updated 9:05 AM, Sep 21, 2020 America/Bogota
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Minería ilegal se extendió en 6.000 hectáreas más en 2019

La extracción ilícita de minerales no requiere de consultas previas ni de licencias. Por ejemplo, “en la carretera Panamericana, en Santander de Quilichao, ha habido explotación ilícita frente a todo el mundo, a todas las autoridades”, dice Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
 

Mineria Ilegal

Sin consultas ni convocatorias sociales para rechazarla, el área de extracción ilícita de oro de aluvión en tierra avanzó 6,5 por ciento en el último año, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Un avance mayor que el 2 por ciento de la producción total del sector de minas y canteras en el PIB, que creció por primera vez en seis años.
 
Para las comunidades, la actividad ilegal les lleva condiciones de trabajo irregulares, les niega las regalías y los impuestos y trae violencia. Para el ambiente, destruye bosques, fuentes de agua y no restaura el paisaje, una vez la actividad ilegal termina.
En oro, de acuerdo con la UNODC, en el año 2019 se llegó a 98.000 hectáreas explotadas a cielo abierto. Sobre la actividad ilegal subterránea no hay cálculos.
 
De ese total, el 51 por ciento está en zonas excluibles, como reservas forestales o parques naturales. En zonas de minería restringida está el 10 por ciento.
 
El total del 2019 superó las 92.000 hectáreas del 2018, es decir que creció 6,5 por ciento, o 6.000 hectáreas en el año. Más de 16 hectáreas por día, o un área cercana a unas 32 canchas de fútbol cada 24 horas.
 
Entre tanto, el barequeo, una actividad popular realizada por habitantes de terrenos aluviales (como en las vegas de los ríos) que lavan arenas a través de medios exclusivamente manuales, equivale al 44 por ciento de la producción nacional, según UNODC.
 
El barequeo, una actividad popular realizada por habitantes de terrenos aluviales que lavan arenas a través de medios exclusivamente manuales, equivale al 44 % de la producción nacional, 
 
Mientras algunos actúan sin ser molestados por las autoridades, en años recientes, habitantes de municipios como Piedras o Cajamarca, en el Tolima, votaron en contra de la minería en sus territorios.
 
Más allá de si es o no constitucional que un municipio prohíba esta actividad, esas manifestaciones pusieron de presente percepciones sobre la minería como una actividad dañina para la sociedad y el ambiente, mientras que compañías que operan desde hace años tratan de mostrar, con sus prácticas, que dichas percepciones se originan en las consecuencias que trae la extracción ilegal y no en las actividades que se hacen con respeto a las normas.
Por ejemplo, Luis Germán Meneses, presidente de Continental Gold, cuenta cómo hacia el 2013, en Buriticá, Antioquia, la población había pasado de 6.000 a 13.000 habitantes, por la minería ilegal de oro, propiciando fenómenos como la prostitución, en buena parte de menores, drogadicción y criminalidad.
 
Seis años después, el panorama ha cambiado con la formalización de la operación, que ha permitido encadenamientos productivos que involucran al 75 por ciento de las empresas del municipio.
 
En Muzo, Boyacá, Charles Burgess, presidente de Minería Texas Colombia, recuerda que antes de que se formalizara la operación actuaban 12 buldóceres, con los que se arrasaron los bosques en busca de las esmeraldas. Luego de que comenzó a formalizarse la actividad, hubo una invasión de la mina en el 2013, por mineros ilegales, y el debilitamiento que tenía la montaña permitió un derrumbe en el que murieron tres personas.
 
Actualmente, la operación ya no es a cielo abierto sino subterránea, lo que ha permitido recuperar los bosques.
 
La extracción de oro es en donde generalmente se registran los mayores índices de ilegalidad. De acuerdo con cifras del Ejército Nacional, 170 municipios fueron afectados en 2018 por la explotación ilícita de este mineral.
 
De hecho, en numerosas ocasiones, la actividad ilegal ocurre en las mismas zonas en las que hay minería formal: “Permanentemente tenemos entre 30 y 100 invasiones en nuestra mina. Cuando se presenta una invasión, solicitamos un amparo administrativo, hablamos con las autoridades y les informamos a las personas que están operando ilegalmente en nuestro territorio, pero no podemos hacer más que eso”, aseguró Andrés Restrepo Isaza, presidente de Mineros S. A.
 
170 municipios fueron afectados en 2018 por la explotación ilícita de este mineral
 
La perturbación de los títulos legales de explotación o de las áreas cercanas a estos es recurrente, según la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército, porque ya hay una certeza de que en esa zona está el mineral, lo cual genera recurrentes fricciones entre formales e informales.
 
