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  • ¿Cómo viene la industria minera en el Perú?

    A pesar de los desafíos que enfrenta el sector minero, no hay duda de que seguirá como uno de los que más aporta a la economía peruana al 2021.
     
    ¿Podría llegar el Perú a una producción de cobre de cinco millones?, preguntaba AméricaEconomía a inicios de 2013 a expertos mineros para dilucidar si en algún momento la producción local podría acercarse a la chilena. En el mercado empezaba a vislumbrarse cierta incertidumbre sobre el precio y la demanda de cobre, con el metal alrededor de los US$3,65 por libra [frente a los 2,41 del cierre de esta edición], y los especialistas apuntaban a que hacia el bicentenario si la cartera de proyectos se hacía realidad los cinco millones no eran una utopía. En cuestión de dos años, sin embargo, ese nivel de producción se ha alejado más en el horizonte, aunque este metal y la plata tienen buenas perspectivas a corto plazo.
     
    “Para 2016 la producción de cobre experimentará un salto de más del 60%”, dice Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Con Toromocho a su máxima capacidad, la recién inaugurada operación de Constancia y la puesta en marcha de Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde para finales de año, la producción peruana de cobre llegaría a los dos millones de toneladas para el próximo año, según las estimaciones de la SNMPE. De hecho, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción peruana de julio creció ya 30% respecto a similar mes del año anterior evidenciando este avance. “El panorama para el cobre pinta bien. Hay mucha ampliación”, dice Víctor Burga, socio de Assurance Service de EY.
     
    En el caso de la plata, se espera, según Burga, que la producción siga creciendo a través de los nuevos proyectos cupríferos que la consiguen como subproducto, pero también con el crecimiento de compañías como Buenaventura y Volcan, que están llevando a cabo mejoras en su productividad. El año pasado, la producción avanzó en un discreto 2,74% gracias al incremento de la capacidad instalada de las plantas concentradoras y a una mejora en el procesamiento de algunas mineras. Las posibilidades de que el Perú recupere el primer puesto como productor de este metal, hoy en manos de México, a mediano plazo, del mismo modo, dependerían del desarrollo de proyectos en la cartera del Minem como Corani o Galeno.
     
    En lo que respecta al oro, por el contrario, las previsiones llevan la producción a la baja, pues importantes minas auríferas como Yanacocha o Barrick Misquichilca se están agotando. La producción en 2014 cayó ya 10,43%, según el Minem. “Hay algunas empresas, que no son de esa misma magnitud como la del grupo Aruntani, que si bien son productores importantes no van a empujar la producción del país”, dice Víctor Burga, de EY, quien asegura que las producciones de plomo y zinc locales se mantienen constantes.
     
    Según el ejecutivo, una de las ‘esperanzas’ de la producción de oro local era Conga, hoy uno de los proyectos paralizados que tenía una tajada de US$ 4.000 millones de inversión de la todavía incierta cartera de proyectos del Minem y al que se le ha sumado en el último año el proyecto cuprífero Tía María, hoy también en el aire.
     
    “Pese a las expectativas de nuestro portafolio de proyectos, no está claro cuál será el próximo que se iniciará una vez terminados Las Bambas o la ampliación de Cerro Verde. La discusión sobre Tía María todavía no se resuelve, y eso enfría también las decisiones de cara al desarrollo de Quellaveco y de los otros proyectos”, dice Carlos Gálvez.
     
    Inversiones en el aire. La cartera del Minem de mayo de este año estaba compuesta por 51 proyectos, 26 de ellos en exploración y otros 20 con el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado, incluidos Tía María y Conga, y valorados en más de US$ 64.000 millones. ¿Cuántos podrían avanzar? Los especialistas no se animan a hacer vaticinios al respecto.
     
    “Los niveles de inversión dependerán de factores como el precio internacional de los minerales y el relacionamiento con las comunidades vecinas a los proyectos mineros”, dice Juan Carlos Mejía, director de auditoría de KPMG en el Perú.
    Por lo pronto, el proyecto Tambomayo cuenta ya con la aprobación del EIA y podría estar listo para 2016, mientras que la ampliación de Toquepala avanza y está prevista para finales de 2017. Quellaveco, por el contrario, afronta una serie de reclamos en la región Moquegua, que podrían prolongar su puesta en marcha.
     
    Según la Defensoría del Pueblo, en agosto había 94 conflictos socioambientales mineros activos y problemas con las comunidades, que son para Víctor Burga la principal dificultad que tienen hoy las mineras para poder seguir invirtiendo y crecer. “La minería es importante, pero parecería que no se entiende su importancia”, dice el ejecutivo.
     
    Carlos Gálvez, por su parte, suma, además, la excesiva burocracia que deben afrontar las compañías para implementar un nuevo proyecto, que conlleva que conseguir permiso para iniciar una exploración minera demore como mínimo dos años. “Es un reto que lamentablemente tiene significancias altamente negativas para producciones como las del oro”, dice el presidente de la SNMPE.
     
    El ranking del Instituto Fraser de competitividad minera de 2014 situó al Perú como segundo país en la región como destino para la inversión minera detrás de Chile y en el puesto 33 a nivel mundial; destaca especialmente en potencial y riquezas mineros. Su posición, para Carlos Gálvez, no obstante, debería ser la novena mundial, si el país redujera precisamente elementos como la incertidumbre, las normas ambientales, tributarias y sociales o las condiciones jurídicas y laborales. “Esa brecha es precisamente por nuestro manejo y gestión”, añade.
     
    Víctor Burga asegura que si bien en el corto plazo no se ven muchas perspectivas de incremento de la inversión, más adelante, teniendo en cuenta el potencial geológico del país y las próximas elecciones presidenciales, el futuro podría cambiar y hacer que las inversiones crezcan. “Es un tema que no lo puede resolver el sector privado solo o el Estado solo. El gobierno tiene que darse cuenta de que no puede dejar solo al sector privado. Faltan más mesas de negociación”, dice.
     
    Las compañías, del mismo modo, para Juan Carlos Mejía deben continuar mejorando su comunicación sobre sus proyectos de inversión con sus socios estratégicos, es decir, sus comunidades vecinas.
     
    Las mesas de desarrollo, creadas justamente para poner en común a empresas, gobierno y comunidades para César Gálvez han ejercido hasta ahora de bomberos, intentando solucionar los conflictos cuando estos ya están. “El Estado debe hacer su trabajo, dar servicios de educación, nutrición, luz, agua, etc. Cuando eso esté hecho podremos empezar a actuar las empresas”, dice el ejecutivo.
     
    ¿Puede afectar la oposición a la minería actual a las operaciones en curso? Para los especialistas ya se están viendo algunos casos, como la reciente demanda del alcalde de Arequipa a Cerro Verde por S/. 500 millones, y nuevos podrían verse los próximos años. “Las que están en marcha seguramente van a ser más demandadas los próximos años, les van a poner exigencias. Es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días”, dice Carlos Gálvez.
     
    Pese a los desafíos que afronta la industria, a la que se suma la necesidad de profesionales capacitados, ante la pregunta de si para 2021 la minería seguirá siendo una de las actividades con mayor aporte al PIB local, los expertos no dudan en que así será. Las ventajas competitivas del Perú respecto a otros países jugarían a favor de la industria local.
    “No hay manera de que la minería deje de ser un pilar de nuestra economía. El Perú desde la época de los incas es minero y lo va a ser”, dice Víctor Burga.
     
    Actualmente se realizan actividades mineras en menos del 2% del territorio nacional frente al 14% que ha sido solicitado en concesión, y el Perú se encuentra entre los países con mayores reservas del mundo de plata y cobre. Mineral hay. Está por ver si sigue extrayéndose.
     
    Fuente: Americaeconomia.com / Laura Villahermosa
  • ¿Qué tan convenientes es vender gasolina a precios diferenciales?

    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, manifestó que el Gobierno estudia esta medida frente al alto costo de la tarifa del combustible.
    Este domingo, tras finalizar las reuniones del Gobierno colombiano en su gira por Portugal, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, manifestó que se revisará la metodología con la cual se fija el precio de la gasolina en Colombia, porque “la forma en la que está construida hace que toda la gasolina se valore con el precio internacional”. 
     
    Además, la funcionaria dijo que se contemplan precios diferenciales del combustible para no subsidiar a grandes consumidores.
     
    Según la Ministra Vélez, ya se instalaron mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, para hacer una revisión integral en busca de reducir el costo del combustible en el país.
     
    Sin embargo, varios expertos han manifestado su preocupación por esta medida que resultaría inconveniente, pues traería males más graves  como problemas de desvíos y contrabando. 
     
    Además advierten que crear una tarifa diferencial en el precio de la gasolina, significaría en la práctica, un sacrificio de impuestos.
     
    "Fijar un precio de la gasolina inferior al internacional equivale a sacrificar recaudo tributario y es incoherente con la agenda de sostenibilidad ambiental. No tiene ningún sentido subsidiar el consumo de un combustible fósil", dijo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, tras el anuncio de la ministra.
     
    Por su parte, Tomás Gónzalez, exministro de Minas y Energía y director del Centro Regional de Estudios de Energía, dijo que vender la misma gasolina a diferentes precios podría estimular el contrabando como ocurre actualmente en zona de frontera, con múltiples consecuencias económicas y sociales. 
     
    Agrega que aunque subir el precio de la gasolina es impopular, es necesario hacerlo "porque nos estamos gastando demasiada plata en subsidios a los combustibles, plata que necesitamos para temas sociales mucho más urgentes", dijo González, en una entrevista en Caracol Radio. 
     
    A quien tampoco le suena la propuesta planteada por la ministra Vélez de cambiar la fórmula de la gasolina es al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, pues esto sencillamente le traería menos utilidades a Ecopetrol.
     
    Así mismo, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sostuvo que las propuestas sobre los precios de la gasolina deben girar en torno a tres ítems: mantener la sostenbiilidad fiscal del país, mantener los ingresos que se reciben de Ecopetrol y sostener la estabilidad financiera de Ecopetrol.
     
    Ante eso pidió calma y que se evalúen las propuestas bajo los tres criterios antes mencionados.
     
    "Es necesario que evaluemos, entre Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda, Ecopetrol y la Comisión de la Regla Fiscal, la composición de precios del combustible y cómo está la caracterización de los subsidio (...) El objetivo es que hagamos mesas técnicas y que de ahí salgan varias propuestas para ver cuáles se pueden implementar", aseguró Bonilla.
     
    Por PORTAFOLIO
  • “Debemos implementar medidas que permitan incorporar nuevas reservas de hidrocarburos”: ¿Nuevo Minminas cambió el discurso?

    En una carta, como pronunciamiento oficial, dirigida a su equipo de trabajo y conocida por Vanguardia, el nuevo ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, afirmó que se deben implementar desde ya las medidas que permitan incorporar nuevas reservas de hidrocarburos.
    Este mensaje llega por sorpresa porque cambia la narrativa que traía este Ministerio con Irene Vélez, quien se resistió en muchas ocasiones a dar un sí a nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.
     
    La misiva también habla de las capacidades técnicas y humanas, así como de su excelencia, rigurosidad, innovación y capacidad de resolución de quienes integran esa cartera.
     
    A su vez, Camacho les manifestó que en este momento de transición para Colombia es importante tener en cuenta las líneas orientadoras que están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
     
    “Este plan nos marca una hoja de ruta para nuestra labores cotidianas. Cada uno y cada una de ustedes es fundamental en nuestro propósito de avanzar en una Transición Energética Justa que garantice la soberanía energética del país y permita diversificar nuestras fuentes de energía”, escribió en dicha carta.
     
    El nuevo ministro de Minas y Energía detalló que el mundo está intentando transitar hacía formas alternativas para habitar el planeta.
     
    “Es una decisión vital que transforma las políticas y los mercados energéticos de las próximas décadas, buscando el cuidado de la vida. Somos conscientes del rol que desempeñan los hidrocarburos durante el proceso de materialización de la transición”, explicó.
     
    Por eso, sostuvo en el texto que los actuales tiempos son inexorables y se deben implementar desde ya las medidas que permitan incorporar nuevas reservas y al tiempo potenciar la diversificación de la matriz energética que incluya la participación de nuevos agentes en los procesos productivos.
     
    “Esto posiciona al sector en un lugar estratégico en términos económicos, sociales y ambientales. También somos conscientes de la importancia de la formalización de la pequeña minería, la minería tradicional y la minería ancestral, y del fortalecimiento de ecosistemas estratégicos que permitan establecer una minería con propósito, especialmente para la Transición Energética Justa”, dijo en la carta dirigida a su equipo de trabajo.
     
    Rigurosidad en equipo de trabajo
     
    De acuerdo con Camacho, estas tareas deben tener rigurosidad y buena gestión.
     
    “Tenemos una responsabilidad inmensa. Esto nos obliga a poner a disposición nuestro saber técnico y, al mismo tiempo, a reconocer la importancia de la ciudadanía en el proyecto minero-energético de nuestro Gobierno”, aseveró.
     
    Por este motivo, Camacho puso como eje central el diálogo, así como la escucha que serán una característica de esta administración.
     
    “Hemos dicho que este será un Ministerio de puertas abiertas, para generar una sinergia de la confianza entre el Estado, la ciudadanía y las empresas del sector. Les invito a trabajar en conjunto. El país espera mucho de nosotros, cuento con ustedes”, finalizó en su carta.
     
    Es de recordar, que la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no se mostró partidaria de la firma de nuevos contratos de hidrocarburos en el país, y aunque de momento se desconoce si el nuevo ministro tendrá un cambio de postura sobre este tema en particular, resulta relevante Con este mensaje enviado por Camacho, el Ministerio de Minas y Energía asienta una nueva posición sobre el papel de los hidrocarburos en medio de la transición energética de Colombia.
     
    Por tanto, esta carta demuestra un cambio en el tono y en la forma sobre el sector minero energético colombiano.
     
    Por Vanguardia.
  • “Debemos Sentirnos Orgullosos de la Minería bien hecha de Boyacá y Cundinamarca”

    MinMinas, Samacá, Boyacá, mayo 20 de 2016. Así lo anunció el Ministro de Minas y Energía Germán Arce Zapata en su visita a la zona carbonífera del centro del país, donde participó en la entrega del primer crédito al municipio de Samacá para capital de trabajo, transformación y comercialización de carbón.

    El jefe de la cartera minero energética  diálogo abiertamente  con los carboneros de Boyacá y Cundinamarca,  y destacó los avances en la implementación de la Política Minera alcanzados hasta el momento.

    “Estuvimos en el interior del país, zona históricamente rica en carbón, escuchando atentamente las necesidades de los mineros sobre los desafíos que han tenido que enfrentar en los últimos años (...)  No olvidemos de que la minería es parte de la economía del país y de la vida de todos; la minería bien hecha,  como la que vemos en esta región, sí es posible y debemos sentirnos orgullosos”,  aseguró el ministro Germán Arce.

    Junto a la Viceministra de Minas María Isabel Ulloa y al director de la Unidad de Planeación Minero Energética, Jorge Valencia, Arce Zapata también recorrió la mina carbonífera Casablanca en la vereda Rabanal en Guachetá, donde destacó el impacto positivo de este mineral en la generación de empleo y recursos.  Además, visitó una planta de lavado de carbón y coquización,  confirmando que en el país sí es posible hacer minería bien hecha y responsable. 

    "Queremos seguir recorriendo el país resaltando las buenas prácticas de nuestros mineros y acompañando a este sector que tanto le ha aportado al país",  finalizó el ministro.

    Por: Paisminero.co / CP MME

  • “El GLP tiene un papel importante en la transición energética justa”, Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho

    En el marco del 5º Congreso Internacional del GLP - GASNOVA, el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se comprometió a trabajar junto a GASNOVA en la construcción del camino hacia la transición energética justa que necesitan los hogares más vulnerables del país. 
    Bogotá, 24 de agosto del 2023. “Quiero felicitar a GASNOVA por organizar el 5º Congreso Internacional del GLP. Espero que las conclusiones de este evento nos permitan al gobierno y a la industria iniciar un diálogo constructivo y encontrar las maneras de cooperar para sacar adelante este propósito de la transición energética por el bien del país”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, durante la instalación del evento organizado por el gremio del GLP en Colombia. 
     
    El líder de la cartera de minas y energía indicó que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro están abiertos al diálogo con los gremios, y que desde el Ministerio van a liderar este proceso de diálogos con el sector del GLP. “Queremos iniciar un camino de conversaciones con GASNOVA para construir este camino de la transición energética justa en la cual el Gas LP tiene un papel importante. Tenemos mucho por trabajar”, agregó el Ministro Camacho. 
     
    “Desde el gremio del GLP estamos listos para trabajar junto al gobierno nacional en la consolidación de los usos que tiene el Gas LP para la transición energética justa”, afirmó Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA.  
     
    El 23 y 24 de agosto se llevó a cabo el 5º Congreso Internacional del GLP – GASNOVA, cuyo eslogan es “Gas LP, energía limpia hoy y mañana”, y se dio una mirada al papel del Gas LP en la transición energética, con la participación de 45 conferencistas, panelistas y moderadores que son referentes importantes de los sectores energético y del Gas LP de Francia, Estados Unidos, Bélgica, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. 
     
    En Colombia, el Gas LP es utilizado por 12 millones de personas en el 95% del territorio nacional, la gran mayoría pertenecientes a los estratos 1 y 2, y es especialmente utilizado en los sectores residencial, comercial e industrial. 
  • ABC de los cambios que tendrá el reglamento de la Creg

    Con el nuevo decreto, la Comisión de Regulación ahora podrá sesionar con cuatro comisionados y el ministro.
    El Ministerio de Minas y Energía publicó el decreto 1573 de 2023 mediante el cual modificó el reglamento interno de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En este decreto firmado por el nuevo ministro, Andrés Camacho, se determina que el quórum ahora será de cinco miembros, bajando desde los siete que eran necesarios previamente.
     
    De acuerdo con el nuevo reglamento, este quórum se logrará con la presencia de al menos el ministro de Minas y Energía y cuatro expertos comisionados, base con la cual se podrán tomar decisiones.
     
    “Las decisiones de la Comisión se tomarán con el voto favorable de por lo menos cinco (5) de sus integrantes. En todo caso, se requiere el voto favorable de alguno de los siguientes miembros: el Ministro de Minas y Energía, o su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado, o el director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado”, plantea el nuevo reglamento de la Comisión.
     
    Esto quiere decir que con cinco integrantes, incluido el ministro, se podrán hacer cambios regulatorios.
     
    Ya en el pasado se había modificado el reglamento de la entidad, puesto que se había bajado el número de comisionados, pasándolos de 8 a 6.
     
    Algunos de los temas sobre los que toma decisiones esta Comisión son los relacionados a la reglamentación de los componentes de las tarifas de servicios públicos como el gas y la electricidad. Así mismo, tiene competencia sobre algunos aspectos de la retribución por combustibles líquidos.
     
    Ahora bien, la Creg sesiona con presencia voz y voto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y el Departamento Nacional de Planeación. Esto significa que la presencia de estos tres podría inclinar fuertemente las decisiones que se tomen dentro de esta entidad.
     
    Esta modificación se da al tiempo que la entidad atraviesa dificultades para completar el número de expertos comisionados.
     
    En días pasados, el director y único experto nombrado en propiedad, José Fernando Prada, renunció a su cargo y a la Comisión. Esto la dejaría con tres comisionados nombrados de forma temporal y cuyos nombramientos están a punto de caducar.
     
    Hasta el momento, de acuerdo con el ministro Camacho en una entrevista con El País, están en la búsqueda de los perfiles que se ajusten a los requerimientos para ser experto comisionado y una vez se tengan se nombrarían en propiedad. Además, el Gobierno había designado a cuatro comisionados en encargo: Manuel Peña, Adriana Jiménez, Juan Carlos Bedoya y Ángela María Sarmiento. No obstante, esta última renunció en días pasados, con lo que el grupo quedó conformado por los 3 comisionados expertos en encargo (trabajando a tiempo parcial) y su director, José Fernando Prada.
     
    Con esto, la salida de Prada dejaría a la comisión sin la posibilidad de sesionar o tomar decisiones. Por este motivo, Amylkar Acosta, exministro de Minas, señaló que la prioridad debería ser nombrar en propiedad a los comisionados, en lugar de cambiar el reglamento para poder tomar decisiones.
     
    Otros expertos del sector, consultados por Portafolio, manifestaron que esto podría llevar a que no se le aceptara la renuncia a Prada, puesto que su salida dejaría a los actuales comisionados en aprietos para sacar adelante temas relacionados.
     
    Esta decisión se da poco después de que Fitch Ratings advirtiera de los riesgos y efectos que tendrán para el sector las modificaciones y los anuncios en la inversión.
     
    “Las medidas regulatorias adversas adoptadas por el Gobierno desde finales de 2022 han debilitado la confianza de los inversores en el sector, desalentando las inversiones en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para satisfacer el crecimiento futuro de la demanda”, comunicó la entidad.
     
    La agenda de la Creg
     
    Este año, la Comisión tiene dentro de sus prioridades temas como la revisión de algunos componentes de las tarifas tanto eléctricas como de gas, que por términos deben revisarse. “Viene la revisión de la metodología comercialización de energía, ahí podrían venir algunos alivios tarifarios para los usuarios”, explicó Prada en entrevista.
     
    Apuntó que otros de los temas que están trabajándose son la asignación administrada de cargo por confiabilidad para los años 25 - 26 y 26 - 27.
     
    De igual forma, “también seguimos con todo el proceso de definición de cargos de distribución y comercialización de gas”, añadió Prada. Otro tema que está en discusión al interior de la entidad es el nuevo indexador para los componentes de la tarifa eléctrica.
     
    Por Portafolio.
     
  • Agencia Nacional de Minería cancelará los títulos morosos

    En el país hay 1.029 títulos mineros que están en mora con por el pago del canon superficiario.

    Son estos los que podrían ser declarados caducos, por parte de la autoridad, si no se ponen al día con sus obligaciones, de acuerdo con lo informado por la Agencia.

    El canon superficiario es el valor que debe pagar todo titular minero, quien tiene un derecho sobre un área para explorar o explotar los recursos del subsuelo, antes de que inicie la producción.

    En otras palabras, es el derecho que pagan los mineros en las fases de exploración, construcción y montaje de las minas. Su valor se calcula según el número de hectáreas del título y según el tiempo que tenga el titular con el mismo.

    La Agencia indica que en el último proceso de seguimiento, control y fiscalización minera encontró que, de los 1.029 títulos con obligaciones pendientes, 912 son títulos vigentes y el resto (117) son títulos que ya están vencidos.

    Sin embargo, aclara la entidad, la obligación de pago en estos últimos casos sigue vigente y serán cobrados legalmente.

    “Una minería responsable y bien hecha también implica el cumplimiento de las obligaciones económicas pactadas entre el concesionario y la Nación. Por lo tanto, requerimos que los titulares hagan los pagos correspondientes y le cumplan con esto al país”, declaró la presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez Jaramillo.

    Este tipo de inconvenientes se presentan prácticamente en todo el país, en 29 departamentos. Los que registran mayor número de morosos son Bolívar, donde se concentra el 20 por ciento del total de títulos con obligaciones pendientes, y Boyacá, con el 13 por ciento.


    Fuente: Portafolio.co

  • Alcaldes podrán decidir si quieren minería

    Los alcaldes de Colombia podrán decidir si en sus municipios se permitirá o no la minería. Así lo decidió la Sala Plena de la Corte Constitucional, que con una votación de 5 votos contra 4 tumbó el artículo 37 del Código de Minas, el cual impedía que los mandatarios excluyeran zonas de sus territorios para la minería.

    El artículo en mención había sido demandado por los ciudadanos Luis Guillermo Osorio, Yorman Efraín Torres, Juan David Franco Daza, Damián Ramírez y Miguel Arias, quienes consideraron que con el Código de Minas se estaban imponiendo límites a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

    Para establecer este tipo de restricciones, los demandantes señalaron que era necesaria una ley estatutaria y no una ordinaria. El caso fue estudiado por el magistrado Alejandro Linares. En su concepto, el artículo no debería derogarse dado que la misma Corte había señalado que la competencia para excluir zonas mineras le correspondía a la Nación.

    Sin embargo, su ponencia fue derrotada en la Sala Plena de la Corte. Votaron en contra María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, Alberto Rojas y Gloria Ortiz.

    Justamente la magistrada Gloria Ortiz será la encargada de elaborar una nueva ponencia que resuma los argumentos a favor de que los alcaldes decidan si quieren minería en sus municipios. De acuerdo con el Código de Minas, cuando se declaran zonas sin minería se debe justificar de manera técnica si se trata de zonas de protección, como zonas de reserva forestal.

