La Republica.
  • Nueva generación de mineros comprometidos con buenas prácticas ambientales

    La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través del Programa BIOREDD+ además de apoyar la formalización y legalización de unidades de producción minera en el Bajo Cauca, Buriticá y nordeste de Antioqueño, sembró la semilla para la implementación de buenas prácticas ambientales en la pequeña minería de la región.

    En sus dos años de acompañamiento permanente y asesoría logró que 135 mineros de Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Tarazá y Segovia asistieran a 100 horas de capacitación para apropiarse de los conocimientos que les está permitiendo transitar por el camino de la formalidad y la legalidad.

    Durante 4 meses, propietarios, administrativos y empleados aprendieron sobre sobre legislación minera ambiental, las etapas de legalización, los beneficios de la formalidad, aspectos tributarios, prevención de riesgos, la comercialización de minerales y la Ley de Mercurio, entre otros temas.

    Todos estos conocimientos, que fueron certificados por el SENA, los están aplicando en cada una de las minas donde laboran y le están apostando a la reducción de los índices de contaminación por el uso del mercurio y a la recuperación de áreas degradadas por la minería.

    Mientras este grupo se actualizó en los temas del sector,  otros 50 pertenecientes a 24 asociaciones de pequeños mineros, asistieron a talleres de fortalecimiento y gestión empresarial, para convertir a sus minas en pequeñas empresas y proyectar emprendimientos.

    Se suma a lo anterior las 176 familias de los municipios de Nechi, El Bagre y Zaragoza, que participaron en proyectos productivos apícolas y de recuperación de áreas degradas por la minería, algunas de ellas se dedicaban al barequeo.

    Esta es una nueva generación de mineros que decidió apostarle a la tecnificación de sus prácticas de explotación de oro, eliminación del uso del mercurio, modernización de sus asociaciones, cuidado del medio ambiente y a la búsqueda de alternativas económicas diferentes a la minería.

    Por: Paisminero.co

  • Nuevo Decreto para Fiscalización Minera

    Los pequeños mineros recibirán apoyo para implementar los planes de mejoramiento resultantes de su informe de fiscalización.
     
    MinMinas, Bogotá, D.C., 13 de enero de 2016. El Gobierno Nacional presenta el Decreto No. 2504 en el que se establecen los lineamientos para realizar la fiscalización minera y el acompañamiento a los títulos de pequeña minería que se encuentren en el programa de formalización y los subcontratos de formalización de todos los tipos minería en todo el territorio nacional. 
     
    “Estamos buscando un sector minero ordenado y competitivo. Es así, como estamos convencidos de que la mejor manera de lograrlo es haciendo un seguimiento exhaustivo y riguroso de los procesos mineros en todo el territorio. Con este nuevo decreto podremos aumentar nuestra capacidad operativa para realizar la fiscalización de manera que podamos elevar los estándares de la minería en el país”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada.
     
    El nuevo decreto define los criterios para realizar la fiscalización de acuerdo con la etapa en que se encuentre el título minero; y diferenciando las labores en la fiscalización realizada a los títulos de pequeña minería y Subcontratos de Formalización Minera.
     
    Como elemento novedoso, este acto administrativo establece la elaboración de unos planes de mejoramiento para la pequeña minería, así como para los Subcontratos de Formalización Minera, con el fin de garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas de exploración y explotación minera, planes que, en su formulación podrán contar con el apoyo y acompañamiento del Gobierno Nacional.
     
    La Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, agregó “estamos dispuestos a brindarle apoyo a los pequeños mineros. Por eso, estos planes de mejoramiento contarán con un acompañamiento permanente por parte del Gobierno Nacional, con el fin deque el minero cumpla de una manera efectiva y eficaz los requerimientos y recomendaciones señalados en el informe de fiscalización”
     
    Adicionalmente, en el decreto se exige a la autoridad minera presentar un plan de acción anual, en el cual se deben establecer las visitas que se realizarán el año siguiente a todos los títulos mineros. Este plan debe priorizar los Proyectos de Interés Nacional – PIN y Proyectos de Interés Nacional Estratégicos – PINES, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de carácter económico y los volúmenes de producción de estos proyectos que deberán visitarse al menos dos veces al año.
     
