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  • “Las metas del Gobierno en el PND necesitan una política clara de fomento minero"

    El presidente de la ACM, Juan Camilo nariño, dijo que las metas trazadas en el plan nacional de Desarrollo necesitan una política de fomento a la minería.
    Juan Camilo Nariño - Presidente ACMJuan Camilo Nariño - Presidente ACM
    Hoy inicia el Congreso Nacional de Minería, en Cartagena, que espera a cerca de 1.000 asistentes para hablar sobre la actualidad del sector, transición energética, paz total, reindustrialización, el impacto de la reforma tributaria, entre otros. Juan Camilo Nariño, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, habló con La República sobre los aportes que anualmente la industria minera hace al país, no solo en regalías e impuestos, sino también en contribuciones a la sostenibilidad, a la formalización, entre otros.
     
    ¿Cuál es el papel del sector en la transición energética?
     
    El carbón colombiano es esencial para hacer una transición justa, equilibrada y económica en las regiones del norte del país. El carbón es esencial para la industria nacional, para las finanzas públicas, para la dinámica económica de muchas regiones y para una gran cantidad de familias.
     
    ¿Qué se necesitaría para reemplazar la minería en el país?
     
    Si uno lo compara con otros sectores económicos, con aportes de $4 billones, para no hacer un año excepcional, para eso se necesita multiplicar por seis todo el sector agrícola colombiano, multiplicar por siete toda la industria de las telecomunicaciones.
     
    ¿Cuánto esperan en regalías del sector para este año?
     
    Históricamente en regalías, en promedio, son alrededor de $2 billones. El año pasado fueron $6 billones, $4 billones más, solamente en minería; y este año se espera que sea algo cercano a los $5 billones, es decir, más que el promedio pero menos que el año anterior.
     
    ¿Y cuál se espera que sea el aporte total del sector en 2023?
     
    Yo creo que también va a bajar un poco, alrededor de $12 billones, un aporte histórico, $12 billones son casi la reforma tributaria del anterior Gobierno. Y los $15 billones de este año son casi 78% de la reforma tributaria que acaba de pasar.
     
    ¿Cuáles son los efectos de la reforma tributaria?
     
    Todos los aportes independientes aportados a la Corte en el estudio concluyen que la medida de la no deducibilidad de las regalías hace que, en precios promedio, las empresas colombianas de carbón tengan una tasa efectiva de tributación de 142%
     
    ¿Entonces uno podría esperar que con la reforma tributaria algunas empresas mineras se vuelvan inviables?
     
    Eso va a terminar sucediendo de no declararse inconstitucional este artículo en el mediano plazo, esto no es inmediato, pero es un tema en el cual la industria del carbón empieza a decrecer a tal punto en que ya termina en unos volúmenes de producción bajos.
     
    ¿Cuál es el aporte de la minería al Plan de Desarrollo?
     
    Cuando uno revisa las metas de este Gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo, concluye que esas metas del Gobierno necesitan una política de fomento minero, una política clara de fomento a la exploración minera. El año pasado, el aporte de las compañías mineras en materia social fue algo cercano a los $324.000 millones. Las contribuciones al ambiente llegaron a una cifra cercana a los $890.000 millones.
     
    ¿Cuáles son las expectativas del Congreso Minero?
     
    Vamos a estar reunidos los pequeños, medianos y mineros del país, para conversar sobre la necesidad de más minerales para las metas del Gobierno, para los objetivos de cambio climático y la necesidad de una política pública de fomento a la exploración minera.
     
    El perfil
     
    Economista de la Universidad Javeriana con Maestría en Asuntos Públicos y participación ciudadana. Su trayectoria profesional ha transcurrido por cargos de alto nivel en el sector público y privado. Durante ocho años se desempeñó como dirigente Gremial en la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, llegando a ser su vicepresidente, cuando fue responsable del funcionamiento de las Cámaras Sectoriales, de las negociaciones de los acuerdos comerciales con Europa y Corea y de las estrategias regulatorias para cada uno de los sectores de la economía. Fue co-presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.
     