    En la sentencia C-123 de 2014, la Corte había fallado otra demanda sobre el mismo tema. En ese entonces declaró exequible el artículo 37 de la Ley 885 de 2001. Sin embargo, aclaró que las autoridades competentes a nivel nacional debían acordar con los entes territoriales las medidas para preservar el medio ambiente.

    Fuente: Elcolombiano.com

  • Alertan por cuantificación de los recursos mineros del país

    Contraloría apuntó que la Agencia Nacional de Minería no tiene los datos y tampoco se ha actualizado lista de minerales estratégicos.
    La Contraloría General de la Nación alertó mediante un estudio sectorial que la Agencia Nacional de Minería (ANM) no contaba la información consolidada sobre los recursos mineros para los periodos 2012 a 2022, es decir, los últimos 10 años.
     
    De acuerdo con la entidad, esto se da a pesar de que la CGN sí cuenta con estos datos hasta 2016, de los mismos balances presentados por la autoridad minera.
     
    El ente del Ministerio Público destacó que lo cierto es que la información recibida se hace con base en lo reportado por los titulares mineros, con lo que hay una importante parte del país inexplorada y sin datos.
     
    “Teniendo en cuenta que los estudios de exploración únicamente abarcan el área concesionada junto con el área de influencia de la misma, la cuantificación de las reservas refleja mayormente una cantidad de mineral ya concesionado y no las reservas con las que cuenta el Estado para concesionar”, afirmó la Contraloría en el documento.
     
    A esto se suma que antes de 2020, la ANM solo reportaba los datos de cuatro minerales, carbón, hierro, cobre y níquel, con lo que hay otros minerales sobre los que no se tiene ningún reporte.
     
    La Contraloría estimó que según los datos con los que se cuenta, el país tiene $111,4 billones en reservas de minerales.
     
    Sin embargo, para tener los datos oficiales desde la Agencia Nacional de Minería falta esperar hasta 2026, cuando la entidad podrá recopilar la información de todos los títulos mineros para poder realizar una cuantificación completa de la totalidad de los minerales, ya que es este el año en que termina el proyecto denominado 'Estandarización y clasificación de recursos y reservas de la Nación'.
     
    Otro de los puntos sobe los que hizo énfasis el Ministerio Público es con referencia a la actualización de minerales estratégicos.
     
    Si bien desde 2019 hay una metodología establecida por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) para actualizar y seleccionar estos minerales, la CGN expuso que la Agencia no ha hecho la respectiva tarea “con base a las necesidades minero energéticas actuales, lo que resulta preocupante ya que actualmente la priorización de estudios, políticas y delimitación de áreas con potencial minero se hacen con base al listado vigente de minerales estratégico”.
     
    Vale la pena destacar que como parte de la Transición Energética que propone este Gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció que 30 áreas de minerales estratégicos serían otorgadas durante los cuatro años de este Gobierno.
     
    Falta incluir recursos en Planes de Ordenamiento
     
    Otro de los puntos sobre los que hizo énfasis la Contraloría General de la Nación es que solo 166 municipios han pedido a la Agencia Nacional de Minería un documento técnico con la información minera actualizada. De acuerdo con el ente, esto es fundamental para que los datos presentados sean incorporados en los Planes de Ordenamiento Territorial.
     
    “La Contraloría considera necesario exhortar a los municipios para que pidan esta información y que sea tenida en cuenta, con el fin de establecer un correcto uso del suelo, para evitar conflictos socio-ambientales”, apuntan.
     
    Por Daniela Morales para Portafolio.
     
  • ANM entrega Área Especial para formalización de mineros tradicionales

    La figura beneficia a mineros tradicionales de los municipios de Tarso y Venecia en Antioquia.
     
    •Colombia alcanza un total de 23 AREs delimitadas.
     
    Bogotá, agosto 12 de 2015 -  La Agencia Nacional de Minería ANM declaró y delimito como Área de Reserva Especial según Resolución 550 del 10 de agosto de 2015, una zona que abarca 86.7 hectáreas ubicadas en Tarso y Venecia, departamento de Antioquía, con el objetivo de adelantar estudios geológico – mineros y desarrollar proyectos estratégicos para el país, de conformidad con el artículo 31 del Código de Minas.
     
    Según visita técnica de la ANM, se estableció que la comunidad minera de localizada en las Minas “Palomera No. 1”, “Palomera No. 2”, “Palomera No. 3”, “San Judas”, “San Pacho No. 1” y “San Pacho No. 2” se ha dedicado por más de 20 años a la actividad minera, desarrollando sus labores de manera artesanal, siendo esta actividad su principal fuente de ingresos, constituyéndose en minería de subsistencia.
     
    La delimitación de esta Área de Reserva Especial beneficia directa e indirectamente a un grupo de cuarenta (40) familias y contribuye con la optimización de la explotación de los recursos minerales de la zona y con el cumplimiento de la legislación minera y ambiental vigente, así como la de generación de empleo formal.
     
    “Un Área de Reserva Especial (ARE) es una zona donde existen explotaciones tradicionales de minería informal y que por solicitud de una comunidad, se delimitan para que de manera temporal, no se admitan nuevas propuestas de contrato de concesión minera sobre todos o algunos de los minerales ubicados en dichas zonas. Además son el mecanismo establecido por el Código de Minas para adelantar la formalización de comunidades mineras tradicionales, es decir aquellas que demuestran adelantar de manera continua o discontinua trabajos mineros desde antes de agosto de 2001” explica la Presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez Jaramillo.
     
    Dentro de las Áreas de Reserva Especial se desarrollan estudios geológicos–mineros financiados por la Autoridad Minera Nacional. En caso de que los estudios evidencien la existencia de potencial geológico – minero, se celebra entonces un contrato especial de concesión con la comunidad minera beneficiaria.
     
    “Desde mi labor como Viceministra de Minas y también del Interior, he podido conocer de cerca el tema y entender que la formalización y la minería bien hecha generan encadenamientos productivos. En ese propósito, la ANM contribuye a que los mineros tradicionales comprometidos con adelantar su actividad con mejores estándares técnicos, ambientales y sociales, ingresen en el camino de la legalidad. Tarso y Venecia es un gran ejemplo de que sí se puede hacer minería bien hecha y que las condiciones están dadas por el Gobierno para iniciar este proceso dentro del marco de la ley”.
     
    “Las AREs son un primer e importante paso para la formalización. Una figura que reconoce los derechos de los mineros tradicionales y que puede culminar, con el acompañamiento de la ANM, en un contrato de concesión minera que brinde oportunidades legales de empleo, desarrollo y bienestar a la comunidad de Remedios”, puntualizó la Presidenta de la Agencia.
     
    Con esta nueva Área de Reserva Especial en Remedios, suman 23 en todo el país. Actualmente la ANM tiene trámites de ARE en proceso en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Cauca, Chocó, Guainía, Guajira, Nariño, Norte de Santander,  Santander, Valle, Tolima. Los principales minerales en estas áreas son material de arrastre, oro, carbón y sal.

    Por: Paisminero.co / CP-ANM

  • Así se reglamentaría el cierre y reconversión de pequeñas minas

    Esta resolución que salió a comentarios hace parte de las medidas para mineros que no puedan continuar ejerciendo la actividad.
    Los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente publicaron a comentarios un proyecto de resolución que reglamenta el cierre técnico gradual de pequeñas minas. Este documento hace parte de los compromisos de estas carteras definidos por la Ley 2250 de 2021 para la legalización y formalización.
     
    En esta Ley se definió que los mineros pequeños que tengan instrumentos ambientales y que estén cobijados por figuras de formalización y legalización, pero no puedan continuar con esta actividad, pueden optar por alternativas productivas.
     
    Por esto el Ministerio de Minas y Energía debía articular “las alternativas productivas, los procesos de formación, el fomento a microempresas y empresas familiares, emprendimientos que entre otros generen, clúster económico”.
     
    Para esto, las carteras determinaron que toda la asistencia técnica para el diseño, la capacitación y puesta en marcha del cierre y los procesos posteriores a este serán coordinados o bien por los Ministerios o por la Agencia Nacional de Minería en conjunto con las autoridades ambientales locales de cada jurisdicción.
     
    La propuesta señala que para el cierre técnico gradual se deben tener en cuenta los métodos de exploración usados por los mineros. Este Plan de cierre debe contener 14 ítems como mínimo; en primer lugar información de los antecedentes generales de la operación minera, estado de las obligaciones técnicas, jurídicas y ambientales derivadas de los actos administrativos. A renglón seguido se deberá presentar una recopilación del entorno, una fórmula de gradualidad, escenarios de cierre, análisis de las instalaciones, diseño de las actividades de cierre, que incluyan la estabilidad física, química y la rehabilitación paisajística.
     
    El séptimo punto que debe ser incluido son acciones frente a la señalización en el área de actividades; seguido de un desmantelamiento de instalaciones, desarme y retiro de equipos, que debe contemplar la eliminación o minimización de sustancias contaminantes.
     
    Con esto, el noveno paso sería el cierre de accesos, sellado y cercado de bocaminas, para posteriormente pasar a un programa de poscierre con seguimiento y control de riesgos identificados.
     
    También se deberá presentar un cronograma de actividades, la identificación detallada de los costos de implementación del Plan de Cierre, la formulación de las acciones de prevención y control necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo y por último las medidas de seguimiento para la implementación del cierre y el monitoreo de las actividades pos cierre.
     
    El proyecto de resolución propone que los recursos necesarios para este proceso provengan de la misma actividad minera; aunque la cartera de Minas podría organizar alianzas con organismos para obtener recursos.
     
    Según datos de la Agencia Nacional de Minería, en el país 60,7% de los títulos mineros del territorio nacional son de pequeña minería, con lo que esta iniciativa podría cobijar unos 4.500 títulos.
     
    Si bien este proyecto no contempla disposiciones para la articulación del Ministerio de Minas con otras entidades para la reconversión económica y productiva, la Ley 2250 sí se lo da en encargo.
     
    Según esta disposición, se deben generar las alternativas requeridas por las personas en este proceso para generar un clúster económico en aquellas zonas que decidan entrar a este proceso.
     
    Por Portafolio.
  • Asoenergía solicitó a MinMinas y Canacol solucionar suministro de gas en Córdoba

    El gremio indicó que la operación de uno de sus asociados, Cierro Matoso, en el sur del departamento se afectó por la coyuntura.
    La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, se pronunció ante la restricción del suministro de gas, que fue anunciada el pasado 8 de agosto por Canacol Energy.
     
    Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, hizo un llamado de urgencia al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y a la empresa Canacol Energy para dar solución a esta situación que afecta la productividad de diversas actividades de la industria nacional y sectores que dependen de este suministro.
     
    Según el gremio, una de las operaciones que recibieron mayor impacto es la de Cerro Matoso al sur de Córdoba, puesto que ejerce actividad minero industrial de forma continua 24 horas con dos hornos que no pueden apagarse y requieren suministro continuo para garantizar la integridad estructural.
     
    "Para el caso de Cerro Matoso, empresa afiliada a Asoenergía, no existe actualmente un sustituto del gas en su proceso minero-industrial. Aunque según informa Cerro Matoso, la empresa ha tomado medidas como la reducción del proceso productivo o la destinación de este tiempo para actividades de mantenimiento que estaban programadas para más adelante, la compañía tiene un riesgo en su operación que impacta el proceso, la integridad de su personal y en general los aportes que esta genera diariamente a la región y al país", indicó Asoenergía en un comunicado.
     
    Finalmente, el gremio hizo un llamado de urgencia al ministro de Minas y Energía y a Canacol Energy para dar solución a la situación que puede impactar la productividad de diferentes actividades de la industria nacional. "Esperamos que el Ministerio en coordinación con la ANH, la SSPD, la CREG y con la asesoría del CNOgas encuentre respuestas de acción clara para solucionar la situación", dijo Asoenergía.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Cerrejón no podrá expandir su área de concesión minera

    Se prohíbe prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones por decreto.
    Además del decreto emitido por el Ministerio de Minas y Energía sobre temas energéticos, el Ministerio de Interior, en cabeza de Luis Fernando Velasco, firmó el decreto 1277 en el que se determina que se prohíbe adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes.
     
    Con esto, Cerrejón, la minera de carbón de Glencore en Colombia, no podrá ampliar su operación.
     
    Según el documento, esto se desprende de que se declararon las fuentes hídricas del departamento de La Guajira como de protección especial, cuya destinación prioritaria será el consumo humano y doméstico. Se deberá conservar y mantener el curso natural de las fuentes hídricas superficiales, proteger los acuíferos y sus zonas de recarga.
     
    Al respecto, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que “es negarse como país a obtener unos recursos importantes para la transformación social y la reducción de las desigualdades”.
    De igual forma, en el artículo 7 del mismo decreto se señala que tampoco se podrá desviar en adelante el cauce del Río Ranchería o sus afluentes y que no se podrán desarrollar nuevas actividades de exploración o explotación de minería de carbón sobre zonas de recarga de acuíferos o que impliquen la remoción de capas del acuífero.
     
    Ahora bien, el decreto también plantea que los trámites ambientales relacionados con “garantizar el acceso al agua para usos de agricultura y acuicultura de subsistencia” cumplan un proceso abreviado , equivalente a un tercio del tiempo de lo que normalmente se toma.
     
    Por Portafolio.
  • Claves del pacto de transición energética que se firmó en La Guajira

    La ministra de Minas y Energía destacó que con esta iniciativa se busca contribuir al cierre de las brechas de desigualdad en el departamento.
    Como resultado del proceso de diálogo entre las autoridades Wayuu, las comunidades, las compañías de generación y transmisión de energía, el Gobierno Nacional y el gobierno local, este miércoles se firmó el pacto por una transición energética en el departamento de La Guajira.
     
    Según explicó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, este acuerdo busca ir más allá de reemplazar una serie de tecnologías de generación de energía eléctrica, al integrar a las comunidades para que estas también se vean beneficiadas.
     
    “No solo se trata de beneficiar los grandes proyectos de las grandes corporaciones sino también que haya alianzas privado-populares, que haya alianzas publico-populares y que sea, a través de ejercicios de mayor democratización de la energía, que logremos la justicia social, ambiental y económica para el pueblo guajiro”, indicó.
     
    La líder de la cartera también destacó que al materializar los 25 proyectos de generación que hay en el territorio se podrían producir 2,5 gigavatios de energía. Esto no solo ayudaría a darle un mayor peso a las fuentes renovables, sino que contribuiría a la reducción de las tarifas de electricidad.
     
    “De manera estructural las tarifas de energía solo se reducen si logramos producir energía más barata, que además, en este caso, contribuye a la descarbonización de nuestra matriz”, señaló la ministra.
     
    Además, recalcó en que el territorio tiene una amplía capacidad que aún está pendiente por aprovechar. Según datos de la cartera, hay cerca de 25 gigas que se podrían desarrollar. 
     
    De igual forma, la Minminas señaló que este pacto se enfocará en contribuir al cierre de las brechas de desigualdad. Para cumplir con este propósito, se construyó un primer decálogo de acuerdos con el que se pretende seguir materializando la "transición energética justa".
     
    En ese sentido, Vélez se dirigió a las comunidades: “Tenemos el enorme desafío de que esta transición respete a la gente y respete a los territorios. En eso cuentan con este Gobierno que quiere trabajar con ustedes a partir de una visión tripartita, donde estén las empresas, las comunidades y el Gobierno siendo parte”.
     
    La Minminas agregó que al promover el diálogo e incluir a las comunidades en la discusión también se garantiza el camino para “que seamos potencia de energías verdes y potencia de vida”.
     
    El evento finalizó con la firma simbólica del pacto, el cual fue suscrito por las autoridades de las comunidades Wayuu, las compañías de generación y transmisión de energía, el gobierno local del departamento y el Gobierno Nacional.
     
    Por Portafolio. 
     
     
  • Colombia debe seguir explotando su potencial minero

    Tomás González aseguró que la visión del Gobierno permitirá “construir un sector más fuerte y sostenible”. El ministro se encuentra en la Convención Prospectors and Developers Association of Canadá, el evento minero más importante del mundo y en el que este lunes se celebra el ‘Día de Colombia'.

    "Colombia tiene un potencial minero que se debe seguir desarrollando para continuar aportando a los pilares de competitividad y equidad. Y aunque debido a los precios de algunos minerales, el sector no pasa por el mejor momento, el Gobierno se la sigue jugando para brindar todas las condiciones de competitividad para que la minería en Colombia se desarrolle de manera organizada y sostenible", enfatizó Tomás González,  ministro de Minas y Energía, quien participará en la Convención Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC, durante el 2,3 y 4 de marzo, en Toronto, Canadá.

    El jefe de la cartera minero energética intervendrá en el "Día Colombia" y se reunirá con autoridades e inversionistas locales, así como con su homólogo de Sudáfrica, con quien compartirá experiencias de política y programas de apoyo al sector.

    El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano participan en la convención buscando “demostrar el compromiso interinstitucional de todo el sector minero” y promocionar a Colombia como destino de inversión.

    El evento contará con la asistencia de más de 100 países, convirtiéndose en un espacio de oportunidades para inversionistas y países productores comprometidos en la promoción de la exploración y explotación bien hecha de recursos.

    La Convención PDAC es un referente internacional para el sector minero, a la cual asisten más de treinta mil personas.

    Este año, Colombia participará en la agenda académica de PDAC, con la intervención de la Viceministra de Minas,  Maria Isabel Ulloa y el Presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, con el Foro de Responsabilidad Social denominado “Política y prácticas de acercamiento a las comunidades: la experiencia colombiana”.

    En esta oportunidad, el país también contará con un espacio dentro de la exhibición comercial, donde funcionarios del gobierno atenderán las consultas de los asistentes a la feria, entre los que se cuentan inversionistas, exploradores, académicos y delegados gubernamentales.

    “PDAC no sólo es una plataforma global y sin duda la más importante convención de su tipo, sino que es una gran vitrina para mostrar y compartir información sobre el amplio potencial minero de Colombia” afirma Natalia Gutiérrez Jaramillo, Presidenta de la ANM.

    El Día Colombia se desarrolla en las instalaciones del Metro Toronto Convention Centre en el Edificio Norte Salón 206B. Pueden seguir el evento vía Twitter con el HT #PDAC2015.


    Fuente: Portafolio.co

  • Colombia en la búsqueda de un nuevo dorado

    Con inversiones cercanas a 1.700 millones de dólares despegarán cuatro proyectos auríferos en los próximos años. El gobierno espera que la minería legal le gane terreno a la ilegal.
     
    El panorama de la producción de oro en Colombia, que era muy oscuro hasta el año pasado, dio un giro de 180 grados en los últimos meses y luce más despejado. Con la aprobación de las licencias ambientales para cuatro grandes proyectos mineros se espera triplicar la explotación legal, aumentar las regalías para las regiones y generar más empleos.
     
    Y es que después de años de trámites, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le dio vía libre a los proyectos mineros en Gramalote, de AngloGold Ashanti; Cisneros, de Antioquia Gold; Santa Rosa de Osos, de Red Eagle Mining; y Buriticá, de Continental Gold. Todos ellos, en el departamento de Antioquia, operados por multinacionales de Canadá, Sudáfrica y Perú.
     
    Con esta luz verde, Antioquia se posiciona como uno de los principales productores del país. Además, se convierte en el principal impulsor de un sector que estaba afrontando una difícil situación por la menor producción en algunas minas legales, la indefinición sobre las licencias ambientales, el avance de la minería ilegal y la caída de los precios internacionales. Después de llegar a cifras récord de 1.800 dólares la onza de oro troy, entre 2010 y 2012, lo que impulsó el boom aurífero, los precios se descolgaron por debajo de los 1.200 dólares la onza a comienzos de este año.
     
    Pero la situación para este sector comenzará a cambiar. Así lo sostiene el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien dice que con las iniciativas mencionadas las inversiones superarán 1.700 millones de dólares y generarán más de 5.000 empleos directos en las etapas de construcción y montaje y más de 2.500 desde que comiencen a producir. “Los nuevos proyectos de gran minería de oro son una respuesta del conocimiento geológico, del apoyo a la industria, los incentivos a la inversión y el respaldo a la minería bien hecha”, afirma el funcionario, quien espera que el país extraiga más de 20 toneladas del mineral al año, el triple de la producción legal actual.
     
    Así lo corrobora Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien espera que, por fin, la minería legal supere a la ilegal, que tanto daño le hace al medioambiente. De hecho, en la actualidad, de las cerca de 57 toneladas de oro producidas al año en Colombia, solo el 12 por ciento, es decir, alrededor de 7 toneladas, corresponde a compañías legalmente establecidas, que pagan regalías. El resto corresponde a barequeros que extraen el oro artesanalmente o a empresas criminales que destrozan el medioambiente, no contribuyen al desarrollo de los municipios y actúan al amparo de bandas como los Urabeños.
     
    Listos para despegar
     
    Por eso, el país tiene puestas sus esperanzas en proyectos formales que, si bien no están exentos de riesgos ambientales, tienen normas más estrictas en la materia y pagan regalías e impuestos.
     
    Uno de ellos queda en el municipio de Buriticá y pertenece a la canadiense Continental Gold, que el 30 de noviembre recibió aprobación de la Anla para modificar la actual licencia ambiental. La compañía produce hoy cerca de 6.000 onzas al año, pero con el nuevo permiso espera extraer 250.000 onzas, una cifra similar a todo el oro legal producido actualmente en el país.
     
    Buriticá es la primera mina a gran escala que se desarrollará en Colombia en las últimas dos décadas, y hace parte de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines) que impulsa el gobierno. Mateo Restrepo, presidente de Continental Gold, afirma que hasta la fecha han invertido 250 millones de dólares y que destinará 400 millones adicionales para construir el nuevo complejo minero. Esta será la primera mina de oro subterránea mecanizada a gran escala, y su obra comenzará en el primer semestre de 2017. Esta etapa durará tres años y la mina operará durante 14, tiempo durante el cual entregará a la nación por impuestos y regalías 1.000 millones de dólares.
     
    La multinacional esperó varios años el visto bueno de Corantioquia para la licencia, trámite que finalmente gestionó la Anla. Mientras tanto, durante este tiempo creció la minería ilegal en la región, con cientos de entables, de los cuales la Policía desmanteló varios este año.
     
    También recibió el visto bueno de la Anla la mina Gramalote, en el municipio de San Roque, que pertenece a la sudafricana AngloGold Ashanti, una de las tres mineras más grandes del mundo, y a la canadiense B2FGold. Esta también extraerá a gran escala, pero a cielo abierto, en un área de 2.080 hectáreas. Tiene la meta de producir alrededor de 414.000 onzas de oro y más de 426.000 onzas de plata anuales, durante 11 años, su tiempo de vida útil.
     
    Hasta el momento esa empresa ha invertido 250 millones de dólares. Pero se avecinan sumas gigantescas si se tiene en cuenta que intervendrá 1.300 hectáreas, construirá vías, campamentos, reubicará pobladores de la región, comprará predios y creará una sociedad con mineros artesanales.
     
    Por su parte, la canadiense Red Eagle Mining explotará una mina en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos. La firma llegó al país en 2010, en pleno auge del boom del oro por el aumento en los precios internacionales del metal. Con la licencia ambiental aprobada comenzarán a producir en el primer trimestre de 2017 con una meta inicial de 50.000 onzas al año.
     
    Y la minera Antioquia Gold tiene un proyecto más pequeño, pero también importante para la región, en el municipio de Cisneros, a 80 kilómetros de Medellín. La compañía, perteneciente a inversionistas canadienses y al Consorcio Minero Horizonte, de Perú, comenzó a trabajar en el país en 2009 para desarrollar una mina subterránea que producirá, según estimativos iniciales, 70.000 onzas al año.
     
    Si bien estos proyectos ya tienen luz verde, todavía hay incertidumbre sobre la suerte de otras grandes minas que han afrontado varios tropiezos. Una de ellas es La Colosa, en el Tolima, también de propiedad de AngloGold Ashanti, que está a la espera de una consulta popular en el municipio de Piedras, a ser realizada en enero del año entrante. Los pobladores votarán si quieren que haya o no explotación minera en su región.
     
    Angostura, en el páramo de Santurbán (Santander), de la canadiense Eco Oro (antes Greystar), tampoco ha podido despegar a pesar de que lleva 23 años en el país y de que tiene 14 títulos mineros. La razón es que en 2014, el Ministerio de Ambiente delimitó dicho páramo y en febrero de este año la Corte Constitucional restringió la actividad minera en la zona, lo que afectó el 50 por ciento del proyecto. La empresa ha invertido en Angostura más de 250 millones de dólares y terminó el pasado 7 de septiembre un proceso de conciliación con el gobierno, en el que no llegó a ningún acuerdo.
     