La persistencia de la actividad ilegal obedece a razones como ausencia estatal o rentabilidad. La brigada señala que un kilo de oro vendido informalmente cuesta 90 millones de pesos, y el valor asciende a 135 millones de pesos si es exportado.
 
Informes de la brigada determinan que en la explotación ilegal con retroexcavadora, el costo mensual de cada máquina llega a 18 millones de pesos y se puede obtener una producción bruta mensual de entre 135 y 225 millones de pesos, y una ganancia neta de 86 por ciento.
 
La rentabilidad estimula la extracción ilícita de yacimientos mineros, un delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, que prohíbe cualquier tipo de captación de minerales de propiedad nacional y privada sin el correspondiente título minero o autorización del titular de la propiedad.
 
Varios observadores coinciden en que la persistencia de la ilegalidad también es producto de significativas falencias institucionales. Aunque la Agencia Nacional de Minería (ANM) es una de las entidades donde se puede solicitar el amparo de títulos –figura de protección de las propiedades–, la única autoridad que cuenta con la competencia para autorizar a la Policía a ejecutar la suspensión de actividades irregulares es el alcalde de cada municipio.
 
En este sentido, fuentes presentes en los territorios sostienen que en determinadas zonas del país, los amparos no se ejecutan dada la negación de los funcionarios, por los vínculos con los mineros informales.
 
Estudios de más de una década, antes de actuar sobre el ambiente
 
¿Cuál es la diferencia, en relación con el ambiente, entre la actividad legal y la ilegal? “La diferencia –dice Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (AMC)– es que la minería sí tiene relación con el ambiente, a diferencia de la extracción ilícita”. Y complementa: “La única relación de la extracción ilícita de minerales con el ambiente es que lo destruye”.
 
Cada proyecto de la actividad legal, dice, puede tener 14 años de investigación, antes de arrancar, en los que se analiza cómo generar los menores impactos posibles, cómo prevenir, compensar y restaurar.
 
Según la asociación, en el 2018 se destinaron 368.000 millones de pesos a árboles, cuencas, guardabosques y en iniciativas en las que el primer rubro es el agua.
 
La otra cara muestra que en el último año, además del aumento de la explotación ilícita de oro de aluvión en tierra, que pasó de 92.000 a 98.000 hectáreas, se evidenció un nuevo fenómeno de profundización de las zonas ya afectadas, según el monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
 
Hoyos de hasta 20 metros de profundidad, además de afectar significativamente el suelo, están poniendo en riesgo a comunidades y alterando el curso de los ríos del país.
 
“Las retroexcavadoras son el elemento que más ha impactado contra el medioambiente, siendo el principal responsable de la deforestación para la explotación minera no autorizada en tierra”, afirmó Sandra Rodríguez , analista de UNODC.
 
Antioquia y Chocó son los más afectados por explotación ilícita de oro en tierra, con una participación del 40 y 38 %, respectivamente. Orinoquia y el Amazonas, en riesgo por la explotación en agua
 
Según la Brigada contra la Minería Ilegal, el pasivo ambiental en las 10.000 hectáreas en las que ha intervenido para recuperación en los últimos 4 años puede valer 1 billón de pesos. Si ese costo se lleva a toda la explotación ilegal, se estaría hablando de 10 billones de pesos.
 
El informe de UNODC destaca que, además de esta problemática, es preocupante el daño que se está generando en los ríos con la utilización de dragas, en donde es mucho más difícil calcular el impacto.
 
Antioquia y Chocó son los departamentos más afectados por la explotación ilícita de oro en tierra, con una participación del total nacional del 40 y 38 por ciento, respectivamente, y la Orinoquia y el Amazonas son los que más están en riesgo por la explotación en agua, con el agravante de que en estos departamentos la minería se está ejecutando o en zonas excluibles de minería o en las zonas exentas de minería.
 
Las excluibles hacen referencia a territorios donde se prohíbe cualquier tipo de explotación como todos los contemplados en la ley segunda (páramos, selvas, etc.). Las segundas están asociadas con zonas donde habitan comunidades de gran valor cultural, como indígenas y afros.
 
Adicional a lo anterior, preocupa el ascenso de la utilización del mercurio para la aceleración del proceso que separa el oro de la arena en las actividades de barequeo tradicional. La Brigada del Ejército contra la Minería Ilegal explica que cuando se desperdicia el mercurio líquido y cae a los ríos, este se metaliza y produce metilmercurio, que es el que se acumula en los tejidos de los peces, con el riesgo de ser consumidos por las personas. Si bien en la actualidad se prohíbe la venta libre de mercurio, salvo para unas excepciones médicas, el uso de este elemento para la minería informal sigue creciendo.
 
De acuerdo con las Naciones Unidas, en el 2019 solo el 19 por ciento de la explotación minera contaba con el aval del título, mientras que el porcentaje de actores con licencias ambientales tan solo fue del 8 por ciento.