    Por Carolina Salazar para LaRepública.
  • Alza de aranceles golpearía la lucha contra la inflación en el país

    Artículo del Plan Nacional de Desarrollo podría aumentar los impuestos a productos importados. Expertos ven altos riesgos.
    En el ojo del huracán se encuentra la decisión del presidente Gustavo Petro de aumentar los aranceles, con la intención de “contrarrestar” las altas tasas de interés que ha impuesto el Banco de la República para reducir la inflación colombiana, que en abril llegó a 12,82% en su dato anual.
     
    Si bien la política monetaria del país se elevó hasta el 13,25% para frenar los altos precios, la medida en el artículo 210 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ya está tocando las fibras del sector comercial por los riesgos de su ejecución.
     
    El artículo detalla que el “Gobierno nacional promoverá la defensa comercial de la Nación mediante una política de remedios comerciales y aranceles inteligentes”, con el fin de lograr un equilibrio en las condiciones de competencia para la producción nacional, frente a las importaciones.
     
    Expertos del sector, consideran que la decisión, en principio, es inconveniente, puesto que podría provocar presiones inflacionarias adicionales y limitar el desarrollo de Colombia.
     
    De acuerdo con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, en un escenario en el que la inflación es más persistente de lo que se esperaba inicialmente, la política arancelaria va en contravía del bienestar que se busca económicamente. Explicó que esto sería introducir tributos a algunos productos, en específico, alimentarios a los que los consumidores pueda tener acceso a estos, pero a un menor precio.
     
    “En algunos productos, con el actual estado de la tasa de cambio, lo que genera esto es un doble impacto de precios; por un lado en tasa de cambio y por el otro lado en materia arancelaria. Entonces, de esa manera, el resultado al final puede ser una presión adicional para que la inflación no ceda tan rápidamente”, explicó Restrepo.
     
    En la misma línea, aún cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite generar protecciones por razones de seguridad nacional, “el Gobierno está trazando una línea gris que agrega interpretaciones que podrían llevar en el futuro a incumplimiento de acuerdos internacionales”, le manifestó a Portafolio Javier Diaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
     
    Según el directivo, al no estar especificado a qué productos se le aplicaría el arancel o en qué contexto se daría, sí es posible afirmar que uno de los sectores que se vería más afectado es el de los alimentos.
     
    Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a febrero las importaciones del rubro agropecuario, alimentos y bebidas, suman un total de US$11.370 millones.
     
    “Esta política lo que logrará es que los precios se vuelvan a disparar. Por ahora ha sido un anuncio que no tiene sectores específicos y frente a lo que habrá es estar muy atento para definir sectores afectados”, aseguró Diaz.
     
    Por otra parte, Analdex se mantiene en que “no es una buena idea del presidente Petro”, pues se castigaría al consumidor final.
     
    De la misma manera piensa Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, quien le manifestó a Portafolio que toda alza de aranceles la terminan pagando los consumidores, pues no son otra cosa que un impuesto a las importaciones.
     
    “En este momento de inflación alta y de posibilidades de un fuerte verano hacia adelante, más aranceles atizaría aún más el alza de precios”, señaló.
     
    Ahora bien, otro de los factores que afectaría al comercio con los aranceles inteligentes son los aumentos en los productos locales. De acuerdo con Andrés Valencia, exministro de Agricultutra, si este hecho ocurriera, es probable que los actores nacionales aprovecharan la subida arancelaria para aumentar sus precios.
     
    “Si el arancel que sube es el de un insumo para la elaboración de su producto final (trigo para el pan, o maíz para producir carne de pollo o huevo), automáticamente ese mayor costo tendrá que trasladarse al consumidor. Y en segundo lugar, si el mayor arancel se da en un producto terminado, el productor nacional que compite contra el importado subirá sus precios en un porcentaje (no necesariamente igual)”, dijo.
     