    Si bien el año entrante será clave para la definición de la suerte de estas dos grandes explotaciones mineras, lo cierto es que la industria aurífera tiene ahora mejores perspectivas de crecimiento. Pero no está exenta de grandes retos. Uno de ellos es hacer una minería responsable, que mitigue los daños en el medioambiente, que no contamine las aguas y no afecte a los pobladores. Pero, también, que sea capaz de transformar la situación económica y social de las regiones para que producir oro no sea una maldición, como ha ocurrido en el pasado.
     
    Fuente: Semana.com
     
  • Confirman subasta para proyectos de generación eólica costa afuera

    La Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que esta área se desarrollaría en el departamento del Atlántico.
    Desde Portugal donde este domingo el Gobierno colombiano cerró una gira que incluyó a España, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, confirmó que Colombia tendrá subasta para proyectos de generación de energía eólica costa afuera.
     
    “Lo importante es decirles a los inversionistas que es el momento de Colombia”, expresó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.
     
    “Eso lo estamos organizando desde que llegamos el día uno al Gobierno y los pliegos para salir a la subasta van a estar listos en agosto. Es un área que va a estar subdividida, creemos que ahí van a poder caber entre cuatro y seis proyectos de generación eólica”, señaló la ministra.
     
    También, agregó que dicha área se desarrollaría en el departamento del Atlántico y sería la primera “concedida costa afuera en Colombia y en América Latina”.
     
    Así mismo, Vélez manifestó el potencial de exportación a Portugal que tiene el país, con la generación de hidrógeno verde, cuyos proyectos pioneros fueron propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo para darle una aceleración a ese propósito.
     
    “Haber estado aquí en Portugal y en España ha sido muy importante porque Portugal se piensa a sí mismo como la región productora de hidrógeno verde para Europa y además quiere ser el puerto a donde lleguen las importaciones de hidrógeno verde para distribuir en el resto del continente europeo. Nosotros podemos ser, por otro lado, ese lugar de donde salga el hidrógeno verde para exportar”, precisó la ministra de Minas y Energía.
     
    PORTAFOLIO
  • El Gobierno retrasó la primera licitación de energía eólica costa fuera de su historia

    El MinMinas sigue trabajando en la finalización de los documentos de licitación junto con otros organismos gubernamentales.
    El Ministerio de Minas y Energía anunció el aplazamiento de la primera licitación de la historia de Colombia para la concesión de bloques marítimos destinados a la construcción de parques eólicos costa afuera.
     
    El Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro busca desligar al país sudamericano de su dependencia del petróleo y el carbón, las principales fuentes de ingresos por exportaciones, impuestos y regalías, para impulsar energías renovables más ecológicas.
     
    En julio el Ministerio de Minas y Energía, dirigido en ese momento por la exministra Irene Vélez, anunció que los pliegos para la licitación estarían listos en agosto.
     
    Sin embargo, el Ministerio sigue trabajando en la finalización de los documentos de licitación junto con otros organismos gubernamentales, dijo el martes en un comunicado publicado en su página web.
     
    El Ministerio, la Dirección Marítima y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) "trabajan de manera articulada, en la construcción de los pliegos y bases de condiciones específicas de la primera ronda de asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas, para el desarrollo de proyectos costa afuera en Colombia", aseguró el comunicado.
     
    Alrededor de 90% de los pliegos de condiciones se elaboraron durante el primer semestre del año, precisó el comunicado.
     
    El Ministerio de Minas y Energía no dio una fecha en la que los documentos estarían listos o cuando la ronda de licitación se realizaría.
     
    El Ministerio no respondió inmediatamente a preguntas de Reuters sobre la causa del retraso en la publicación de los documentos de licitación.
     
    Vélez dimitió en julio en medio de las investigaciones sobre el posible delito de tráfico de influencias, y la exministra dijo que respondería ante las autoridades cuando fuera necesario.
     
    Andrés Camacho asumió el cargo de ministro de Minas y Energía a principios de agosto.
     
    Por REUTERS.
  • El petróleo y gas persistirán bajo un escenario de transición energética en Colombia

    Para 2050, bajo el escenario de la transición energética, los hidrocarburos seguirán teniendo una participación superior a 50%.
    El Ministerio de Minas y Energía reveló que, con corte a diciembre de 2022, las reservas probadas de crudo llegaron a 2.074 millones de barriles. La cartera calcula que hay una relación entre reservas probadas y de producción de 7,5 años. En cuanto a gas, las reservas probadas en 2022 cerraron en 2.82 terapiés cúbicos (Tpc): el país tiene unas reservas de 7,2 años.
     
    Se espera que para 2050, bajo el escenario de la transición energética, los hidrocarburos seguirán teniendo una participación mayoritaria superior a 50%, un tema relevante para los gremios y expertos de petróleo y gas.
     
    Ante este panorama, el sector de los hidrocarburos ha esbozado varios retos para el sector. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) aseguró que el objetivo principal es garantizar la autosuficiencia energética “sin la firma de nuevos contratos y la incertidumbre en torno a la Hoja de Ruta para la Transacción que defina el Gobierno Nacional”.
     
    Explicaron que uno de los desafíos será garantizar la operación de los campos, la cual está afectada por la inseguridad, el orden público y la creciente conflictividad social.
     
    Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, dijo que “lo primordial son las reglas de juego porque se han cambiado y hoy el sector tiene mucha preocupación. Sin estabilidad, hay menos perforación, inversión, regalías y empleo”.
     
    Un segundo reto del sector destacado por la ACP es el fortalecimiento del relacionamiento con las comunidades, además de mejorar la percepción que se tiene de la industria y sus ventajas.
     
    “Cada vez más las comunidades tienen mejor información y expectativas más altas sobre los beneficios que genera el rubro energético y de hidrocarburos”, dijo Vera. El sector tiene el reto adicional de dar a conocer a las comunidades las expectativas reales de empleo e inversión. “Tiene que haber información y transparencia para buscar que a la comunidad le queden beneficios de la actividad”, agregó el experto.
     
    La ACP cree que el país necesita una transición productiva en conjunto con la energética. La razón principal es que los hidrocarburos representan más de 50% del PIB con la operación en 19 departamentos. “Son fundamentales para la seguridad energética de todos los colombianos a corto y largo plazo”.
     
    Por Cristian Acosta para LaRepública.
     
  • En el 90% del país subsiste la minería ilegal: MinMinas

    El Ministerio de Minas reportó que en 22 departamentos del país existe la minería ilícita y en 100 municipios la explotación informal de oro.
     
    Así lo indicó el viceministro de Minas, Carlos Cante Puentes, quien participó en el panel sobre ilegalidad del sector minero energético en Colombia Genera, evento organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en el Centro de Convenciones de Cartagena.
     
    Según Cante, “hoy tenemos identificada la presencia de esta actividad ilícita en 22 departamentos del país y en 100 municipios del país hay explotación ilícita de oro”.
     
    El funcionario aseguró que el 18% de la producción de oro del país, es decir 14 toneladas, proviene de la minería bien hecha, que tiene un título minero y una licencia ambiental y el resto proviene de los barequeros.
     
    “Nos hemos dedicado a generar estrategias de control de la explotación ilícita de minerales junto con la Fuerza Pública y Autoridades Ambientales y Mineras; hoy el Ejército y la Policía ya tienen resultados, el año pasado se destruyeron 500 retroexcavadoras y dragas y decomisaron cerca de 600, también realizaron cerca de 2.000 operaciones, pero el fenómeno continúa”, reportó el viceministro de Minas.
     
    Cante aclaró que “la explotación ilícita de minerales no puede, ni debe, llamarse minería ilegal, porque la minería es una actividad y controlada que debe cumplir con unos altos estándares ambientales y sociales”.
     
    Por último señaló que el Ministerio de Minas y Energía ha venido construyendo una serie de normativas, como el Decreto 1666 de clasificación de la actividad minera, con el fin de ponerle un control a esa minería de subsistencia que ha sido utilizada para esconder la actividad de la explotación ilícita de minerales y la Resolución 40103 que pone topes a la producción de la minería de subsistencia.
     
    RCNRadio.com
  • En marzo, bajó el ritmo de la fiscalización minera

    Mientras en el primer bimestre la Agencia Nacional de Minería visitó 1.052 títulos, en marzo fueron 303.

    La Agencia Nacional de Minería, ANM, reportó que en el primer trimestre del año fiscalizó 1.355 títulos mineros en el territorio nacional, en su mayoría de explotación.

    En un anterior informe, la entidad había informado que entre enero y febrero los equipos de seguimiento y control, evaluaciones técnicas y salvamento minero de la entidad habían visitado 1.052 títulos, lo que quiere decir que en el mes de marzo disminuyó el ritmo que traía la entidad, pues en marzo se realizaron solo 303 visitas.

    De acuerdo con el reporte de la Agencia, del total de títulos monitoreados por la autoridad, la mayoría de ellos, 1.116 exactamente, están en etapa de explotación, 136 en exploración y 103 en construcción.

    Además, la entidad informó que la mayor parte de los títulos visitados son proyectos de minería a cielo abierto (851), y el resto (504) son subterráneos.

    Este balance no es de extrañar, si se tiene en cuenta que en el ejercicio pasado de fiscalización se determinó que más del 80 por ciento de la minería que se hace en Colombia es a cielo abierto.

    La mayor parte de las visitas se hicieron a proyectos de materiales de construcción, le siguieron los proyectos de carbón, otros minerales, oro y, por último, esmeraldas.

    “En cuanto a los lineamientos para priorizar estas visitas son básicamente los títulos de los Proyectos de Interés Nacional PIN, los títulos en explotación, o sea con actividad productiva, aquellos títulos no visitados en el último trimestre de 2014, los títulos con aspectos de seguridad minera críticos, y aquellos títulos que representen situaciones complejas para el área aledaña y que a partir de la visita se pudieran empezar a solucionar”, señaló la presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez.

    La meta de abril es completar 600 visitas de fiscalización, para llegar a los 1.955 proyectos revisados por la autoridad en los primeros cuatro meses de este año.


    Fuente: Portafolio.co

  • En su cartera está gran parte del futuro del país: gremios al nuevo minminas

    Diferentes sectores empresariales y de hidrocarburos recibieron con optimismo el nombramiento de Omar Andrés Camacho como nuevo ministro de Minas y Energía en reemplazo de Irene Vélez.
    Tras la salida de Irene Vélez como ministra de Minas y Energía, el gobierno de Gustavo Petro confirmó que Omar Andrés Camacho es el nuevo ministro de Minas y Energía.
     
    Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quien enumeró algunos retos y desafíos para Camacho.
     
    “El nuevo ministro de Minas tendrá al menos los siguientes retos: Debe asegurar el suministro actual y futuro de energía, asegurar las condiciones jurídicas y regulatorias para que se dé la transición energética con sostenibilidad y asegurar las condiciones para que Colombia mantenga la autonomía en hidrocarburos”, expresó Mac Master en su cuenta de Twitter.
     
    Agregó que, entre otros desafíos está el liderar un sector que es el principal generador de divisas y recursos para el Gobierno nacional y gobiernos regionales.
     
    “Se debe fortalecer la lucha contra la minería ilegal y formalizar la minería informal. En su cartera está gran parte del futuro del país”, destacó el presidente de la Andi.
     
    Por su parte, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) le dio la bienvenida al nuevo ministro de Minas y Energía y le deseó éxitos en su gestión.
     
    “Le deseo éxito en su gestión en favor de una política de seguridad, autosuficiencia y confiabilidad energética en un proceso de transición integral responsable en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gremio reitera su disposición de continuar trabajando con el Gobierno nacional y el Ministerio de Minas y Energía en un momento decisivo del país”, señaló el dirigente de la ACP.
     
    Camacho es ingeniero eléctrico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además es licenciado en Física y actualmente cursa un doctorado en ingeniería en la misma institución.
     
    A su vez, se había desempeñado como asesor del despacho de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y dentro de su experiencia en el ámbito político fue miembro del Partido Farc y se desempeñó como secretario de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en un nombramiento que en su momento generó gran polémica.
     
    Por Juan Sebastian Vargas para El Heraldo.
  • Encuentro de Formalización Minera en Quibdo

    Este miércoles se llevó a cabo otro encuentro en el marco de la Política Nacional de Formalización Minera, en el cual participaron autoridades locales y representantes de comunidades negras y organizaciones indígenas
     
    Con éxito se llevó a cabo este miércoles la doceava sesión de la Mesa Minera del Chocó, un encuentro con autoridades mineras, entes departamentales y comunidades de esta región del país en el que se reconocieron los avances alcanzados en aras de formalizar la actividad minera del departamento.
     
    La reunión tuvo lugar en la ciudad de Quibdó y en la misma participó el Gobernador Efrén Palacios Serna, el Viceministro de Minas, César Díaz, representantes de los consejos comunitarios de los territorios colectivos de comunidades negras, representantes de organizaciones indígenas y de Fedemichocó, así como la Alcaldía de Quibdó, funcionarios de los ministerios de Ambiente y del Interior, y representantes del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.
     
    "Observamos que hay una fuerte acogida por parte de las comunidades a la Política Nacional de Formalización Minera, un ejercicio que viene adelantando el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, y en la que se destaca el respeto de las condiciones étnicas del departamento del Chocó”, destacó el Viceministro Díaz.
     
    La Mesa Minera del Chocó se ha caracterizado por un trabajo armónico entre las comunidades y las diferentes instancias del Estado. En la más reciente reunión se abordaron, entre otros temas, la sustracción de áreas de reserva forestal y las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la actividad minera del departamento. Esta última iniciativa tiene como propósito que quienes tradicionalmente se han dedicado a la minería pasen de una economía de subsistencia a una de formalidad.
     
    La coordinación interestatal es uno de los elementos clave en los que el Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, ha hecho énfasis como parte de la política de formalización minera, poniendo en las mesas de diálogo temas sociales como la atención a la niñez y la tercera edad, o la participación de la mujer, entre otros aspectos.
     
    MME - paisminero.co
  • Estos son los puntos que cambiarán en los parámetros del precio de energía en bolsa

    La nueva resolución de la Creg busca establecer parámetros y mecanismos para evaluar las ofertas de venta que presentan los participantes en la bolsa.
    La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emitió la Resolución Creg 101-018 de 2023, con la que se estableció un nuevo esquema para supervisar el potencial ejercicio de poder de mercado en los precios de oferta que se presentan en la bolsa de energía del Mercado de Energía Mayorista (MEM).
     
    Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo 8 del Decreto 0929 del 9 de junio de 2023 del Ministerio de Minas y Energía, con el que se busca establecer políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica.
     
    En específico, el Artículo 8 busca adicionar políticas para la formación eficiente de precios en el mercado mayorista y, dentro de los tres meses posteriores a la expedición del decreto, la Creg debía ajustar la regulación para incorporar seis criterios.
     
    Con la resolución que publicó ayer la Creg, entonces, se busca establecer parámetros y mecanismos para evaluar las ofertas de venta que presentan los participantes en la bolsa de energía, vigilando que estas sean competitivas.
     
    Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y experto en el sector, resaltó que la nueva resolución es una medida que se considera adecuada y pertinente, “garantiza que los colombianos podamos acceder a la energía que necesitamos a precios asequibles a través de mecanismos competitivos que garanticen el precio eficiente de beneficio para el mercado y con vocación de largo plazo”.
     
    Los principales cambios
     
    Vera señaló que lo novedoso es que las pruebas de conducta y pivotabilidad que señala el comunicado no se hacían y ahora se hacen obligatorias en cabeza de XM y con el seguimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos. “La Super hacía algunas evaluaciones, pero ahora se vuelven obligatorias”, agregó.
     
    Lo que se busca es evaluar el efecto sobre la formación de precios competitivos si un agente llega a sacar su oferta del mercado y sus comportamientos al respecto, así como las prácticas que desarrollan frente a la negociación de contratos en el suministro de energía, según analizó el experto.
     
    Según aseguró la Creg, con esta normativa se establece la realización de pruebas de pivotabilidad para identificar dominancia de grupos empresariales que controlen más de una planta de generación. Así como la aplicación de pruebas de conducta sobre el nivel de los precios de las ofertas de dichos grupos.
     
    “En caso de que las pruebas sean positivas, superando los umbrales definidos por la Creg, los precios de oferta en la bolsa de energía de las plantas de dichas empresas serán monitoreados y estarán sujetos a la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, indicó la Comisión.
     
    La intención, de acuerdo con la Creg, es que así se cuenta con un procedimiento estandarizado y de aplicación continua para la supervisión de las ofertas en la bolsa de energía, brindando reglas de mercado más claras y mayor transparencia en la formación de los precios en la bolsa de energía, identificando y previniendo así el potencial ejercicio de posiciones dominantes en protección de los usuarios finales”, dijo la Creg en un comunicado.
     
    E indicó que con esta medida se busca asegurar que los precios en la bolsa de energía reflejen condiciones de competencia entre los agentes y que, entonces, no se vean afectados por eventuales posiciones dominantes.
     
    Hemberth Suárez, socio fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector energético, resaltó que, además de los nuevos controles y acciones para mitigar el precio de oferta en la bolsa de energía, hay impactos significativos.
     
    Por un lado, es para los generadores, “un control a la libertad que tienen los agentes generadores de determinar su oferta de precio”, aseguró Suárez.
     
    En segundo lugar, el analista expuso que puede ser que favorezca a los usuarios, aunque no hay una garantía de que esto sea así.
     
    Suárez también destacó que de ahora en adelante todos los agentes que oferten en bolsa deben justificar ante la Superintendencia de Servicios Públicos cómo se preparó la oferta, los riesgos y cómo esa valoración afecta o incide en el precio de oferta. La Creg indicó que estas medidas se toman para que se dé una competencia en la que los agentes no se vean afectados por eventuales posiciones dominantes.
     
    Decreto del MinMinas que origina el ajuste
     
    El 7 de junio de este año, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico. El documento dio lineamientos generales que deben ser tenidos en cuenta por la Creg para tomar decisiones y valorar apropiadamente los recursos hídricos y térmicos. Los puntos clave del Decreto se enfocaron en los autogeneradores a pequeña escala, la regulación de recursos de generación, flexibilización de costos de garantías y creación de mecanismos de participación para que usuarios y los agregadores de demanda puedan ofertar.
     
    Por Juliana Arenales y Carolina Salazar para LaRepública.
  • Estudio indica que el 70 por ciento de la minería es ilegal

    Universidad Externado presentó el estudio Minería y Desarrollo para mostrar retos de la actividad.
     
    Antioquia aporta cerca del 70 por ciento de la producción de oro del país, lo que le permite constituirse como productor de talla mundial. Así lo expresó el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez a finales de abril en el Congreso Nacional de Minería.
     
    Por un lado, es un panorama promisorio pues acorde al Ministro de Minas Germán Arce “una actividad como la extracción del oro podría ser hasta 20 veces más rentable que la cocaína”.
     
    Pero la otra cara de la moneda no es tan alentadora. Un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia, indicó que el 70 por ciento de la Minería que se realiza en el país es ilegal.
     
    Minería y Desarrollo: los nuevos retos jurídicos del desarrollo minero a partir del empoderamiento de las autoridades territoriales es el nombre del trabajo académico en el que participaron 93 investigadores de diferentes disciplinas de la actividad minera y es considerada la investigación más completa que se ha hecho en el país sobre Minería.
     
    “Cuenta con 5 tomos con 69 escritos que tratan sobre un estudio trasversal sobre el tema en líneas como jurídicas, ambientales, empresariales, políticas, sociales e históricos”, cuenta Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado.
     
    Henao indica que el estudio –que duró cerca de dos años y medio– toca todas las facetas de la minería. Y precisamente la ilegalidad en la Minería, asegura el rector, será uno de los problemas más grandes que tendrá el país en un eventual posconflicto ya que en ésta están involucrados todos los actores de la violencia en Colombia.
     
    Opina que debe haber una lucha frontal contra la minería ilegal en dos flancos: El económico, pues se extrae el mineral del subsuelo sin pagar regalías u otros impuestos, y también el ambiental, pues la minería está botando 180 toneladas al año de mercurio.
     
    “La bolita de mercurio de un termómetro pesa menos de un gramo, ahora imagínense lo que son 180 toneladas de esas bolitas, o sea que el daño es nefasto”, explica Henao.
     
    En el primer aspecto, ya se ha creado una unidad dedicada a combatir ese flagelo como se dio en el caso de Buriticá en el que según la Gobernación se ha controlado en un 80 por ciento la situación con la salida voluntaria de 3.040 mineros ilegales y se han decomisado 95.820 millones de pesos, resultado de esta minería.
     
    El rector añade que con la nueva reglamentación en el que el poder de decisión se compartirá entre los municipios, el departamento y la nación, ayudará a combatir la ilegalidad pues “van a involucrar a más actores y entre más regulación haya es más difícil hacer corrupción”.
     
    El aspecto social
     
    Lo que plantea el tomo de Participación ciudadana y comunidades, según explica Ana Carolina González, docente de la Facultad de Finanzas del claustro, es cómo las comunidades son receptoras de los impactos de la minería, pero también en su rol como actores que quieren ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones.
     
    “En el caso de Buriticá, hay que ver cuáles son los incentivos –como el económico– que los obligan a arriesgar su vida. Me pareció muy interesante la instalación de mesas de concertación para tratar de dar solución a los temas. Pero no tiene que ser la solución del alcalde, del Ministerio de Minas, o del Gobernador, sino que sea entre todos, incluyendo a las comunidades”, cuenta la docente.
     
    Ese cambio de mentalidad, añade, requiere tiempo. Pero los mineros no son los únicos a quienes hay que hacerles pedagogía. Milton Fernando Montoya, director de Investigaciones del departamento de Derecho Minero-energético de la Universidad, asegura que los mandatarios territoriales donde se desarrolla la actividad minera no cuentan con el suficiente conocimiento para proceder y aplicar los recientes fallos de la corte constitucional.
     
    “Voy a recomendar que hagamos una pausa en el camino y trabajemos en una ley orgánica para evitar volver a cometer los errores del pasado. Y para eso la capacitación es vital”, finaliza Montoya.
     
    Fuente: Eltiempo.com / David Alejandro Mercado
     
  • Facturas de energía subirían 5% por decreto de La Guajira

    Expertos aseguran que la medida va en contra del Pacto por la Justicia Tarifaria.
    En el marco de la emergencia económica, social y ambiental que fue declarada por el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Minas y Energía presentó uno de los decretos que pretende atender las dificultades de La Guajira.
     
    Dentro de las determinaciones, la cartera ordena un incremento en las tarifas de los usuarios industriales y comerciales, de $5.000 por cada mes, así como $1.000 para las facturas de los estratos 4, 5 y 6.
     
    De igual forma, estableció suspender los contratos de largo plazo de las subastas de 2019 y 2021 de los generadores de energía renovable que tienen sus parques en La Guajira.
     
    Los efectos para todos los usuarios serían de un 5% adicional, especialmente por el segundo punto.
     
    La cartera señala que el objetivo es apoyar la creación de proyectos de energización en zonas no interconectadas del departamento, en el caso de la sobretasa para el servicio público.
     
    Sobre la medida de suspender contratos, apunta que estos “se han visto inmersos en un desequilibrio contractual que obliga al generador o vendedor a cubrir obligaciones de suministro a favor del comercializador o comprador a un precio de bolsa mucho más alto que el valor que aquel recibe”.
     
    Expertos y líderes del sector advierten que podría impactar a los hogares del país por cuenta de las alzas de hasta 5% en tarifas que se darían en agosto.
     
    Carmenza Chahín, exdirectora de la Creg y consultora, señaló que ambas medidas afectarán a los usuarios. Sobre el primer punto señaló que hay 5 fondos y recursos de regalías que pueden usarse para llevar electricidad a esta zona del país.
     
    Los fondos, que hacen parte del Ministerio, tienen anualmente recursos por cerca de $700.000 millones, por lo que Chahín manifestó no entender por qué no se usaban estos mecanismos ya existentes.
     
    Con respecto a la suspensión de los contratos dijo que “en Colombia siempre se han respetado”.
     
    Destacó que a pesar de que el Gobierno mismo lazó las subastas con el objetivo de que los comercializadores compraran energía renovable, ahora los deja expuestos a precio de bolsa ad portas de un Fenómeno de El Ñino.
     
    La cartera señala que “es necesario legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”.
     
    Los efectos en tarifas para los usuarios de todo el país contrasta con el Pacto por la Justicia Tarifaria que ha sido promovido por el mismo Ministerio por cuenta de los altos precios del kilovatio. La jefe de la cartera, Irene Vélez, manifestó en varias ocasiones la importancia de reducir el precio de la tarifa a nivel nacional, no obstante, el Ministerio no se expresó con respecto a los efectos que tendrá este decreto.
     