Entre padecer violencia o avanzar en atender las necesidades básicas

De acuerdo con la ACM, el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es menor en los municipios mineros que en los que no lo son, mientras que los niveles de educación están por encima. Así, por ejemplo, las NBI en los municipios mineros pasaron de 61 por ciento en 1993 a 54,7 por ciento en el 2011, y a 33,2 por ciento en el 2018. Por su parte, la cobertura en educación pasó del 84,4 por ciento en el 2005 al 97,4 por ciento en el 2018.
 
Y más allá de los pagos de regalías, hay 127.000 millones de pesos en otro tipo de aportes, según la asociación. “¿Cómo generar eso?: con riqueza. Con pobreza no se puede”, dice su presidente, Juan Camilo Nariño.
 
Por su parte, Charles Burgess, presidente de Minería Texas Colombia en Muzo, Boyacá, señala que antes de la operación de esa compañía, los trabajadores no eran empleados, buscaban las esmeraldas que les entregaban a los patrones, y les daban media hora al día para buscar algo para ellos, a manera de pago. En la actualidad, los trabajadores son formales, con remuneraciones a partir de tres salarios mínimos.
 
En contraste, uno de los mayores impactos de la actividad ilegal es la violencia. Desde principios de la década del 2000 empezó a originarse el fenómeno de financiamiento de grupos ilegales a través de la producción aurífera.
 
Según el informe del 2018 de la Defensoría del Pueblo sobre economías ilegales, el aumento de los precios internacionales del oro, los esfuerzos del Estado por combatir el fenómeno del narcotráfico y la incapacidad institucional para regular la explotación de minerales fueron algunas de las causas de la unión entre estas actividades. Cifras del Ejército Nacional muestran más de 4.000 puntos donde se hace extracción ilegal, y corresponden a 141 municipios.
 
minería ilegal
 
En muchas  zonas donde se hace minería ilegal hay un daño ambiental irreparable.
 
“Cuando uno hace la comparación con cultivos de coca, la coca es ilegal desde el comienzo, en cualquier momento que descubran la coca es ilegal, el oro no. Yo puedo tener mi anillo de oro, y puedo tener mis gramos de oro, pero eso no es ilegal”, destacó Sandra Rodríguez, analista sénior de procesamiento digital de imágenes satelitales de UNODC.
 
En este sentido, si bien no se puede aseverar que todas las situaciones apunten a que hay una correspondencia entre los mineros de los municipios y los grupos ilegales, sí se han encontrado evidencias de que existe una relación entre estos, ya sea voluntaria u obligada.
 
Fuentes consultadas en los territorios advierten que para un minero pobre es más fácil pagarle a un ilegal para que lo proteja de las autoridades que cumplir con los requisitos legales. Terminan pagando una vacuna al Eln u otros grupos para que los protejan de la autoridad.
 
La complicada ruta a la formalización en el país
En el último censo minero, en el 2011, el 63 por ciento de las 14.357 unidades de producción minera encuestadas (UPM) no contaban con un título minero. En oro, el porcentaje llegaba al 87 por ciento.
 
Hace algunos años, la producción legal solo representaba entre el 20 y 30 por ciento de la actividad nacional, pero actualmente la producción legal del oro alcanza el 40 por ciento del total nacional, dice Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
 
El avance, dice, obedece no solamente a factores como la apertura de nuevas minas que aceleran la producción, sino también a que “viene existiendo un marco regulatorio que ha estrechado las posibilidades y el espacio de la ilegalidad”.
 
La meta es formalizar 27.000 mineros que no están en la legalidad. Ya hacen tránsito 10.000, y en la medida en que ellos estén en la legalidad podemos fiscalizarlos y acompañarlos
 
En este sentido, mecanismos implementados por el Gobierno, como el Registro Único de Comercializadores (Rucom), el Registro Único Tributario (RUT) y, recientemente, la plataforma Sistema Integral de Gestión Minera (ANNA Minería) han contribuido a registrar y controlar la actividad minera en el país.
 
“Tenemos una meta de formalizar 27.000 mineros que no están actualmente en la legalidad. En este momento están haciendo tránsito 10.000, y en la medida en que ellos estén en la legalidad podemos fiscalizarlos y acompañarlos”, dijo recientemente Carolina Rojas, viceministra de Minas.
 
Sin embargo, pequeños mineros aseguran que aún hacen falta normas diferenciadas que contemplen las distintas escalas de hacer minería en Colombia. Juan, minero de Chocó, manifiesta que “exigirle una certificación de contador a un pequeño minero de subsistencia es obligarlo a pagar y a llevar contabilidad de algo que simple y llanamente le está dando es para sobrevivir”.
 
