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Gas y gasolina disparados, y líos fiscales si frena exploración petrolera

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Según el gremio del sector, si esto ocurre, desde 2026 se importaría gas y tarifas subirían 5 veces.

 
Francisco Lloreda presidente de la Asociación Colombiana de PetróleoFrancisco Lloreda presidente de la Asociación Colombiana de PetróleoEn medio de las propuestas alrededor del futuro de la política energética del país, el sector petrolero reveló las proyecciones de mediano y largo plazo bajo un escenario de sostenimiento de la exploración y producción de hidrocarburos, así como bajo una nueva realidad de debilitamiento con una política pública que se centre exclusivamente en energéticos diferentes e imponga mayor carga tributaria al sector de petróleo y gas natural.
 
Según Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), una nueva realidad bajo el segundo escenario haría que en cinco años la producción de petróleo caiga 47 por ciento y la de gas, 27 por ciento.
 
Debido a ello, Colombia anticiparía de forma sustancial las proyecciones de importación de gas, lo cual se daría desde el año 2026, mientras que en petróleo habría que traerlo del exterior desde el 2028.
 
De acuerdo con un estudio económico realizado por la agremiación, el país se enfrentaría a este déficit porque solo se ejecutarían proyectos ya aprobados para el desarrollo de recursos descubiertos, y únicamente se perforarían los pozos exploratorios provenientes de obligaciones contractuales de las empresas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
 
Al mismo tiempo, se quedarían sin desarrollar recursos ya descubiertos, no habría exploración adicional, ni los proyectos piloto en yacimientos convencionales, a través de la tecnología de fracking.
 
Esto, según Lloreda, llevaría a que se disparen los precios de los combustibles y la factura de gas de los hogares, pero además habría riesgo para el respaldo de la generación de electricidad con gas en épocas de sequía o para cubrir la intermitencia de las fuentes renovables no convencionales.
 
Según cálculos de la ACP, en cuatro años el precio de una factura de gas se multiplicaría por cinco veces, y los colombianos tendrían que sacar de su bolsillo 6.000 millones de dólares al año para asumir este sobrecosto, exponiéndose, además, a altas volatilidades de precio como las que se viven en el mundo por la guerra en Ucrania. “Se anticiparía en 7 años la proyección de importación de gas”, dijo el directivo.
 
Entre tanto, si se mantiene la actual política energética, el sector de petróleo y gas le generaría ingresos a la Nación por 105 billones en los próximos cuatro años y 227 billones hasta 2032, contribuyendo a la financiación de programas de desarrollo social, a la reactivación económica, a la diversificación productiva y energética y al equilibrio fiscal del país.
 
Igualmente, pondría 38 billones de pesos por regalías durante el próximo gobierno, y 80 billones hasta 2032, cifras que con una coordinación de políticas públicas óptimas, contribuirían a mejorar la calidad de vida de las regiones del país, especialmente de aquellas con mayores necesidades básicas insatisfechas (beneficiadas con regalías) y las productoras.
 
De acuerdo con Lloreda, si no hay más contratos, entonces lo natural es que reduzcan su presencia en el país y las casas matrices se lleven la inversión para otros lugares. Por el contrario, en una realidad de sostenimiento de la política energética se incentivarían 84 billones de pesos en inversiones del sector durante el próximo gobierno y 172 billones hasta el año 2032.
 
Panorama complejo
 
En cambio, en el escenario de debilitamiento en la política energética se reducirían en 21 billones de pesos esas inversiones, es decir, en 5.000 millones de dólares, solamente entre 2022 y 2026.
 
Según el estudio, con una política de debilitamiento de la exploración y producción de petróleo y gas en el país, la ACP estima una pérdida de 18 billones de pesos de aportes fiscales entre 2022 y 2026, de los cuales la Nación perdería 13 billones de pesos de ingresos, y las regiones, 5 billones por menor recaudo de regalías.
 
“La pérdida de 13 billones para la Nación durante el cuatrienio equivale a lo que cuesta aproximadamente el 40 por ciento de los programas solidarios que actualmente benefician a 4 millones de familias o al 65 por ciento de la inversión en educación para el 2022”, agregó Lloreda al precisar que se arriesgarían 40.000 empleos públicos.
 
Por ello, la ACP advirtió que la transición energética debe hacerse de forma inteligente y responsable, porque en los escenarios más ambiciosos de cambio climático para el año 2050 el mundo va a seguir consumiendo petróleo y gas.
 
Y remarcó que cuando se habla de debilitamiento de la política energética se habla de hacer lo mismo con Ecopetrol, lo cual afectaría la caja de la empresa más grande del país y su aporte a las finanzas nacionales.
 
Impacto en economía regional
 
Si Colombia abandona de tajo la firma de nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas, se abriría un enorme boquete para las finanzas y la economía de las regiones, debido a menores recursos de regalías y caída en la contratación de bienes y servicios que hace el sector con terceros para operar.
 
Por ejemplo, según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), bajo este escenario de debilitamiento de la política energética, un departamento productor, como el Meta, dejaría de recibir 412.000 millones de pesos al año por regalías, recursos que equivalen a los ingresos destinados a fondos de salud y turismo del departamento; mientras que uno no petrolero como el Chocó, dejaría de recibir 70.000 millones de pesos, cifra que hoy equivalen a la mitad de los ingresos del fondo local de salud del Chocó.
 
“La caída en inversiones y producción de petróleo y gas llevaría a que los proveedores del sector pierdan la oportunidad de contratar aproximadamente 20 billones de pesos entre 2022 y 2026, generando una situación compleja para las regiones petroleras”, señala el documento realizado por la agremiación.
 
Y señala que la calidad de vida de las regiones caería, ya que el sector petrolero es una de las principales fuentes de empleo en al menos 97 municipios productores, generando más de 95.000 puestos, mientras que se estima que la caída del 47 por ciento de la producción en cinco años reduciría en 60 por ciento los ingresos de los municipios productores asociados a la cadena de bienes y servicios del sector.
 
Asimismo, las regiones dejarían de recibir 415.000 millones de pesos por inversiones socioambientales obligatorias que hace esta industria cada año.