    Fuentes del sector manifestaron que era una “injusticia tarifaria”, puesto que el decreto no contempla a los usuarios del país a los que se les intentó disminuir los precios.
     
    Chahín destaca que esto impactará a todos los estratos en hasta 5% de su tarifa, incluso para los que viven en La Guajira para beneficiar a los generadores que no han entregado sus proyectos.
     
    Sobre las posibles consecuencias legales, Nicolás Arboleda, socio de Arboleda Abogados y experto del sector, aseveró que si bien los comercializadores podrían demandar por incumplimiento a los generadores, estos podrían argumentar que están cobijados por la regulación. “Esto deja al comercializador un poco desprotegido”, remató.
     
    Por Portafoio.
     
  • Incremento del precio de la gasolina afecta a 17 millones de vehículos en Colombia

    En un año y medio, el valor del combustible ha aumentado a $4.752. El aumento de 67,5% impacta a 11,3 millones de personas.
    En un año y medio, el precio de la gasolina ha aumentado $4.752 (67,5%), lo que afecta a 17 millones de vehículos a gasolina que ruedan en Colombia. Esto según un informe de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y Andemos.
     
    El impacto se da luego de que, en octubre del año pasado, el Gobierno Nacional pusiera en marcha la política de disminución del valor del subsidio a los combustibles en Colombia para poder reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
     
    Así mismo, coincide con el anuncio realizado por el Ministerio de Minas y Energía del aumento de $600 por galón de gasolina a partir del 3 de mayo.
     
    “El aumento en el precio de la gasolina afecta muchas actividades de la economía, en especial a los ciudadanos que deben movilizarse diariamente y al transporte de mercancías y alimentos. Tanto las motos, como los vehículos son parte fundamental del ingreso de las personas, por lo que el aumento de los precios incrementa el costo de vida. Igualmente, hay que tener en cuenta que, en Colombia, el uso del transporte individual es muy frecuente” manifestó Oliverio García, presidente de Andemos.
     
    En el caso de las motos, según cálculos de Andemos, 11,3 millones de personas serán quienes más van a sufrir el incremento de los precios de la gasolina.
     
    El dirigente gremial precisa la urgencia de estrategias para masificar las tecnologías eléctricas e híbridas como lograr la paridad relativa en los precios entre los vehículos de combustión y los eléctricos. “Esta paridad se logra con el mejoramiento de los estándares de emisión de los vehículos de combustión que actualmente en Colombia se encuentra en Euro 2 y, a partir de agosto, Euro 4”, señala.
     
    Por Jennyfer Solano para LaRepública.
  • Internacional – Trump Y Los Minerales En Conflicto

     

    Estados Unidos da un paso atrás en la regulación de industrias extractivas que puedan implicar violación de Derechos Humanos. La Unión Europea vota hoy para retomar el liderazgo en esta legislación

    El de las industrias extractivas ha sido tradicionalmente uno de los sectores menos transparentes que existen en esta economía globalizada, ya de por sí opaca para el común de los mortales. Entiéndase por industrias extractivas los negocios y las empresas dedicados a “la exploración, la extracción, la comercialización, el procesamiento y otras actividades importantes relacionadas con el gas, el petróleo o los minerales”. Muchas de las empresas dedicadas a estos menesteres son multinacionales, es decir, su actividad trasciende fronteras. Pueden tener la matriz en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, y operar (directa o indirectamente, a través de una subcontrata) en terceros países.

    La presencia en un país de abundantes reservas de estas materias primas, por otra parte, constituye un poderoso incentivo para la corrupción de las élites o la acción de grupos armados, que pueden ganar enormes fortunas chanchulleando con estos recursos. Así, los beneficios de su venta a menudo salen hacia el exterior o se pierden por el camino, mientras que para las comunidades locales sólo quedan los daños de la contaminación medioambiental, la amenaza del desplazamiento forzoso o el silencio impuesto por los asesinatos selectivos y la represión.

    Allá por 2010, dos años después de que estallara la Gran Recesión, la misma que obligó al Gobierno estadounidense a rescatar a la banca a cargo del contribuyente, el entonces presidente Obama aprobó la Ley de Reforma de Wall Street, también conocida como la ley Dodd Frank. Su finalidad era proteger al consumidor de los desmanes del sector financiero, aportando mayores controles y fomentando la transparencia empresarial.

    No obstante, aprovechando la idoneidad del momento para corregir las disfunciones del mercado y luchar contra la opacidad, se incorporaron dos cláusulas que afectan directamente a las industrias extractivas. La sección 1504, que obliga a las industrias estadounidenses del gas, el petróleo o la minería a hacer públicos los pagos que realizan a Gobiernos extranjeros para acceder a estos recursos. Y la sección 1502, que exige a las empresas que emplean de cuatro minerales concretos (oro, tungsteno, wolframio y tantalio, también conocidos como 3TG por sus siglas inglesas y altamente demandados por las industrias electrónicas) a investigar y tomar las medidas pertinentes si su procedencia se halla en las zonas en conflicto existentes en la República Democrática del Congoy los nueve países colindantes.

    Ambas reglamentaciones, aun con sus debilidades, supusieron un gran avance a nivel mundial. No sólo por dotar de carácter vinculante a las recomendaciones de la OCDE sobre la diligencia debida, contribuyendo así al desarrollo legislativo de los principios de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; sino porque su aplicación hizo posible conocer mejor cómo funcionan las cadenas de suministro global de estas industrias, proporcionando información importante tanto para la lucha contra la corrupción como para la concienciación de los consumidores. Por estas razones las dos secciones mencionadas más arriba han inspirado leyes similares en otros países.

    Sin embargo, la nueva administración Trump, en su búsqueda de la grandeza perdida, ha decidido acabar con este particular legado de Obama y lo está haciendo en tiempo récord. Lo había prometido en campaña, pero las dudas sobre si sería capaz de cumplir o no comenzaron a despejarse cuando nombró a Rex Tillerson, exdirector ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile y un enemigo declarado de la Dodd Frank, como Secretario de Estado. El mensaje para las industrias extractivas era claro: los días de vino y rosas han vuelto, ¡Qué empiece la fiesta!

    El pasado mes de febrero, el Congreso de los Estados Unidos logró tumbar la sección 1504, relativa a la transparencia de los pagos a Gobiernos extranjeros, y poco después se filtró la orden ejecutiva firmada por el propio Trump para hacer lo mismo con la 1502, que afecta al suministro de “minerales en conflicto” procedentes de los Grandes Lagos africanos.

    Ésta última ya fue atacada durante su implementación por los lobbies de las industrias afectadas que pidieron su derogación ante el Tribunal Supremo alegando que la obligación de publicar si sus productos contienen o no “minerales en conflicto” vulneraba la primera enmienda (es decir, su libertad de expresión o, mejor dicho, su derecho a “no declarar públicamente cómo hacen negocios” que es lo que buscaban realmente). Si aquella argumentación parecía rebuscada, la empleada ahora por la administración Trump puede calificarse directamente como una mentira fabricada mediante la selección de datos aleatorios y la exageración interesada de los costes de su implementación.

    Es mucho más fácil entender las resistencias a esta legislación a partir de las palabras pronunciadas por Obama poco antes de aprobarla: “Los únicos que deberían temer el tipo de supervisión y transparencia que proponemos son aquellos cuya conducta no superaría este escrutinio”. Éstos son los mismos, me temo, que ahora están al mando.

    Así pues, mientras Estados Unidos parece empeñado en dar pasos atrás, la Unión Europea tiene una oportunidad única para retomar el liderazgo en este tipo de legislaciones. El pasado diciembre se llegó a un acuerdo político sobre la regulación europea del suministro responsable de “minerales en conflicto” y, salvo sorpresas de última hora, la ley se aprobará por votación el próximo 15 de marzo. Las ONG europeas hemos sido críticas con el contenido, pero, pese a sus limitaciones, creemos que es positivo contar con una legislación y seguiremos de cerca su implementación.

    Porque si no exigimos esa transparencia y control a las empresas que comercian con los recursos naturales, los flujos de dinero seguirán siendo opacos, las élites de países en desarrollo seguirán corrompiéndose y las violaciones de derechos humanos en seguirán quedando impunes. Desde la Campaña Tecnología Libre de Conflicto, de ALBOAN, queremos formar una ciudadanía crítica con estas cuestiones, dispuesta a ayudar a quienes sufren la violencia de los conflictos mineros y a pelear en su nombre para exigir a nuestras autoridades que regulen las cadenas de suministro de estos minerales.

     

    Fuente: elpais.com / Guilermo Otano


     

     

  • Jalón de orejas de la Corte al Estado por tolerar la minería ilegal

    La Corte Constitucional advirtió que la inacción del Estado permite que personas encuentren sustento en esta actividad.

    Al fallar una tutela la Corte Constitucional arremetió contra el Estado por su inacción frente a la actividad de minería ilegal en el país pues considera que el Gobierno se acostumbró a que se adelanten explotaciones sin el respectivo permiso o licencia.
     
    "Sobre el asunto de la minería ilegal, cabe agregar que esta es una actividad real y notoria, que por costumbre e inacción del Estado, es actualmente una realidad económica y social de la cual dependen ciudadanos que se ven obligados a ocuparse en este oficio informal a lo largo del territorio nacional", señala el alto tribunal.
     
    Para la Corte es preocupante que durante años el Estado permita que minas ilegales den sustento a padres y madres de familia, las cuales,  de un momento a otro son cerradas dejando a un sinfín de personas desempleadas y sin sustento provisional para sus familias.
     
    "La minería ilegal ha sido una actividad tolerada tácitamente por el Estado al permitir su funcionamiento y operación durante extensos períodos de tiempo. Circunstancia que convierte a la minería ilegal en una situación de hecho que debe ser vigilada y controlada de inmediato, sin desconocer la confianza legítima derivada del ejercicio al derecho al trabajo de los trabajadores informales que logran cubrir su mínimo vital con la labor de explotación minera informal", agrega.

    Este pronunciamiento se da al fallar una tutela radicada por un desplazado que durante 10 años trabajó en un mina ilegal en el sector de la carretera que comunica a Mitú con la comunidad de Monfort.
     
    Argumenta el desplazado que cuando la mina fue cerrada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico –CDA- y la Alcaldía de Mitú con el fin de proteger el medio ambiente, éste quedó sin sustento para llevar comida a dos hijos.
     
    En ese punto la Corte encontró que la mina fue cerrada bajo términos legales y que la alcaldía obró  como debía sin embargo advierte que "la aplicación súbita de las normas no pueden alterar de manera brusca situaciones regularmente constituidas en cabeza de particulares marginados por la misma inacción del Estado".
     
    En este caso, la medida de ordenar el cierre y la suspensión de trabajos de explotación minera en el área urbana y rural de Mitú, si bien es una actuación ajustada a derecho por parte de la Administración Pública del Municipio, acarrea consecuencias negativas para los trabajadores informales que por diez años ejercieron su derecho al trabajo en la actividad minera, lo cual genera el surgimiento de una expectativa fundada y legítima, que no puede ser modificada de manera abrupta e intempestiva, desconociendo los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.
     
    Por lo anterior la Corte le ordena  Alcaldía de Mitú, diseñar  de un programa de reubicación laboral o la creación de un programa de formación para que el accionante pueda desempeñarse en otras actividades económicas y no quede desamparado por el Estado


    Fuente: caracol.com.co

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  • La Coyuntura Es Una Oportunidad Para Formalizar La Pequeña Minería: MinMinas

    MinMinas. Cartagena, Bolívar. 23 De Agosto De 2017. Durante La Mesa De Diálogo Minero Con Los Alcaldes Del Sur De Bolívar, El Ministro De Minas Y Energía, Germán Arce Zapata, Manifestó Que El País Tiene En El Posconflicto La Oportunidad De Recuperar Los Territorios Para Legalizar Y Formalizar A Los Pequeños Mineros.

    "Estamos trabajando con el Gobernador Dumek Turbay para ampliar el ejercicio de formalización minera, especialmente en el sur del departamento, donde los recursos permiten garantizar prosperidad a largo plazo siempre y cuando hagamos minería de forma responsable, sostenible y cumpliendo los requisitos legales y medioambientales"señaló el Ministro Arce.

    Enfatizó que para lograr la legalidad se tienen que superar desafíos como la eliminación del mercurio de la cadena productiva. "La pequeña minería no está condenada a hacerse con mercurio. Hay distintos mecanismos que nos permiten reemplazar el uso de este elemento por tecnologías limpias".

    Finalmente, el Ministro Arce invitó al sector a reevaluar el modelo de diálogo social con las comunidades para que brinden herramientas para la coexistencia de la pequeña y gran minería.

    Por: Paisminero.co / CP – Minminas


     

  • La energía será más cara para estratos 4, 5 y 6 según los decretos que han expedido

    También habrá un cargo extra de $5.000 para los usuarios comerciales e industriales. Según el Ministerio, esto recaudaría más de $51.000 millones.
    Se empezaron a conocer los primeros decretos que expidió el Gobierno Nacional para atender la emergencia económica y social en La Guajira, la cual se estableció el pasado 2 de julio.
     
    Uno de los que ya se hizo público es el 1276 del 31 de julio. Con este se quiere dar soluciones energéticas en La Guajira y, para esto, se incluirá en las facturas de energía un valor denominado “Aporte Departamento de La Guajira”, por $1.000 por factura que deberán pagar los usuarios de estratos 4, 5 y 6. Para usuarios comerciales e industriales, el cargo será de $5.000. Con esto, en el documento se asegura que se podrían recaudar más de $51.000 millones.
     
    En el decreto se argumenta que “a partir del estrato 4, los valores promedio a pagar son superiores a $100.000, de manera que se tienen usuarios con una capacidad de pago que permite generar un aporte en el valor a pagar de cada factura que no afecte de manera sustancial su condición de pago”. Y se agrega que de enero a mayo se ha realizado la prestación del servicio a un promedio de 3.216.987 usuarios pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 y de sectores comerciales e industriales.
     
    “El porcentaje de estos usuarios corresponde a 19% del total de usuarios del país, que corresponden a los usuarios que mayor valor a pagar mensualmente tienen, y cuyo poder adquisitivo pudiera aportar para la condición de emergencia”, se lee en el documento.
     
    Con todo esto, el objetivo del Gobierno también es financiar parte de los $1,56 billones que se requieren para lograr la universalización del acceso a la energía eléctrica en la Guajira. Esta medida podría extenderse más allá del término de seis meses, si así lo decidiera el Congreso dentro del año siguiente.
     
    Hay que resaltar el artículo 7 del mismo decreto en el que se da un alivio de suspensión de contratos de suministro de energía media anual a largo plazo para generadores de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable.
     
    Con esto se suspende temporalmente la obligación de suministro de energía de estas fuentes hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025. Según explicó Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, con este artículo se podría impactar el valor de las tarifas para los usuarios, pero impulsa la reactivación de proyectos de energías limpias.
     
    “Se va a tener que buscar otras fuentes para suministrar esta energía, que podría ser más costosa dada la coyuntura actual. Es decir, se va a tener que reemplazar esas fuentes que iban a suministrar esos proyectos. Es posible que se use energía térmica, lo que encarecerá tarifas”.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • La importación de gasolina seguirá entre 20% y 30% de la demanda total para 2032

    El presidente Petro se refirió a la capacidad de las refinerías. El reporte de Ecopetrol indica que La Producción sí bajó en el cuarto trimestre de 2022, pero en el año creció 1,6%.
    Una de las decisiones principales del Gobierno de Gustavo Petro es incrementar de forma gradual los precios de la gasolina con el fin de equiparar el precio internacional y frenar el acelerado incremento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
     
    El fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, el presidente indicó que el déficit está abultado porque “en el segundo semestre de 2022 disminuyó la capacidad de refinación en Colombia y al mismo tiempo subieron los precios internacionales del petróleo y la gasolina”. También se refirió a una importación de gasolina planeada.
     
    Lo cierto es que a inicios de este año, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, advirtió lo mismo respecto a la capacidad en las refinerías. “Se quedó corta debido a que son pocos los que le apuestan a la refinación y al anuncio del Gobierno respecto a no firmar más contratos de exploración”, dijo en entrevista con RCN Radio.
     
    Sin embargo, hay que aclarar que la refinación bajó en el cuarto trimestre de 2022, según el reporte de Ecopetrol, pero si se mira en el año completo, no se produjo ninguna caída sustancial en la refinación interna.
     
    La producción de refinados de la Refinería de Barrancabermeja y Cartagena pasó de 350.993 barriles por día (BPD) en 2021 a 356.779 BPD en 2022, lo que representa un aumento de 1,6%, así lo explicó Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en el sector.
     
    En el tercer trimestre de 2022, la producción fue de 286.000 BPD y en el cuarto trimestre bajó a 228.000 BPD. Sin embargo, para el primer trimestre de este año aumentó y llegó a 303.000 BPD.
     
    Según el reporte anual de la ACP, en 2022 la demanda total de combustibles líquidos creció 14%, hasta alcanzar 345.000 barriles por día (KBD). Mientras que el consumo de gasolina a nivel nacional creció en 12%.
     
    Para cubrir el incremento de la demanda en 2022 se importaron, en promedio, 59,6 BPD de gasolina, 30,3 BPD de diesel, 2,4 BPD de jet y 0,6 BPD de etanol, que representaron 27% del total del consumo de combustibles.
     
    Si se hacen las cuentas en galones, según el Ministerio de Minas, la demanda diaria de gasolina es de 5,7 millones de galones al día, mientras que la producción de Ecopetrol es de 4,2 millones de galones día, esto implica la importación restante (27%). Y la demanda anual de 2022 fue de 2.090 millones de galones.
     
    El mismo reporte de la ACP advirtió que, teniendo en cuenta esta capacidad de producción nacional de combustibles fósiles, más el crecimiento esperado de la demanda, las importaciones requeridas para garantizar el abastecimiento podrían oscilar entre 20% y 30% del total del consumo durante el periodo 2023 - 2032.
     
    Esto quiere decir que la decisión de importación que tome el Gobierno Nacional no necesariamente implicará importar más, y aunque puede crecer en volumen por el incremento de la demanda, si se cumple el pronóstico de la ACP seguirá oscilando en un máximo de 30% sobre la demanda nacional.
     
    “Nunca se planificó la compra de gasolina importada, y esta se hizo a los mayores precios internacionales. En este año debe planificarse la compra de gasolina importada y aprovechar que su precio baja con el petróleo. Así en este año dejará de crecer el déficit cuando se encuentre el precio interno con el internacional”, señaló el presidente Petro.
     
    Según datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane), las importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas en 2021 alcanzaron US$8.736 millones y crecieron 77% contra 2021. Este rubro tuvo una participación de 11,3% del total de las importaciones.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Las exigencias para un minero artesanal son básicamente imposibles”: María López

    María López y Álvaro Pardo discutieron en Semana en Vivo el problema de la minería ilegal y las afectaciones que este fenómeno deja en las poblaciones que albergan este tipo de explotación

     La minería ilegal se viene extendiendo por todo el país. Según cifras oficiales, se calcula que en 303 municipios de Colombia se desarrollan trabajos de explotación minera.

    Dentro de este marco, este tipo de minería extractiva ocupa un alto porcentaje, como lo cuenta María López, directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana: "De 14.357 unidades de producción minera, el 63% no tienen título de explotación. Son ilegales".

    Según López, estas cifras se vuelven más preocupantes cuando muchos trabajadores de este sector tienen la firme intención de poner su trabajo bajo las reglas del Estado, pero “las exigencias para un minero artesanal hace que sea imposible legalizarse”.

    A su vez, Álvaro Pardo, director del centro de estudios de minería Colombia Punto Medio, afirmó  que "el Estado no está presente. Ha concentrado su mirada a incentivar la gran minería". Por eso “el tema de la minería criminal es tan complejo”.

    Pardo y López hicieron en Semana en Vivo una aclaración: "No hay que meter a todos los ilegales dentro de la criminalidad", haciendo clara alusión a que la ilegalidad no siempre va de la mano con el uso de la minería para la financiación de grupos armados al margen de la ley.

    De acuerdo con el especial hecho por Semana Sostenible, El drama de la minería ilegal y criminal en Colombia, en Ayapel, Córdoba, hay 1200 retroexcavadoras. Por promedio cada máquina paga de vacuna un millón de pesos, para un total de 1200 millones de pesos que las Bacrim recaudan con este tipo de extorsión.

    En este escenario, Álvaro Pardo alertó que desde ya se debe discutir cómo será un espacio de final de conflicto armado construido sobre la base del actual esquema minero del país. “Aún no se ha dimensionado el daño que la minería ilegal y la criminalidad ha generado en las regiones”.

    Si bien es un tema difícil de controlar, para el director del centro de estudios de minería Colombia Punto Medio, “lo primero que hay que hacer es una trasformación radical del mapa minero del país (…) junto con una mayor autonomía a las entidades territoriales en ese tema”.

    Para finalizar, Pardo reafirmó que el “Estado está cada vez mete más la cabeza en las empresas grandes” y políticas como las llamadas licencias exprés y las protecciones fiscales que a muchas multinacionales cobijan, hacen que este problema cada vez se agigante y se esparza por todo el territorio colombiano.


    Fuente: Semana.com


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  • Las tareas de los nuevos comisionados de la Creg

    En medio de El Niño, el sector pide que se revisen temas como la flexibilización de las garantías bancarias para compras de energía en bolsa.
    El Ministerio de Minas y Energía presentó el decreto 1573 de 2023 con el cual modificó el reglamento interno de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Uno de los principales cambios que plantea este es que el quórum para sesionar y tomar decisiones se logra con la presencia de ministro de Minas y Energía o su delegado (viceministro de Energía) y cuatro comisionados expertos.
     
    Algunas de las tareas que deberá trabajar la Comisión bajo estas nuevas reglas de juego están relacionadas con la revisión de los cargos de comercialización de energía eléctrica.
     
    Durante el Congreso de Enercol, algunos expertos manifestaron las necesidades que se deben trabajar. José Camilo Manzur, director de Asocodis, señaló que una de las prioridades está relacionada con la extensión de la flexibilización de las garantías para los comercializadores.
     
    Explicó que en el caso de que las garantías se escalen, se podría generar un riesgo sistémico por sus dificultades financieras, que se han profundizado con los saldos acumulados de opción tarifaria y subsidios.
     
    Esta modificación al interior de la Creg se da al tiempo que en la Comisión hay solo cuatro de los seis comisionados expertos nombrados y tres de ellos están en encargo y a medio tiempo. La situación se complejiza aún más teniendo en cuenta que José Fernando Prada, director de la Creg, presentó su renuncia, con lo que podría salir en los próximos días.
     
    Esto ha generado preocupación al mercado, puesto que dejaría a la entidad sin la posibilidad de sesionar y sin comisionados nombrados en propiedad, podrían verse afectadas las decisiones de carácter regulatorio que se tomen.
     
    Precisamente por cuenta de los temas que están en la agenda, el llamado de los expertos sectoriales es a que se nombren en propiedad a los expertos comisionados. Prada llamó a darle importancia a esta decisión que podría mejorar la institucionalidad y la independencia.
     
    Por Portafolio.
  • Los departamentos del país donde más se frenan contratos petroleros

    Según la ANH, el nivel de crudo que se extrae en Putumayo, Arauca y Santander equivale al 16 % de toda la producción del país.
    En los primeros meses del año se ha venido viviendo una dinámica difícil en el sector petrolero por los anuncios de salida de contratos de exploración y producción que habían adquirido en años pasados.
     
    Una situación que genera alertas debido al impacto en regiones que, si bien no son las principales productoras, tienen en el petróleo un aporte importante para su economía y empleo, y en las que se generan importantes recursos para las finanzas públicas nacionales y territoriales.
     
    Los anuncios de Emerald Energy, Geopark, ExxonMobil y Frontera han puesto en evidencia una serie de problemáticas en las regiones y dificultades para hacer que el proceso en estos contratos sea exitoso. Estas han notificado que suspenderán o terminarán contratos, principalmente en los departamentos de Putumayo, Santander y Caquetá.
     
    Este año, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se ha solicitado cancelar un contrato. Esto significa que en los cinco primeros meses se han pedido 11% del total visto en 2022, cuando fueron nueve las peticiones.
     
    Además, se suman los contratos en suspensión, como es el caso de Emerald Energy, que tras los graves sucesos de orden público que incluyeron el secuestro de 79 policías y la muerte de uno de ellos, radicó una carta ante la ANH pidiendo la suspensión del bloque Ombú, en Caquetá, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022.
     
    Al respecto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que “hemos delegado siempre en todas las instancias de diálogo a una persona que va y se entera de manera directa de lo que está pasando; yo misma tuve reunión con las directivas de la empresa para entender lo que estaban en disposición de hacer. Desafortunadamente esto escaló y en este momento es responsabilidad del Gobierno ir a hacer presencia y lograr que haya un diálogo que permita recuperar la paz”.
     