    Problemas en la inversión
    Otro de los factores que se verían afectados es la confianza internacional para la inversión. Según el presidente de Analdex, Javier Diaz, si un inversionista sabe que debe pagar por aranceles altos en el país “automáticamente ese inversionista saca sus posibilidades de inversión”. Igualmente, Andrés Valencia, exministro de Agricultura consideró que parte del ejercicio de invertir “es que haya estabilidad jurídica y que rija el imperio de la ley. Se estaría poniendo en riesgo la credibilidad de Colombia”, señaló.
     
    Retaliación, efecto colateral
    Uno de los beneficios de los Tratados de Libre Comercio (TLC) es la reducción y/o eliminación de aranceles a los productos que vienen del exterior.
     
    En la misma sintonía, por la decisión de política del Gobierno de Gustavo Petro, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, señaló que el 70% de las importaciones de Estados Unidos son de productos que no se producen en el país. “Por eso, el llamado que hicimos nosotros desde AmCham de que tenemos que se supremamente hábiles en el proceso de a qué es lo que le vamos a poner más aranceles y qué no. Si los aranceles se aumentan, eso quiere decir mayor presión a la inflación en el país. Tenemos que determinar las variables y los productos”, dijo.
     
    Cabe destacar que según cifras de Amcham, en el caso de que no existiera un TLC con Estados Unidos, el pago arancelario para el café tostado sería del 20%, al igual que el de la tilapia, textiles y fajas, que sería para cada uno de 20%. Además, aguacate de 15%, banano también 15%, entre otros.
     
    De acuerdo con Andrés Valencia, violar un TLC con un país como EE. UU., expondría a Colombia a “retaliaciones comerciales que afectarían nuestras exportaciones a ese país”, indicó.
     
    Por Diana Rodríguez para Portafolio.
  • Así se cayó propuesta que permitía generación eléctrica de Ecopetrol

    Una de las principales apuestas del Gobierno es que Ecopetrol pueda ser generador de energía eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, el artículo 218 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue eliminado en las plenarias de Cámara y Senado.
    Precisamente en la noche de este miércoles 3 de mayo, en Cámara se discutió el futuro de este artículo, que ya había sido eliminado en la plenaria del Senado. En medio del debate, Adrián Correa, director de la Upme y ministro encargado de Minas y Energía, exhortó a los congresistas a aprobar este artículo.
     
    Señaló que "sería vergonzoso negarle el artículo a Ecopetrol, empresa que puede ser la punta de lanza y la vanguardia de la transición energética". Afirmó que lo que se quiere hacer es jugar el papel protagónico en la generación con energías renovables no convencionales.
     
    Su afirmación despertó la indignación de los representantes que estaban en el recinto. De hecho Julio Cesar Triana pidió "el debido respeto por el Congreso" . Añadió que no es vergonzoso estar en desacuerdo con los planteamientos que podrían "llevar a una estatalización del servicio eléctrico".
     
    Con la negativa de la Cámara, este artículo ya se cae definitivamente, dado que en el texto del Senado también fue eliminado.
     
    La propuesta original
    "Con el fin de promover la eficiencia en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, incentivar la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura de este servicio e impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías, las empresas que ejerzan actividades del servicio público de energía eléctrica podrán desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica", decía el texto para el segundo debate del PND.
     
    Cabe recordar que después del apagón de 1992 y 1993, se decidió que el sistema eléctrico tendría todos los actores de la cadena trabajando de forma independiente, de forma que un generador no transmitiera y comercializara energía.
     
    Esto fue cambiando, de hecho en el pasado Plan Nacional de Desarrollo se permitió que los generadores pudieran comercializar también, lo que permitió la posterior creación de Air-e y Afinia para reemplazar a Electrocaribe.
     
    Sin embargo la transmisión era la única actividad que permanecía  fuera de esta integración.  Esto teniendo en cuenta que podría generar conflictos de interés.
     
