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  • Gobierno insiste en presentar otra propuesta para bajar el precio de tarifas de energía

    El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, comentó que no hay riesgo de apagón y que concertarán con gremios.
    Esta semana, un gremio del sector presentó una carta al Ministerio de Minas y Energía para dar cuenta de sus preocupaciones, advirtieron problemas de liquidez y de flujo de caja. Sin embargo, Omar Andrés Camacho, jefe de la cartera, rechazó la tesis de que haya crisis financiera en el sector. Y el presidente, Gustavo Petro, insistió en que se deben bajar las tarifas.
     
    Por un lado, en la carta presentada por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, se expone que “en los últimos días de agosto se han venido presentando precios en bolsa altos, los cuales han llegado a los 800$ kWh, el fenómeno de El Niño podría agravar el escenario”.
     
    Ante la preocupación del sector por el evento climático, el ministro Camacho dijo que “estamos trabajando de forma interinstitucional y coordinada para responder al desafío del fenómeno de El Niño. Contamos con planes para sumar más energía con los proyectos de energía solar y otras soluciones”. Esta discusión abre la pregunta sobre lo que podría pasar con los precios de tarifas.
     
    Hasta el momento, el Gobierno busca bajar los precios. “El Ministerio de Energía presentará otra propuesta para modificar parte del régimen tarifario que permita tarifas justas”, dijo Petro.
     
    Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, dijo a LR que “el Gobierno está enfocado en bajar las tarifas de energía. Hemos hecho varios intentos, uno fue mediante un decreto para fijar lineamientos en la regulación de las tarifas, especialmente para la energía que se contrata en bolsa”.
     
    Quiroga agregó que el objetivo sigue siendo el de regular, “de tal manera que se cambie la estructura tarifaria en toda la cadena, particularmente en generación y comercialización”.
     
    Sobre el fenómeno de El Niño, el superintendente señaló que esto puede ser un agravante para las comercializadoras si se suma al efecto que ha dejado la deuda de la opción tarifaria. “Las comercializadoras están en una situación financiera complicada, pues en suma al saldo faltante por opción tarifaria, con El Niño se haría más difícil la compra por contratos, lo que los dejaría más expuestos a los precios de bolsa”.
     
    Y con El Niño, ya se prevé que haya de por sí un aumento en tarifas, pero “nuestro propósito es que esto afecte lo menos posible a usuarios y empresas. Por eso, ante la deuda que tienen los usuarios por motivo de la opción tarifaria, ya se están teniendo conversaciones con entidades como Findeter para dar créditos a comercializadoras”.
     
    Así, afirmó, se garantizará que estas tengan recursos para enfrentar El Niño. Sobre los riegos de escasez que han señalado gremios, Quiroga fue enfático en decir que “no hay riesgo de apagón. Reiteramos que, independientemente de El Niño, el Gobierno está enfocado en bajar tarifas. Por eso, consideramos importante concertar y estamos dispuestos a debatir”. Añadió que están en diálogo con empresas prestadoras para llegar a acuerdos.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • La Superintendencia formulará los cambios en la regulación de los servicios públicos

    El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico para mejorar el servicio.
    En las marchas en pro de las reformas del pasado miércoles 7 de junio, el Presidente anunció que si hará una reforma al sector de servicios públicos, que se presentará en el segundo semestre del año. El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico.
     
    A este decreto se suma la reforma a las leyes 142 y 143. El superintendente de Servicios, Dagoberto Quiroga dijo que “estamos construyendo el proyecto de reforma a la Ley; estamos consultando con organizaciones, entidades del sector, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, dándole participación a organizaciones de usuarios para que hagan sus aportes”.
     
    El funcionario citó a Petro y resaltó “el presidente ha dicho que, en primer lugar, vamos a tener en cuenta lo esencial, que es la universalidad y el derecho a un mínimo vital”.
     
    Y con esto vienen ajustes normativos “para mejorar algunas normas limitantes, que además la Corte Constitucional ha ordenado mediante acciones de tutela para tener en cuenta a los usuarios. Esto no quiere decir que vayamos a cambiar toda la ley, sino unas propuestas que van encaminadas a beneficiar a los usuarios”.
     
    El proyecto espera estar listo pronto. “Aspiramos a tener listo el proyecto de ley muy pronto. Nosotros venimos hablando con algunos legisladores que tienen algunas propuestas, incluso en el Congreso se están adelantando algunos proyectos aislados, pero queremos unificar en un solo proyecto y estimular las comunidades energéticas”.
     
    Recién se posesionó el Gobierno de Gustavo Petro, se implementó el Pacto por la Justicia Tarifaria, un acuerdo de más de 80 empresas de la cadena de energía para mitigar la tendencia alcista en las tarifas de este servicio. Intención que no frena y que hoy va en una segunda fase.
     
    Referente al nuevo decreto para el sector eléctrico, Quiroga dijo a este Diario que se reunió recientemente con el Presidente y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, así como con la Comisión, “hace 15 días nos reunimos con la Creg, donde se instó en que procediera inmediatamente a las regulaciones que debe expedir para que el decreto se materialice en resoluciones de la Creg. Creo que en unos tres meses puede estar saliendo”.
     
    La intención del Presidente llegó hasta sacar un decreto en el que asumía funciones generales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), decisión que fue cuestionada por los gremios del sector y llegó al punto de que el Consejo de Estado suspendiera la decisión.
     
    El Decreto 0929 le da los lineamientos a la Creg para crear las normas que permitan aumentar la eficiencia económica del sector, es decir, la Comisión será la encargada de expedir esa normatividad bajo los objetivos que dicta el Decreto.
     