    Después de que esto pasara también se conoció que ExxonMobil dejaría su operación en el contrato VMM-37, tras lograr un acuerdo con Sintana Energy, con quien tenía un convenio de operación conjunta, para que esta asuma la operación.
     
    Esta decisión voluntaria significa que la petrolera ya no cuenta con ningún contrato en el país, puesto que los cuatro en los que estaba ahora están en terminación o se retiró de la operación.
     
    A esto se suma que Geopark, petrolera latinoamericana, informó que saldría de seis de sus contratos en el Putumayo, de los 12 que tiene en este departamento. De estos procesos cuatro fueron iniciados en el gobierno Duque, aunque ninguno alcanzó a tener una producción. La empresa notificó que tres de los contratos que rescindieron eran por motivos de fuerza mayor. De los seis, dos se encuentran en análisis y otros dos ya están en liquidación.
     
    Por último, Frontera también está adelantando dos procesos de terminación de contratos que se encuentran en suspensión desde hace dos años.
     
    Se trata de los bloques Caguán 5 y 6, también ubicados en Putumayo y, según Andrés Sarmiento, vicepresidente de Asuntos Públicos de la petrolera, están en conversaciones con la ANH mostrando evidencias de las dificultades de seguridad para desarrollarlos.
     
    De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), desde 2016 hasta 2022, la conflictividad en las regiones se ha incrementado cuatro veces y la mayor concentración está en los departamentos de Santander, Meta, Casanare y Putumayo, que han tenido 67% de los bloqueos.
     
    Un dato que no es menor, porque solo en Arauca, Santander y Putumayo, los 123.048 barriles por día que se produjeron en el primer trimestre del año representan cerca de 16% del total nacional.
     
    En otras palabras, ventas diarias de al menos 8,6 millones de dólares que tienen riesgo de contagio si las situaciones de seguridad siguen repuntando.
     
    Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, recuerda que la actividad petrolera tiene un alto impacto en el desarrollo territorial, a través de los recursos fiscales, derivados de las regalías, y por medio de la creación de empleos formales. “Los resultados de estudios previos, son que los departamentos y municipios petroleros tienen mayor crecimiento y mayor desarrollo urbano y poblacional. Además se han encontrado impactos positivos en la cobertura de indicadores como la educación, aseguramiento en salud y desarrollo del sector agropecuario”, afirmó.
     
    Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, aseguró que las compañías están comprometidas con sacar adelante las empresas y están concentradas en llevar a cabo los contratos existentes de exploración y de producción y no salir de las regiones.
     
    Sin embargo, el directivo apuntó que “la conflictividad social se ha exacerbado y hay un incremento en lo corrido del actual Gobierno en materia de bloqueos. A lo anterior se suma que se va a requerir un gran compromiso del Ministerio de Ambiente y del Ministerio del Interior y la dirección de Consulta Previa para que esos proyectos surtan de manera efectiva su trámite”. Aunque el Gobierno ha intentado reactivar contratos suspendidos, Lloreda señala que hay zonas en las que es muy difícil destrabar y que entren a operar.
     
    Regiones con más regalías
    Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana encontró que los municipios con mayor asignación de regalías per cápita son Becerril, Cesar; Puerto Gaitán, Meta; Castilla la Nueva, Meta; Tauramena, Casanare, y Cantagallo, Bolívar.
     
    Las asignaciones por habitante para el bienio 2023 - 2024 oscila entre los $13 millones y los $4,7 millones. Cabe recordar que en el Congreso se aprobó un presupuesto de regalías por $33 billones, de los cuales $29,1 corresponden a inversión. Los cálculos del Observatorio muestran que Puerto Gaitán, con una apropiación de $518 millones, es el municipio que mayor cantidad de recursos recibirá, seguido por Becerril con $270 millones y Castilla La Nueva con $118 millones. 
     
    Por Daniela Morales para Portafolio.
  • Los principales cambios que vienen con el nuevo decreto de los servicios de energía

    El Ministerio de Minas dio los principales lineamientos para que la Creg desarrolle las reglas, la finalidad es mejorar la eficiencia.
    Después del anuncio del presidente, Gustavo Petro, de una nueva reforma al sector de servicios públicos, que se presentará en el segundo semestre del año, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico.
     
    En específico, este Decreto da lineamientos generales que deben ser tenidos en cuenta por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para tomar decisiones para valorar apropiadamente los recursos hídricos y térmicos; promover un aumento de la cantidad de energía que se adquiere mediante contratos para disminuir la exposición de los comercializadores a las variaciones de los precios de bolsa; incorporar procedimientos técnicos para detectar abusos de posición dominante en el mercado; e incentivar a usuarios y agregadores de demanda del mercado mayorista de energía para que participen de manera activa ofertando servicios de respuesta a la demanda
     
     
    Hemberth Suárez, socio fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, destaca cinco factores de cambio en este decreto.
    1. Los autogeneradores a pequeña escala a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) están exentos del cobro de energía reactiva.
    2. Se regulará para valorar los recursos de generación de corto plazo.
    3. Van a flexibilizar los costos de las garantías por cada transacción.
    Se va a ejercer un control sobre la incidencia de ofertas de un mismo agente, que por restricciones se despache un determinado recurso de generación y el comportamiento histórico de una unidad en la atención de la demanda.
     
    Creación de mecanismos de participación para que, los usuarios y los agregadores de demanda, puedan ofertar reducciones, desconexiones de demanda, con lo cual se fortalece la esquena de la Demanda Desconectable Voluntaria.
     
    “Avanzamos en la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, con el objetivo de orientar la regulación y promover una efectiva competencia en los segmentos de mercado donde esto es posible. Estos lineamientos nos permitirán aumentar la eficiencia para el sistema eléctrico, de manera tal, que conlleve a precios justos para los usuarios”, dijo Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
     
    El decreto indica que en el proceso de esta segunda fase se recibieron 117 propuestas y comentarios; 66 de estas se refieren a las necesidades en cambios normativos relacionados con el funcionamiento del sector eléctrico en el país.
     
    Según datos del Ministerio, en Colombia actualmente la generación de energía proviene en 66 % de recursos hídricos, en 31 % de recursos térmicos (gas, carbón, fueloil) y en 3 % de otras fuentes de energía renovables.
     
    En ese sentido, uno de los enfoques del decreto es "valorar apropiadamente los recursos hídricos y térmicos", esto se refiera a que el uso de estos recursos considere la escasez y la abundancia de forma simétrica con los pagos que hacen los usuarios en la factura.
     
    También se busca incorporar procesos técnicos que permitan detectar abusos de posición dominante en el mercado en el que participan los generadoras y comercializadores.
     
    Y otro de los puntos centrales es incentivar a usuarios y agregadores de la demanda del mercado mayorista de energía para participar en la oferta de servicios, esto, con la finalidad de reducir el estrés en la red en las horas de alto consumo y por consiguiente, reducir la tarifa.
     
    El Ministerio resaltó que este decreto "no interviene en el marco tarifario vigente". Otro factor radica en habilitar beneficios para los usuarios que cuenten con infraestructura de medición avanzada, así como la generación mediante fuentes no convencionales de energía renovables en áreas especiales de prestación de servicio, pues esto contribuye a la disminución de las pérdidas.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Mejores Prácticas Y Cooperación Internacional Para La Minería Colombiana

    • Bajo el imperativo de fomentar buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización del carbón, Colombia y Holanda firmaron MOU con el fin de trabajar de la mano para fortalecer la relación económica generada en torno al carbón de nuestro país.
    •  
    • Generamos espacios de diálogo con todos los actores de la cadena de producción y venta del carbón. Estuvimos acompañados por representantes de la principales empresas carboníferas de Colombia y hemos contado que estamos en la búsqueda conjunta de fortalecer los estándares económicos, sociales y ambientales de la actividad”, señaló la Viceministra de Minas.
     
    La Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, atendió una  intensa agenda de trabajo en tres ciudades de  Europa para dar a conocer los pasos que ha dado la minería colombiana en materia de regulación e institucionalidad, así como para generar espacios de diálogo entre los actores de la cadena de producción del carbón y consolidar la cooperación internacional.
     
    El pasado martes en París, la Viceministra participó en el Foro de Cadenas de Suministro Responsable de Minerales de la OCDE, en el marco del cual presentó la Política de Formalización Minera con la que el Gobierno colombiano reivindica y pone en orden la minería del país, al tiempo que da la mano a los pequeños mineros que se acojan a los programas de formalización que ha implementado el Gobierno Nacional. 
     
    “La formalización minera requiere de la clasificación de la minería para una política diferenciada. La formalización es la vía para asegurar una actividad minera ambientalmente responsable y una minería bien hecha”, dijo la funcionaria en el marco del encuentro.
     
    Animados por la necesidad de trabajar de la mano  en el fortalecimiento de la relación económica generada en torno al carbón colombiano, Colombia y Holanda firmaron el MOU bajo el imperativo de fomentar buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización del mineral.
     
    “El acuerdo abarca temas mineros, ambientales, sociales, laborales y económicos. Estamos convencidos que trabajar juntos será fundamental para fortalecer al sector y beneficiar a todos los actores involucrados”, agregó Ulloa. Junto al Consejero Presidencial para los Derechos Humanos Guillermo Rivera, la Viceministra dialogó con representantes de Gobierno, ONG´s y parlamentarios, no solo en Holanda sino también en Alemania y Suiza.
     
    En estos países, la delegación colombiana expuso los avances del país en materia de regulación para la actividad así como en el fortalecimiento de la institucionalidad, que han permitido fortalecer aspectos al sector, al igual que la política de derechos humanos del país.
     
    “Generamos espacios de diálogo con todos los actores de la cadena de producción y venta del carbón, estuvimos acompañados además por representantes de la principales empresas carboníferas de Colombia y hemos contado que estamos en la búsqueda de mejorar los estándares económicos, sociales y ambientales de la actividad. Estamos trabajando para que nuestra minería llegue a los  mejores estándares internacionales”, afirmó la Viceministra.
     
    MME
  • Minenergía cambia reglamento de la Creg para lograr quórum

    Ahora, la participación del ministro de Minas y Energía y cuatro expertos comisionados lograrán el número requerido para sesionar y tomar decisiones.
    El Ministerio de Minas y Energía publicó el decreto 1573 de 2023, mediante el cual modificó el reglamento interno de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En este decreto firmado por le nuevo ministro, Andrés Camacho, se determina que el quórum ahora será de cinco, bajando desde los seis que eran necesarios previamente.
     
    Vale la pena recordar que este quórum se logrará con la presencia de al menos el ministro de Minas y Energía y cuatro expertos comisionados, base con la cual se podrán tomar decisiones. 
     
    "Las decisiones de la Comisión se tomarán con el voto favorable de por lo menos cinco (5) de sus integrantes. En todo caso, se requiere el voto favorable de alguno de los siguientes miembros: el Ministro de Minas y Energía, o su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado, o el director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado", plantea el nuevo reglamento de la Comisión.
     
    Este mismo número de integrantes es el requerido para tomar decisiones de carácter regulatorio. Previamente, el número requerido para tomar decisiones era de siete, con lo que se redujo en dos miembros. No obstante, el número mínimo de comisionados para sesionar sigue siendo de cuatro, al igual que anteriormente, cuando era necesaria la presencia del Minhacienda y el DNP.
     
    Cabe recordar que algunos de los temas sobre los que toma decisiones esta Comisión son los relacionados a la reglamentación de los componentes de las tarifas de servicios públicos como el gas y la electricidad. Así mismo, tiene competencia sobre algunos aspectos de la retribución por combustibles líquidos.
     
    Ahora bien, la Creg sesiona con presencia voz y voto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y el Departamento Nacional de Planeación. Esto significa que la presencia de estos tres podría inclinar fuertemente las decisiones que se tomen dentro de esta entidad.
     
    Esta modificación se da al tiempo que la entidad atraviesa dificultades para completar el número de expertos comisionados. En días pasados, el director y único experto nombrado en propiedad, José Fernando Prada, renunció a su cargo y a  la Comisión. Esto dejaría a la Comisión con tres comisionados nombrados de forma temporal y cuyos nombramientos están a punto de caducar.
     
    Hasta el momento, el ministro Camacho apuntó en una entrevista con El País que están en la búsqueda de los perfiles que se ajusten a los requerimientos para ser experto comisionado y una vez se tengan se nombrarían en propiedad.
     
    Por Portafolio.
  • MinEnergía socializó lineamientos para que las empresas reduzcan emisiones de CO2

    Además, la Usaid comentó sobre planes en los que han venido trabajando para que Colombia enfrente el cambio climático.
    El Ministerio de Minas y Energía realizó la décimo segunda mesa de cambio climático. El evento estuvo enfocado en ampliar la ruta para la descarbonización del sector minero energético. En este, la Usaid anunció que lanzará un programa de financiamiento para apoyar los objetivos en materia climática de Colombia. También se dieron a conocer los lineamientos para la formulación de los planes integrales de gestión de cambio climático empresarial (Pigcce).
     
    Thomas Black, líder de Energía Renovables de la Usaid, intervino en el espacio y comentó que "Colombia y Estados Unidos tienen visiones sobre la transición a energías renovables que son totalmente compatibles. Esto se ha manifestados en los diálogos de alto nivel recién realizados en Washington y en la agenda que hemos establecido con el Ministerio".
     
    Black dio a conocer que ya se está trabajando en algunos objetivos, entre ellos, explorar herramientas para implementar la movilidad eléctrica. También se quiere establecer comunidades energéticas rurales y urbanas. "El programa de Energía para la Paz, donde vamos a establecer 10 clusters productivos en zonas Pdet". Y es que según mencionó el experto, "a nivel mundial Usaid tiene el objetivo de movilizar US$150.000 millones para la acción climática".
     
    Para financiar los objetivos a nivel nacional, a través de la Alianza de Banca Sostenible, se establecerán hojas de ruta que tienen el fin de que los bancos calculen las emisiones de sus portafolios financieros. "El objetivo es buscar llegar a un nivel de cero emisiones netas en el sector financiero. También se busca aumentar el ecosistema de negocios climáticamente inteligentes", dijo Black.
     
    Lineamientos del sector Energía para enfrentar el cambio climático
     
    En la duodécima mesa del cambio climático, Sebastián Camilo Carranza, director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, dijo que la era del calentamiento global ya terminó, "ahora estamos en la ebullición global". Y por esto, presentó cuáles son los lineamientos que se deben adoptar a nivel empresarial para enfrentar un cambio climático, que cada vez más, pone en riesgo el bienestar de la población.
     
    "Implementarlos será importante para que las empresas puedan planificar su competitividad actual y futura. Queremos que cada compañía haga un diagnóstico empresarial de cambio climático, e identifiquen las metas que pueden orientar sus acciones hacia la carbono neutralidad".
     
    Una vez hecho el diagnóstico, deben pasar a la formulación de un plan, trazar un camino apropiado para cada empresa en términos de competitividad. En el componente de "Gobernanza", las empresas deberán fijar el cómo seguir ese camino, es decir, iniciar la implementación.
     
    En términos ambientales, lo que se propone desde el ministerio es que cada empresa estima su huella de carbono, para luego construir un escenario de mitigación de emisiones, y luego definir cómo se encaminarán en la senda de la carbono-neutralidad.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • MinHacienda y MinEnergía lanzaron borrador para focalizar subsidio a combustibles

    Se espera que con esta medida se genere un menor gasto para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
    Las carteras de Hacienda y Minas y Energía, encabezadas por Ricardo Bonilla e Irene Vélez respectivamente, lanzaron un borrador de un decreto para comentarios en el cual se adiciona el Decreto 1068 de 2015 en relación con el mecanismo diferencial de estabilización de precios de la gasolina corriente motor (GMC) y el aceite combustible para motores (Acpm).
     
    El borrador propone determinar el mecanismo diferencial para los grandes consumidores en donde el ingreso al productor fósil de la gasolina motor corriente y el Acpm o diésel para los mencionados agentes deberá ser como mínimo el precio de paridad internacional y este no aplicaría a empresas generadoras de energía ubicadas en Zonas No Interconectadas (ZNI).
     
    Con esta medida, los ministerios estiman que la aplicación del mecanismo diferencial de estabilización de grandes consumidores generará un menor gasto para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y, por tanto, una menor incidencia negativa en las finanzas públicas de la Nación.
     
    El borrador expone que los recursos públicos destinados a garantizar menores precios de combustibles son altamente regresivos porque benefician principalmente a las personas con mayores ingresos.
     
    "Los recursos destinados a financiar precios locales de combustibles líquidos fósiles menores a los internacionales para estos grandes consumidores podrían ser asignados a inversión o gasto público social con mayores rendimientos sociales para promover el desarrollo sostenible".
     
    Y se propone hacer una focalización a esos beneficios para incentivar así la transición energética al proyectar un impacto en las decisiones de consumo e inversión de los agentes del mercado de combustibles.
     
    El déficit del Fepc
     
    Según el documento publicado, el Fepc hasta el 2019 acumuló un déficit por $14,2 billones, que ascendía a $17,0 billones incluyendo los intereses causados a favor de la Nación. Esto porque el Fepc no contaba con fuentes corrientes que le permitieran honrar sus obligaciones con los productores y, por tanto, el Gobierno nacional sirvió de acreedor con el Fepc por medio de créditos extraordinarios del Tesoro
    nacional, y emisión de TES de este último y pagos a nombre del Fepc a terceros.
     
    En 2020, "se observó una pequeña posición neta superavitaria del Fondo principalmente asociada al relativo bajo precio internacional del petróleo durante la pandemia".
     
    Sin embargo, en 2021 y 2022, el resultado del diferencial de compensación de los precios de los combustibles líquidos, es decir, el precio local y el de referencia internacional y otros factores, el Fepc acumuló un déficit histórico por $11,4 billones (1% del PIB) y $36,7 billones (1,5% del PIB).
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Mininas inicio diálogos minero -ambientales en Tolima y César

    El Ministerio de Minas y Energía, sus entidades adscritas y las Corporaciones Autónomas Regionales de Cesar y Tolima, explicaron a las autoridades locales de los dos departamentos, la importancia de mantener un diálogo regional, minero y ambiental para trabajar coordinadamente y mejorar la ejecución de la actividad minera.
     
    La Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa señaló la reunión como una muestra de "toda la oferta institucional minera para las regiones, sus alcaldes y demás autoridades, que contiene las soluciones y herramientas que les ofrecemos, así como el acompañamiento en la planeación organizada y sostenible de su minería".
     
    El mismo encuentro se realizó en Valledupar e Ibagué el pasado martes y jueves, junto a la Gobernación del Tolima, del Cesar y las corporaciones autónomas de esas regiones, en el que  se explicaron el impacto positivo y los beneficios de los programas que se ofrecen desde el Gobierno para mejorar las condiciones de la minería en todas sus escalas. 
     
    En Tolima se presentaron los avances de la Junta Directiva para la Pequeña Minería, entre los que se destacó que el año pasado se finalizó la caracterización del departamento, esto es la identificación del estado de trabajo de todas las Unidades de Producción Minera (UPM's). Así mismo, se anunció que se continuaría con el acompañamiento a 50 UPM's en el programa de formalización minera para que los pequeños mineros adquirieran buenas prácticas laborales en temas ambientales, técnicos, legales, empresariales y de seguridad minera.
     
    Por su parte, en Cesar  se destacaron los aportes del sector minero a gran escala en regalías, inversiones y aportes para el desarrollo regional. Allí se discutieron los retos de pequeña minería que se encuentran en varios municipios que han sido evaluados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y que requieren la intervención complementaria del Ministerio.
     
    Los alcaldes y representantes de los municipios manifestaron su interés en incrementar el apoyo del MinMinas en los temas de minería ilegal, para que se detenga el abuso ambiental y de seguridad social. A lo que la Viceministra respondió diciendo que el Gobierno Nacional ha dispuesto tres opciones que organizan la actividad minera en el país y les brinda a los mineros la posibilidad de elegir entre la formalización, la reconversión laboral y el control. 
     
    Adicionalmente, hizo énfasis en el trabajo articulado que se viene realizando con las autoridades ambientales para velar porque se realice una actividad minera con los mejores estándares que respetan el medio ambiente. 
     
    MME - paisminero.co
  • Ministerio de Minas invita a privados a acuerdo nacional para construir la ley minera

    El titular de la cartera, Andrés Camacho, no reveló la fecha en la que se radicaría. Se había dicho que era en la segunda legislatura.
    El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, invitó al sector privado a realizar un acuerdo nacional en torno a la minería nacional y las reformas que plantea el Gobierno Nacional.
     
    “Hoy estoy aquí para ponerme a disposición del sector, pero también para invitarles a construir juntos esa minería del futuro, esa minería para la vida”, dijo Camacho en la instalación del Congreso Nacional de Minería de la Asociación Colombiana de Minería, ACM.
     
    “No queremos ni buscamos una política prohibicionista. Queremos construir con ustedes una minería equilibrada y justa”, remarcó Camacho en su participación.
     
    En línea con la propuesta del Gobierno de crear un acuerdo nacional con todos los sectores, como lo reiteró el presidente Gustavo Petro al final de las manifestaciones del 27 de septiembre, el ministro Camacho pidió al sector privado avanzar en un pacto sectorial.
     
    “Vengo a proponerles que avancemos en este sector en un acuerdo nacional sobre lo fundamental para la minería. Cuenten conmigo para una ley minera en la que todos ayudemos a construir”, dijo Camacho. No obstante, no se ha dado a conocer una fecha para radicar el proyecto, aunque se había dicho que sería en la segunda legislatura.
     
    A esto, la ACM resaltó que se necesitan mayores muestras de compromiso por parte del Gobierno.
     
    “El mensaje del acuerdo lo recibimos con beneplácito. No obstante, la institucionalidad minera debe tener coherencia. Ojalá el pacto pase por esa discusión”, aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
     
    En su intervención, Nariño también aseguró que la creación de una nueva ley minera debe tener la participación de todos los actores.
     
    El ejecutivo agregó que el país necesita todos los minerales con los que cuenta, ya que cada uno de ellos es estratégico en la transición energética. Nariño recalcó la importancia del carbón en la transición, en línea con las discusiones que se han realizado a nivel internacional.
     
    Álvaro Pardo, el presidente de la Agencia Nacional Minera, precisó que todos los minerales se seguirán extrayendo, aunque no todos sean estratégicos. “¿Que todos deberían ser estratégicos? No es así. Son estratégicos algunos y sobre esos, el Gobierno Nacional va a trabajar. Obviamente, los demás van a seguir siendo explotados como lo están haciendo hoy. Nadie les está cerrando la puerta”, dijo.
     
    Por Roberto Casas para LaRepública.
     
  • Ministerio de Minas y Energía expidio normas técnicas aplicadas a la minería

    El MME expidió la Resolución No. 40600 del 27 de mayo de 2015, con la que se adoptaron nuevas normas técnicas oficiales - especificaciones técnicas para la presentación de planos y mapas aplicados a la minería, ahoralos proponentes y titulares mineros cuentan con una nueva herramienta de carácter metodológico y de orientación técnica para la presentación y entrega de la documentación e información, y de la misma manera los funcionarios o autoridad no podrán realizar mas exigencias que los criterios, principios y reglas allí consignadas.

    La anterior expedición tuvo como soporte lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Minas, el cual determina el deber de establecer de manera detallada los requisitos y especificaciones de orden técnico minero que deban atenderse en la elaboración de los documentos, planos, croquis y reportes, relacionados con la determinación y localización del área objeto de la propuesta de contrato de concesión, así como de los documentos e informes técnicos que se deban rendir por parte de los titulares mineros.

    El objetivo principal de esta reglamentación, es facilitar la evaluación y aprobación de los documentos técnicos por parte de la autoridad minera, en especial lo relacionado con la presentación del Programa de Trabajos y Obras (PTO), y darle claridad al concesionario minero para la presentación de acuerdo a unos estándares previamente definidos por el Ministerio de Minas y Energía, con lo cual de ninguna manera se pretende desconocer que el sector minero ya contaba con unas normas técnicas para la presentación de dichos documentos, sino que precisamente se hace necesario actualizarlas para contar con mayores instrumentos que faciliten la actividad minera en nuestro país.

    De esta manera se establecen los estándares para la presentación del Programa de Trabajos y Obras  (PTO), en el cual se incluyen el Plan Minero de Explotación, el Plan de Obras de Recuperación Geomorfológico Paisajistico y Forestal, y el Plan de Cierre de Explotación y Abandono de los Montajes, y es en este último, en el cual se hace referencia a que se deben tomar en consideración las condiciones antes de la explotación, es decir, las lineas base ambientales, durante el desarrollo de la actividad, la finalización de la explotación minera y el uso posterior del suelo, determinando la estrecha relación que debe tener con el Plan de Recuperación Geomorfológico, es decir que debecorresponder a la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Instrumento de Manejo y Control aprobado por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto minero.