    Por último, también se deberá dar prelación a los títulos mineros que presenten alto riesgo de accidentalidad por condiciones de inseguridad minera y, los títulos cuyos beneficiarios sean pequeños mineros que estén en los programas de formalización minera adoptados por el Ministerio de Minas y Energía; estos deberán ser visitados por lo menos dos veces al año.
     
     
    Por: Paisminero.co / CP - MME
  • Procuraduría pidió intervención inmediata del Gobierno en minería ilegal en Chocó

     El Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional que declare el Estado de cosas inconstitucionales en ese departamento

     En diálogo con Caracol Radio el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Oscar Darío Amaya, aseguró que tras una visita hecha al departamento del Chocó, se constató la grave crisis ambiental que atraviesa esa región del país.

    Indicó que es necesario y urgente la intervención del Estado pues lo que se encontró fue “un desastre ambiental gigantesco donde la minería ilegal ha rebasado la cantidad de respuesta del Estado”.

    Aseguró que dicha situación “es un problema estructural que requiere de una política de estado y un cambio profundo en el manejo de la minería ilegal”.

    Amaya narró que durante la visita hecha a esa región en compañía de la Corte Constitucional se evidenció que los habitantes de esa comunidad denunciaron con mucho temor la presencia “oscuras del orden, lo cual nos ha conducido a que la Procuraduría declare el estado de cosas inconstitucional por la crisis en el departamento del Chocó, por la crisis humana, social y ambiental generada en el rio Atrato como consecuencia de la minería ilegal”.

    Y es que para el delegado del Ministerio Público es necesario que se le impongan tareas al Estado “es decir al Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, autoridades de Policía y militares para modificar el modelo de la gestión del Estado frente a la minería para que haya una solución de fondo a mediano y corto plazo”.

    Explicó que no se “trata de prohibir todo tipo de minería sino de hacer un debate científico con las autoridades del sistema nacional ambiental, con los institutos de investigación, para que con el liderazgo de las autoridades se haga un debate científico sobre cuál es la minería que puede manejar el Chocó, cuál es la que le da solución a los problemas ambientales del Chocó que está acabando con los ríos”.

    “Nosotros recibimos quejas permanentes en el departamento de Antioquia, En Buriticá, en el departamento del Valle, en la vía Buenaventura, y lo que estamos viendo es que en todo los casos hay una fuerte reacción de la Policía pero esto es un fenómeno que está desbordando la respuesta y la capacidad institucional” puntualizó.

     

    Fuente: Caracol.com.co

  • Prohibición de fracking podría causar escasez de gas en Colombia

    El primer presidente izquierdista de Colombia salió victorioso de la segunda vuelta de las elecciones de julio de 2022 después de realizar una amplia campaña basada en reformas con un enfoque en la  transición del país andino lejos  de la dependencia de los combustibles fósiles. Esto incluye planes para prohibir la fracturación hidráulica y terminar con la adjudicación de nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas natural.
    Eso generó una preocupación considerable porque Colombia depende en gran medida del petróleo, que es la mayor exportación por valor, mientras que el gas natural es una fuente clave de energía a nivel nacional. Colombia ya estaba luchando contra una escasez de gas natural con campos maduros envejecidos, reservas probadas bajas y la falta de éxito en la exploración de hidrocarburos, todo lo cual pesa sobre la oferta en un momento en que la demanda de combustible fósil se está expandiendo a un ritmo sólido. Esos desarrollos, junto con Los planes de Petro para prohibir el fracking  y poner fin a la exploración de hidrocarburos han despertado temores de que la seguridad energética de Colombia esté en riesgo.
     
    El gas natural es una fuente clave de energía en la matriz energética de Colombia. Según la  EIA de EE.UU., el combustible fue responsable  del 28% de toda la energía consumida en el país andino en 2021, y esa porción se está expandiendo. Eso convierte al gas natural en la segunda fuente de energía consumida en el país andino detrás del petróleo crudo, con un 31%, y por delante de la hidroelectricidad, que es responsable del 22%. El consumo de gas natural en Colombia ha ido aumentando a un ritmo constante durante la última década. Para 2017, el país andino consumía más gas natural del que producía, y la creciente demanda de electricidad a gas era el factor clave de la creciente demanda a nivel nacional. Como resultado, ese mismo año, Colombia comenzó a recibir las primeras importaciones de GLP a granel en una terminal de importación de GLP especializada en la ciudad portuaria caribeña de Cartagena. 
     