    Por PORTAFOLIO
  • Asociación de Geólogos advirtió sobre reducción de presupuesto para el SGC en 2024

    Según la Acggp, en 2024 el Servicio Geológico Colombiano recibirá $129.000 millones, $68.400 millones menos que en el PGN 2023.
    La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, Acggp, hizo un llamado sobre la disminución del presupuesto para 2024 que recibiría el Servicio Geológico Colombiano, SGC. Para el próximo año, se destinaría para la entidad un monto de $129.000 millones.
     
    La asociación resalta que en el Plan Nacional de Desarrollo se trazaron metas para fomentar la investigación y el desarrollo en el ámbito geocientífico, para lo cual sería clave el papel del SGC.
     
    "Cabe señalar que, entre las competencias del SGC, está la investigación científica, la generación de conocimiento geológico como insumo para la exploración de recursos naturales y de geoamenazas. Su misión abarca desde el estudio de los recursos potenciales del subsuelo, hasta la supervisión de las amenazas geológicas que puedan afectar al país, así como la contribución de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en los municipios", afirma la asociación.
     
    Y añade que "el éxito del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico, el avance y el cumplimiento de las funciones de la entidad dependen en gran medida de la gestión y la capacidad del SGC".
     
    Según lo establecido en el proyecto de Ley 057 de 2023 de la Cámara y 079 de 2023 del Senado, se asignan al SGC $129.000 millones, lo que representa una reducción de $68.400 millones en comparación con el año anterior.
     
    De acuerdo a estimaciones de la Acggp, "teniendo en cuenta una inflación proyectada de 9,2%, esta reducción en el presupuesto equivale a una disminución de 40,15% en términos reales".
     
    El director de la Acggp, Flover Rodríguez Portillo, aseguró que "es necesario fortalecer las capacidades del SGC y en general, el de las instituciones del sector, para generar el conocimiento necesario que aporte a la seguridad energética, la adaptación al cambio climático y el ordenamiento territorial en torno al agua". De esta manera, la asociación hace un llamado a que se evalúe el monto.
     
    Argumentan, que el SGC es clave, además, para la prevención de desastres. "nuestro país tiene 1.103 municipios, de los cuales 942 tienen desactualizado o no vigentes sus POT; 164 municipios tienen alto riesgo de sufrir los efectos del cambio climático y 20 municipios con riesgo muy alto. En la actualidad, 25% de los municipios del país dependen de agua subterránea, y varias regiones tienen importantes retos en materia de disponibilidad hídrica".
     
    Otro de los llamados de la Acggp es para que el SGC analice la eficiencia en la gestión desarrollada; de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la entidad solo ejecutó 12,06% del presupuesto en el primer semestre de 2023. "Necesitamos no solo capacidad administrativa y técnica, sino capacidad de gestión de sus proyectos en diferentes áreas", explicó el director de la asociación.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • El Caribe colombiano, eje clave para la modernización y la transición energética del país

    El Plan Nacional de Desarrollo (PND) contempla, de cara a 2026, la generación de 2.000 MW de energía de fuentes no convencionales.
    En el foro “El Caribe, Potencia de Vida y Desarrollo”, en Cartagena, el director de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP, Nicolás Rincón Munar, dijo que esta región del país tiene un potencial en la generación de fuentes no convencionales.
     
    La transición energética, vale resaltar, es una de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla incluir cerca de 2.000 MW de Fncer a 2026.
     
    “El Plan Nacional de Desarrollo contempla un cambio en el modelo de desarrollo de infraestructura, que consiste en pasar de conectar los grandes centros de producción y consumo con los puertos a conectar el 100% de los municipios. En este sentido, un territorio más moderno y mejor ordenado, nos permitirá tener mejores condiciones de vida a nivel general para la población”, resaltó Rincón.
     
    En cuanto a la transición energética, Nicolás Rincón destacó que esta región del país tiene un potencial enorme en la generación de fuentes no convencionales, lo cual es una de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla incluir cerca de 2.000 MW de FNCER a 2026.
     
