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Se habrían robado más de 2.000 millones de pesos para ayudas nutricionales de 8.000 wayuú en La Guajira

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RANCHERIA GUAJIRA

Más de 2.000 familias indígenas debían recibir servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable. Sin embargo, dos funcionarios habrían desviado los recursos.

 
El cartel de los enfermos mentales en Sucre y el cartel de la hemofilia en Córdoba son solo algunos de los casos de corrupción en el sector salud que han destapado las autoridades. Este lunes festivo, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer un nuevo caso en el que se estaría presentando un desfalco al sector salud, pero con el agravante que se habrían apropiado de recursos para atender a la población wayuú en La Guajira.
 
Los hechos investigados están relacionados con un contrato suscrito en junio de 2015 con la Alcaldía de Manaure (La Guajira), cuyo valor ascendió a 8.000 millones de pesos y el plazo de ejecución se pactó en cinco meses. Parte de los recursos provenían de regalías.
 
El citado contrato tenía por objeto la recuperación nutricional de 2.000 familias wayuú (8.182 personas) en estado de vulnerabilidad, que debían recibir servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición y otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño.
 
 
El material de prueba da cuenta de que los hoy procesados habrían desconocido los principios de planeación, trasparencia y economía; y, al parecer, se apropiaron de 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos, de acuerdo con la versión de la Fiscalía.
 
Adicionalmente, se conoció que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar el contrato, por lo que no se explican como terminaron con un contrato con esa cantidad de recursos.
 
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó a De la Cruz y a Castillo los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer.
 
Durante la audiencia, los dos imputados no aceptaron cargos.
 
Las pruebas de la Fiscalía
 
Julio César Castillo, gerente financiero de la IPS, habría girado, endosado y cobrado para sí mismo cheques por valor de 3.000 millones de pesos.
La IPS subcontrató con tres empresas la ejecución del 40% del proyecto.
 
900 millones de pesos destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%.
 
El agua potable no fue entregada en botellones o envases plásticos, se hizo a través de carro tanques.
 
De los 8.000 beneficiados definidos hay registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto.
 
Se reportó la contratación de 127 personas para la ejecución del contrato; sin embargo, muchos de estos contratistas hicieron trabajos esporádicos que fueron facturados por cifras superiores a $58′000.000.
 
En los registros figuran visitas a dos o tres comunidades en un mismo día, algo imposible de cumplir teniendo en cuenta las distancias de 5 a 6 horas entre los pueblos Wayuu en esa región del país.
 
Se facturaron los servicios de traductores de lengua wayuunaiki. Esta labor la realizaron conductores, vacunadoras o auxiliares de enfermería por lo que no debió reportarse costos adicionales.
 
La Fiscalía General anunció la judicialización de Julio Cesar Castillo, gerente financiero de una Institución Prestadora de Salud (IPS) dedicada a la atención de la comunidad wayuú; y Juan Carlos de la Cruz Ortiz, revisor fiscal y contador de la entidad, por presuntas irregularidades en contratación.
 
 
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