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Opinión: El impuesto al carbono

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Ante crisis ambiental, nada justifica la demora para poder acceder a los recursos para enfrentarla.Ante crisis ambiental, nada justifica la demora para poder acceder a los recursos para enfrentarla.Es lamentable que en un contexto como el actual de crisis ambiental, de cifras de deforestación disparadas, el país aún no pueda contar con buena parte de los 1,3 billones de pesos recaudados desde 2016 por concepto del impuesto al carbono, que fue incluido en la reforma tributaria de dicho año. El monto equivale al doble del presupuesto anual de la cartera de ambiente y se les cobra a las empresas involucradas en el negocio de los combustibles fósiles.
 
Este tributo se concibió como parte de los compromisos adquiridos por el país para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y así cumplir con las metas que nos corresponden como firmantes del Acuerdo de París. Dichos recursos son vitales para financiar programas que, entre otros fines, les den alternativas a los habitantes de territorios en los que una confluencia de múltiples factores da pie a que la opción de talar bosque nativo sea atractiva. También son fundamentales para múltiples tareas pendientes y tendientes a que los impactos de la crisis climática, sobre todo en los más necesitados, no sean de connotaciones catastróficas en los próximos años, y para poner a salvo, de verdad, las áreas protegidas. Son tres frentes igual de críticos e igual de urgentes si lo que queremos es dejarles un territorio habitable a las próximas generaciones.
 
Y aquí hay que añadir el enorme desafío que tiene el Estado de hacer lo que esté a su alcance para que la degradación ambiental del país no se dispare por las consecuencias económicas de la pandemia, como ya se comienza a ver con las cifras que reveló el Ideam del avance de la deforestación en el primer trimestre del año y que señalan un aumento de dicho flagelo por encima del 80 por ciento en la Amazonia. Por eso sorprende y a muchos indigna, con razón, la demora en poder tener luz verde para utilizar dicho dinero.
 
"La pospandemia supone un reto adicional. La disparada de las cifras de deforestación "
 
Cuando se hace la pregunta de por qué esta situación, se abre una ventana a un auténtico entramado burocrático. En un debate que tuvo lugar hace unos días en el Senado, el entonces ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, afirmó que su entidad ya había hecho la tarea en lo concerniente a las exigencias del Ministerio de Hacienda para desembolsarlos, esto es, las fichas del plan operativo de anualidad de pagos (Poap). En la discusión participaron Emilio Archila, alto consejero para la Reintegración, y Juan Carlos Mahecha, director del Fondo Colombia en Paz, ente que recibe el 70 por ciento de los recursos del impuesto para destinarlos a proyectos ambientales en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Los tres funcionarios coincidieron en que ya está todo listo para que el Ministerio de Hacienda firme el desembolso de los recursos. El titular de esta cartera, Alberto Carrasquilla, no asistió.
 
El llamado es a que este enredo se supere cuanto antes. Todas las miradas están puestas sobre el Ministerio de Hacienda, que debe hacer lo suyo o, si así procede, dar una buena explicación del porqué de la demora. Decir que una tarea es urgente cuando se habla del ambiente es hoy una redundancia, y eso lo tienen que saber en el Ejecutivo. La primera misión para el nuevo ministro, Carlos Correa, está clara.
 
EDITORIAL
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