    Esto ayudará a combatir el cambio climático, pero también a reducir costos logísticos en la zona Caribe, que históricamente han sufrido los altos costos de la energía, lo cual afecta la productividad, los costos logísticos y a la industria nacional.
     
    Por Roberto Casas para LaRepública.
  • El plan para que Ecopetrol entre a la generación eléctrica

    La derogatoria de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo y un proyecto de ley son las vías con las que se trata de revivir esta opción. 
    Si bien el Gobierno buscaba por intermedio de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que se permitiera la integración vertical completa del sistema eléctrico, este se cayó en el Congreso. No obstante, en el documento sí quedó establecida la derogatoria de otro, que permitiría que ISA, controlada por Ecopetrol desde 2021, genere energía.
     
    “Nuestra propuesta es lograr que Ecopetrol se convierta en la empresa de generación de energía solar más grande de América Latina, abandonando paulatinamente la extracción de petróleo. Obtendríamos más valor y más lucha contra el cambio climático”, trinó el presidente Gustavo Petro.
     
    Así mismo, en el Congreso hace curso un proyecto de ley, radicado por el senador José David Name, que busca revivir la integración vertical como se había propuesto en el PND.
     
    Estos dos caminos son los que se están evaluando para que la petrolera estatal entre al negocio de la generación de energía y la pueda vender al sistema.
     
    Cabe recordar que actualmente las empresas de transmisión no pueden desarrollar esta actividad, para evitar conflictos de interés y mantener la eficiencia del sistema.
     
    Sin embargo, con el objetivo de acelerar la transición energética y apalancarse de la capacidad instalada de Ecopetrol, el Gobierno buscaba retirar esta prohibición por medio de la creación de un artículo, que finalmente se cayó en la conciliación del texto final del Plan Nacional de Desarrollo.
     
    Manuel Gómez, abogado especialista en el asesoramiento en asuntos de energía de Cuatrecasas, explicó que “en el último artículo del Plan incluyeron una derogatoria del parágrafo tercero del artículo 167 de la Ley 142 y el parágrafo tercero del artículo 32 de la Ley 143”.
     
    Las dos leyes son referentes a la prestación de servicios públicos y el servicio eléctrico y ambos parágrafos derogan una prohibición directamente referida a ISA para que no generara, distribuyera ni comercializara electricidad.
     
    “Esta empresa, antes de la creación de estas leyes era ISA e Isagén, es decir, generaba y transmitía; pero con estas normativas se separaron”, indicó.
     
    Y explicó que la excepción para el caso específico de ISA era muy importante, porque el artículo 74 de la Ley 143 decía que no se podía transmitir y hacer otras actividades de la cadena, pero aquellos que antes de la ley estaban integrados podrían seguir haciéndolo, siempre y cuando fuera con generación renovable.
     
    Lo que significa esto es que el Gobierno podría argumentar que la transmisora mixta tiene un derecho adquirido, puesto que la Ley 143 permitía a las compañías integradas seguir realizando su actividad.
     
    Sin embargo, esto ha generado discusiones entre los juristas. Gómez señala que la Ley buscaba quitarle esta potestad a ISA en específico, al dedicar parágrafos para su separación de Isagén y la prohibición.
     
    A esto se suma que la empresa de transmisión tiene a XM, operador del mercado eléctrico, el Centro Nacional de Despacho (CND), el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) y el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC). Por esto se quería evitar que ISA desarrollara otras actividades que entraran en conflicto con sus roles adicionales.
     
    Por Daniela Morales para Portafolio.
  • Esta semana comienza la recta final para el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso

    El domingo se cumple el plazo para que el legislativo apruebe el plan nacional de desarrollo que el Gobierno presentó en febrero.
    Hoy se tiene previsto el segundo debate en el Senado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. Esta semana es definitiva para el proyecto de ley en la medida que el Legislativo tiene, por ley, hasta el domingo para aprobar el articulado.
     
    En este sentido, se espera que tanto ponentes como coordinadores del proyecto junten esfuerzos para que el trámite por el Congreso no tenga que llegar hasta última hora y los debates, en los que se están jugando más de $1.154 billones, tengan el tiempo necesario.
     
