La agenda de este año para el sector ha implicado modificaciones en la tributación y en la percepción, destacan los empresarios.
El sector minero energético ha sido uno de los que ha enfrentado grandes cambios con la llegada del nuevo Gobierno. Desde el primer momento temas relacionados con la producción de petróleo y carbón, precios de la electricidad y energías renovables han sido parte central de la agenda de Gustavo Petro y sus ministros.
Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá, señaló que en lo corrido de este año han cambiado las prioridades de trabajo del Gobierno, que se ha centrado en comunidades en zonas alejadas y no conectadas al servicio eléctrico, así como zonas específicas como La Guajira.
“Creo que estamos viendo un enfoque distinto que nos hace voltear a mirar a zonas a las que normalmente no mirábamos”, expresó.
Considera este punto como un acierto, puesto que descentraliza la ejecución de las políticas públicas. “Una cosa es el precio de la energía en Bogotá a $800 por kilovatio, pero en las zonas no interconectadas puede ser de $2.500”, afirmó.
Con respecto al sector eléctrico las entidades relacionadas han generado políticas como el Pacto por la Justicia Tarifaria o el lanzamiento de una nueva subasta de Cargo por Confiabilidad a cargo de la Creg.
No obstante, hubo declaraciones por parte del presidente Petro relacionadas con una intervención a la Comisión de Regulación para modificar la tarifa de la electricidad, cuyo decreto fue posteriormente anulado de forma cautelar por el Consejo de Estado.
Ahora bien, en el caso de los mineros también han habido diferentes cambios. Uno de los más importantes tiene que ver con la tributación, que aumentó de forma considerable tras la reforma que fue aprobada a finales del año pasado.
Para las exportaciones de carbón, se decretó una sobretasa en el impuesto de renta de acuerdo con el precio internacional de este mineral en el año.
Así mismo, se aprobó la no deducibilidad de regalías de la renta. La discusión por este último ha llegado a la Corte Constitucional, puesto que los mineros argumentan que las regalías no pueden ser base de pago para este tributo.
“Ha sido un año de grandes sinsabores en el que se ha sentido el desconocimiento de los aportes del sector al desarrollo regional y nacional. Sentimos una declaración de culpabilidad inmerecida en la discusión de transición energética, donde sólo somos importantes frente a la ventanilla de impuestos”, señaló Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón.
A esto se suma que el pasado 31 de julio salió el decreto 1277 enmarcado en la emergencia decretada en La Guajira.
En este se prohíbe “adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes”.
Esto afecta directamente a Cerrejón que tiene su operación en esta zona. Cante remató que esto “es negarse a obtener unos recursos importantes para la transformación social y la reducción de las desigualdades”.
Los retos que se vienen
Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo energía Bogotá (GEB), señaló que se deben realizar las inversiones que el país requiere, para lo cual el Gobierno debe generar un ambiente de confianza para los inversionistas, puesto que el desarrollo de proyectos energéticos requiere de una visión de estabilidad a largo plazo.
“Estos no son recursos que puede poner el Estado, se necesita a los privados”, dijo. También apuntó que la elevada tasa de interés puede afectar los cierres económicos de las obras, que exigen mucho capital para su construcción.
Por Portafolio.