    La expedición de este acto administrativo, se realizo gracias al trabajo que realizó y lideró el Ministerio de Minas y Energía, con participación de otras entidades como el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, ajustandose a los requerimientos nacionales, y considerando estándares y normas internacionales, con lo cual se busca enmarcar la actividad minera dentro de una terminología única para el sector. Así mismo se busca su difusión y consulta a través de Sistema de Información Minero.

    Con lo anterior se modificaron las normas técnicas que estuvieron vigentes para la presentación de planos desde el año 2003, con el Decreto 3290, con lo cual el gobierno nacional pretende hacer mas eficiente la evaluación por parte de las autoridades mineras, actualizando dichas normas e incluyéndolas a esquemas internacionales, con lo cual nos permite asociar la actividad minera a parámetros claros y exigencias mayores que harán sin duda fortalecer cada vez más el sector, iniciando por lograr la presentación de documentos técnicos más robustos que sean realmente concebidos para el desarrollo de proyectos analizados y estudiados para su ejecución  por parte de los titulares, y que permitan mejorar la supervisión de cada uno de los títulos mineros otorgados.


    Por: Paisminero.co / CP- MME

  • Ministerio Minas y Energía inauguró un piloto de planta solar en Tierralta, Córdoba

    La generación estimada del proyecto es de 2.400 MWh/año y es una apuesta de la cartera por las energías limpias y renovables.
    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, inauguró el proyecto piloto de la planta solar flotante ‘Aquasol’, en el municipio de Tierralta, al sur del departamento de Córdoba. El proyecto fue construido por la empresa Urrá Así mismo, ‘Aquasol’ fue ensamblada en el embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá y cuenta con 3.248 módulos fotovoltáicos. La generación estimada es de 2.400 MWh/año.
     
    “Este es un proyecto muy importante que se suma a otras iniciativas que ya marcan la ruta de la transición energética justa en Colombia por parte de las empresas. Una hidroeléctrica que le apuesta a energías limpias y renovables para adelantar parte de su operación es un gran mensaje del cambio que adelanta Colombia en materia de generación de energía renovable”, afirmó Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
     
    La compañía adelanta una gestión voluntaria encaminada a la protección, conservación, mejoramiento de los recursos naturales y del ambiente, además de apoyar proyectos en comunidades vecinas del área de influencia directa de la Central.
     
    Según informó el Ministerio, además de suplir en las horas de sol el consumo de energía de los servicios auxiliares de la Central Hidroeléctrica, Aquasol será un piloto que permitirá una investigación con rigor científico que definirá las ventajas de implementar los sistemas fotovoltaicos convencionales de estructura fija en suelo firme. Para ello, URRÁ firmó convenios con la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería, y la Universidad del Norte, de Barranquilla. Además, se están realizando acercamientos para firmar convenios de investigación y desarrollo con otras universidades nacionales y extranjeras.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Ministra de Minas anuncia medidas ante alto precio de la gasolina

    Irene Vélez dijo que se revisará la fórmula que fija la tarifa y que se contemplan precios diferenciales para no subsidiar a grandes consumidores.
    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo este domingo que se revisará la metodología con la cual se fija el precio de la gasolina en Colombia, porque “la forma en la que está construida hace que toda la gasolina se valore con el precio internacional”.
     
    “Sin embargo nosotros somos productores y más o menos el 50% de nuestra gasolina es nacional, que se mezcla con 50% de gasolina importada, entonces creemos que no tiene total sentido que el 100% del precio de la gasolina se tase con el precio internacional. Eso lo vamos a revisar en la metodología”, señaló la ministra.
     
    Agregó que otro punto que se revisará es el tema de la focalización. Para eso se contempla precios diferenciales para no subsidiar a los grandes consumidores.
     
    Según la Ministra Vélez, ya se instalaron mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, para hacer una revisión integral en busca de reducir el costo del combustible en el país.
     
    Por PORTAFOLIO
  • Ministro de Minas anunció que en enero, iniciarían estudios factibilidad para Planta de Urea en Casanare

    El importante anuncio realizado por el ministro Andrés Camacho, se produjo en la audiencia pública de la Comisión V de la Cámara de Representantes que se realizó en Aguazul, por iniciativa del congresista del Centro Democrático Vladimir Olaya, quien señaló que este proyecto fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones, con apoyo de varios dirigentes.
    “Fuimos un grupo de personas quienes logramos que la Planta de Urea para Casanare se incorporara en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, esto apuntando a iniciar la transición energética de Casanare y como el proyecto agroindustrial más importante de esta década para el departamento por el desarrollo que va a generar”, afirmó el representante a la Cámara Vladimir Olaya.
     
    El Ministro de Minas dejó claro que desde el gobierno se tiene total disposición de transformar los territorios, por esto adquirió un compromiso durante la sesión descentralizada de la Cámara de Representantes. “Me llevo la tarea de concretar una visita con la Ministra de Agricultura para ver el proceso de la Planta de Urea para Casanare, que sería en su primer fase, realizar un estudio de factibilidad, para revisar las condiciones, producción y demás. Asumo el compromiso de iniciar este estudio en enero”.
     
    Para el representante Vladimir Olaya, este proyecto será fundamental para la industrialización del departamento pero sobre todo lo que se busca es lograr que Casanare sea modelo de transición energética del país.
    En este punto el Ministro de Minas estuvo de acuerdo con el congresista casanareño, debido a que reconoce las grandes potencialidades que tiene el departamento y va en la misma vía del Gobierno de Gustavo Petro, en preparar a las regiones para iniciar una transición energética y evitar que si se acaba el petróleo, no se tenga un plan que jalone la economía del país.
     
    “Este es un gran paso el que dimos con apoyo de mis compañeros de la Comisión V de la Cámara de Representantes, porque tenemos un gran anuncio frente a la Planta de Urea, lo que nos puede catapultar económicamente y además, podremos fortalecer aún más, el sector agropecuario; además, acercamos a los ciudadanos al Estado y adicionalmente, en estas sesiones, los congresistas nos llevamos insumos, para que a la hora de legislar, tengamos en cuenta la realidad de cada una de las regiones del país”, advirtió el congresista Vladimir Olaya. Gestión de Tierras Según el representante a la Cámara Vladimir Olaya, Casanare cuenta con cerca de 4 millones 400 hectáreas de terrenos y de esos, por lo menos el 50 % no tiene titularidad de esos predios y por ello, resulta fundamental la visita de los funcionarios de la Unidad de Tierras, porque se requiere que los ciudadanos interesados, puedan iniciar sus trámites de titulación cuanto antes.
     
    Por Canal2
  • Ministro de Minas y Energía habló de modernizar Electrohuila

    Desde Neiva,  el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, propuso conformar una mesa con el fin de recuperar y Modernizar  la Electrificadora del Huila.
    Diario del HuilaDiario del Huila
    El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, participó en un diálogo ciudadano en Neiva, abordando temas cruciales sobre la transición energética y respondiendo a las inquietudes de la comunidad. Las preguntas más recurrentes estuvieron relacionadas con Electrohuila.
     
    El Ministro Camacho informó que, tras dialogar con el gobernador electo Rodrigo Villalba, se acordó avanzar en un modelo de transición energética para el Huila. Durante la reunión, surgió la pregunta sobre la posibilidad de aplicar fracking en el departamento, a lo que el Ministro destacó la importancia de cerrar la frontera extractiva y enfocarse en energías renovables y tecnologías sostenibles.
     
    «Colombia no es un país petrolero, es un país que tiene petróleo. Nos hemos propuesto no avanzar más en frontera extractiva, no desarrollar técnicas como el fracking y usar todos los recursos disponibles para desarrollar otros energéticos, como el hidrógeno verde y las energías renovables, convirtiéndonos en una potencia latinoamericana de energía renovable», afirmó el Ministro Camacho.
     
    En relación con la pequeña minería, el Ministro expresó la necesidad de una minería planificada y organizada, anunciando la construcción de una nueva ley minera. Respecto a la Electrificadora del Huila, manifestó la intención de crear una mesa de diálogo inclusiva que involucre a profesionales, ingenieros eléctricos, la comunidad, representantes del sector productivo, la Cámara de Comercio y comunidades indígenas, con el objetivo de elaborar un plan de modernización para Electrohuila.
     
    Por Diario del Huila.
     
  • Ministro Tomás González , asiste al Foro Económico Mundial

    Los esfuerzos de Colombia en cobertura energética energética, así como las medidas encaminadas a mitigar los efectos de la caída de los precios internacionales del crudo en la economía del país, entre otros, son los temas que hacen parte de la agenda del titular de la cartera minero energética en México.
     
    MinMinas. Cancún (México), mayo 7 de 2015. El Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, asiste al Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) que se realiza en Cancún, México. El miércoles participó en la mesa redonda de discusión sobre nuevos marcos para los mercados de energía en economías emergentes y su exposición se enfocó en los esfuerzos de Colombia en materia de cobertura energética y las fortalezas regulatorias para incentivar el acceso al servicio de energía eléctrica a más usuarios.
     
    Cabe mencionar que Colombia alcanzó una capacidad de generación eléctrica de 15.700 MW y la demanda máxima no supera los 10.000 MW de potencia. Además, en los cuatro años anteriores el país alcanzó un 96 por ciento de cobertura del servicio de energía eléctrica.
     
    La agenda del Ministro González en el WEF se extiende hasta este jueves cuando participe en la discusión “Perspectiva Energética Mundial”, junto a su homóloga de Perú, Rosa María Ortiz, y altos dignatarios de México y España.
     
    Durante el encuentro, González expone las medidas para el sector de hidrocarburos encaminadas a mitigar los efectos de la caída de los precios internacionales del crudo en la economía del país. También se referirá al desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia, así como a los resultados de la reforma al sector de hidrocarburos que emprendió el país a partir de la Ley 1760 de 2003.
     
    En el Foro Económico Mundial, Colombia también expone sus líneas futuras para repensar el sector energético, sobre la base de objetivos específicos que incluyen el suministro confiable y la diversificación de la canasta de energéticos; una demanda eficiente de energía; esquemas que promuevan la universalización y asequibilidad al servicio de energía eléctrica; así como estímulos a las inversiones en interconexiones internacionales y en infraestructura para la comercialización de recursos estratégicos.
     
    MME - Paisminero.co
  • MinMinas anunció que Termoguajira transitará hacia generación de energía eléctrica

    La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, trinó la noticia y aseguró que la termoeléctrica más adelante será 100% descarbonizada.
    Durante la gira del gabinete del presidente, Gustavo Petro, por el departamento de La Guajira, se han anunciado diferentes cambios en materia social y económica. Una de estas fue la firma del pacto por la transición energética justa, espacio en el que el primer mandatario aseguró que esa intención radica en que la generación eléctrica debe sustituir la del carbón y el gas.
     
    Este sábado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que TermoGuajira será la primera termoeléctrica en transitar hacia la generación eléctrica 100% descarbonizada.
     
    Termoguajira tiene una capacidad de 290 megavatios (MW), utiliza carbón como combustible principal para su operación y gas natural como combustible secundario y de soporte para el arranque de las unidades.
     
    “Esta es una gran noticia para el país pero sobre todo para el departamento de La Guajira ya que se empieza a materializar la transición energética justa y este territorio será carbono cero”, afirmó la ministra Vélez. Agregó que “desde el Ministerio de Minas y Energía estaremos acompañando con asesoramiento técnico y apoyando la búsqueda de alternativas para financiar esta inversión”.
     
    El esquema de transición va a incluir paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías. También contará con la instalación de condensadores síncronos.
     
    La Junta Directiva de Gecelca, dueña de Termoguajira, decidió que se impulsará un despliegue de energía solar en la región a través de esquemas de generación fotovoltaica tanto individuales como asociativos en su área de influencia en el municipio de Dibulla, esto hace parte de la iniciativa 'Estallido Solar' del Ministerio.
     
    El pasado miércoles 28 de junio, el Presidente y la jefe de la cartera de Minas y Energía aseguraron que La Guajira tiene un potencial de 25 gigavatios.
     
    Petro señaló que "La Guajira, lo ha dicho la ministra y en los datos que tengo, tiene un un potencial de 25 gigas (GW). Colombia completa consume, en un año, más o menos unas 18 gigas (GW), es decir, con solo la energía limpia de La Guajira en su máximo, podríamos reemplazar toda la generación eléctrica de Colombia, incluidas las hidroeléctricas; Hidroituango y esos proyectos que fueron motivo de discusión, y nos sobra energía".
     
    Además, en ese mismo espacio, el Presidente había hecho referencia a sustituir las termoeléctricas, "empezando por la de La Guajira, que es el segundo consumidor de agua en una región en donde la gente es al tercera y se muere de sed. Si se traslada a ser una granja solar o un parque eólico con la misma capacidad, se libera agua para el territorio".
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • MinMinas dijo que se debe generar confianza para llevar a cabo la transición energética

    Omar Andrés Camacho, deberá enfrentar el reto de seguir la línea de descarbonización de la economía que plantea el Gobierno.
    Colombia necesita reconstruir la confianza entre las comunidades, las empresas y el Gobierno para ejecutar con éxito la transición energética, dijo el jueves el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
     
    Camacho, un ingeniero eléctrico que anteriormente trabajó en el ministerio como asesor, fue nombrado oficialmente por el presidente izquierdista Gustavo Petro a principios de este mes.
     
    Camacho enfrenta al reto de hacer realidad el objetivo de Petro de alejar a Colombia de su dependencia del petróleo y el carbón, una importante fuente de ingresos, en medio de diferencias entre la administración y las empresas energéticas y mineras.
     
    Superar estos problemas requerirá un reajuste de las relaciones entre todas las partes interesadas, afirmó.
     
    "El cambio de modelo energético pasa por reestablecer la confianza", declaró el funcionario a periodistas.
     
    "La gente no permite que salgan proyectos, porque ven que esos proyectos le generan nada. Las empresas no confían en el Estado, porque el Estado no les ayuda resolver esas cosas. El Estado no confía en las empresas porque algunos no han cumplido. La gente no confía en el Gobierno", aseguró.
     
    Reuters informó esta semana que la resistencia de grupos indígenas en el desértico departamento de La Guajira tiene paralizados el desarrollo de más de 50 posibles proyectos eólicos y solares.
     
    Preguntado sobre posibles nuevas rondas de licitación de bloques de petróleo y gas, Camacho dijo que la adjudicación de nuevos bloques no era garantía de éxito.
     
    Inicialmente, el ministro fue propuesto para sustituir a Clara Guatame en la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Aunque Guatame renunció en junio, sigue en el cargo.
     
    El Ministerio de Minas y Energía está examinando la situación en la ANH, dijo Camacho, quien admitió que quiere tener rápidamente estabilidad en todo su equipo.
     
    Por LaRepública.
  • Minminas expide decreto que resuelve problemática sobre comercialización de minerales

    Minminas expide decreto que resuelve problemática sobre comercialización de minerales, unifica normativa y clarifica conceptos del Registro Único de Comercializadores (Rucom).

    Los barequeros y chatarreros podrán seguir vendiendo sus minerales mientras se termina el proceso definitivo de inscripción, según la transición regulada. De esta manera se les está dando un tratamiento diferenciado, tal como lo han solicitado.

    Decreto aclara las competencias de las diferentes autoridades en el decomiso de minerales, establece funciones de la Policía Nacional, alcaldías y autoridad penal. 

    El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0276 del 17 de febrero de 2015 que unifica en un solo acto administrativo la reglamentación del Registro Único de Comercializadores (Rucom). Se trata de una medida que da claridad a conceptos y requisitos luego de escuchar los aportes de comercializadores y mineros para perfeccionar el registro con el que el Gobierno Nacional busca total transparencia en la comercialización de minerales en el país.

    El Rucom es la herramienta que con el objetivo de dar trazabilidad  a la comercialización de los minerales, publica los mineros que pueden realizar las actividades de explotación y registra los agentes de comercialización de los mismos . De esa manera se puede tener el control sobre su procedencia y poner freno a la extracción ilícita.

    El Decreto 0276 unifica en un solo acto administrativo la reglamentación del Rucom y define conceptos como comercializador de minerales, explotador minero autorizado y titular minero en etapa de explotación. Frente a estos últimos, se aclara que también están incluidos los solicitantes de programa de formalización, beneficiarios de reservas de área especial, subcontratistas de formalización minera y barequeros chatarreros, entre otros, con el fin de dar un tratamiento diferenciado tal como han manifestado los mineros y comercializadores.

    Por otro lado, aclara las competencias y funciones de las autoridades en el decomiso de minerales, a saber Policía Nacional, alcaldías y autoridad penal, y se refiere a la multa que debe ser impuesta por la Autoridad Minera.

    Señala las excepciones de inscripción (explotador minero autorizado, joyeros, consumidores ocasionales de minerales) y establece que las casas de compra -venta deberán inscribirse cuando compren oro, plata, platino y piedras preciosas y semipreciosas, y no cuando se trate de joyas en desuso.

    El Decreto fija el 31 de diciembre de 2015 como fecha límite para comercializar los minerales en inventarios declarados a 2014; concede un plazo de seis meses para que los barequeros se inscriban ante la alcaldía y de 12 meses para la inscripción de chatarreros. A partir de tales plazos, las alcaldías tendrán tres meses para hacer llegar los listados a la Agencia Nacional de Minería.

    Asimismo, hace claridad respecto de la publicación que debe hacer la ANM sobre los explotadores mineros autorizados. También precisa los documentos que se deben exigir a los transportadores para su registro y elimina de los requisitos de inscripción la presentación de estado de cuenta ante la DIAN (Dirección de Impuestos Nacionales y Aduanas de Colombia).

    Paisminero.co


    Tras el Decreto, el Rucom prevé certificados de origen diferenciales e incorpora las Plantas de Beneficio con el fin de que sus poseedores comercialicen los minerales que extraen de los lodos auríferos, resultado de la actividad de beneficio que realizan

  • MinMinas publicó resolución con las medidas para mantener servicio durante El Niño

    La medida se aplica en medio de las dificultades por el fenómeno de El Niño, la baja pluviosidad y los saldos acumulados por Resolución Creg 012 de 2020.
    En el marco de las dificultades de energía que se han venido presentando en algunas zonas del país, el Ministerio de Minas y Energía, publicó la Resolución 40611, en la que toma medidas para darle continuidad a la prestación del servicio.
     
    Y es que, las dificultades se han dado en el marco de la llegada del fenómeno de El Niño, en el que el precio en la bolsa de energía ha tenido un comportamiento creciente, y que, según el Ministerio, en septiembre "ha superado cada uno de los días el precio de escasez, alcanzando valores de $1.464,08 kilovatio hora, KWh".
     
    Bajo ese contexto, el Ministerio añade que, además, la baja pluviosidad, los saldos acumulados asociados a la aplicación de la opción tarifaria definida en la Resolución Creg 012 de 2020, la presión adicional de los prepagos que realizan en el Mercado de Energía Mayorista, MEM, y los incrementos en el precio de bolsa y de la demanda, "podrían llegar a afectar la prestación del servicio de energía y el goce efectivo de los usuarios a este derecho".
     
    Pensando en esto, es necesario para el Ministerio de Minas y Energía, formular políticas y criterios, expedir reglamentación técnica, y tomar medidas transitorias de suspensión del esquema de limitación del suministro a los distribuidores y comercializadores.
     
    Lo anterior, con el fin de asegurar la continuidad en la prestación del servicio mediante el mantenimiento de la disponibilidad de capital de trabajo y el flujo de caja de los comercializadores que atienden a usuarios finales.
     
    En la resolución del Ministerio se aclara que aplica para aquellos agentes que atienden a usuarios finales; tienen saldos acumulados pendientes de cobro a los usuarios por aplicación de la tarifa de la Resolución Creg 012, y quienes presentan saldos acumulados positivos de opción tarifaria superior al promedio mensual de pagos al Sistema de intercambios comerciales, Asic, y al Administrador de cuentas, Lac, de los últimos 12 meses.
     
    Por Karen Mora para LaRepública.
  • Minminas Reinicio Talleres del Programa 'Lidera'

    Durante la semana del 8 al 12 de agosto, el Ministerio de Minas y Energía llevará a cabo los talleres de regionalización del programa LIDERA en cinco municipios del departamento del Caquetá: Morelia, Doncello, El Paujil, Montañita  y Milán.  Esta es una iniciativa que fue creada en 2014 para aumentar la información y diálogo entre la comunidad, las autoridades y la industria.
     
    “Queremos aumentar el compromiso y el dialogo fluido entre las comunidades, autoridades y la industria, y poder así articular objetivos y hacer que los recursos se puedan invertir en las necesidades de la población” afirmó el Ministro Germán Arce Zapata.  
     
    Durante esta semana se abordarán temas técnicos del sector como el contrato de hidrocarburos, las licencias ambientales, el Plan de Ordenamiento Territorial, la exploración sísmica y los recursos hídricos entre otros. Cada uno de estos temas será tratado por expertos de entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el  Ministerio de trabajo.
     
    Como parte del programa LIDERA este año llega la Ruta de Acompañamiento Institucional a las empresas del sector, que busca vigilar el debido proceso en cada una de las cuatro etapas del procedimiento de extracción de hidrocarburos: Ingreso, exploración, producción, y abandono. Actualmente ya hay compañías que se están uniendo a esta iniciativa para poder generar un ambiente propicio con la comunidad para la  ejecución de sus actividades.
     
     
    paisminero.co
  • MinMinas y Banco Agrario firman convenio para seguir apoyando e impulsando la pequeña minería bien hecha

     El Ministerio de Minas y Energía firmó convenio con el Banco Agrario de Colombia con el fin de financiar proyectos de pequeños mineros con el acceso a créditos con una tasa de interés inferior a la que ofrece actualmente el mercado, dentro del Programa de Formalización Minera.
     
    "Con recursos del Ministerio de Minas y Energía se apoyará a los pequeños titulares mineros del país en que puedan obtener créditos más baratos con el Banco Agrario de Colombia. Gracias a este convenio el Ministerio dará un beneficio de 3 puntos porcentuales a los créditos de pequeña minería que sean aprobados en el marco del convenio", afirmó el Ministro de Minas y Energía German Arce Zapata.
     
    Solo podrán acceder a estos préstamos las personas naturales o jurídicas que realizan explotaciones mineras en pequeña escala de producción y que cuentan con un título minero o estén amparados como beneficiarios de subcontratos de formalización minera y cuenten con un instrumento ambiental vigente, entre otros.
     
    Por otro lado, el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante explicó las características generales de los créditos que serán apoyados económicamente por el Ministerio de Minas y Energía, "estos créditos estarán dirigidos a pequeños mineros y solo pueden ser destinados exclusivamente a inversiones que les permitan mejorar y modernizar las unidades de producción minera. El monto máximo de los créditos que recibirán el beneficio en tasa será hasta $500 millones".
     
    Los pequeños mineros que puedan acceder a estos créditos se verán beneficiados ya que se le aplicará una tasa de interés inferior en tres puntos porcentuales a la tasa de interés remuneratorio que la entidad financiera fija ordinariamente a préstamos similares.
     
    "Entre el 2017 y el 2018 el Ministerio podrá financiar hasta $ 2 mil millones, lo que significa que se podrán apalancar créditos hasta por $ 30 mil millones para pequeña minería", aseguró Cante Puentes.
     
    El Banco Agrario de Colombia, en convenio con el Ministerio, podrá otorgar estos préstamos con tasa compensada a los solicitantes que cumplan los requisitos y el tiempo del crédito no podrá superar los 5 años.
     
    "De esta forma vamos apoyar e impulsar la pequeña minería a través de unos créditos asequibles, con unas mejores tasas de interés que les permitirá hacer una minería bien hecha, para el beneficios de ellos y de sus comunidades",  concluyó el Ministro Arce Zapata.
     
    Cabe recordar que a la fecha ya se han aprobado 8 créditos a pequeños y medianos mineros en proceso de formalización en el Huila, Magdalena, Antioquia, y Boyacá por la suma de $4.490 millones a mineros de carbón y de materiales de construcción.
     
    Por: Paisminero.co / CP- MME
  • MinMinas y Fenoge lanzaron convocatoria de $10.500 millones para más empresas

    La convocatoria se llamada ‘EN-Comunidad: una empresa energética comunitaria’, tendrá hasta 21 seleccionados en todo el país.
    El Ministerio de Minas y Energía, a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), lanzaron una convocatoria con una inversión de $10.500 millones para promover condiciones para la creación y el fortalecimiento de empresas de servicios públicos comunitarios, en las zonas donde estas se encuentran ubicadas.
     