    Según la senadora por el Pacto Histórico, Clara López, con la ponencia que llega hoy a debate “se le ha cumplido a toda Colombia y especialmente a esas regiones olvidadas, que han afincado sus esperanzas en el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro”.
     
    López agregó que el PND contiene más de 160 proyectos que incluyen hospitales, vías, tanto departamentales como nacionales, aeropuertos y obras de impacto regional.
     
    Pero, en términos generales, ¿qué le hace falta al PND para convertirse en ley de la República. Según juristas consultados, el proyecto de ley debe ser aprobado en cuatro debates en el Congreso, eventualmente puede requerirse un trámite adicional denominado conciliación, que tiene lugar cuando hay alguna diferencia entre los textos que se aprueben en plenaria de Cámara y en plenaria de Senado.
     
    El proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate de Cámara y Senado, y la ponencia que se discute hoy, se espera que sea aprobada en el segundo debate en ambas plenarias del Congreso.
     
    Para el senador Juan Carlos Garcés, del partido Unidad por la Gente, pese a que queda una semana para la aprobación del PND, el tiempo es suficiente para discutirlo y aprobarlo en algunas de las sesiones plenarias de Senado y de Cámara programadas para esta semana.
     
    “Desde la expedición de la Constitución de 1991, la mayoría de los proyectos de ley de PND se han aprobado la última semana del plazo máximo previsto. Solo el de Andrés Pastrana se tuvo que dar por decreto”, dijo.
    En ese caso, agregó, de no ser aprobado por el Congreso en el término señalado, el Presidente está facultado para expedir el Plan Nacional de Inversiones Públicas (que hace parte del proyecto del PND) a través de la expedición de un decreto con fuerza de ley.
     
    Así mismo, después de que, probablemente, el domingo haya un texto conciliado y aprobado por el Legislativo, se espera que una o dos semanas después el Presidente imparta la sanción presidencial que dejaría en firme la ley.
     
    Los puntos álgidos del proyecto
     
    Uno de los artículos más comentados del proyecto de ley tiene que ver con la supuesta facultad que el PND da para expropiar terrenos con el fin de adelantar la reforma rural. Dicho artículo, para la “venta de predios por motivos de utilidad pública o interés social con indemnización previa para la reforma rural integral”, indica que la ANT puede adquirir predios a título oneroso mediante ciertos procedimientos.
     
    “La Agencia Nacional de Tierras procederá en primer lugar a celebrar una negociación directa para adquirir los predios. Si esta etapa se agota sin acuerdo con el propietario, podrá declarar el predio como de utilidad pública o de interés social para la reforma rural integral”, dice el presunto texto.
     
    Otro de los puntos que seguramente harán parte del debate arduo esta semana, es el de la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital, con la cual, según el Gobierno, se busca aumentar la seguridad en este campo para que no se repitan hechos como la conocidas ‘chuzadas’.
     
    La oposición, en cambio, resalta que este aparato serviría para lo contrario y que con él, el Gobierno podrá espiar e invadir la privacidad de los opositores.
     
    Por Juan Pablo Vargas para LaRepública.
  • Plan Nacional de Desarrollo ya fue aprobado por Congreso y falta sanción presidencial

    En la madrugada del viernes, la Cámara y el Senado aprobaron el texto conciliado, por lo que solo falta la sanción presidencial.
    Al Plan Nacional de Desarrollo (PND) solo le falta la firma del presidente Gustavo Petro y así se conviertirá en Ley de la República.
     
    Sobre las 7:00 p.m., la Cámara de Representantes aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 'Colombia, potencia mundial de la vida' para el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. La votación en la Cámara baja quedó con 120 votos a favor y 12 votos en contra.
     
    El debate, en su tercera citación, se venía llevando a cabo desde las 10:00 a.m., cuando, con el texto ya aprobado en el Senado, solo faltaba que la Cámara hiciera lo propio.
     