    Colombia depende en gran medida de las plantas hidroeléctricas para la producción de electricidad y una serie de sequías hizo que los niveles de agua en esas instalaciones disminuyeran drásticamente, lo que provocó que la producción de electricidad se desplomara y provocara cortes de energía. Para combatir los riesgos que plantean las sequías y el impacto que tienen en la producción de electricidad debido a la dependencia de Colombia de las plantas hidroeléctricas, el gobierno nacional en Bogotá incrementó el número de plantas eléctricas a gas. El volumen de plantas a gas también creció porque la administración anterior de Iván Duque consideró al gas natural como un combustible de transición necesario para que Colombia progrese hacia la utilización de fuentes de energía limpias y renovables.
     
    No es solo el creciente uso de gas natural para la generación de electricidad lo que está impulsando el aumento del consumo de combustibles fósiles en Colombia. El gas natural es también una fuente principal de energía para la industria y los hogares colombianos, que son responsables del 29% y el 15% del consumo doméstico, respectivamente. La creciente actividad manufacturera y una creciente población joven son responsables de la mayor demanda de gas natural en Colombia. El consumo doméstico del combustible se está expandiendo a un ritmo constante porque es una importante fuente de energía asequible en un país donde el 39% de la población vive en la pobreza. Existe un impulso de política pública para hacer la transición de aquellos hogares que queman madera, carbón e incluso basura para cocinar y calentar, que se ha expandido significativamente desde el fuerte aumento de la pobreza, al gas natural.
     
    No es solo el rápido aumento del consumo de gas natural el responsable de una crisis energética emergente en Colombia. Las escasas reservas probadas de gas y la disminución de la producción nacional pesan sobre el suministro nacional de gas natural y lo han hecho durante algún tiempo. Al cierre de 2022,  las reservas probadas de gas de Colombia  (españolas) fueron de 2,82 billones de pies cúbicos, lo que no solo fue un 11% inferior a los 3,16 billones de pies cúbicos reportados un año antes, sino también el nivel más bajo en 17 años. Las reservas probadas de combustibles solo son suficientes para otros 7,5 años al ritmo actual de producción. Para marzo de 2023, la producción de gas natural de Colombia promedió 1.065 millones de pies cúbicos por día, un 1,5 % menos que el mes anterior y un 1,2 % menos año tras año.
     
    Existe un riesgo muy real de que las reservas y la producción de gas natural de Colombia continúen disminuyendo. Las reservas actuales del país devastado por los conflictos se componen predominantemente de reservorios menores, lo que dificulta su extracción eficiente y genera un mayor desperdicio cuando se explotan. Colombia no está disfrutando de una alta tasa de éxito en exploración como sus vecinos Ecuador y Venezuela, a pesar de las afirmaciones de que el país andino posee un considerable potencial de hidrocarburos. No ha habido  descubrimientos de petróleo o gas natural de clase mundial o significativos  en Colombia desde la década de 1990. 
     
