Energía: con amenaza de intervención de Petro 'empresas preferirían irse'

Ante la amenaza de intervención de precios, es posible que haya menos inversiones porque habrá más riesgos de intervenciónLa decisión del presidente Gustavo Petro de asumir la regulación de los servicios públicos, una tarea de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en el caso de la electricidad, ha dejado más dudas y preocupaciones que certezas en el sector.

 

Juan Benavides, investigador asociado de Fedesarrollo, aseguró a EL TIEMPO que luego del racionamiento de 1992, el sistema eléctrico quedó fortalecido y tomar decisiones sin el aval de la Creg, en la que tienen voz y voto algunos ministros, puede poner en riesgo inversiones necesarias para garantizar la confiabilidad y continuidad en la prestación de este servicio esencial.

 

¿Con toda la regulación que se creó a raíz del racionamiento de 1992, Colombia quedó blindada?

 

No es que esté blindada, pero la probabilidad de que surja un apagón es más pequeña porque se cambió todo el esquema de propiedad y hay incentivos para que cada generador ofrezca su mejor tarifa posible.

 

Antes, se trató de un error sistémico porque todo estaba en manos de un solo agente. ISA hacía el despacho y la posibilidad de que alguien le dijera que algo estaba mal era muy baja porque nadie tenía la capacidad técnica de hacerlo, pero ahora, con un mercado establecido, hay más gente estudiando las hidrologías y otros asuntos.

 

 

Desde lo operativo, es más difícil (sin que sea imposible) que haya un racionamiento, y desde el punto de vista de la inversión, con las leyes 142 y 143, se ha construido un mecanismo de ingresos ordenado para la generación (cargo con confiabilidad) para que entre nueva capacidad instalada al sistema y garantizar que haya mayor energía firme, que es un atributo escaso en Colombia porque es un país hidráulico y con baja capacidad de embalsamiento.

 

Gracias al esquema actual, con un mercado spot, una bolsa de energía, unas empresas que responden por sus pérdidas y ganancias y una regulación para que las redes cumplan con estándares de confiabilidad, la calidad del servicio ha aumentado, la cobertura es mayor al 96 por ciento a nivel nacional y se ha disminuido la posibilidad de un racionamiento y, en efecto, no ha vuelto a pasar desde 1992.

 

¿Si el presidente Petro asume la regulación de los servicios, el sector eléctrico podría estar en riesgo?

 

El riesgo es que, ante la amenaza de intervención y formación de precios, que no sean técnicos, o de bajar las tarifas de acuerdo con criterios no financieros ni de sostenibilidad financiera, además de ponerles un techo o límite a las ofertas de precios en la bolsa de energía, es posible que haya menos inversiones porque habrá más riesgos de intervención y, por lo tanto, las empresas preferirán irse a otros mercados.

 

La amenaza que existe es que, al percibir un mayor riesgo, haya menor inversión, y al haber menor inversión sí aumenta la probabilidad de un racionamiento. Uno no puede asegurar esto de manera exacta, pero sí hay una tendencia de que aumente el riesgo y si esto persiste y no se clarifica, se puede bajar la inversión y reducir la confiabilidad de la oferta.

 

¿Lo correcto es que la regulación siga estando en manos de la Creg?

 

El presidente Petro ya tiene a sus representantes en la Creg, varios ministros tienen asiento. Por lo tanto, ya tiene la forma de plantear sus inquietudes y sus necesidades de mejora, que seguramente existen.

 

Pero que el Presidente asuma directamente sus funciones genera un gran ruido y un miedo de que terminen siendo decisiones sin bases técnicas y sin discutirlas con el equipo de la Creg.

 

¿Qué reformas deberían hacerse para que las tarifas sigan bajando?

 

La política no debe ser que las tarifas bajen porque sí, las tarifas deben reflejar los riesgos y realidades del mercado. En este momento el mundo está enfrentando grandes inflaciones, tanto por el lado del productor como de los consumidores.

 

No se puede decir simplemente que se tienen que bajar las tarifas, porque si esto se hace sin ajustar el precio con el riesgo asumido y las inflaciones existentes, se termina subremunerando y deteriorando la capacidad de inversión y expansión.

 

Obviamente que hay que buscar formas de bajar los precios y diferir, si es posible, los cobros. Ya existe la opción tarifaria que puede ser la salida para repartir la tarifa en el tiempo y lograr que este cobro no perjudique las finanzas de las empresas para que puedan seguir invirtiendo.

 

¿Se deberían controlar las tarifas de las hidroeléctricas?

 

No, lo que hay que fortalecer es la función de vigilancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar conductas lesivas a la competencia, pero los hidráulicos tienen el deber de cotizar el valor del agua y este contempla el valor del recurso en el futuro debidamente descontado en diversos escenarios.

 

A pesar de que un embalse pequeño o mediano esté lleno en este momento, eso no significa, de ninguna manera, que el agua valga cero porque ante la probabilidad de un fenómeno del Niño fuerte el agua puede tener un mayor costo y tiene sentido cotizar lo suficientemente alto para no salir despachado y almacenar agua.

 

Lo que hay que hacer es tratar de utilizar los instrumentos y la vigilancia existentes para evitar que haya posiciones de abuso de posición dominante. Los instrumentos ya existen y no hay necesidad de una intervención directa del Presidente.

 

 

LINA QUIROGA RUBIO

ELTIEMPO.COM