    "Aseguraremos la pluralidad del equipo negociador que representará a la Cámara, como lo establece la Ley y los parámetros de esta", dijo David Racero, presidente de la Cámara.
     
    La figura de la conciliación se dio después que el texto aprobado en el Senado fuera diferente al que dejó en firme la Cámara de Representantes.
     
    En la madrugada del viernes, las dos corporaciones del Gobierno aprobaron el texto conciliado de la hoja de ruta del Gobierno para este cuatrienio.
     
    Los artículos que ya no van
    Artículos como el que creaba la Agencia Nacional de Seguridad Digital, el 364, y el 218 quedaron por fuera del PND ya que ambas cámaras no le dieron el visto bueno. Estos, según algunos representantes, se convierten en golpes certeros al proyecto que presentó y avaló el Gobierno.
     
    El tema de servicios públicos es uno de los más importantes, pues de los tres artículos mencionados, dos hacen parte de propuestas que buscaban modificar varias reglas de juego en servicios como el eléctrico y gas natural.
     
    El artículo 364, por ejemplo, fue uno de los que se incluyó para esta segunda ponencia. En el se estipula que se buscará la integración de las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural.
     
    “Las empresas que ejerzan actividades del servicio público domiciliario de gas natural podrán desarrollar de manera integrada las actividades de producción, comercialización, comercialización de gas importado, transporte, distribución, comercialización incluyendo las nuevas actividades que se asimilen por parte de la autoridad competente”, estipulaba el artículo.
     
    Con esto según los expertos del sector, se abría la puerta a que se cree un oligopolio y no se cumplan las reglas de competencia básicas que se exigen en el sector. Asimismo, el artículo 218 también haría algo parecido con el sector energético.
     
    “Las empresas que ejerzan actividades del servicio público de energía eléctrica podrán desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las nuevas actividades que la Creg creen o asimilen”.
     
    Los artículos que van ‘sí o sí’
    Entre los puntos del PND que permanecen firmes y fueron aprobados por ambas cámaras del Congreso sin ninguna novedad, están algunos artículos económicos y de facultades extraordinarias para el Presidente, como el 351, el 232, el 91 y 326.
     
    Por ejemplo, el polémico artículo 351, piedra angular en la reforma a la salud, se aprobó tanto en Cámara como en Senado. Este autoriza a la Adres hacer el giro directo de los recursos públicos a las IPS sin tener que pasar por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
     
    Otro de estos es el artículo 326 que le permite al Presidente quedar con facultades extraordinarias para ‘salvar’ el Hospital San Juan de Dios. Esto no es un tema nuevo pues desde que fue alcalde de Bogotá, el mandatario ha intentado intervenir el hospital para que vuelva a entrar en funcionamiento.
     
    Las polémicas de la ‘aprobatón’ corren por cuenta del artículo 91 y el 232, con los que el Gobierno buscará, respectivamente, contratar proyectos de baja cuantía con representantes de la economía popular y promover la defensa comercial a través de una política de ‘remedios comerciales y aranceles inteligentes’.
     
    Según varios representantes del Legislativo, estos artículos abrirían la posibilidad de que se presenten casos de corrupción en la medida que habrá menos garantías en los procesos de contratación y se bajarán las exigencias que hoy existen.
     
    Por el lado del artículo 232, economistas estiman que intervenir el libre mercado en el país puede traer consigo más consecuencias malas que buenas, pues de no contar con medidas técnicas y adecuadas, se podría terminar perjudicando a los consumidores con precios más altos y a productores nacionales que no contarían con algunos insumos para sus procesos de producción.
     
    No aparecen los proyectos de la ola 5G
    Según analistas económicos de Corficolombiana, como Juan Camilo Pardo, preocupa que en todo el PND no se nombre “ni una sola vez, la ola de proyectos de infraestructura 5G”. “En lo que hemos podido leer detallamos la no presencia de las concesiones 5G. Vemos que en el documento no se nombra cómo estas van impulsar el desarrollo del país”, dijo. Estos proyectos, según la entidad, representan un aspecto importante en la economía nacional ya que “la infraestructura es el segundo multiplicador más alto de la economía colombiana”.
     