    La convocatoria se llama ‘EN-Comunidad: una empresa energética comunitaria’, tendrá hasta 21 seleccionados en todo el país para el acompañamiento en el mejoramiento del servicio de energía a través del fortalecimiento de las Empresas de Servicios Energéticos con participación comunitaria.
     
    El acompañamiento se hará a través de la capacitación en procesos administrativos y tributarios, así como en la tarea de otorgar herramientas que aseguren el fortalecimiento de sus proyectos a partir del uso de Fncer.
     
    La convocatoria ‘EN-Comunidad’ se desarrollará en 3 etapas. En la primera, lo interesados podrán hacer su postulación a través del diligenciamiento del formulario de presentación de la información, envío de la manifestación de interés y de los documentos soporte que deberán acompañar dicha participación a la iniciativa.
     
    En la segunda, se llevará a cabo el análisis y priorización que se hará con base en la información suministrada, y finalmente en la tercera se realizará la selección de las comunidades que se conviertan en potenciales beneficiarios.
     
    En el proceso de selección se considerarán algunos criterios de priorización, como demostrar un impacto positivo a las comunidades, que sean proyectos ubicados en municipios donde actualmente se despliega el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), contar con participación de mujeres en la gobernanza y tener un potencial de generación de energía por fuentes renovables no convencionales, entre otros.
     
    Por Daniella Rodríguez para LaRepública.
  • Minminas y la ANH consolidan e La Estrategia Territorial del sector Hidrocarburos

    La Estrategia Territorial del sector Hidrocarburos ETH, liderada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos surgió como iniciativa del Gobierno Nacional para promover las visiones participativas del desarrollo humano sostenible en las regiones con actividad hidrocarburífera.
     
    En 2014 la ETH tenía presencia en 6 departamentos del país y actualmente su cobertura  llega a más de 10  departamentos, entre los cuales se incluye:  La Guajira, Norte de Santander, Magdalena Medio, Arauca, Casanare, Meta y Putumayo.
     
    En el 2016 la ETH  inició la segunda fase de trabajo en el territorio nacional.
     
     
    El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos consolida en 2016 La Estrategia Territorial del sector Hidrocarburos, una apuesta por el desarrollo de instancias de diálogo democrático en los municipios hidrocarburíferos del país, generando confianza y gestionando planes de acción destinados a los actores del territorio quienes acuerdan acciones y/o compromisos alcanzables, medibles y verificables.
     
    “Hemos demostrado que el sector de hidrocarburos es capaz de generar desarrollo en las regiones, y los recursos necesarios para los programas sociales que necesita el país. Solo en 2015 logramos aportar alrededor de $10 billones entre impuestos y regalías. Además, este año hemos entregado incentivos a la producción a municipios en Arauca, Casanare, Meta, Putumayo, Norte de Santander, La Guajira, Huila y Tolima entre otros que financiarán proyectos sociales, económicos y ambientales en estas regiones”, afirmó el Ministro de Minas y Energía Germán Arce Zapata.
     
    La estrategia territorial surgió por el interés no sólo de articular a los actores del sector, sino también con el fin de generar y promover capacidades en comunidades, empresas, gobiernos departamentales y municipales, transformando las relaciones conflictivas para que así se puedan construir visiones en torno al diálogo y el desarrollo humano sostenible de todos los territorios del país.
     
    Durante su primera fase de ejecución entre 2013 y 2015, la Estrategia Territorial de Hidrocarburos logró establecer los parámetros sociales que atienden los principales fenómenos socioeconómicos del país y  se plantearon cuatro programas para la gestión del conocimiento que arrojaron grandes beneficios al país durante la primera etapa: Avanza que convoca espacios de diálogo entre gobiernos municipales, comunidades e industria; Lidera que acompaña la industria en su relación con el territorio y capacita a todos los participantes del diálogo para concertar propuestas en igualdad de condiciones; Convive que  resuelve los conflictos y proporciona mecanismos para la gestión de las diferencias; y Acciones Demostrativas que corresponde a aquellas inversiones sociales focalizadas en iniciativas prioritarias para los actores del territorio.
     
    La primera fase de la ETH en el país arrojó resultados positivos; un ejemplo de esto son los resultados con el programa Avanza donde la industria, las comunidades y los gobiernos lograron concertar 15 planes de acción en los municipios de Acacias, Castilla la Nueva, Puerto Nare, Puerto Boyacá, Riohacha, Uribía, Tauramena, Paz de Ariporo, Puerto Asís, Mocoa, Villagarzón, Toledo, Aipe, Melgar y San Pedro.
     
    Por otro lado, a través del programa Convive, con el liderazgo del Ministerio del Interior, se  identificaron 116 alertas tempranas en 2015, de las cuales sólo 24 escalaron a una vía de hecho.
     
    Al menos 7.600 personas entre líderes sociales, empresas contratistas y gobiernos se beneficiaron del programa Lidera que les brindó conocimientos en buenas prácticas, regulación y planeación del sector, además de la formación en gobernabilidad y gestión pública.
     
    Dentro de los grandes logros de esta primera fase de ejecución se destaca la puesta en marcha del SIGETH (Sistema de Información Geográfica para la Estrategia Territorial de Hidrocarburos) una herramienta que facilita la información de los sucesos en los territorios para los diferentes actores clave y reduce los tiempos de reacción del equipo de la ETH. Esta herramienta le brinda la posibilidad al gobierno nacional de tener la información de primera mano para tomar decisiones oportunas.
     
    La Agencia Nacional de Hidrocarburos ya inició este año su Fase II apostándole a un acercamiento más fuerte con las regiones y los nuevos gobernantes de los territorios, con el fin de dar soluciones aterrizadas a la realidad de las regiones. Para lograr tal fin, la ETH ha fortalecido los equipos con la firma de convenios entre entidades estratégicas del orden nacional, entre ellas, el programa de las Naciones unidas PNUD, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del interior, La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y el Ministerio del Trabajo.
     
    “Nuestro ejercicio de articulación entre entidades del gobierno va dirigido a terminar con la conflictividad en los territorios con actividad hidrocarburífera. En la actual gcoyuntura, la Estrategia Territorial del Sector Hidrocarburos se convierte en una herramienta para la construcción de paz en torno a las comunidades, gobierno e industria” afirmó Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
     
    El principio orientador para esta nueva fase de implementación es la institucionalización, que tiene el fin de desarrollar capacidades tanto de las entidades socias de la ETH como de los actores con los que interactúa. Este enfoque guiará las acciones de la ETH desde una perspectiva territorial, donde es el territorio el que asume el liderazgo de la gestión sostenible y equitativa del sector. Igualmente, la gerencia por resultados, definirá un único marco de acción para las entidades socias de la ETH donde se establecen las responsabilidades claras de cada uno para la consecución de los compromisos y actividades planeadas.
     
    La segunda fase de la Estrategia se realizará principalmente en: la región Caribe (La Guajira, Córdoba y Sucre), Norte de Santander, Arauca, Casanare, Meta, Magdalena Medio, Putumayo, Huila, Tolima y Caquetá, atendiendo de igual forma a las diferentes regiones del país.
     
     
    ANH
  • MinMinas, Andrés Camacho, responde a los exministros que alertan crisis energética

    El fin de semana, 14 exministros de Hacienda y de Minas y Energía enviaron una carta al presidente donde solicitaban respuestas.
    El Ministro de Minas y Energía del Gobierno, Andrés Camacho, será citado ante la plenaria de la Cámara de Representantes para brindar respuestas, acerca del actual estado del sector energético del país.
     
    Este llamado surge como respuesta a las preocupaciones de la oposición, quienes, ante la amenaza de un potencial apagón derivado del Fenómeno de El Niño y la crítica situación financiera que atraviesa el ámbito energético, consideran necesario obtener claridad sobre la seguridad energética y las posibilidades reales de un colapso.
     
    En el fin de semana, 14 exministros de Hacienda y de Minas y Energía enviaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en el que le solicitaban atender estas advertencias. Los exfuncionarios le pidieron al Gobierno que tome las medidas necesarias a tiempo ante los problemas financieros que atraviesan 17 empresas comercializadoras de energía.
     
    La carta fue firmada por los exministros Amylcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Renjifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia.
     
    Los representantes Juan Espinal y Hernán Cadavid del Centro Democrático serán los encargados de presentar la proposición, subrayando una serie de desafíos latentes en el sector. Entre estos, destacan los notorios retrasos en proyectos adjudicados en subastas de energías renovables y la marcada afectación en la expansión de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica.
    El propósito fundamental de esta convocatoria es propiciar un espacio de diálogo y respuestas, donde el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, asuma un papel protagónico.
     
    El representante Hernán Cadavid alerta sobre la inminencia de una amenaza latente, "el país se encamina hacia un apagón y si el Gobierno no toma medidas, se materializará en una catástrofe de envergadura para las familias colombianas, la economía y la prestación de los servicios públicos.
     
    Es por ello que hemos determinado llevar a cabo este debate de control político hacia el Gobierno nacional, con el Ministro de Minas y Energía como figura central. Convocaremos un debate marcado por la seriedad y el rigor técnico, con el objetivo de obtener respuestas ante la inminente amenaza de un apagón que podría tener consecuencias catastróficas para el país", enfatiza.
     
    El cuestionario que será presentado este lunes, abarcará puntos cruciales, tales como la realidad del sector eléctrico nacional, la garantía de la seguridad energética y las contingencias asociadas a un posible apagón. El representante Juan Espinal resalta la urgencia de esta iniciativa al manifestar.
     
    "El lunes radicaré un debate de control político ante la plenaria de la Cámara de Representantes, donde citaré al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Es imperativo comprender la actualidad del sector eléctrico del país, especialmente en lo que respecta a la seguridad energética y las potenciales implicaciones de un apagón".
     
    Por Nicolle Altamar para LaRepública.
  • Posición del Minminas sobre transición y nuevos contratos petroleros

    Ómar Camacho, nuevo ministro de Minas y Energía del gobierno de Gustavo Petro, dio sus primeras declaraciones sobre su trabajo.
    Señaló que la transición energética va a ser una prioridad más allá de este gobierno, y que se podría extender décadas.
     
    En ese sentido, y con respecto a la exploración petrolera, Camacho expuso que la transición y la producción energética va más allá de otorgar o no nueva exploración.
     
    Agregó que más contratos no son equivalentes a más reservas: "No son proporcionales, así como que no otorgar nuevos contratos no es inversamente proporcional".
     
    Y comentó que eso depende de la gestión que se dé de los contratos que han sido entregados.
     
    Expuso que la mayor dificultad tiene que ver con la conflictividad social en las regiones, que parte de una deuda histórica. Por este motivo, argumentó que se centrarán en el restablecimiento de la confianza tanto de las comunidades hacia el Estado como a las empresas.
     
    Con respecto a los precios de combustibles, el ministro Camacho aseguró que espera que el diferencial de precios se cierre este año, aunque dijo que todavía no se ha tomado una decisión definitiva frente al caso del ACPM.
     
    Y dijo que en una discusión de transición energética no se puede subsidiar a los combustibles fósiles.
  • Precio promedio de la gasolina se ajusta otros $600, queda en $12.964 por galón

    Expertos aseguran que si la tasa de cambio sigue alrededor del precio actual ($4.168), el galón de gasolina ya no tendrá que llegar a $16.000, sino a $15.000.
    Llegó julio y con él, el incremento del precio del galón de gasolina. Como lo ha presupuestado el Ministerio de Hacienda, los incrementos a la gasolina continuarán hasta equiparar los precios internacionales.
     
    A inicios de junio, expertos estimaron que si el precio continúa subiendo $600 por mes, la brecha con el precio internacional podría cerrarse a fin de año.
     
    Ayer, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras la reunión de la Junta del Banco de la República, dijo que el alza seguirá como se viene comportando. “La política de ajustes de combustibles va a seguir la tendencia que ya viene señalada desde meses anteriores, preferimos, por ahora, cerrar la brecha que hay en precios de gasolina corriente antes de empezar a tocar el diésel”, aseguró el jefe de cartera.
     
    Con el alza de $600, el precio promedio queda en $12.964 por galón. Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), estima que la brecha entre el precio del galón en Colombia y el internacional “está rondando $2.000, dependiendo de las fluctuaciones del precio internacional y la tasa de cambio”.
     
    Julio César Vera, presidente de Xua Energy, coincide en los cálculos. “El diferencial hoy, con una tasa de cambio de $4.169,6 por dólar y con un precio internacional del petróleo alrededor de los US$74 por barril, con un equivalente al precio internacional o costo de oportunidad de la gasolina de US$105 por barril, sería de $2.247 por galón después del aumento”, señala.
     
    Faltando seis meses para finalizar el año, el Carf estima que en tres o cuatro meses se podría llegar a cerrar esa brecha ente los precios locales e internacionales.
     
    Sin embargo, “depende de si todo el aumento del precio al consumidor final se va al precio regulado (el ingreso al productor), de las fluctuaciones del precio internacional y la tasa de cambio”, explica Velasco. Es decir, esa brecha se podría cerrar, incluso, antes del último mes, como lo habían estimado los analistas al inicio de junio.
     
    Vera calcula que con ajustes mensuales de $600, en cuatro meses se alcanzaría el precio internacional, que hoy ronda $15.600 por galón.
     
    El impacto en la inflación
     
    Se ha estimado que el efecto en el largo plazo de un aumento de 1% en gasolina la sobre la inflación es de 0,06%. Según esto, un aumento de 10% en el precio de la gasolina tendría un efecto en inflación de 0,6% en el largo plazo. En las condiciones actuales, Velasco indica que “no se esperan efectos diferentes a los impactos estimados de largo plazo”.
     
    El dólar, factor de cambio
     
    Se debe tener en cuenta que el precio internacional de referencia está cerca de $9.700, pero fluctúa por el precio del dólar. “La tasa de cambio nominal afecta el valor en pesos”, señala Velasco. Mientras que el precio que se remunera al productor en Colombia está cercano a $7.700. Esa última es la diferencia que hay que cerrar. A ese precio se suman alrededor de $5.000 en márgenes de intermediación, comercialización y transporte, tarifas e impuestos. Es por eso que el precio que verá el público rondará $13.000 en julio.
     
    En mayo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que a final del año el precio del galón estaría alrededor de $16.000, pero con la baja del precio del dólar, el escenario podría cambiar.
     
    El analista Velasco explica que, “el precio internacional se está valorando a una tasa de cambio más baja, porque el precio del dólar ha caído en estos meses, entonces probablemente ya no tenemos que llegar a $16.000, sino que posiblemente a $15.000”. Sin embargo, para los próximos meses es incierto que la tasa de cambio siga en ese rango.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
  • Prohibición de fracking podría causar escasez de gas en Colombia

    El primer presidente izquierdista de Colombia salió victorioso de la segunda vuelta de las elecciones de julio de 2022 después de realizar una amplia campaña basada en reformas con un enfoque en la  transición del país andino lejos  de la dependencia de los combustibles fósiles. Esto incluye planes para prohibir la fracturación hidráulica y terminar con la adjudicación de nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas natural.
    Eso generó una preocupación considerable porque Colombia depende en gran medida del petróleo, que es la mayor exportación por valor, mientras que el gas natural es una fuente clave de energía a nivel nacional. Colombia ya estaba luchando contra una escasez de gas natural con campos maduros envejecidos, reservas probadas bajas y la falta de éxito en la exploración de hidrocarburos, todo lo cual pesa sobre la oferta en un momento en que la demanda de combustible fósil se está expandiendo a un ritmo sólido. Esos desarrollos, junto con Los planes de Petro para prohibir el fracking  y poner fin a la exploración de hidrocarburos han despertado temores de que la seguridad energética de Colombia esté en riesgo.
     
    El gas natural es una fuente clave de energía en la matriz energética de Colombia. Según la  EIA de EE.UU., el combustible fue responsable  del 28% de toda la energía consumida en el país andino en 2021, y esa porción se está expandiendo. Eso convierte al gas natural en la segunda fuente de energía consumida en el país andino detrás del petróleo crudo, con un 31%, y por delante de la hidroelectricidad, que es responsable del 22%. El consumo de gas natural en Colombia ha ido aumentando a un ritmo constante durante la última década. Para 2017, el país andino consumía más gas natural del que producía, y la creciente demanda de electricidad a gas era el factor clave de la creciente demanda a nivel nacional. Como resultado, ese mismo año, Colombia comenzó a recibir las primeras importaciones de GLP a granel en una terminal de importación de GLP especializada en la ciudad portuaria caribeña de Cartagena. 
     
    Colombia depende en gran medida de las plantas hidroeléctricas para la producción de electricidad y una serie de sequías hizo que los niveles de agua en esas instalaciones disminuyeran drásticamente, lo que provocó que la producción de electricidad se desplomara y provocara cortes de energía. Para combatir los riesgos que plantean las sequías y el impacto que tienen en la producción de electricidad debido a la dependencia de Colombia de las plantas hidroeléctricas, el gobierno nacional en Bogotá incrementó el número de plantas eléctricas a gas. El volumen de plantas a gas también creció porque la administración anterior de Iván Duque consideró al gas natural como un combustible de transición necesario para que Colombia progrese hacia la utilización de fuentes de energía limpias y renovables.
     
    No es solo el creciente uso de gas natural para la generación de electricidad lo que está impulsando el aumento del consumo de combustibles fósiles en Colombia. El gas natural es también una fuente principal de energía para la industria y los hogares colombianos, que son responsables del 29% y el 15% del consumo doméstico, respectivamente. La creciente actividad manufacturera y una creciente población joven son responsables de la mayor demanda de gas natural en Colombia. El consumo doméstico del combustible se está expandiendo a un ritmo constante porque es una importante fuente de energía asequible en un país donde el 39% de la población vive en la pobreza. Existe un impulso de política pública para hacer la transición de aquellos hogares que queman madera, carbón e incluso basura para cocinar y calentar, que se ha expandido significativamente desde el fuerte aumento de la pobreza, al gas natural.
     
    No es solo el rápido aumento del consumo de gas natural el responsable de una crisis energética emergente en Colombia. Las escasas reservas probadas de gas y la disminución de la producción nacional pesan sobre el suministro nacional de gas natural y lo han hecho durante algún tiempo. Al cierre de 2022,  las reservas probadas de gas de Colombia  (españolas) fueron de 2,82 billones de pies cúbicos, lo que no solo fue un 11% inferior a los 3,16 billones de pies cúbicos reportados un año antes, sino también el nivel más bajo en 17 años. Las reservas probadas de combustibles solo son suficientes para otros 7,5 años al ritmo actual de producción. Para marzo de 2023, la producción de gas natural de Colombia promedió 1.065 millones de pies cúbicos por día, un 1,5 % menos que el mes anterior y un 1,2 % menos año tras año.
     
    Existe un riesgo muy real de que las reservas y la producción de gas natural de Colombia continúen disminuyendo. Las reservas actuales del país devastado por los conflictos se componen predominantemente de reservorios menores, lo que dificulta su extracción eficiente y genera un mayor desperdicio cuando se explotan. Colombia no está disfrutando de una alta tasa de éxito en exploración como sus vecinos Ecuador y Venezuela, a pesar de las afirmaciones de que el país andino posee un considerable potencial de hidrocarburos. No ha habido  descubrimientos de petróleo o gas natural de clase mundial o significativos  en Colombia desde la década de 1990. 
     
    El complejo Chuchupa Ballena Riohacha, ubicado en las cuencas marina y terrestre de la Guajira, que son los principales campos productores de gas natural en Colombia, fueron los últimos descubrimientos significativos. Chuchupa y Ballena son campos maduros que han estado bombeando gas natural durante décadas. A medida que los campos envejecidos superan la producción máxima, se acercan al final de su vida productiva y su producción se ve afectada por las altas tasas de disminución. Chuchupa entregó el primer gas a fines de 1979 y la producción alcanzó su punto máximo en 2010 con más de 100 000 barriles de petróleo equivalente por día. Desde entonces, la producción ha estado en declive terminal cayendo a alrededor de 17.600 barriles de petróleo equivalente por día durante 2022 y se espera que la producción caiga en picada a 9.588 barriles de petróleo equivalente por día para 2029 cuando finalice la producción comercial. La producción en el campo Ballena comenzó en 1977 y alcanzó su punto máximo en 2014 con poco más de 10.000 barriles de petróleo equivalente por día. Para 2022, la producción había caído a alrededor de 4.000 barriles de petróleo equivalente por día y seguirá disminuyendo y se espera que la producción comercial finalice durante 2039. Dado que los campos Chuchupa y Ballena son responsables de una parte importante de la producción de gas natural de Colombia, su producción decreciente está impactando fuertemente en el mercado doméstico. suministrar.
    Es por ello que durante la última década, los sucesivos gobiernos colombianos han promulgado políticas y reformas industriales encaminadas a atraer inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, especialmente para la exploración y desarrollo de gas natural. Estos incluyeron impuestos, así como otras concesiones regulatorias y el pago de un precio en boca de pozo que es significativamente más alto que el punto de referencia de Henry Hub de América del Norte. Esto atrajo una oleada de inversiones, especialmente después de que el regulador de la industria, la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH), abriera bloques frente a la costa caribeña de Colombia. Como resultado, se realizaron una serie de descubrimientos de gas en alta mar, incluidos los hallazgos de Kronos, Gorgon-1 y Purple Angel entre 2015 y 2017.
     
    A medida que disminuyen la producción y las reservas, Colombia corre el riesgo de enfrentar una crisis de gas natural con la seguridad energética del país comprometida. Ese riesgo se magnifica por la promesa de Petro de dejar de emitir nuevos contratos de exploración de hidrocarburos como parte de la transición de energía limpia de Colombia y reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles. Si bien hubo  una especulación considerable de que Bogotá no procedería  con un plan tan controvertido, particularmente después de aumentar su dependencia de los ingresos del petróleo mediante el aumento de los impuestos a la industria, los últimos anuncios indican lo contrario. En la  declaración del Ministerio de Energía sobre reservas de hidrocarburos (Español) La ministra Irene Vélez afirmó: “Desde el Gobierno de Cambio continuaremos con la política de mayor eficiencia en los contratos existentes y seguiremos trabajando con el sector de hidrocarburos para que los proyectos costa afuera se materialicen”. Vélez continuó diciendo a los periodistas en la conferencia de Gas Natural en la ciudad portuaria norteña de Barranquilla: "Esta es una clara demostración de que la ruta  es una mayor eficiencia en los contratos  existentes ". Sin embargo, según el  diario colombiano El Tiempo  Vélez evitó responder si o no se adjudicarán nuevos contratos de exploración.
     
    Si bien el gobierno de Petro se compromete a respetar los acuerdos de exploración y producción que ya existen, es probable que no pueda garantizar que las reservas y la producción comprobadas de gas de Colombia satisfagan la creciente demanda interna. De hecho, el máximo organismo de la industria petrolera del país, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), estima que como resultado de la política energética de Petro, Colombia se verá obligada en esta década a importar hasta el 30  % del combustible. (español) para cubrir el consumo. Las importaciones de gas licuado de petróleo se cuadruplicaron durante 2022 para compensar un déficit cada vez mayor entre la producción y la demanda interna de gas. Esto no solo hace que los precios suban, lo que impacta en los hogares empobrecidos, sino que también afecta una delicada balanza de pagos para un gobierno nacional con presiones fiscales. El polémico plan de Petro de  importar gas de Venezuela  para compensar cualquier déficit en la producción parece inalcanzable.
     
    Por Matthew Smith para Oilprice.com
     
  • Propuestas para la Ley Minera contemplan la creación de una empresa minera estatal

    El Ministerio de Minas y Energía estima que el proyecto se presente en el segundo periodo de legislatura, entre julio y diciembre de 2023.
    Este fin de semana, se recogieron las propuestas para la Ley Minera durante la Cumbre Nacional Minera que se basan en cuatro ejes: territorios mineros; los componentes de una nueva Ley Minera; la minería con propósito, industrialización y transición energética justa; y regularización de la minería informal.
     
    Otro punto destacado es la posibilidad de crear una empresa estatal minera. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos se indica que es apenas una idea que se está explorando, pues de esta manera el Estado participaría en el desarrollo del sector minero.
     
    Se estima que el proyecto de Ley se presente en el segundo periodo de la legislatura de este año, es decir, entre julio y diciembre. Desde el Ministerio de Minas y Energía se indicó que las conclusiones de la Cumbre Minera serán la base para el texto del proyecto de proyecto de Ley.
     
    Hemberth Suárez, fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, explica que que con el proyecto se estaría reformando la Ley 685 de 2001 que es el Código de Minas existentes, en el estricto sentido jurídico se modificaría la Ley 685 de 2021, pero esta no desaparecería.
     
    El texto se construirá durante los próximo meses para que una vez esté listo, sea socializado en todo el país, con los sectores involucrados en el sector minero. En cuanto a plazo de tiempo, la información suministrada por el Ministerio indica que una vez radicado el proyecto, será el Congreso quien dé las pautas de tiempo.
     