No podemos decir que el Gobierno no ha hecho esfuerzos por simplificar la formalización, lo que podemos decir es que esos procesos no han sido tan exitosos como deberían ser
 
Andrés Restrepo Isaza, presidente de Mineros S. A., concuerda con esta afirmación al exponer el trabajo de acompañamiento que la compañía realiza con dos comunidades, a las que les concedieron parte de su título, las cuales están en sendos procesos de formalización.
 
“La Empresa de Mineros de Jobo Medio (Emijom) –dice Restrepo– lleva más de 6 años tratando de formalizarse y no ha podido cumplir con los requisitos porque son comunidades en donde generalmente no tienen ni un bachillerato, y les llegan con unos requisitos que ellos no pueden cumplir. No podemos decir que el Gobierno no ha hecho esfuerzos por simplificar la formalización, lo que podemos decir es que esos procesos no han sido tan exitosos como deberían ser”.
 
‘La minería que se hace con las manos no produce para sobrevivir’: pequeño minero
 
Juan* es un veterano minero del Chocó, que cuenta que la minería siempre ha sido una actividad tradicional del municipio donde nació, pero que los pequeños extractores hoy se sienten fuertemente estigmatizados.
 
Desde 1959, recuerda, el Estado colombiano confinó gran parte del territorio del Pacífico para que hiciera parte de la ley segunda, una norma que protege las zonas forestales del país prohibiendo cualquier intervención económica, pero sin tener en cuenta la actividad tradicional de las personas que vivían en la región. De acuerdo con el monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), el 95 por ciento de las 35.194 hectáreas del Chocó son zonas en donde está prohibido hacer minería o está fuertemente restringida la actividad.
 
Minería ilegal en Chocó
 
Los materiales que se usan para la extracción de oro son mercurio, cianuro, entre otras sustancias peligrosas.
 
“Tengo la claridad suficiente para explicar por qué la mayoría de los mineros del Chocó hoy no tenemos un título minero. Obviamente, el Gobierno considera la minería sin títulos como una minería criminal, como una minería amiga de la delincuencia organizada, lo cual no es cierto, pero parte de la culpa la tiene el Estado por su lentitud, su incapacidad y falta de política clara para atender situaciones como esta”, asegura Juan.
 
Asimismo, es enfático en que el Código de Minas debería actualizar su glosario puesto que algunos términos allí consignados van en contravía de lo que es la actual actividad minera a pequeña escala.
 
La minería que se hace en el departamento del Chocó es la minería de hace 500 años, una actividad esclavista. Esta minería se hace con las manos y sin ningún tipo de herramienta mecanizada
 
“La minería que se hace en el departamento del Chocó es la minería de hace 500 años, una actividad esclavista. Esta minería se hace con las manos y sin ningún tipo de herramienta mecanizada. No le produce al ciudadano ni siquiera para sobrevivir, y tiene que mecanizarse de alguna manera porque la máquina es necesaria para poder escarbar y abrir sitios de hasta 5 o 6 metros de donde esté el depósito”.
 
Asegura que no se puede juzgar con el mismo rasero a una retroexcavadora que a una pequeña motobomba que se utiliza para manejar un malacate, o que tiene algo de mecanización.
 
Juan, así como muchos otros mineros a pequeña escala en Chocó, pide que se cumplan los compromisos planteados por el Gobierno desde el 2012 para resolver su situación de formalización que en la actualidad los mantiene en un limbo.
 
Se refiere al replanteamiento de los límites de la ley segunda, un código de minas diferenciado que permita la inclusión de pequeños mineros y la suspensión de operativos de intervención de la Fuerza Pública; todos, algunos de los reclamos de las comunidades en los municipios chocoanos.
 
Términos claves de la minería
 
Extracción ilícita de minerales: actividad de extracción que se realiza sin ser legalmente propietario del suelo, sin los títulos ni permisos correspondientes. Puede estar asociada con organizaciones criminales.
 
Minería de subsistencia o ancestral: actividad de extracción de metales preciosos realizada por una persona o grupo de personas que utilizan herramientas manuales hasta de tres metros de longitud que les permita generar ingresos como medio de supervivencia.
 
Barequeo: actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales. Se limita al lavado de arenas por medios manuales, sin ayuda de maquinarias, con el objeto de separar metales preciosos de dichas arenas.
 
Zonas excluibles de minería: lugares donde está prohibido realizar actividades de extracción, como páramos, parques naturales y reservas forestales.
 
Zonas de minería restringida: lugares que requieren autorización especial para ser explotados. Están incluidas las zonas de especial interés arqueológico, histórico o cultural.
 
MARÍA CAMILA PÉREZ GODOY Y MAURICIO GALINDO CABALLERO
REDACCIÓN ECONOMÍA
 
 
 
 
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