    Por Juan Pablo Vargas para LaRepública.
  • Tres aciertos y errores del PND en transición energética

    Análisis de Ideas para la Paz señala que ese documento debería dar papel de sector empresarial en estas metas y también plantear indicadores.
    El Plan Nacional de Desarrollo hace su curso en el Congreso y deberá ser aprobado antes del 7 de mayo. El Gobierno presentó ya la ponencia para el segundo debate y cuenta con 373 artículos que terminará su curso en el Legislativo.
     
    Uno de los grandes temas que serán discutidos es la transición energética. Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz, señaló que hay una serie de aciertos y desaciertos en el articulado.
     
    Con respecto a los desaciertos, la entidad señala que son tres principalmente; el primero que no cuenta con indicadores relacionados con la transición energética justa.
     
    Al respecto, lo que dice la fundación es que se requieren de algunos como la generación de trabajo decente, adaptación de la fuerza laboral y empleabilidad e ingresos no dependientes de sectores extractivos en el capítulo de transformación productiva, internacionalización y acción climática.
     
    Otro de los puntos es que no incluye al sector empresarial para cumplir los objetivos, pudiendo aportar al cumplimiento de las metas para el cuatrienio.
     
    Por esto recomienda establecer un marco de actuación “para que las empresas, dentro de su acción climática, respeten y promuevan los derechos humanos de comunidades y trabajadores en los territorios de operación”.
     
    Por último, el documento de Ideas para la Paz, apunta que no se integra explícitamente un enfoque de derechos humanos. El análisis explica que “no hay requerimientos concretos para que el sector de energías limpias y no convencionales adopte estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos”.
     
    Los aciertos
     
    Sin embargo, también se señala que hay tres aciertos en el documento del Plan Nacional de Desarrollo.
     
    En primer lugar destaca que se alinea con las expectativas y compromisos globales con respecto al cambio climático, dentro de las que se cuenta el incremento de la capacidad instalada de tecnologías renovables de generación de energía.
     
    De acuerdo con el documento, esta alineación también se ve en que se duplicará su inversión en investigación y desarrollo (I+D), al llegar al 0,5% de la participación de la inversión de I+D en el PIB.
     
    Un segundo punto que se destaca es el relacionado con la participación de las comunidades, para hacerlas partícipes de los beneficios del sector energético en sus territorios. Esto, por ejemplo, con referencia a las creación de comunidades energéticas, de forma que los ciudadanos puedan hacer parte activa de la cadena de suministro de este servicio público.
     
    El último gran acierto de este plan es que “hace referencia a mecanismos de justicia social y ambiental necesarios para una transición energética justa como el trabajo decente, la formación de comunidades, la reconversión laboral enfocada en modelos productivos sostenibles, el fomento de centros de investigación y tecnología, y la implementación del Acuerdo de Escazú”.
     
    El análisis de la fundación Ideas para la Paz además señala que hay unas buenas intenciones, relacionadas con el desarrollo de tecnologías como la eólica, la solar y el hidrógeno; así como la transformación productiva.
     
    Por este motivo, Ideas para la Paz propone cinco recomendaciones para la construcción del documento. La primera de ellas, darle un marco de actuación de los empresarios para el cumplimiento de los estándares internacionales; así mismo integrar al sector en las decisiones relacionadas y encontrar consensos en conjunto.
     
    Adicionalmente, destacan que el país puede ser líder regional en energías renovables no convencionales.
     
    Otro punto es darle claridad al “sector empresarial sobre qué se espera de él para cumplir las metas de transición justa”.
     
    Por último, señalan que se debe aprovechar la capacidad instalada de las compañías en los territorios.
     
    El documento señala que pueden contribuir para que la transición se adapte a las necesidades del territorio y promover esquemas de colaboración con mayor impacto.
     
    Por Portafolio