    En el marco de la Cumbre, se destacaron las intenciones comunes de gremios, empresas, medianos, pequeños mineros y comunidades en consensos de desarrollo con los diferentes tipos de minería.
     
    El eje de territorios mineros
    El reconocimiento hacia la minería ancestral y artesanal es una de las claves de la nueva ley. Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, explica que en este eje la pequeña minería y el barequeo tendrán una priorización, "se contempla una protección futura y privilegio en los procesos de formalización minera", agrega.
     
    Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, "la conclusión principal de la jornada fue que mineros ancestrales, tradicionales, de comunidades étnicas, pequeñas, medianas y grandes, coincidieron en la necesidad de que se promueva la actividad minera en el país".
     
    El eje del componente hacia una nueva Ley Minera
    Para ese objetivo común de armonización, el presidente de la ACM resalta que "se requiere que se armonice la visión de la industria por parte de los Ministerios de Minas y Ambiente", complementa Nariño, "facilitando y agilizando la expedición de todos aquellos trámites que necesita cualquier minero, para poder realizar su actividad de manera productiva, formal y tranquila, incluyendo la revisión urgente de la Ley 2 de 1959", agrega.
     
    El enfoque territorial radica en la protección a los ecosistemas y las poblaciones, esto se acompañará con mayor certidumbre jurídica a los títulos mineros. En este eje, Montoya destaca la necesidad de modificar el sistema actual de contratación minera por otro que, según el Gobierno, tenga en cuenta las variables sociales y ambientales, así como el ordenamiento del territorio alrededor del agua.
     
    Los expertos de OGE Legal Services recuerdan que con la Ley 1382 de 2010 ya se realizó el intentó de modificar el Código de Minas, pero tal ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional porque con esa ley 1382 de 2010 no se agotó la consulta Previa de medidas legislativas frente a las comunidades étnicas. Este es un foco al que hay que ponerle atención, mucha atención.
     
    El eje de la minería con propósito, industrialización y transición energética justa
    Otro de los puntos en común de los actores del sector, que se reunieron en la Cumbre Minera, es que la actualización del catastro minero en articulación con el catastro multipropósito.
     
    Con esta ley, según explica Suárez, el sector tiene "una oportunidad enorme para reforzar su participación en la transición energética implementando proyectos de cero emisiones contaminantes, esta reforma puede ser un buen vehículo para que se establezcan obligaciones de implementación de proyectos con energía renovable o con bajas emisiones en los contratos de concesión".
     
    El eje de regularización de la minería no formal
    Se tendrá en cuenta el tipo de población, el tipo de minería, la escala y el territorio para evitar que autoridades mineras adopten decisiones que propicien conflictos sociales.
     
    OGE Legal Services destaca que los puntos principales desde una perspectiva jurídica radican en tres: nuevas causales de caducidad a los títulos mineros, se pasaría a 12 causales; que la caducidad a los títulos mineros podría ser solicitada por terceros interesados; y la creación de "Consejos de Competitividad y Sostenibilidad Minera" como "órganos consultivos y de toma de decisiones" en los Distritos Mineros Especiales.
     
    Las expectativas
    El experto Montoya resalta que es importante conocer el detalle de las acciones concretas que plantea el Gobierno en materia de impulso a los minerales estratégicos como el cobre. "Es ideal que existan señales claras y concretas respecto a este tema que es fundamental para el país".
     
    Por otra parte, destaca que es relevante que las propuestas que se están planteando respeten los derechos adquiridos de las empresas mineras tanto nacionales como extranjeras que ya operan en el territorio, "y que sea una reforma que garantice la estabilidad jurídica y estabilidad de todos los actores", agrega.
     
    Para Juliana Arenales para LaRepública
  • Recorrido del Ministro Tomas González por Antioquia y Risaralda

    El Ministro de Minas y Energía Tomás González Estrada visitará mañana viernes el municipio de Buriticá, Antioquia, ejemplo de formalización minera en el país. Además, viajará al día siguiente a Dosquebradas, Risaralda, para participar en el consejo de ministros del Gobierno Nacional.

    Desde 2012, el Ministerio de Minas y Energía, y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia han venido acompañando el proceso de legalización y formalización de minería de hecho en esta región, donde pobladores, autoridades locales y departamentales, y la empresa privada trabajan interinstitucionalmente por el desarrollo del sector.
     
    La visita del Ministro González hace parte de las actividades programadas en el plan El Presidente en las Regiones, nombre que se le ha dado a la segunda fase de los Encuentros para la Prosperidad y los Encuentros Regionales, que durante el cuatrienio anterior hicieron posible el contacto directo del Gobierno Nacional con las comunidades de 153 municipios de todos los departamentos del país.
     
    Con la consigna de “resolver y cumplir”, casi 40 altos funcionarios –ministros, viceministros y directores de entidades, entre otros– estarán visitando mañana 26 municipios de la región Eje Cafetero-Antioquia. Los cuatro departamentos que la conforman (Quindío, Caldas, Risaralda y Antioquia) son considerados actores clave en el desarrollo económico nacional y, de hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) los ubicó en los primeros ocho puestos del escalafón de competitividad de Colombia.

    De la mano del Gobierno Nacional, el Eje Cafetero ha venido apostando por sus cafetales y ya está cosechando los frutos. El año pasado tuvo la mayor producción de café de la historia a nivel nacional (12,1 millones de sacos) y con las mejores productividades (15,2 sacos por hectárea).

    Adicionalmente, las obras en infraestructura le están cambiando la cara a la región. En la actualidad se construyen 232 km de dobles calzadas, 344 puentes, 11 túneles, 4 viaductos, 875 km de vías férreas en concesión y se están mejorando 6 aeropuertos.  

    Uno de cada cinco profesionales de Colombia vive en esta región, y sus tasas de cobertura en educación media y superior están por encima del promedio nacional. La visita regional finalizará el sábado con un consejo de ministros en Dosquebradas, en el que los altos funcionarios reportarán al Presidente los resultados de la víspera, la entrega de obras y el apoyo brindado a las autoridades para resolver sus problemas.

    MME

  • Relevo en el viceministerio de Minas

    Carlos Cante asumirá el cargo, en reemplazo de María Isabel Ulloa.

    El Ministerio de Minas y Energía anunció la llegada de Carlos Andrés Cante al viceministerio de Minas, quien tendrá entre sus retos continuar con la implementación de la Política Nacional Minera, los Programas de Formalización Minera y el apoyo a la minería bien hecha en todo el país

    La entidad anunció la designación del nuevo viceministro y al mismo tiempo reconoció la labor de María Isabel Ulloa, quien estuvo al frente del cargo desde el 3 de octubre de 2014.

    “La viceministra se retira de su cargo con avances importantes en distintas áreas, las cuales responden a la visión del Gobierno y a los planteamientos dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Germán Arce.

    Dentro de los logros de ese Viceministerio se destaca la consolidación de una única Política Minera, que se convertirá en la hoja de ruta para el futuro del sector.

    Además, avanzó en la articulación con diferentes instituciones del orden nacional y territorial, así como entre las entidades del sector minero y ambiental. Finalmente en este periodo, se consolidaron los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pine), licenciando, después de 25 años dos proyectos de oro de gran escala.

    También, desde el Viceministerio de Minas, se articularon estrategias para la pequeña minería, en donde se caracterizaron más de 7.000 Unidades Productivas Mineras en once departamentos. Hoy existen 1405 Unidades Productivas Mineras (UPM) en proceso de formalización y se han intervenido más de 30 plantas de beneficio en la lucha por la eliminación del uso del mercurio en este proceso.

    La presidente de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, seguirá cumpliendo con su labor en la entidad para procurar continuidad en los procesos que se iniciaron el año pasado, en el marco de la eficiencia y modernización, servicio al cliente y presencia regional de la entidad. Desde su cargo apoyará al nuevo Viceministro de Minas para lograr una minería bien hecha.

    “Le daremos continuidad a la política y a los programas que se han venido desarrollando desde 2010. Sabemos que tenemos que mantener un trabajo articulado entre las instituciones de gobierno, la industria y las regiones para procurar un sector minero organizado, incluyente, legítimo y sostenible", aseguró Germán Arce.

    El nuevo funcionario

    Al liderazgo del Viceministerio llega Carlos Andrés Cante, economista especializado en Finanzas en la Universidad del Rosario, con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO México.

    Cuenta con estudios en Minería Artesanal de Oro en el Norman B. Keevil Institute of Mining Engineering de la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá; en Gobierno Corporativo en la Universidad de los Andes y en Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra del Ministerio de Defensa de Colombia.

    Durante su carrera ha desempeñado diferentes posiciones en el Gobierno Nacional y regional durante los últimos años, entre las que se destacan la de secretario de Hacienda del Departamento del Huila, director de Minas y director de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, así como Asesor para Asuntos Económicos del despacho del Ministro de Minas y Energía. También se desempeñó como Subgerente de Regiones del Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y recientemente participó como investigador asociado del Norman B Keevil Institute of Mining Engineering de la Universidad British Columbia Vancouver Canadá, en temas de entrenamiento minero y coexistencia entre pequeña y gran minería.

    Durante su labor en el Ministerio de Minas y Energía, entre el 2010 y el 2013, participó activamente en la reforma al sistema general de regalías así como en la reestructuración de la institucionalidad minera del 2011 y la construcción de diferentes programas y proyectos para la formalización de la pequeña minería y el control a la explotación ilícita de minerales.

    Fuente: Eltiempo.com

  • Se inician ciclo de Talleres par una Minería bien Hecha

    • Los talleres de capacitación en buenas prácticas mineras llegaron hasta Antioquia, Chocó, Nariño y Santander, se extenderán a los departamentos de Boyacá y Tolima, y tratan temas como Manejo de Agua, Cierre de Minas, Código del Cianuro y Técnicas de su Uso.
     
    Desde el pasado 20 de agosto, el Ministerio de Minas y Energía lleva a cabo talleres sobre buenas prácticas mineras en municipios de Antioquia, Chocó, Nariño y Santander. Más de 700 personas, entre habitantes y autoridades regionales, han sido capacitadas por expertos internacionales frente a la manera en que avanzamos hacia la minería bien hecha en el país.
     
    El geólogo argentino Martín Carotti ha recorrido entre otros, los municipios de Quibdó y Condoto en Chocó; la Llanada en Nariño; y San Gil, Landázuri y el Carmen de Chucurí en Santander. El experto se ha encontrado con comunidades, empresa, autoridades locales y regionales, medios de comunicación y otros habitantes, en un diálogo franco, abierto y aplicable a la realidad de la minería, que analiza las formas en que se realiza la actividad en el país y pone sobre la mesa maneras más amigables y más efectivas para desarrollarla en óptimas condiciones.
     
    “Hemos hablado sobre la calidad del agua por ejemplo, hemos dicho que la producción de un gramo de oro necesita menos agua de la que se necesita para producir dos tazas de café, entonces, debemos entender que la minería no es la única actividad que usa agua en el proceso industrial y que lo importante es que hagamos un buen uso del líquido. Al introducir tecnología conseguimos usar poca agua y cada vez mejor usada, la minería bien hecha usa agua en el proceso industrial pero la reutiliza y la devuelve al medio ambiente”, dijo el geólogo.
    Cierre de Minas y Manejo de Aguas, son los temas iniciales de los talleres de capacitación en buenas prácticas mineras con los que el Ministerio de Minas y Energía genera espacios de diálogo alrededor de la actividad minera del país.
     
    Uno de los objetivos es que las partes directamente interesadas como la opinión pública en general, cuente con información técnica y práctica que permita generar conciencia e interés en hacer y reconocer la buena minería, así como para desmitificar la actividad.
     
    Los talleres también llegarán a los departamentos de Boyacá y Tolima, y regresarán a municipios de Antioquia y Santander cuando traten el tema de Código del Cianuro y Técnicas de su Uso.
     
    MME- paisminero.co
  • Sinsabores y nuevas prioridades para el sector mineroenergético

    La agenda de este año para el sector ha implicado modificaciones en la tributación y en la percepción, destacan los empresarios.
    El sector minero energético ha sido uno de los que ha enfrentado grandes cambios con la llegada del nuevo Gobierno. Desde el primer momento temas relacionados con la producción de petróleo y carbón, precios de la electricidad y energías renovables han sido parte central de la agenda de Gustavo Petro y sus ministros.
     
    Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá, señaló que en lo corrido de este año han cambiado las prioridades de trabajo del Gobierno, que se ha centrado en comunidades en zonas alejadas y no conectadas al servicio eléctrico, así como zonas específicas como La Guajira.
     
    “Creo que estamos viendo un enfoque distinto que nos hace voltear a mirar a zonas a las que normalmente no mirábamos”, expresó.
     
    Considera este punto como un acierto, puesto que descentraliza la ejecución de las políticas públicas. “Una cosa es el precio de la energía en Bogotá a $800 por kilovatio, pero en las zonas no interconectadas puede ser de $2.500”, afirmó.
     
    Con respecto al sector eléctrico las entidades relacionadas han generado políticas como el Pacto por la Justicia Tarifaria o el lanzamiento de una nueva subasta de Cargo por Confiabilidad a cargo de la Creg.
     
    No obstante, hubo declaraciones por parte del presidente Petro relacionadas con una intervención a la Comisión de Regulación para modificar la tarifa de la electricidad, cuyo decreto fue posteriormente anulado de forma cautelar por el Consejo de Estado.
     
    Ahora bien, en el caso de los mineros también han habido diferentes cambios. Uno de los más importantes tiene que ver con la tributación, que aumentó de forma considerable tras la reforma que fue aprobada a finales del año pasado.
     
    Para las exportaciones de carbón, se decretó una sobretasa en el impuesto de renta de acuerdo con el precio internacional de este mineral en el año.
     
    Así mismo, se aprobó la no deducibilidad de regalías de la renta. La discusión por este último ha llegado a la Corte Constitucional, puesto que los mineros argumentan que las regalías no pueden ser base de pago para este tributo.
     
    “Ha sido un año de grandes sinsabores en el que se ha sentido el desconocimiento de los aportes del sector al desarrollo regional y nacional. Sentimos una declaración de culpabilidad inmerecida en la discusión de transición energética, donde sólo somos importantes frente a la ventanilla de impuestos”, señaló Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón.
     
    A esto se suma que el pasado 31 de julio salió el decreto 1277 enmarcado en la emergencia decretada en La Guajira.
     
    En este se prohíbe “adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes”.
    Esto afecta directamente a Cerrejón que tiene su operación en esta zona. Cante remató que esto “es negarse a obtener unos recursos importantes para la transformación social y la reducción de las desigualdades”.
     
    Los retos que se vienen
     
    Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo energía Bogotá (GEB), señaló que se deben realizar las inversiones que el país requiere, para lo cual el Gobierno debe generar un ambiente de confianza para los inversionistas, puesto que el desarrollo de proyectos energéticos requiere de una visión de estabilidad a largo plazo.
     
    “Estos no son recursos que puede poner el Estado, se necesita a los privados”, dijo. También apuntó que la elevada tasa de interés puede afectar los cierres económicos de las obras, que exigen mucho capital para su construcción.
     
    Por Portafolio.
  • Solo se exportará energía no requerida por demanda local por fenómeno de El Niño

    La resolución que estipula esto estará vigente hasta el 30 de abril de 2024 y podrá ser derogada o prorrogada por la Creg o el MinMinas.
    El Ministerio de Minas y Energía, liderado por Andrés Camacho, publicó la resolución 40619, como parte del paquete de resoluciones que ha sacado la cartera este mes para contribuir a la sostenibilidad del sector eléctrico.
     
    En este documento se adoptan medidas transitorias para las exportaciones de electricidad durante el fenómeno de El Niño de 2023 y 2024. La decisión principal que tomó el Ministerio en este documento fue la de exportar únicamente la energía no requerida por la demanda local.
     
    "A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, las exportaciones de energía eléctrica se realizarán únicamente haciendo uso de generación de plantas térmicas que operen con combustibles líquidos que no se requieran en el despacho económico para cubrir demanda total doméstica o nacional", indica la resolución.
     
    Y con este eje principal, el Administrador del Sistema Intercambios Comerciales, ASIC, liquidará y facturará todos los costos en los que incurra el mercado exportado.
     
    La resolución indica a su vez que en ningún caso la energía generada por estas plantas para la atención de las exportaciones de electricidad deberá afectar los costos de las restricciones para la atención de la demanda total doméstica.
     
    Las medidas que se tomaron en esta resolución estarán vigentes hasta el 30 de abril de 2024 y podrán ser derogadas o prorrogadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, o el Ministerio de Minas y Energía.
     
    En el documento se resalta que las exportaciones de energía a Ecuador incrementaron en los últimos meses, lo que ha conllevado a que la generación en las hidroeléctricas de El Quimbo y Betania también aumenten de forma considerable.
     
    "Para mantener la confiabilidad en el Sistema Interconectado Nacional, y el abastecimiento de la demandada interna, y a su vez, dar cumplimiento a los compromisos pactados con Ecuador mediante las TIE, es necesario establecer medidas transitorias para que dichos compromisos se cumplan, haciendo uso de la generación de energía de plantas térmicas con combustibles líquidos, la cual no se requiera para atender la demanda total interna", indica el documento.
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.
     
  • Trabajo conjunto, clave en la inclusión del carbón en la transición

    El Minenergía, Andrés Camacho, habló de la importancia de identificar alternativas para adaptarse al escenario global y local.
    Este 19 y 20 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla la Cumbre Colombiana Carbón, un espacio en el que se buscó dar un espacio a la conversación en torno a los desafíos de la industria del carbón y el rol que está juega en el proceso de transición energética. 
     
    En ese contexto, durante su intervención en el cierre del evento, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, resaltó la necesidad de trabajar de manera articulada con el gremio para identificar las alternativas necesarias a adoptar ante los diferentes escenarios que se presentan en la coyuntura global y local. 
     
    De igual forma, se refirió a la importancia de recordar que se trata de un debate mucho más amplió en el que también intervienen otros aspectos más allá de lo ambiental como el económico, cultural y social. 
     
    "Ante un mundo que tiene tantas incertidumbres, nuestra tarea es ir construyendo en la medida de las posibilidades esas certezas y hay unos elementos que se tocan en esta discusión, que creo que son de interés común", destacó.  
     
    El ministro también hizo referencia al papel del sector público dentro de la discusión para contribuir a la resolución de problemas. En ese sentido, rescató que ese es uno de los propósitos desde los que se busca concebir Ecominerales, empresa estatal que se dedicaría a las labores de minería, así como de exploración, producción y comercialización de minerales clave dentro de la transición.  
     
    "Nuestra intención con Ecominerales es poder resolver problemas del sector, problemas de formalización minera, problemas incluso en el mejoramiento del recaudo".
     
    Camacho también hizo énfasis en hacer un seguimiento a ese proceso para estar preparado, generar soluciones y adaptarse de una manera más eficiente. 
     
    "La transición energética requiere un monitoreo permanente y prepararse para diferentes comportamientos, en eso estamos trabajando como gobierno y en eso queremos trabajar con ustedes". 
     
    Por Portafolio.
  • Un empujón a la locomotora de la minería

    Los empresarios del sector sostienen que se necesitan inversiones por cerca de $7 billones para repotenciarla. Andi le pidió al Gobierno buscar opciones para tapar su hueco fiscal.
     
    Mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público piensa una y otra vez cuál es la fórmula ideal para tapar el hueco fiscal del Gobierno, que en gran medida se atribuye a la caída del sector minero, los empresarios que asistieron a la Feria Internacional Minera prendieron las alarmas y el ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció que está metido de cabeza para buscar alternativas que le permitan acelerar la locomotora minera.
     
    Si bien la caída del sector no obedece a las decisiones gubernamentales, sino al desplome de las commodities, los empresarios consideran que el Gobierno debe hacer ajustes a su locomotora.
     
    González es consciente de que la institucionalidad del sector, que fue creada hace pocos años, requiere cambios que le permitan acoplarse con mayor velocidad a las exigencias de la industria.
     
    “Tenemos que trabajar en mejorar la seguridad jurídica, ya que hay muchas dificultades que pueden impactar el desarrollo del sector”, explicó. Para ello, el Gobierno está trabajando en el Catastro Minero, que estará listo el otro año.
     
    Asimismo indicó que el Ejecutivo debe trabajar en la rigurosidad y puntualidad de respuesta a la solicitud de licencias ambientales, pues “el empresario debe tener con prontitud una respuesta”.
     
    Otro aspecto que el Gobierno considera urgente es el desarrollo de infraestructura para poder movilizar los minerales, especialmente el carbón. “Por esta razón, el próximo lunes se firmará un contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para el desarrollo y la construcción de la línea férrea carbonera”, dijo el ministro González, y agregó que la firma del contrato para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, suscrito por Cormagdalena el pasado sábado, contribuirá a mejorar el transporte del mineral e hidrocarburos por el río.
     
    Adicionalmente, González recalcó que contribuirá a la formalización de los mineros informales y artesanales y que atacará frontalmente la minería criminal. “Hay que apretar muy duro la ilegalidad y hacer más fácil la legalidad”. Además consideró que se debe permitir la inclusión de los pequeños mineros y para ello el Gobierno trabaja en la estructuración de subastas para estos sectores.
     
    Durante la Feria, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo a los empresarios que hay una gran preocupación en el sector de la minería por la propuesta tributaria que alista la administración Santos. Por ello le hizo un llamado al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, para buscar otras alternativas que tapen el hueco fiscal.
     
    “El impuesto al patrimonio es antitécnico, grava la tenencia de activos que ya pagaron impuestos y muchos de estos no están en producción, como ocurre con algunas empresas mineras. Se obliga a las compañías a traer recursos para pagar esta carga tributaria cuando no están produciendo”, explicó el dirigente, quien pidió buscar otras alternativas como la sobretasa a la renta y la modificación del IVA. “De lo contrario esto puede afectar la industria minera en un país con un gran potencial”.
     
    Entretanto, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, reveló que se requieren inversiones por $7 billones en los próximos años con el fin de hacer realidad la potencialidad que tiene el país. “Hoy tan sólo el 5% del territorio nacional está explorado, es decir, unos 5,7 millones de hectáreas. Esto ha permitido que cerca de un millón de personas vivan del sector, pero sin reglas de juego claras”, indicó.
     
    A su turno, Eduardo Chaparro, director de la Cámara Asomineros de la Andi, manifestó que el país debe transformar su locomotora en un tren de carga que movilice en sus vagones el dinamismo de la economía del país: “No estamos pidiendo un tren bala, que sería lo ideal. Por ahora lo importante es que exista una coordinación ideal entre las instituciones del Estado, tanto nacionales como locales”.
     
    Mientras la industria minera mostraba sus productos a las grandes empresas, un grupo de pequeños mineros protestaba frente al centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín para pedirle al Gobierno igual trato que el que se les da a las grandes multinacionales del sector.
     
    Varios líderes de zonas que no quieren la minería en sus territorios reiteraron que la actividad extractiva puede afectar su mayor riqueza, el agua, la misma que se utiliza en Antioquia para generar más del 60% de la energía que consume el país.
     
    Fuente: Elespectador.co / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
     
  • Villavicencio, Cali y Bogotá quedaron con la gasolina más alta por encima de $12.000

    Solamente hay dos ciudades que tienen el precio del galón por debajo de $12.000, se trata de Pasto ($10.516) y Cúcuta ($10.825).
    En la noche del viernes, los Ministerios de Hacienda y Minas dieron a conocer el incremento exacto para las 13 ciudades principales para junio en la gasolina corriente. El promedio del alza es de $600 por galón y empezó a regir este sábado 3 de junio.
     
    La gasolina más cara está en Villavicencio ($12.873), Cali ($12.797) y Bogotá ($12.773). Mientras que las únicas dos ciudades donde el galón se mantiene por debajo de $12.000 es en Pasto ($10.516) y Cúcuta ($10.825).
     
    El precio promedio por galón en el país con el alza de junio quedó en $12.364. Ciudades como Medellín ($12.706), Manizales ($12.757), Montería ($12.653) e Ibagué ($12.708) están por encima del promedio. Las ciudades que se acercan más a la media son Cartagena ($12.403) y Barranquilla ($12.444).
     
    Con la actualización de precios por ciudad, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y experto en el sector, calcula que estamos aproximadamente a $2.831 del precio internacional.
     
    Respecto al Acpm, no se presentó incremento para el usuario final, pero Vera destaca que "en el diésel pudieron subir $68 pesos el ingreso al productor y ajustar el margen mayorista sin tocar el precio al público, dado que el biodisel bajó $1.340 pesos por galón para este mes".
     
    Por Juliana Arenales para LaRepública.