    Gremios como la Asociación Nacional de Servicios Públicos (Andesco) y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) ven con optimismo el regreso a la institucionalidad y resaltan que se acogieron las sugerencias de los sectores.
     
    Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que “el Gobierno y el Presidente entendieron que las decisiones deben seguir siendo técnicas y no políticas; se mantiene la Creg como la institucionalidad y lo técnico de donde debe partir toda la reglamentación. Es muy importante este paso”.
     
    En segundo lugar, el directivo del gremio dijo que se debe nombrar en propiedad a los expertos de la Creg, “porque ahora se viene un momento crítico donde necesitamos un ente independiente y técnico para agilizar los procesos. Aquí no se tomaron decisiones de precios ni facturaciones, eso es importante”.
     
    Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, resaltó que “el decreto que salió recoge mucho de lo que la industria comentó, lo enmarca en una discusión institucional, a través de la Creg y, adicionalmente, se va a dar esa construcción de regulación”.
     
    El ejecutivo también señaló que resultó siendo un decreto de lineamientos de política hacia la Comisión para priorizar algunos temas que el sector requería.
     
    Por Juliana Trujillo para LaRepública.
  • Precio del metro cúbico de gas ha aumentado hasta 45% en un año

    De acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, Bogotá es la ciudad con mayor alza.
    Durante los últimos 12 meses, el costo del servicio público de gas natural ha tenido un incremento de 20,7% de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
     
    Según el más reciente informe de inflación de la entidad estadística, el gas es el servicio con mayor incremento anual entre abril de este año frente al mismo mes del año pasado, superando a la electricidad (19,5%).
     
    Al analizar los datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, se evidencia que cada mes este energético ha tenido un alza. Una de las más altas es la que se ha registrado en Bogotá, donde opera Vanti, cuya variación desde febrero de 2022 hasta 2023 acumula ya 45,9%.
     
    La compañía explicó que los aumentos se deben en parte al alza del dólar, dado que los contratos de producción y transporte se pagan en esta moneda. Cabe recordar que la divisa ha tenido un comportamiento alcista en los últimos meses.
     
    En febrero de este año, el promedio de la Tasa Representativa del Mercado fue de $4.803,11, que significó un incremento 22% frente a la TRM del mismo lapso del año pasado, que fue $3.935,84.
     
    Por otra parte, Vanti señala que otro factor impactando al alza este servicio público es la indexación del IPP, que aplica para el componente de la distribución. Este ha venido en una senda creciente, que también impactó los precios de la electricidad.
     
    Estas subidas a doble dígito en el gas natural distribuido por red se ven también en todas las ciudades principales. Por ejemplo, Cúcuta muestra una variación de 25,5%; Riohacha de 24,5%; Cartagena y Montería de 22,8%, y Cali de 22,5%.
     
    Un caso atípico es el de Bucaramanga, que entre febrero de 2022 y de este año evidencia una variación negativa de 1,6%. Esto, puesto que el metro cúbico en el segundo mes del año pasado fue de $2.125, lo que representa $33,3 por encima de lo facturado por unidad este año.
     
    Ahora bien, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, destacó que si bien el precio ha tenido un comportamiento alcista, lo cierto es que en abril se empezó a notar una desaceleración.
     
    “El último reporte sobre IPC del Dane muestra que la inflación de gas, que incluye gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) en cilindro, bajó. La variación de marzo a abril fue negativa (cayó 1,59%) y la variación anual a abril fue del 20,77%”, afirmó.
     
    En el cuarto mes del año, la inflación cedió por primera vez desde hace 23 meses. Este comportamiento se explicó por el precio de los alimentos, aunque también los servicios públicos.
     
    De hecho, Murgas apunta que “el gas natural y GLP en cilindro contribuyeron con la reducción de la inflación anual total nacional, registrada en abril del 12,82%, lo cual es una muestra de que el IPC empieza a ceder”.
     
    Ahora bien, Vanti explicó que el precio del metro cúbico de gas natural está completamente regulado mediante la fórmula tarifaria establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
     
    “Las tarifas no dependen de las distribuidoras, pues todo es regulado y lo que se hace es aplicar la formula de la Creg para fijar la tarifa mensual”, explicaron.
     
    Esta aplica para todo el territorio nacional, como ocurre con el precio de la energía eléctrica.
     
    De hecho, en el establecimiento de los precios de este servicio público se tienen en cuenta los componentes de suministro, transporte, distribución y las pérdidas reconocidas. Adicionalmente, dependiendo del estrato socioeconómico de los hogares se aplica un subsidio o una contribución.
     
    Por ejemplo, para el caso de los hogares de estrato 1, la Nación aporta hasta 60% del consumo de subsistencia; para el estrato 2, esto se reduce a 50% de este consumo.
     
    Por su parte los estratos 3 y 4 pagan la tarifa plena. Es decir sin subsidio y sin aporte. Sin embargo, los estratos 5 y 6 sí tienen una contribución de 20% por encima del valor pleno.
     
    Piden más subsidios al GLP
     
    En Colombia, cerca de 20,9% de los hogares utiliza el gas licuado de petróleo (GLP) como el energético para cocinar. De acuerdo con Gasnova, gremio de los distribuidores de GLP, se debería aplicar en todo el país un subsidio para los estratos 1, 2 y 3, dado que es el único servicio público sin una estrategia de subsidios. En caso de ser aplicado en los departamentos de muy alta viabilidad, tendría un costo fiscal anual de $70.132 millones.
     
    Si se aplica también en los de alta viabilidad, sumaría $153.643 millones cada año. Alejandro Martínez, presidente del gremio, dijo que esto contribuiría a lograr las metas de descarbonización, al reemplazar leña
    y combustibles contaminantes.
     
    Por Daniela Morales Soler para Portafolio.