    El complejo Chuchupa Ballena Riohacha, ubicado en las cuencas marina y terrestre de la Guajira, que son los principales campos productores de gas natural en Colombia, fueron los últimos descubrimientos significativos. Chuchupa y Ballena son campos maduros que han estado bombeando gas natural durante décadas. A medida que los campos envejecidos superan la producción máxima, se acercan al final de su vida productiva y su producción se ve afectada por las altas tasas de disminución. Chuchupa entregó el primer gas a fines de 1979 y la producción alcanzó su punto máximo en 2010 con más de 100 000 barriles de petróleo equivalente por día. Desde entonces, la producción ha estado en declive terminal cayendo a alrededor de 17.600 barriles de petróleo equivalente por día durante 2022 y se espera que la producción caiga en picada a 9.588 barriles de petróleo equivalente por día para 2029 cuando finalice la producción comercial. La producción en el campo Ballena comenzó en 1977 y alcanzó su punto máximo en 2014 con poco más de 10.000 barriles de petróleo equivalente por día. Para 2022, la producción había caído a alrededor de 4.000 barriles de petróleo equivalente por día y seguirá disminuyendo y se espera que la producción comercial finalice durante 2039. Dado que los campos Chuchupa y Ballena son responsables de una parte importante de la producción de gas natural de Colombia, su producción decreciente está impactando fuertemente en el mercado doméstico. suministrar.
    Es por ello que durante la última década, los sucesivos gobiernos colombianos han promulgado políticas y reformas industriales encaminadas a atraer inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, especialmente para la exploración y desarrollo de gas natural. Estos incluyeron impuestos, así como otras concesiones regulatorias y el pago de un precio en boca de pozo que es significativamente más alto que el punto de referencia de Henry Hub de América del Norte. Esto atrajo una oleada de inversiones, especialmente después de que el regulador de la industria, la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH), abriera bloques frente a la costa caribeña de Colombia. Como resultado, se realizaron una serie de descubrimientos de gas en alta mar, incluidos los hallazgos de Kronos, Gorgon-1 y Purple Angel entre 2015 y 2017.
     
    A medida que disminuyen la producción y las reservas, Colombia corre el riesgo de enfrentar una crisis de gas natural con la seguridad energética del país comprometida. Ese riesgo se magnifica por la promesa de Petro de dejar de emitir nuevos contratos de exploración de hidrocarburos como parte de la transición de energía limpia de Colombia y reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles. Si bien hubo  una especulación considerable de que Bogotá no procedería  con un plan tan controvertido, particularmente después de aumentar su dependencia de los ingresos del petróleo mediante el aumento de los impuestos a la industria, los últimos anuncios indican lo contrario. En la  declaración del Ministerio de Energía sobre reservas de hidrocarburos (Español) La ministra Irene Vélez afirmó: “Desde el Gobierno de Cambio continuaremos con la política de mayor eficiencia en los contratos existentes y seguiremos trabajando con el sector de hidrocarburos para que los proyectos costa afuera se materialicen”. Vélez continuó diciendo a los periodistas en la conferencia de Gas Natural en la ciudad portuaria norteña de Barranquilla: "Esta es una clara demostración de que la ruta  es una mayor eficiencia en los contratos  existentes ". Sin embargo, según el  diario colombiano El Tiempo  Vélez evitó responder si o no se adjudicarán nuevos contratos de exploración.
     
    Si bien el gobierno de Petro se compromete a respetar los acuerdos de exploración y producción que ya existen, es probable que no pueda garantizar que las reservas y la producción comprobadas de gas de Colombia satisfagan la creciente demanda interna. De hecho, el máximo organismo de la industria petrolera del país, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), estima que como resultado de la política energética de Petro, Colombia se verá obligada en esta década a importar hasta el 30  % del combustible. (español) para cubrir el consumo. Las importaciones de gas licuado de petróleo se cuadruplicaron durante 2022 para compensar un déficit cada vez mayor entre la producción y la demanda interna de gas. Esto no solo hace que los precios suban, lo que impacta en los hogares empobrecidos, sino que también afecta una delicada balanza de pagos para un gobierno nacional con presiones fiscales. El polémico plan de Petro de  importar gas de Venezuela  para compensar cualquier déficit en la producción parece inalcanzable.
     
    Por Matthew Smith para Oilprice.com
     
  • Propuestas para la Ley Minera contemplan la creación de una empresa minera estatal

    El Ministerio de Minas y Energía estima que el proyecto se presente en el segundo periodo de legislatura, entre julio y diciembre de 2023.
    Este fin de semana, se recogieron las propuestas para la Ley Minera durante la Cumbre Nacional Minera que se basan en cuatro ejes: territorios mineros; los componentes de una nueva Ley Minera; la minería con propósito, industrialización y transición energética justa; y regularización de la minería informal.
     
    Otro punto destacado es la posibilidad de crear una empresa estatal minera. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos se indica que es apenas una idea que se está explorando, pues de esta manera el Estado participaría en el desarrollo del sector minero.
     
    Se estima que el proyecto de Ley se presente en el segundo periodo de la legislatura de este año, es decir, entre julio y diciembre. Desde el Ministerio de Minas y Energía se indicó que las conclusiones de la Cumbre Minera serán la base para el texto del proyecto de proyecto de Ley.
     
    Hemberth Suárez, fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, explica que que con el proyecto se estaría reformando la Ley 685 de 2001 que es el Código de Minas existentes, en el estricto sentido jurídico se modificaría la Ley 685 de 2021, pero esta no desaparecería.
     
    El texto se construirá durante los próximo meses para que una vez esté listo, sea socializado en todo el país, con los sectores involucrados en el sector minero. En cuanto a plazo de tiempo, la información suministrada por el Ministerio indica que una vez radicado el proyecto, será el Congreso quien dé las pautas de tiempo.
     
    En el marco de la Cumbre, se destacaron las intenciones comunes de gremios, empresas, medianos, pequeños mineros y comunidades en consensos de desarrollo con los diferentes tipos de minería.
     
    El eje de territorios mineros
    El reconocimiento hacia la minería ancestral y artesanal es una de las claves de la nueva ley. Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, explica que en este eje la pequeña minería y el barequeo tendrán una priorización, "se contempla una protección futura y privilegio en los procesos de formalización minera", agrega.
     
    Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, "la conclusión principal de la jornada fue que mineros ancestrales, tradicionales, de comunidades étnicas, pequeñas, medianas y grandes, coincidieron en la necesidad de que se promueva la actividad minera en el país".
     
    El eje del componente hacia una nueva Ley Minera
    Para ese objetivo común de armonización, el presidente de la ACM resalta que "se requiere que se armonice la visión de la industria por parte de los Ministerios de Minas y Ambiente", complementa Nariño, "facilitando y agilizando la expedición de todos aquellos trámites que necesita cualquier minero, para poder realizar su actividad de manera productiva, formal y tranquila, incluyendo la revisión urgente de la Ley 2 de 1959", agrega.
     
    El enfoque territorial radica en la protección a los ecosistemas y las poblaciones, esto se acompañará con mayor certidumbre jurídica a los títulos mineros. En este eje, Montoya destaca la necesidad de modificar el sistema actual de contratación minera por otro que, según el Gobierno, tenga en cuenta las variables sociales y ambientales, así como el ordenamiento del territorio alrededor del agua.
     
    Los expertos de OGE Legal Services recuerdan que con la Ley 1382 de 2010 ya se realizó el intentó de modificar el Código de Minas, pero tal ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional porque con esa ley 1382 de 2010 no se agotó la consulta Previa de medidas legislativas frente a las comunidades étnicas. Este es un foco al que hay que ponerle atención, mucha atención.
     
    El eje de la minería con propósito, industrialización y transición energética justa
    Otro de los puntos en común de los actores del sector, que se reunieron en la Cumbre Minera, es que la actualización del catastro minero en articulación con el catastro multipropósito.
     
    Con esta ley, según explica Suárez, el sector tiene "una oportunidad enorme para reforzar su participación en la transición energética implementando proyectos de cero emisiones contaminantes, esta reforma puede ser un buen vehículo para que se establezcan obligaciones de implementación de proyectos con energía renovable o con bajas emisiones en los contratos de concesión".
     
    El eje de regularización de la minería no formal
    Se tendrá en cuenta el tipo de población, el tipo de minería, la escala y el territorio para evitar que autoridades mineras adopten decisiones que propicien conflictos sociales.
     
    OGE Legal Services destaca que los puntos principales desde una perspectiva jurídica radican en tres: nuevas causales de caducidad a los títulos mineros, se pasaría a 12 causales; que la caducidad a los títulos mineros podría ser solicitada por terceros interesados; y la creación de "Consejos de Competitividad y Sostenibilidad Minera" como "órganos consultivos y de toma de decisiones" en los Distritos Mineros Especiales.
     
    Las expectativas
    El experto Montoya resalta que es importante conocer el detalle de las acciones concretas que plantea el Gobierno en materia de impulso a los minerales estratégicos como el cobre. "Es ideal que existan señales claras y concretas respecto a este tema que es fundamental para el país".
     
    Por otra parte, destaca que es relevante que las propuestas que se están planteando respeten los derechos adquiridos de las empresas mineras tanto nacionales como extranjeras que ya operan en el territorio, "y que sea una reforma que garantice la estabilidad jurídica y estabilidad de todos los actores", agrega.
     
    Para Juliana Arenales para LaRepública
  • Sena forma en minería sostenible

    El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) cumple 60 años de funcionamiento. En Medellín, la primera sede abrió sus puertas en 1961 en el barrio El Pedregal. Hoy la institución tiene cobertura en los 125 municipios de Antioquia, y cuenta con 16 centros de formación en varias regiones del departamento.

    El Colombiano habló con el director regional, Juan Felipe Rendón Ochoa, quien nos contó cómo está trabajando el Sena para apoyar las economías de las regiones.

    En El Bagre, una zona de vocación minera, el Sena tiene un centro de formación, ¿cómo funciona?

    “Tenemos 13 titulaciones de nivel técnico, y una tecnología. La cobertura no solo es para el Bajo Cauca, sino también para el sur de Bolívar y Córdoba. Ofrecemos programas orientados a procesos de exploración, extracción y cierre de minas de oro de aluvión, que es el tipo de minería que se trabaja en la zona”.

    ¿Cómo se maneja el tema de la contaminación en cuanto a la extracción?

    “Tenemos acuerdos con la Agencia Nacional Minera y con la Secretaría de Minas de Antioquia, para buscar que la extracción sea cada vez más limpia y sostenible. Además, trabajamos con las alcaldías de la zona para buscar que los mineros artesanales se formen con nosotros y se conviertan a la minería legal. Por ejemplo, a quienes son informales y no tienen títulos mineros, los estamos acompañando junto a los entes territoriales y al grupo empresarial Mineros S.A.”.

    Sobre la práctica, ¿cómo es la formación que estas personas reciben?

    “El Sena cuenta con laboratorios de simulación con maquinaria pesada, que permiten al aprendiz desarrollar competencias específicas haciendo más técnico el proceso. El otro, es el de procesamiento mineral, donde están las herramientas del lavado. Formamos a la población para que aprenda a extraer el mineral de manera responsable. También hay otro laboratorio de joyería, para que no sea solo extracción sino transformación; y otro de salvamento minero, enfocado en lograr procesos seguros, debido a las condiciones del trabajo. Es decir, prevención de accidentes”.

    El Oriente se avisora como una de las regiones con más potencial, ¿cuál es la oferta del Sena en esta zona de Antioquia?

    “El año pasado, en el Centro de Innovación y la Agroindustria adicionamos una escuela de formación aeronáutica. Actualmente hay 96 aprendices que cursan la técnica en mantenimiento de línea de avión. Tenemos alianzas con Avianca que abrió su MRO (centro aeronáutico) en el aeropuerto José María Córdova, y creemos que por las dinámicas de la región, la tasa de empleabilidad será alta y bien remunerada. Además, en Rionegro tenemos un fondo para apoyar proyectos de emprendimiento. Este año destinaremos $3.000 millones para este fin, con lo cual lograremos que de diez propuestas que se presenten se aprueben cinco”.

    El departamento tiene vocación cafetera, ¿cómo apoya el Sena a este sector?

    “Para fortalecer al gremio, trabajamos de la mano con la Federación Nacional de Cafeteros. El año pasado formamos a 5.600 personas en 53 municipios dedicados a este sector, mediante programas de 280 horas en los que se instruye sobre el manejo de máquinas, preparación de café y catación. Además de esto, también ofertamos programas enfocadas de selección de semilla, siembra de viveros, cultivo, cosecha, producción cafetera”.

    ¿Para desarrollar todas estas propuestas y el resto de programas a nivel departamental, cuál es el presupuesto?

    “Este año son $240.000 millones, que están enfocados en potenciar los pilares en los que hemos venido trabajando: formación para el empleo, empleabilidad, emprendimiento e innovación”.

    ¿Cómo lograr que se cumplan estos objetivos?

    “De los 16 centros de formación que hay en Antioquia, once se especializan en un solo sector, los otros cinco son multisectoriales. Eso permite que las personas que cursan nuestros programas salgan mejor preparadas para el mercado laboral. Además, trabajamos de la mano con las empresas para saber qué ofertar, y así mejorar la tasa de colocación de la población que se forma con nosotros”.

    ¿Cuántos aprendices formó el Sena el año pasado, y cuántos están estudiando actualmente?

    “En 2016 logramos formar a más de 100.000 personas, y este año tenemos casi 400.000 inscritas en programas de nivel tecnológico, técnico y cursos cortos de formación complementaria.

    ¿Cómo apoyará la institución la reinserción de guerrilleros de las Farc?

    “Ya lo estamos haciendo. 540 exguerrilleros de las zonas veredales de Dabeiba, Ituango, Anorí, Remedios y Vigía del Fuerte, donde hemos fortalecido nuestra presencia, han recibido formación en tecnologías de la información, transformación de alimentos y agropecuaria”.

    Fuente: Elcolombiano.com

  • Tomás González, nuevo ministro de Minas

    Nació en Bogotá, es economista de la Universidad de los Andes con Maestría en Ciencias de la Economía y Ph.D. en Economía de la Universidad de Londres. Ha sido cercano a varios políticos conservadores, como la línea pastranista, pero también  del presidente Juan Manuel Santos, especialmente en las dos campañas electorales por su experticia en encuestas.
     
    En 2010 fue el encargado del diseño y el análisis de encuestas y fue uno de los pocos que atinó con los resultados de primera vuelta que le daban a Santos una amplia ventaja sobre el excandidato Antanas Mockus. Su acierto hizo que se ganara la confianza del Presidente, por lo que antes de confirmarse una candidatura de reelección, Santos se lo llevó a la Casa de Nariño y se desempeñó como estratega de campaña a partir de las encuestas.
     
    Tomás González, fue Consejero Económico de Andrés Pastrana durante su presidencia (1998-2000) y posteriormente fue Subdirector de Planeación Nacional bajo la dirección de Juan Carlos Echeverry (2000-2002).
     
    Fue investigador y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, socio consultor en la empresa Connecta, secretario técnico del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, gerente de Asuntos Externos de BP Colombia, miembro del Consejo de Ministros, miembro de las juntas directivas de ISA, ISAGEN y FEN y de los consejos directivos del IPSE y la UPME.
     
    González fue designado viceministro de Minas y Energía cuando Carlos Rodado Noriega era el ministro y permaneció allí hasta febrero de 2013. Se le reconoce el impulso que le dio a la creación de la Agencia Nacional de Minería.
     
    Fuente:Caracol.com.co
  • Villavicencio, Cali y Bogotá quedaron con la gasolina más alta por encima de $12.000

    Solamente hay dos ciudades que tienen el precio del galón por debajo de $12.000, se trata de Pasto ($10.516) y Cúcuta ($10.825).
    En la noche del viernes, los Ministerios de Hacienda y Minas dieron a conocer el incremento exacto para las 13 ciudades principales para junio en la gasolina corriente. El promedio del alza es de $600 por galón y empezó a regir este sábado 3 de junio.
     
    La gasolina más cara está en Villavicencio ($12.873), Cali ($12.797) y Bogotá ($12.773). Mientras que las únicas dos ciudades donde el galón se mantiene por debajo de $12.000 es en Pasto ($10.516) y Cúcuta ($10.825).
     
    El precio promedio por galón en el país con el alza de junio quedó en $12.364. Ciudades como Medellín ($12.706), Manizales ($12.757), Montería ($12.653) e Ibagué ($12.708) están por encima del promedio. Las ciudades que se acercan más a la media son Cartagena ($12.403) y Barranquilla ($12.444).
     
    Con la actualización de precios por ciudad, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y experto en el sector, calcula que estamos aproximadamente a $2.831 del precio internacional.
     
    Respecto al Acpm, no se presentó incremento para el usuario final, pero Vera destaca que "en el diésel pudieron subir $68 pesos el ingreso al productor y ajustar el margen mayorista sin tocar el precio al público, dado que el biodisel bajó $1.340 pesos por galón para este mes".
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.